Editorial
Otra vez la debilidad de la ley.
Da mucho miedo que la sociedad dominicana tiene un verdadero quiebre de su ordenamiento jurídico, porque las leyes se respetan o no se respetan cuando a un individuo que tiene el control del Estado le conviene.
Ya se ha hablado hasta la saciedad sobre el manejo antojadizo y caprichoso de los órganos que tienen que ver con el cumplimiento de la ley, como el Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia.
Las quejas a este respecto no pasan precisamente de eso, una queja, que nadie toma en cuenta para por lo menos intentar buscar los correctivos del problema.
La crisis que hoy padece la sociedad dominicana consiste precisamente en un colapso institucional, donde nada funciona como manda la ley.
Es como un edificio sin base, sin soporte, que se puede ir al suelo en cualquier momento.
Primero fue la suspensión de las elecciones municipales por razones que nadie sabe, pero que tampoco existen los mecanismos oficiales para determinar que pasó, sino que ahora el segundo sabotaje tiene que ver con la no entrega del dinero para el financiamiento de la campaña electoral.
La pregunta que se impone es y cuáles herramientas tiene el Estado para que el mismo no sea manejado en función de los intereses de grupos y de particulares y ahí es donde está el grave problema de la sociedad dominicana.
En consecuencia la presente crisis institucional debe servir para corregir muchos de los entuertos de que adolece el Estado, por lo que se impone crear los instrumentos que sean necesarios para que el aparato institucional sea dotado de una fortaleza que tenga una respuesta para todos los manipuladores, no sólo de los órganos públicos y privados, sino también para preservar y proteger el patrimonio nacional.
Siempre hemos dicho que la sociedad dominicana está gravemente afectada por una cultura del fraude, una cultura mafiosa que se traga cualquier logro o intento de mejorar los niveles de fiscalización, regulación y eficiencia del Estado.
Ojo que en estos momentos estamos en medio de otro sabotaje que busca beneficiar al partido en el Gobierno mediante la manipulación de los recursos económicos que establecen las propias leyes para permitir un nivel de competencia marcado por la equidad y la igualdad durante la campaña electoral.
Mucho cuidado con eso, porque el problema parece tomar una dimensión que coloca a la República Dominicana muy distante de los avances democráticos que hoy soplan en el mundo.
No está de más recordar que las dictaduras en cualquiera de su variedad ya han sido relegadas en el mundo, no porque los que tienen esa vocación estén dispuestos a ceder, sino porque los pueblos están decididos a sellar con sangre su lucha para hacer valer sus derechos, sobre todo a elegir y ser elegibles, tal y como está consignado en la Constitución de la República y en todos los tratados internacionales sobre la materia.
Cuidadito con esa peligrosa distorsión y equivocación de gente que aunque habla de democracia su conducta se corresponde más que nada con la dictadura.
En las últimas horas se ha producido un detonante importante de la corrupción que afecta el contrato firmado entre las compañías Transcore Latam y el Intrant, la primera presidida por el hijo del periodista Guillermo Gómez, Jochy Gómez y la segunda por un sobrino de Freddy Beras Goico, un hombre de gran prestigio nacional.
Ya son varios los apresados por un fraude en contra del Estado que supera los mil 300 millones de pesos, el cual, de acuerdo a una auditoria de la Contraloría General de la República, está plagado de mentiras y de falsos informes.
En este caso se ha usado la modalidad más común para estafar al Estado y es través del llamado pliegos de condiciones, cuyo mecanismo permite que el presupuesto de una obra pública pase de 100 millones a miles de millones de pesos.
El contrato del Intrant con la Transcore Latam para dotar de semáforos al Gran Santo Domingo no escapa a este tipo de manipulación y fraude.
Un aspecto que complica este caso es el hecho de que los que tenían la responsabilidad de ejecutar el referido contrato incurrieron en la comisión de un sabotaje con la sacada de operación de estos aparatos que están colocados en una buena parte de la capital dominicana.
Es en realidad un acto criminal que merece el más fuerte de los castigos, porque parece que se buscaba generar una desgracia de gran magnitud a través de los accidentes de tránsito que tal maniobra podían provocar.
En este caso como en otros tantos juega un papel de primer orden el partidarismo político, porque no hay que ser un genio para saber que José Angel Gómez Canaán (Jochy) ha conseguido ese contrato, incluido otro con el Ministerio de las Fuerzas Armadas, por la influencia de su padre, el periodista Guillermo Gómez.
Ello así, porque Jochy Gómez es un personaje muy controversial, involucrado en una serie de acciones que a ningún gobierno lo quisiera tener cerca, pero evidentemente que la influencia de su padre rompe fronteras.
Ahora falta ver cuál será el manejo que se le dará al caso, ya que el padre del involucrado en el fraude ya anunció el inicio de su ofensiva a través del programa de televisión “Aeromundo”, el cual estuvo al servicio por años en favor del PRM
La candidatura del actual alcalde por la ciudad de Nueva York tuvo raíces muy profundas en la comunidad dominicana de la gran urbe.
Fueron muchos los que la promovieron, no por buscar cambios importantes en la ciudad de Nueva York, sino porque sumieron un compromiso más con sus propios intereses personales, no con las mejores causas de la comunidad.
Incluso esta es la razón de que haya muchas personas en el gabinete del alcalde ahora en problemas, que sólo perseguían asuntos muy individuales.
De cualquier modo, lo ocurrido con Eric Adams toca de forma muy especial al país, ya que una de las causas que generaron su triunfo como el más importante funcionario de la ciudad donde hay la más grande concentración de dominicanos en el exterior, fue el voto de éstos.
De manera, que su desgracia de alguna manera toca muy profundamente a los dominicanos, pero que éste también tiene un mensaje alentador, que va en contra de los que se enrolan a la política con mañas y malsanos propósitos, aunque ojalá no sea su caso.
Pero no son pocos los que saben que los políticos usan esta actividad para acumular grandes fortunas sobre la base de una sociedad o vinculación con el bajo mundo y un buen ejemplo al respecto es la República Dominicana.
Lo que ocurre en Nueva York debe servir como un buen precedente en contra la cultura de hacer política para llenarse los bolsillos sobre la base de la venta de una percepción falsa.
Naturalmente, no se puede pedir un castigo hasta tanto no estén atados todos los cabos en lo que respecta con los cargos contra el alcalde Adams.
El punto de referencia y soporte de la investigación tiene que ser necesariamente la presunción de inocencia.
Debe decirse que esa ha sido la forma en que se maneja el sistema de justicia de los Estados Unidos, donde primero se buscan las pruebas y después viene cualquier imputación.
El drama de muchas víctimas de violación de sus derechos humanos se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza en la sociedad dominicana.
Aunque no han sido tantos los casos llevados al tribunal Superior Administrativo en contra del Ministerio Público y de su auxiliar la Policía Nacional, todo parece indicar que la paciencia se ha agotado en lo que respecta a estos órganos.
Es impresionante la cantidad de denuncias y querellas que se presentan en los centros de recepción de las mismas que son echadas en el zafacón del olvido por una diversidad de razones que van desde la negligencia de los fiscales, la ineptitud y la complicidad.
En realidad, el Ministerio Público ya ha hecho crisis y más que perseguir el crimen y el delito lo que hace es estimularlos.
Hay en la República Dominicana una verdadera amenaza en contra del estado de derecho, porque no hay sanción para que el comete cualquier violación a le ley penal del país.
Por lo que se ve, parece que no queda otra instancia para que este problema se combata que no sea a través del derecho internacional, principalmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Ministerio Público en estos momentos es un instrumento para promover la vía de hecho, que la gente haga justicia con sus propias manos.
Se trata de un órgano que ha pasado a ser un verdadero fiasco, que opera más sobre la base de la percepción que de la eficiencia que demanda una sociedad saturada de violaciones a la ley.
Puede afirmarse, sin temor a ninguna equivocación, que el Ministerio Público ha perdido totalmente su credibilidad, lo cual deja muy mal parada a su incumbente, la magistrada Miriam Germán Brito.
Se impone una minuciosa investigación al respecto y que de esa manera haya un profundo y serio saneamiento de un órgano tan importante para contrarrestar el delito y el crimen en el seno de la sociedad dominicana.