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Editorial

Otra Vez Las Inconductas de Gilberto Serulle.

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El actual síndico de Santiago, Gilberto Serulle, además de carecer de alguna formación cultural y ético moral, ha perdido la vergüenza y en consecuencia profundiza sus acciones contra de los ciudadanos y  ciudadanas del municipio de Santiago.

Este funcionario público ha llegado como ejecutivo municipal para depredar todo lo que sea perteneciente al Ayuntamiento, para  cuyo fin opera con lo que muy bien podría llamarse como una   asociación de malhechores.

Su primera tropelía tuvo que ver con la compra de unas yipetas de lujo para los regidores y otros funcionarios del ayuntamiento, pese a la oposición a tal propósito.

Pero Gilberto desde que llegó como síndico de Santiago nombró a su hermano Sigfredo en una importante posición en el cabildo, acción claramente de nepotismo y contraria a la ley.

Además todo el mundo sabe que Gilberto ha otorgado o firmado una serie de contratos  grado a grado o cuando no con el apoyo de una sala capitular también compromisaria de las vagabunderías del alcalde, quien incluso es señalado como socio de las compañías que se dedican a la recogida de basura y aquellas que suplen de combustibles a la corporación edilicia.

Todo el que ha estado cerca de Gilberto Serulle sabe muy bien que llegó al ayuntamiento quebrado tras haber fracasado profesionalmente con el cierre de la clínica La Altagracia que operaba en la zona de Gurabito en Santiago.

Sin embargo, todo el mundo sabe de la fanfarronería de Gilberto Serulle, quien hace alardes de tener dinero cuando no tenía un centavo en que caerse muerto y parece que quiere aprovechar su condición de alcalde para satisfacer sus aspiraciones de convertirse en multimillonario sobre la base del robo del patrimonio público.

Probablemente el principal estímulo del ejecutivo municipal para dedicarse a la sustracción del patrimonio público es acumular una gran fortuna aprovechándose de que el dominicano ve como normal que los funcionarios se apropien de lo que no es suyo, sobre todo si él observa la impunidad en que se mueven Félix Bautista, Víctor de la Rúa y Leonel Fernández, entre otros, quienes a pesar de las pruebas existentes en su contra nadie se atreve a llevarlo al banquillo de los acusados.

Y es bueno que se sepa que en el Ayuntamiento de Santiago hay varios pequeños Félix Bautista, quienes acumulan fortunas frente a la mirada indiferente de muchos sectores del municipio.

Ahora el escándalo tiene que ver con la distribución de unos apartamentos construidos por el Ayuntamiento y la extracción de cuarenta mil pies cúbicos de materiales de construcción del río Yaque del Norte para ser depositados en Navarrete Industrial,  compañía de un peledeísta de ese municipio, el cuál parece también ser socio de Serulle, quien para sus malos pasos cuenta con el apoyo de sus hermanos, ya que como recuas acuden a todas las actividades que organiza el cabildo.

Lo que pasa es que los Serulle primero son ellos de manera individual, es decir, Julián es juliancista, Rafelito es Rafelista, Gilberto es gilbertista y luego todos son serullistas, de manera que se apoyan uno al otro, no importa que bochornosa sea la causa.

Con Gilberto Serulle sólo queda un camino denunciarlo ante el ministerio público o presentar una querella formal en su contra, porque independientemente de los resultados por lo menos se logra una condena social, sino penal.

Gilberto Serulle tiene cierta prisa de llevarse a sus bolsillos los recursos del ayuntamiento, pese a que todavía le quedan cuatro años en el cargo.

Urgentemente hay que pedir una auditoria de la Cámara de Cuentas y posteriormente proceder legalmente en su contra a fin de inhabilitarlo para evitar que el ayuntamiento quede en total ruina.

 

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Editorial

La desgracia que nos acecha.

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La forma de manejarse del Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) representa un gran reto para la República Dominicana, porque esta entidad no cuenta con un pensamiento y una planificación estratégicas.

Desde su llegada al poder ha quedado demostrado que no piensa nada de lo que hace, lo cual explica la falta de visión de Estado tanto del mandatario que se gasta el país y del partido que lo sustenta.

Abinader le ha buscado una solución incorrecta para satisfacer el pedido de entrega de fondos adicionales a los partidos políticos, incluido el oficial, la cual implica una modificación no pensada de la Ley de Presupuesto.

Pero lo peor de todo es que nadie, absolutamente nadie, somete a la transparencia que manda la Constitución de la República a los partidos políticos que reciben altas sumas de dinero del Estado sin rendirle cuenta a nadie.

En realidad no se sabe de qué se habla cuando se recurre a  una expresión muy común de que los partidos son el soporte de la democracia.

Tremenda mentira, porque si a la verdad vamos son la mejor expresión de la desgracia nacional.

La partida que ahora entrega el Gobierno a los partidos políticos no es otra cosa  que una vía mas para promover la falta de transparencia y el mal manejo  de los dineros de las arcas nacionales.

Esta nueva partida entregada a la partidocracia significa un gran sacrificio para todos los dominicanos en razón de que ello traerá consigo un mayor endeudamiento público, pese a que ya es bastante.

La fiesta del dispendio y de la corrupción de los actores de la vida política nacional son, sin lugar a dudas, la más grave amenaza en contra de los mejores intereses de la nación.

Es una complicidad que involucra a todo el andamiaje oficial, la cual se inicia en el Palacio Nacional, entre a un amplio sector del empresariado, pasa por el Congreso Nacional, el sistema de justicia, incluidos los tribunales Constitucional y Superior Electoral y para colmo el fenómeno no deja fuera a los medios de comunicación social, sobre todo a los más grandes y que más incidencia tienen en la vida nacional.

A Dios que reparta suerte.

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Editorial

El país necesita una televisión pública con el mejor de los conceptos en esta materia.

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En los últimos, digamos, dos años, hemos sido testigos de algunos avances en lo que respecta a la televisión gubernamental, la cual se expresa a través de Radio Televisión Dominicana (RTVD).

La línea grafica de esta estación gubernamental mejora, naturalmente, la percepción que predomina en los países donde hay una verdadera cultura de la televisión pública no se fundamenta sólo en eso, cuyo detalle no implica que el país cuente con un verdadero canal de este tipo.

Es definitivamente mucho lo que falta por hacer, lo cual no depende solamente de que buenos técnicos manejen el asunto, sino también de sacar del entorno gubernamental un proyecto de televisión que tenga el propósito de que el país cuenta con un canal público bajo el estándar que existe en las naciones con grandes avances democráticos.

La televisión pública en la República Dominicana se hace prácticamente imprescindible para atacar la principal distorsión que aquella al país en lo que respecta a sus valores nacionales.

Tanto es así, que la televisión pública sería una muy buena aliada con los planes de mejorar el sistema educativo nacional, el cual, naturalmente, debe tomar sus propias medidas a partir de una visión más integral de ver el Estado dominicano.

Nótese que el pequeño logro en lo que respecta a la televisión gubernamental, no la pública, porque ahí interviene otro concepto, es el resultado de una persona que llega a RTVD y sugiere una serie de cambios en su línea gráfica que la proyectan de mejor manera, pero ello no quiere decir que se ajuste en todo el sentido de la palabra a esta forma de hacer televisión.

En lo referente a la televisión pública no hay forma de desarrollarla que no sea mediante la creación de instancias privadas, llámese fundaciones o patronatos, pero con veedores públicos que garanticen su eficiencia y que en la gestión se cuente con un código de ética que obligue a quienes la controlen a respetar los valores a que hemos hecho referencia.

Y todo parece indicar que hay una herramienta útil para este fin, que no es otra cosa que la Ley 47-20 de alianza público-privada e incluso la misma norma legal que rige a RTVD, la 134-03, la cual en su artículo 3 manda que se procure la descentralización de la televisión gubernamental, lo cual puede dar pie a que nazca en el país una verdadera estación pública.

En términos de televisión pública parece la vía más idónea para que la República Dominicana dé un salto cualitativo en favor de la dominicanidad, la democracia, el arte, el espectáculo y la cultura en general, pero además en el necesario proceso de restablecimiento de valores humanos, sociales, éticos y morales en el marco de la democracia.

El momento es oportuno para hacer cambios importantes en el campo de la televisión con la creación de estaciones públicas, no gubernamentales, para por lo menos promover lo que somos como país de una mejor manera, porque este tipo de televisión puede ser exportable por lo menos para los mercados donde hay una gran cantidad de dominicanos, como Estados Unidos y Europa.

 

 

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Editorial

La Pobreza: Espejo de Vida en Latinoamérica.

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Los niveles de pobreza son, sin lugar a dudas, el talón de Aquiles de los pueblos latinoamericanos, donde la democracia sufre los vaivenes de la inestabilidad por estar asociada a un comportamiento de sus actores que erosiona su credibilidad.

Es un problema que ha acabado con la mayoría de los gobiernos que se han dado las naciones del llamado Tercer Mundo, donde la brecha entre pobres y ricos es muy ancha.

Esto parece ser uno de los problemas seculares de las democracias latinoamericanas, dado que sus políticas tributarias son más regresivas que progresivas, donde la evasión es una herramienta importante para los que están colocados en la macro economía acumulen más en estímulo del aumento de la pobreza.

Las riquezas de los pueblos latinoamericanos están concentradas en pocas manos, ya que los propietarios de las mismas cuentan con la sombrilla del Estado para prácticamente aplastar las aspiraciones, sino de igualdad, por lo menos de equidad de amplias mayorías nacionales.

Es un fenómeno que se observa en todas las naciones de la llamada América Morena, desde el sur y centro américa, hasta los golpeados países caribeños.

Estos niveles de desigualdad que caracterizan a las naciones latinoamericanas se constituye en una tragedia que genera mucha inestabilidad democrática y que estimula una inmigración que marca de forma muy especial a millones de familias con los consecuentes traumas que produce el fenómeno.

El gran dilema que afrontan todos los países de la llamada América Morena es hasta dónde puede ser posible disminuir la pobreza de su población cuando la principal razón que la genera es la corrupción administrativa, cuyos recursos económicos en vez de ser canalizados para mejorar los sistemas de salud y educación, se van por el camino equivocado de la falta de transparencia.

No resulta aventurero decir que los dineros de los presupuestos de las naciones del tercer mundo generalmente terminan en los bolsillos de una clase política indolente y que sólo tiene el propósito de acumular a costa de sumergir a la gente en una más preocupante pobreza.

La pregunta que se haría cualquier ciudadano, si es fácil erradicar este flagelo de la vida de países que ya han cimentado toda una cultura de lo mal hecho y cuyos actores de la democracia no han entendido que en la medida en que no se disminuya la pobreza muy difícilmente pueden existir democracias creíbles y fuertes.

Todo parece indicar por la conducta de la clase política de los países latinoamericanos que se verán pasar muchas décadas, tal vez siglos, para cambiar los paradigmas de hacer política a otros en que el modelo sea la vocación de servicio y no la acumulación sobre la base de la poca o ninguna transparencia en la administración del patrimonio público.

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