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Organizaciones sociales de Chile se solidarizan con pueblo mapuche

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Unas 50 agrupaciones chilenas solicitaron este viernes, a través de un comunicado, la desmilitarización de territorios mapuche y la visita “urgente” del relator de las Naciones Unidas (ONU) para los Pueblos Originarios, Jame Anaya.

El pueblo mapuche pide al Gobierno respete acuerdos que los reconoce como una comunidad. (Foto: puelchefm.cl)

Organizaciones sociales de Chile, en su mayoría de estudiantes, manifestaron este viernes su solidaridad con las comunidades mapuche ante “el recrudecimiento de la violencia ejercida por el Estado” contra los indígenas que habitan principalmente el sur de la nación.

A través de un comunicado, las 50 agrupaciones firmantes resaltan que el pueblo mapuche “ha sido víctima de atropellos reiterados y constantes desde hace más de un siglo. Desde la creación del Estado de Chile éste ha mantenido una política de destrucción, despojo y negación”.

Las organizaciones destacan que las políticas neoliberales -comenzadas a aplicar durante la dictadura- ha agudizado las acciones contra los mapuche, principalmente con la explotación desmedida de los recursos naturales de sus territorios.

“Hacemos un llamado a solucionar este conflicto desde el actuar del Estado chileno (…) Es necesario que exista voluntad política para reparar al pueblo mapuche por el despojo causado por el Estado”, agregan.

Señalan que desde el Gobierno se ha generado una política, que califican como “activa y violenta” contra las comunidades mapuche que hacen resistencia, que se ha caracterizado por la “represión, militarización de territorios, asesinatos, prisión y torturas”.

Añaden que el anuncio de una Ley Antiterrorista “es inaceptable”, porque actos como este “sólo contribuyen a estigmatizar al pueblo mapuche (…) Demás está decir que Chile ha sido ampliamente criticado por la aplicación de esta ley”.

Organizaciones como la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile (FEUC), la Asamblea Coordinadora de Estudiante Secundarios (ACES), Coordinadora Nacional Estudiantes Secundarios (CONES), Memoria Feminista, Unión Clasista de Trabajadores, Nueva Izquierda Universitaria, entre otras, instan al Gobierno a dejar sin efecto los juicios y encarcelamientos de todos los presos políticos.

De igual forma, hacen un llamado a que sea paralizada la implementación de nuevas políticas represivas como la llamada “Hinzpeter”, porque “con claridad observamos que será utilizada de manera focalizada en ciertas reivindicaciones sociales, destruyendo el derecho a protesta y manifestación del derecho de libertad de expresión”.

Los firmantes del texto solicitan también la desmilitarización de territorios mapuche y la visita “urgente” del relator de las Naciones Unidas (ONU) para los Pueblos Originarios, Jame Anaya, y de organizaciones internacionales de carácter humanitario, como la Cruz Roja Internacional.

Las agrupaciones chilenas indican que es “importante que el Estado genere las condiciones para un diálogo permanente con el pueblo-nación mapuche con la participación de la sociedad civil, historiadores y observadores internacionales”.

Para los mapuche la autodeterminación debe consistir en un régimen autonómico y el Gobierno debe respetar y cumplir los tratados como los de 1823 y 1825 que reconocen a ese pueblo originario como una comunidad, con frontera definida.

En la víspera el presidente chileno, Sebastián Piñera, rechazó la solicitud de autodeterminación realizada por la comunidad mapuche argumentando que Chile es un solo país, una sola nación. «Tenemos distintas culturas, pueblos y orígenes, pero somos un sólo país y una sola nación y en esta materia no debe haber ninguna confusión».

En La Araucanía, a 670 kilómetros al sur de Santiago (capital), desde la década de 1990 el denominado conflicto mapuche enfrenta a la principal etnia del país con agricultores y empresarios por la propiedad de tierras que consideran ancestrales.

La tensión aumentó hace algunas semanas cuando empresarios y terratenientes de la zona acusaron de inacción al Gobierno y a la justicia y amenazaron con «salir de cacería» contra los mapuche; lo que generó sucesivos hechos violentos que derivaron en la muerte de dos personas.

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Viuda de Jovenel Moise pide a Trump desclasificar documentos del magnicidio

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Agencia EFE

Puerto Príncipe.-La viuda del asesinado presidente de Haití Jovenel Moise, Martine Moise, pidió este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se desclasifiquen los documentos en EE.UU. acerca del magnicidio de su marido, en julio de 2021.

En un mensaje en la red social X, acompañado de una foto en la que aparecen los matrimonios Moise y Trump juntos, Martine Moise escribe: «Por favor, desclasifiquen todos los documentos del FBI (Oficina Federal de Investigación) y del Departamento de Estado relacionados con el asesinato de mi esposo».

La viuda recuerda que Jovenel Moise asumió la presidencia de Haití el 7 de febrero de 2017 tras ganar en las urnas y señala que «emprendió profundas reformas económicas para poner freno a miles de millones de dólares de corrupción embolsados por los oligarcas. Al igual que usted (en referencia a Trump), fue objeto de una campaña coordinada de difamación por sus ambiciosas y audaces reformas. También, al igual que usted, fue objeto de intentos de asesinato».

Jovenel Moise fue torturado y asesinado la madrugada del 7 de julio de 2021 en su residencia privada del sector capitalino de Pétion-ville por un grupo de mercenarios, 17 de ellos colombianos.

Los hombres fueron acusados de varios delitos, entre ellos asesinato, intento de golpe de Estado y participación en una organización criminal, en un caso con numerosas detenciones y objeto de una compleja investigación internacional.

Según datos verificados por la ONU, al menos 5.626 personas murieron en Haití en 2024 como consecuencia de las acciones de bandas criminales (un millar más que el año anterior), 2.213 resultaron heridas y 1.494 fueron secuestradas.

A mediados de enero, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que el número de desplazados en Haití se ha triplicado en solo un año y ha superado el millón de personas, de los que más de la mitad son niños.

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Dicen que la RD deportó más de 31 mil haitianos en mes de enero

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Puerto Príncipe, (Prensa Latina) Haití recibió en enero del año en curso a más de 31 mil ciudadanos deportados desde República Dominicana, informó hoy la prensa local.

Según el diario digital Haití libre, 31 mil 204 nacionales estaban en la nación vecina en situación migratoria irregular, y fueron detenidos en 266 operaciones de control.

En estos operativos participaron los agentes de migración,  miembros del Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional Dominicana y el Ministerio Público.

HAITI DENUNCIA IRREGULARIDADES EN PROCESOS

El pasado año el Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT) denunció las irregularidades que comete República Dominicana, en un plan de expulsión contra los ciudadanos de esta nación caribeña.

Entre ellas están la flagrante violación del protocolo de acuerdo sobre repatriaciones firmado en 1999, que prohíbe las expulsiones nocturnas y exige la comunicación previa de las listas de esas personas a las autoridades haitianas.

Sin ningún respeto a estas disposiciones, y muchas personas se vieron privadas de regresar con sus pertenencias personales o documentos de identidad.

ABUSO FÍSICO, TRAUMA Y MENORES NO ACOMPAÑADOS

«Además, hubo informes de abuso físico, trauma y menores no acompañados. Incluso fue prohibida la entrada de representantes consulares haitianos a los centros de detención temporal «, lamentó el CPT en un comunicado divulgado por el diario Le National.

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura señaló que la República Dominicana irrespetó varias convenciones internacionales, entre ellas la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

La indignación del CPT tiene como telón de fondo la decisión del presidente dominicano, Luis Rodolfo Abinader de repatriar 10 mil haitianos semanalmente de manera masiva, hasta alcanzar la cifra de 500 mil.

rc/joe

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saldrá de prisión Cosculluela tras entregar una fianza de 150,000 dólares

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Agencia EFE

Puerto Rico.-El artista urbano puertorriqueño Cosculluela prestó este miércoles una fianza de 150.000 dólares que le fijó el juez Juan Vera del Tribunal de Humacao y saldrá de prisión, tras ser encarcelado el jueves pasado cuando una jueza le revocó una probatoria por un caso de violencia machista y le radicó cargos criminales por matar a dos caballos y herir a dos jinetes.

De acuerdo a las autoridades judiciales, José Fernando Cosculluela Suárez, nombre de pila del artista, tendrá un grillete las 24 horas del día, no podrá salir del país y deberá entregar su pasaporte a las autoridades, antes de salir de la cárcel de Bayamón (en el norte de Puerto Rico), donde está preso.

Asimismo, se celebrarán dos vistas el 12 de febrero para determinar si se le revocará la probatoria y preliminar por los seis cargos que tiene por matar a dos equinos y herir a dos jinetes.

Cosculluela enfrenta dos cargos por violaciones por ‘Conducir un vehículo de motor imprudente o negligente con menosprecio a la seguridad que ocasione a otra persona una lesión corporal que requiera hospitalización o tratamiento’ y un cargo por ‘No detenerse en el accidente’, ambos bajo la Ley 22 de Tránsito.

Los restantes cargos son por ‘Destrucción de prueba’ del Código Penal, y dos cargos por ‘Maltrato de animales, causando lesión física severa o la muerte de un animal’ de Ley para el bienestar y protección de los animales, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

Según la investigación, el 12 de mayo de 2024, Cosculluela, de 44 años, manejaba un vehículo por la carretera PR-908, en el barrio Tejas en Humacao, y al llegar al kilómetro 4.5, impactó a los dos caballos y sus jinetes.

Cosculluela, después de cometer estos hechos, abandonó la escena sin dejar información alguna.

El vehículo que manejaba fue hallado varios días después en el patio de una residencia en el municipio de Arroyo, en el sur de la isla caribeña.

El agente José Caraballo, supervisado por los sargentos Orlando Torres y Esteban Ortiz, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, estuvo a cargo de la investigación, bajo la coordinación del teniente Josué Vázquez.

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