Latinoamericanas
Organizaciones civiles de México exigen a mineras invertir en seguridad
Organizaciones de defensa de los derechos de los mineros afirmaron que «no es aceptable, de ninguna manera y bajo ningún argumento», que empresas mineras condicionen inversión en seguridad a obtención de ganancias. Durante los últimos seis años han muerto 200 mineros en México.
Sindicato minero acusa a las empresas de homicidio industrial por accidentes causados por falta de medidas de seguridad en las minas. (Foto: Archivo)
Al menos 13 mineros mexicanos han muerto en los últimos nueve días en las minas de carbón en Coahuila (norte). Organizaciones civiles y el el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de México exigieron a las mineras invertir en medidas de seguridad para evitar más muertes.
En un comunicado el sindicato minero expresó que el derrumbe en una mina de carbón en Coahuila ocurrido este viernes y que causó la muerte de seis trabajadores, debe ser considerado como un «homicidio industrial» y no un accidente.
“Es inocultable la imprevisión, la insensibilidad y la irresponsabilidad de la empresa que no establece adecuadas medidas de seguridad para la protección de sus trabajadores”, consideró la organización gremial.
Por su parte, organizaciones de defensa de los derechos laborales de los mineros afirmaron en un comunicado que las empresas extractivas de carbón están obligas a cumplir con las normas de seguridad, lo que implica que «deben invertir en la aplicación de tecnología existente para garantizar la vida de los mineros».
La Organización Familia Pasta de Conchos, el Equipo Nacional de Pastoral Laboral y el Centro de Reflexión y Acción Laboral dijeron en el comunicado que «no es aceptable, de ninguna manera y bajo ningún argumento, que se condicione dicha inversión a la obtención de ganancias».
La mayoría de los trabajadores de la región carbonífera perciben un salario diario de 70 a 150 pesos en promedio (de 5 a 11 dólares), lo que los obliga a trabajar horas extras en condiciones de alto riesgo, indicó el boletín.
Las organizaciones pidieron que las empresas hagan públicas sus bitácoras de barrenación, una información fundamental para ubicar la posible presencia de bolsas de gas que pueden ocasionar los accidentes.
El 25 de julio pasado otros siete trabajadores murieron a consecuencia de una explosión en otro pozo de carbón de la misma zona.
En mayo del año pasado, 11 mineros murieron en un yacimiento de esa zona, a causa de una explosión provocada por acumulación de gas en un pozo. Otros 65 habían fallecido en febrero de 2006 tras registrarse una explosión en el yacimiento de Pasta de Conchos, también en el estado de Coahuila, y hasta ahora sólo han sido recuperados dos cuerpos.
La estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció en un informe especial en noviembre de 2011 la falta de condiciones de seguridad en la que trabajan los mineros en esa zona carbonífera.
Durante los últimos seis años han muerto 200 mineros en Coahuila y en otros estados del país.
PUERTO PRINCIPE.- Al menos ocho presuntos miembros de pandillas que atacaron el hospital de Mirebalais y la localidad de Saut-d’Eau murieron este martes en enfrentamientos con la Policía y la población.
De acuerdo con medios locales, agentes especializados y de la Brigada de Intervención y Búsqueda, así como residentes persiguieron a los integrantes de bandas y algunos fueron linchados y sus cuerpos quemados. La Policía también recuperó fusiles y otros insumos.
Horas antes hombres armados atacaron el Hospital Universitario de Mirebalais en el departamento Centro, y en videos que circularon en las redes sociales se podían ver los agujeros de balas en las paredes.
Personal de la institución confirmó a la prensa que no se registraron muertes ni heridos, sin embargo, los impactos dañaron la unidad de cuidados intensivos para recién nacidos.
Presuntamente, la misma banda atacó el viernes y el lunes últimos la comuna de Saut-d’Eau también en el departamento Centro con un saldo de una veintena de muertos y lesionados, de acuerdo con autoridades locales.
El ataque a la localidad tuvo lugar durante la misma jornada en que líderes de bandas se comprometieron con no atacar a la población indefensa y permitirles realizar sus actividades con normalidad.
Haití sigue inmerso en una profunda violencia en medio del crecimiento de las pandillas y el aumento de sus zonas de control.
Informes de Naciones Unidas revelaron que en lo que va de año al menos dos mil 500 personas fueron asesinadas y un millar secuestradas.
El deterioro de la seguridad también provocó desplazamientos masivos y solo de agosto a septiembre más de 32 mil personas tuvieron que abandonar sus hogares en Carrefour Feuilles y Tabarre en esta capital.
ATACAN HOSPITAL
Hombres armados atacaron hoy el Hospital Universitario de la ciudad de Mirebalais, en el departamento Centro de Haití, sin que hasta el momento se registren víctimas mortales.
Los hechos ocurrieron en la madrugada, precisó a la prensa personal del centro hospitalario, uno de los más grandes y mejor equipados del país.
Videos publicados en las redes sociales muestran agujeros de bala en las paredes del hospital universitario de la comuna de Mirebalais. También dañaron la unidad de cuidados intensivos para recién nacidos.
Los individuos también saquearon las localidades cercanas y mataron a al menos una persona y asaltaron una oficina de transferencias.
En represalia por el incidente en el nosocomio, residente lincharon y quemaron vivo a un supuesto miembro de la banda de Izo que reivindicó las agresiones en la región.
Desde el pasado viernes la zona sufre un auge de violencia y a incursión de las pandillas provocó una veintena de muertes y heridos. También incendiaron viviendas y vehículos y hurtaron 14 autos, confirmó la alcaldesa de Saut-d’Eau, Marie Andrée Ruth Thelus.
La gobernadora local pidió a las autoridades intervenir en la zona para permitir que los ciudadanos realicen sus actividades habituales.
Los recientes ataques suceden en momentos en que las pandillas se comprometieron a un supuesto alto al fuego y en un video que se viralizó en las redes sociales instaron a la población a regresar a sus hogares y a la diáspora a invertir en el país.
A su regreso de Nueva York, donde participó en la 78 Asamblea General de Naciones Unidas, el primer ministro Ariel Henry desestimó la acción de las pandillas y aseguró que los grupos armados no pueden ofrecer paz a Haití.
Latinoamericanas
Canadá sanciona a tres empresarios haitianos por «alimentar la violencia» en el país caribeño
Lima, Perú.- Los poderes judiciales de República Dominicana y de la República de Perú firmaron un Memorándum de Entendimiento para desarrollar acciones estratégicas coordinadas, según lo permitan la normativa y legislación interna de los dos países, en áreas como la lucha contra los crímenes transnacionales, la ciberdelincuencia, delitos en contra de personas vulnerables, trámites electrónicos y juzgados especializados en delitos de flagrancia.
El convenio firmado en el marco de la celebración de la XXI Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI) que se realiza en Perú, fue rubricado por el magistrado Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo el Poder Judicial de República Dominicana y Javier Arévalo Vela, presidente del Poder Judicial del Perú.
Además, se difundirán las actividades y programas de capacitación que de forma independiente organicen ambas partes para la participación de los jueces y funcionarios de ambas instituciones.
Asimismo, se comprometen a compartir las publicaciones editadas por ambas instituciones para enriquecer el acervo bibliográfico de ambas partes y estimular la participación de los jueces y funcionarios de ambas partes como investigadores, autores y revisores en las revistas editadas por ambos poderes judiciales.
En la firma del acuerdo acompañaron a Molina, el embajador dominicano en Perú, Alejandro Arias, los magistrados Justiniano Montero Montero, juez de la Primer Sala de la SCJ y Modesto Martínez, miembro del Consejo del Poder Judicial, la doctora Gervasia Valenzuela Sosa, secretaria general del CPJ y la directora de Planificación del PJ, Isnelda Guzmán.
La XXI versión de la Cumbre Judicial Iberoamericana se realiza en Perú, en virtud de que el Poder Judicial de esa nación ostenta la Secretaría pro tempore para el período 2021-2023. El eje temático de la Asamblea Plenaria es “Por una Carrera Judicial Independiente y Eficaz”, con este se busca fortalecer la carrera judicial y su función pacificadora.