Da mucho miedo que la sociedad dominicana tiene un verdadero quiebre de su ordenamiento jurídico, porque las leyes se respetan o no se respetan cuando a un individuo que tiene el control del Estado le conviene.
Ya se ha hablado hasta la saciedad sobre el manejo antojadizo y caprichoso de los órganos que tienen que ver con el cumplimiento de la ley, como el Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia.
Las quejas a este respecto no pasan precisamente de eso, una queja, que nadie toma en cuenta para por lo menos intentar buscar los correctivos del problema.
La crisis que hoy padece la sociedad dominicana consiste precisamente en un colapso institucional, donde nada funciona como manda la ley.
Es como un edificio sin base, sin soporte, que se puede ir al suelo en cualquier momento.
Primero fue la suspensión de las elecciones municipales por razones que nadie sabe, pero que tampoco existen los mecanismos oficiales para determinar que pasó, sino que ahora el segundo sabotaje tiene que ver con la no entrega del dinero para el financiamiento de la campaña electoral.
La pregunta que se impone es y cuáles herramientas tiene el Estado para que el mismo no sea manejado en función de los intereses de grupos y de particulares y ahí es donde está el grave problema de la sociedad dominicana.
En consecuencia la presente crisis institucional debe servir para corregir muchos de los entuertos de que adolece el Estado, por lo que se impone crear los instrumentos que sean necesarios para que el aparato institucional sea dotado de una fortaleza que tenga una respuesta para todos los manipuladores, no sólo de los órganos públicos y privados, sino también para preservar y proteger el patrimonio nacional.
Siempre hemos dicho que la sociedad dominicana está gravemente afectada por una cultura del fraude, una cultura mafiosa que se traga cualquier logro o intento de mejorar los niveles de fiscalización, regulación y eficiencia del Estado.
Ojo que en estos momentos estamos en medio de otro sabotaje que busca beneficiar al partido en el Gobierno mediante la manipulación de los recursos económicos que establecen las propias leyes para permitir un nivel de competencia marcado por la equidad y la igualdad durante la campaña electoral.
Mucho cuidado con eso, porque el problema parece tomar una dimensión que coloca a la República Dominicana muy distante de los avances democráticos que hoy soplan en el mundo.
No está de más recordar que las dictaduras en cualquiera de su variedad ya han sido relegadas en el mundo, no porque los que tienen esa vocación estén dispuestos a ceder, sino porque los pueblos están decididos a sellar con sangre su lucha para hacer valer sus derechos, sobre todo a elegir y ser elegibles, tal y como está consignado en la Constitución de la República y en todos los tratados internacionales sobre la materia.
Cuidadito con esa peligrosa distorsión y equivocación de gente que aunque habla de democracia su conducta se corresponde más que nada con la dictadura.