Editorial
Otra vez la debilidad de la ley.
Da mucho miedo que la sociedad dominicana tiene un verdadero quiebre de su ordenamiento jurídico, porque las leyes se respetan o no se respetan cuando a un individuo que tiene el control del Estado le conviene.
Ya se ha hablado hasta la saciedad sobre el manejo antojadizo y caprichoso de los órganos que tienen que ver con el cumplimiento de la ley, como el Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia.
Las quejas a este respecto no pasan precisamente de eso, una queja, que nadie toma en cuenta para por lo menos intentar buscar los correctivos del problema.
La crisis que hoy padece la sociedad dominicana consiste precisamente en un colapso institucional, donde nada funciona como manda la ley.
Es como un edificio sin base, sin soporte, que se puede ir al suelo en cualquier momento.
Primero fue la suspensión de las elecciones municipales por razones que nadie sabe, pero que tampoco existen los mecanismos oficiales para determinar que pasó, sino que ahora el segundo sabotaje tiene que ver con la no entrega del dinero para el financiamiento de la campaña electoral.
La pregunta que se impone es y cuáles herramientas tiene el Estado para que el mismo no sea manejado en función de los intereses de grupos y de particulares y ahí es donde está el grave problema de la sociedad dominicana.
En consecuencia la presente crisis institucional debe servir para corregir muchos de los entuertos de que adolece el Estado, por lo que se impone crear los instrumentos que sean necesarios para que el aparato institucional sea dotado de una fortaleza que tenga una respuesta para todos los manipuladores, no sólo de los órganos públicos y privados, sino también para preservar y proteger el patrimonio nacional.
Siempre hemos dicho que la sociedad dominicana está gravemente afectada por una cultura del fraude, una cultura mafiosa que se traga cualquier logro o intento de mejorar los niveles de fiscalización, regulación y eficiencia del Estado.
Ojo que en estos momentos estamos en medio de otro sabotaje que busca beneficiar al partido en el Gobierno mediante la manipulación de los recursos económicos que establecen las propias leyes para permitir un nivel de competencia marcado por la equidad y la igualdad durante la campaña electoral.
Mucho cuidado con eso, porque el problema parece tomar una dimensión que coloca a la República Dominicana muy distante de los avances democráticos que hoy soplan en el mundo.
No está de más recordar que las dictaduras en cualquiera de su variedad ya han sido relegadas en el mundo, no porque los que tienen esa vocación estén dispuestos a ceder, sino porque los pueblos están decididos a sellar con sangre su lucha para hacer valer sus derechos, sobre todo a elegir y ser elegibles, tal y como está consignado en la Constitución de la República y en todos los tratados internacionales sobre la materia.
Cuidadito con esa peligrosa distorsión y equivocación de gente que aunque habla de democracia su conducta se corresponde más que nada con la dictadura.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.