Latinoamericanas
Organizaciones sociales de Chile se solidarizan con pueblo mapuche
Unas 50 agrupaciones chilenas solicitaron este viernes, a través de un comunicado, la desmilitarización de territorios mapuche y la visita “urgente” del relator de las Naciones Unidas (ONU) para los Pueblos Originarios, Jame Anaya.
El pueblo mapuche pide al Gobierno respete acuerdos que los reconoce como una comunidad. (Foto: puelchefm.cl)
Organizaciones sociales de Chile, en su mayoría de estudiantes, manifestaron este viernes su solidaridad con las comunidades mapuche ante “el recrudecimiento de la violencia ejercida por el Estado” contra los indígenas que habitan principalmente el sur de la nación.
A través de un comunicado, las 50 agrupaciones firmantes resaltan que el pueblo mapuche “ha sido víctima de atropellos reiterados y constantes desde hace más de un siglo. Desde la creación del Estado de Chile éste ha mantenido una política de destrucción, despojo y negación”.
Las organizaciones destacan que las políticas neoliberales -comenzadas a aplicar durante la dictadura- ha agudizado las acciones contra los mapuche, principalmente con la explotación desmedida de los recursos naturales de sus territorios.
“Hacemos un llamado a solucionar este conflicto desde el actuar del Estado chileno (…) Es necesario que exista voluntad política para reparar al pueblo mapuche por el despojo causado por el Estado”, agregan.
Señalan que desde el Gobierno se ha generado una política, que califican como “activa y violenta” contra las comunidades mapuche que hacen resistencia, que se ha caracterizado por la “represión, militarización de territorios, asesinatos, prisión y torturas”.
Añaden que el anuncio de una Ley Antiterrorista “es inaceptable”, porque actos como este “sólo contribuyen a estigmatizar al pueblo mapuche (…) Demás está decir que Chile ha sido ampliamente criticado por la aplicación de esta ley”.
Organizaciones como la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile (FEUC), la Asamblea Coordinadora de Estudiante Secundarios (ACES), Coordinadora Nacional Estudiantes Secundarios (CONES), Memoria Feminista, Unión Clasista de Trabajadores, Nueva Izquierda Universitaria, entre otras, instan al Gobierno a dejar sin efecto los juicios y encarcelamientos de todos los presos políticos.
De igual forma, hacen un llamado a que sea paralizada la implementación de nuevas políticas represivas como la llamada “Hinzpeter”, porque “con claridad observamos que será utilizada de manera focalizada en ciertas reivindicaciones sociales, destruyendo el derecho a protesta y manifestación del derecho de libertad de expresión”.
Los firmantes del texto solicitan también la desmilitarización de territorios mapuche y la visita “urgente” del relator de las Naciones Unidas (ONU) para los Pueblos Originarios, Jame Anaya, y de organizaciones internacionales de carácter humanitario, como la Cruz Roja Internacional.
Las agrupaciones chilenas indican que es “importante que el Estado genere las condiciones para un diálogo permanente con el pueblo-nación mapuche con la participación de la sociedad civil, historiadores y observadores internacionales”.
Para los mapuche la autodeterminación debe consistir en un régimen autonómico y el Gobierno debe respetar y cumplir los tratados como los de 1823 y 1825 que reconocen a ese pueblo originario como una comunidad, con frontera definida.
En la víspera el presidente chileno, Sebastián Piñera, rechazó la solicitud de autodeterminación realizada por la comunidad mapuche argumentando que Chile es un solo país, una sola nación. «Tenemos distintas culturas, pueblos y orígenes, pero somos un sólo país y una sola nación y en esta materia no debe haber ninguna confusión».
En La Araucanía, a 670 kilómetros al sur de Santiago (capital), desde la década de 1990 el denominado conflicto mapuche enfrenta a la principal etnia del país con agricultores y empresarios por la propiedad de tierras que consideran ancestrales.
La tensión aumentó hace algunas semanas cuando empresarios y terratenientes de la zona acusaron de inacción al Gobierno y a la justicia y amenazaron con «salir de cacería» contra los mapuche; lo que generó sucesivos hechos violentos que derivaron en la muerte de dos personas.
Por EUROPA PRESS
BRASILIA .- Al menos diez personas han muerto tras estrellarse una avioneta este domingo en una zona poblada de la localidad de Gramado, concretamente afectando a una vivienda, a una posada y a un comercio de telefonía. Los fallecidos eran todos tripulantes del aparato, incluido el empresario Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 años, y nueve familiares, mientras que hay 17 personas heridas en tierra.
El aparato despegó del Aeropuerto de Canela sobre las 9.15 horas (13.15, hora peninsular española) con destino Jundiaí (Sao Paulo) y cayó minutos después, según recoge la televisión brasileña G1.
Los Bomberos han informado de que una de las personas que estaba en el inmueble donde se estrelló la avioneta pudo salir ilesa del accidente y han confirmado que en la tienda de teléfonos móviles no había nadie.
En la posada se produjo un incendio y las 17 personas que había en su interior han tenido que recibir atención sanitaria por inhalación de humo y han sido trasladadas a un hospital. Dos mujeres están graves.
La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) ha publicado los datos de la avioneta, que está a nombre de Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, administrador de empresas, hijo de Cláudio Galeazzi, exdirectivo de la empresa Pão de Açúcar.
Entre los fallecidos están la esposa de Salgueiro Galeazzi, tres de sus hijas, su suegra, una hermana, un cuñado y dos sobrinos. Salgueiro Galeazzi era consejero delegado de Galeazzi & Associados, una firma dedicada a la gestión de crisis y reestructuración de empresas.
of-am
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.