Santo Domingo. Una banda de delincuentes fue desmantelada por las autoridades en el municipio de San José de las Matas, donde fueron detenidas 17 personas y ocupadas armas de fuego, drogas y otras evidencias vinculadas al crimen organizado en Santiago.

En una intervención realizada por la Policía Nacional y el Ministerio Público, en un complejo de villas donde los implicados se encontraban hospedados, lo que despertó sospechas de las autoridades ante posibles actividades ilícitas, fueron arrestadas a 17 personas, entre ellas 11 hombres y 6 mujeres, incluyendo ciudadanos colombianos y otros individuos que no portaban documentos de identidad al momento del operativo, lo que refuerza las líneas de investigación sobre redes delictivas con posibles conexiones internacionales.

Entre los detenidos figuran Yapur Ramian Díaz, alias “Shampoo”, y Leury Damián Mata Castillo, ambos señalados como prófugos de la justicia, así como Carlos José Troche, conocido como “Nino Dólar”, quien presuntamente estaría vinculado a esta estructura criminal desmantelada en Sajoma, mientras las autoridades profundizan para establecer el rol de cada implicado dentro de la red.

Durante el operativo, las autoridades incautaron un fusil modelo AM-15 con municiones, dos pistolas calibres 40 y 9 milímetros con varios cargadores, además de un pasamontañas, evidencias que apuntan a la peligrosidad de esta presunta banda y su posible participación en hechos violentos en la región norte del país.

Asimismo, fueron ocupados 20 celulares, cuatro vehículos y un maletín con prendas de valor como cadenas, guillos, pulseras, un anillo y un reloj, junto a varias porciones de un vegetal presumiblemente marihuana y sustancias en polvo de distintos colores que serán sometidas a análisis, lo que sugiere posibles actividades de tráfico de drogas y lavado de activos.

Los detenidos y las evidencias quedaron bajo control del Ministerio Público, que continúa ampliando las investigaciones para determinar el alcance de esta presunta red delictiva y su posible vinculación con otras estructuras criminales en República Dominicana, mientras las autoridades reiteraron su compromiso de combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad ciudadana en Santiago y zonas aledañas.

SANTO DOMINGO.- La fiscalia de Santiago impartió una charla a estudiantes del nivel secundario de un centro educativo de Los Cocos del Distrito Municipal de San Francisco de Jacagua, a fin de que creeen  conciencia sobre el daño provocado por el consumo, venta y distribución de drogas narcóticas a la salud física y mental, así como a las relaciones en el entorno familiar y social.

Blanco, abordó la parte legal, orientando a los matriculados sobre las consecuencias jurídicas de cometer estos ilícitos y cómo afectan de manera permanente el futuro de adolescentes y jóvenes.

Almonte se centró en el modo en que estos ilícitos impactan negativamente la vida de una persona involucrada en el consumo o comercialización de drogas y cómo provocan daño en su entorno familiar y social.

Además de la amenaza que infiere sobre la salud física y mental, la persona sumida en el consumo de drogas se expone al rechazo de su entorno social. Esta persona, además, es pasible de abandono familiar y de sufrir acoso.

Almonte exhortó a los estudiantes a dedicar tiempo de calidad a la formación, tanto en valores como académica, para ir construyendo un futuro de mejores oportunidades.

Llamó a los estudiantes a evitar el consumo de vaper, tras advertir que estos cigarrillos electrónicos están afectando severamente la salud de quienes lo usan.

Santo Domingo, R.D.-Trasd declarar inconstitucional la derogacion de las sanciones contra la usura, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó al Congreso Nacional crear un nuevo marco legal que penalice esta práctica, ajustándose al ordenamiento monetario y financiero vigente.

La sentencia, que contó con la mayoría requerida de los magistrados encabezados por el presidente del TC, Napoleón R. Estévez Lavandier, determinó que el Estado dominicano no puede dejar el delito de usura sin castigo legal, ya que los tratados internacionales obligan a su prohibición.

No obstante, el fallo no fue unánime, pues se emitieron votos salvados de los magistrados Domingo Gil, Amaury A. Reyes Torres y José Alejandro Ayuso, quienes coinciden con la decisión, pero no con todos los argumentos de la fundamentación.

“Este colegiado acoge la acción directa que le ocupa y exhorta al Congreso a legislar a los fines de regular la prohibición de la usura de conformidad con el ordenamiento monetario y financiero vigente”, aduce la sentencia del TC marcada con el número TC/0235/26.

El tribunal sostiene que es incontrovertido que una de las atribuciones dadas por la norma sustantiva al Poder Legislativo es la de dictar las leyes que considere necesarias para el bienestar de la ciudadanía.

A su vez, posee la facultad de derogar aquellas normas que estime que ya no se adaptan a la realidad social o que carecen de pertinencia normativa en el ordenamiento.

Actualmente, las instituciones financieras están reguladas tanto por el Código Penal como por la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02 para evitar prácticas abusivas, basándose en los principios constitucionales de libre competencia.

La decisión surge a raíz de una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el abogado Hermes Guerrero Báez contra el numeral 1 del artículo 91 de la Ley núm. 183-02 (Código Monetario y Financiero). Guerrero Báez interpuso la acción debido a que dicha ley derogó la Orden Ejecutiva 312 de 1919, la cual regulaba el interés legal y tipifica el delito de usura.

El accionante argumentó que, al eliminar esta normativa, el Estado dominicano dejó de cumplir con su obligación de prohibir la usura, vulnerando la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, dejando a la ciudadanía desprotegida frente a intereses abusivos. Aunque la Procuraduría General de la República solicitó declarar la acción como «inadmisible» por una supuesta falta de claridad, el Tribunal rechazó este argumento y validó la legitimidad de Guerrero Báez para accionar en defensa de la Carta Magna.

Por su parte, la Cámara de Diputados no presentó argumentos de fondo, dejando la decisión a la «sabia interpretación» del órgano constitucional.

El tribunal explicó que, desde la reforma de 2010, los tratados internacionales de derechos humanos —como la Convención Americana sobre Derechos Humanos— integran el bloque de constitucionalidad y tienen jerarquía constitucional.

«La referida derogación de la normativa que regulaba el delito de usura resulta inconvencional y, consecuentemente, inconstitucional», dictaminó el alto tribunal.

La decisión contó además con el voto disidente de la magistrada Alba Luisa Beard Marcos, quien se opuso a la decisión mayoritaria. Con este fallo, el Estado dominicano se ve obligado a retomar la persecución legal de los préstamos con intereses usurarios, una práctica que, aunque regulada administrativamente para la banca formal, carecía de consecuencias penales claras para el sector informal y otros prestamistas desde hace más de 20 años.