Opinión
Otra vez las travesuras del Ministerio Público.
Por José Cabral
El Ministerio Público da mucha agua que beber al ciudadano que tiene la esperanza de que este órgano tan importante del Estado se maneje con mayor transparencia y seriedad, ya que en realidad se trata de una banda organizada con el soporte que le da la ley que lo crea.
Desde hace mucho tiempo que he denunciado la conducta de procuradores fiscales del Distrito Judicial de Santiago, aunque en realidad se trata de un fenómeno nacional, quienes incurren en graves violaciones en contra de los derechos ciudadanos, lo cual se traduce en una vulneración de normas constitucionales y del derecho continental o interamericano e internacional.
Esta conducta del Ministerio Público muchas veces obedece a un problema de ineptitud o negligencia, pero en otros casos la razón está asociada a la complicidad, es decir, como en el caso de la especie porque parece producirse una confabulación para cometer violaciones graves, no sólo de su propia legalidad establecida en la Ley 133-11, sino también del mandato constitucional.
Este artículo de opinión tiene que ver con el hecho de que en San José de las Matas se produjo un supuesto atentado a tiros en contra de la vicealcaldesa del municipio, pero independientemente de la veracidad o no de lo ocurrido, en el caso aparecen en la fase de investigación una serie de medidas que dejan muy mal parado al Ministerio Público.
Naturalmente, yo personalmente pregunto cuál de las tres causales está presente en este proceso de investigación, la ineptitud, la negligencia o la complicidad, y yo me incline por la última, porque cómo se explica, sin entrar en mayores detalles, que el Ministerio Público presente un expediente en contra del regidor Brayan Collado como autor intelectual y como prófugo y al propio tiempo se niegue a recibirlo e incluso interrogarlo.
La primera impresión que se lleva cualquier ciudadano sin importar qué estúpido sea es que los fiscales que investigan el caso reciben dinero de quien ha montado todo esto en contra del legislador municipal, cuyas evidencias confirman esa teoría, o en su defecto se comportan con una gran irresponsabilidad frente a los hechos.
Porque cómo se explica que si no existen pruebas para imputar al regidor Brayan Enmanuel Collado lo incluyan en el expediente, sobre todo como prófugo de la justicia.
Las informaciones que han fluido en este sentido comprueban que el Ministerio Público es un órgano con un nivel de corrompimiento tan alto que parece no existir ninguna vía para lograr su recuperación.
Otra pregunta que se me queda en el tintero y es por qué el fiscal titular de Santiago sólo da la cara cuando le conviene y permite que barrabasadas como las denunciadas ocurran, sobre todo si se parte del hecho de que es el superior jerárquico de quienes llevan la investigación del caso y además el Ministerio Público es único e indivisible, lo cual indica que él es corresponsables de las acciones ilegales en que incurre el órgano persecutor del crimen y el delito en Santiago.
Sé y entiendo perfectamente que el Ministerio Público tiene un procedimiento que incluye el consejo que debe discutir los casos que se presentan en contra de los fiscales que actúan antijurídicamente y que los mismos deben ser avalados, pero hay mecanismos que después de comprobados los hechos debe venir por lo menos una suspensión.
Advierto a la Procuradora General de la Republica, Miriam German Brito, a que intervengan en una situación que no sólo impacta negativamente al Ministerio Público, sino también a ella personalmente, a quien la sociedad le ha atribuido una seriedad que podría salir afectada al final de su carrera como servidora pública.
El caso de San José de las Matas debe ser el inicio de una profunda investigación y profilaxis de un órgano como el Ministerio Público que juega un papel tan importante para combatir el crimen y el delito, pero que se dedica más a estimular la vía de hecho y actos que contravienen las leyes adjetivas sobre la materia y la Constitución de la República, cuya conducta compromete la responsabilidad civil y penal del Estado dominicano.
Por José Cabral
Nadie se podía imaginar que en pleno siglo 21 Estados Unidos iba a retroceder en la forma en que se produce contra todos los indicadores de que en estos tiempos la democracia se empodera en el mundo, más que las dictaduras.
Es una conducta de total irracionalidad la que exhibe el presidente Donald Trump, sin tomar en cuenta ningún elemento que se fundamente en el respeto hacia los demás.
Una de sus principales acciones es el desarrollo de una guerra comercial en contra de una serie de naciones que siempre han sido aliados naturales de los Estados Unidos.
Es una guerra comercial contaminada, además, con descaradas pretensiones hegemónicas que lesiona la dignidad de estos países, la cual persigue ampliar su radio de acción en cuanto a colonización se refiere.
Mal de los gobiernos o países que se someten y toleran este tipo de atropello que busca, no sólo lesionar su economía, sino también quitarle la dignidad.
Es realmente avasallante como esta gente se mueve y actúa al margen de todos los logros que ha tenido el mundo en derecho internacional.
La verdad que no se entiende cómo una persona que no luce tener una mente equilibrada ha podido ascender al poder para tomar medidas desenfrenadas y peligrosas para la estabilidad mundial.
La República Dominicana recibe esos vientos huracanados del gobierno de Donald Trump, el cual se siente por encima del bien y del mal.
Los efectos emocionales de este comportamiento de los Estados Unidos dejan rastros que son definitivamente imborrables.
En mi opinión sólo se impone una alianza entre todas las naciones latinoamericanas para darle una respuesta contundente a la presión y a las descaradas pretensiones de los Estados Unidos de ampliar su accionar en el marco de la política colonizadora concebida por el actual gobierno de la potencia del norte.
Por Rommel Santos Diaz
La Corte Penal Internacional podrá transmitir, junto con los antecedentes que la justifiquen de conformidad con el artículo 91 del Estatuto de Roma, una solicitud de detención y entrega de una persona a todo Estado en cuyo territorio pueda hallarse y solicitará la cooperación de ese Estado. Los Estados Partes cumplirán las solicitudes de detención y entrega de conformidad con las disposiciones de la presente parte y el procedimiento establecido en su derecho interno.
Cuando la persona cuya entrega se pida la impugne ante un tribunal nacional oponiendo la excepción de cosa juzgada de conformidad con el artículo 20 del Estatuto de Roma, el Estado requerido celebrará de inmediato consultas con la Corte Penal Internacional para determinar si ha habido una decisión sobre la admisibilidad de la Causa.
Si la causa es admisible, el Estado requerido cumplirá la solicitud. Si esta pendiente la decisión sobre la admisibilidad, el Estado requerido podrá aplazar la ejecución de la solicitud de entrega hasta que la Corte Penal Internacional adopte esa decisión
El Estado Parte autorizará de conformidad con su derecho procesal el tránsito por su territorio de una persona que otro Estado entregue a la Corte Penal Internacional, salvo cuando el tránsito por ese Estado obstaculice o demore la entrega.
La solicitud de la Corte Penal Internacional de que se autorice ese tránsito será transmitida de conformidad con el artículo 87 del Estatuto de Roma y contendrá una descripción de la persona que será transportada, una breve exposición de los hechos de la causa y su tipificación, y la orden de detención y entrega.
La persona transportada permanecerá detenida durante el tránsito, y, no se requerirá autorización alguna cuando la persona sea transportada por vía aérea y no se prevea aterrizar en el territorio del Estado de tránsito.
En caso de aterrizaje imprevisto en el territorio del Estado de tránsito, este podrá pedir a la Corte Penal Internacional que presente una solicitud de tránsito con arreglo a los dispuesto en el artículo 89 del Estatuto de Roma.
El Estado de tránsito detendrá a la persona transportada mientras se recibe la solicitud de la Corte Penal Internacional y se efectúa el tránsito; sin embargo, la detención no podrá prolongarse más de 96 horas contadas desde el aterrizaje imprevisto si la solicitud no es recibida dentro de ese plazo.
Finalmente, si la persona buscada esta siendo enjuiciada o cumple condena en el Estado requerido por un crimen distinto de aquel por el cual se pide su entrega a la Corte Penal Internacional, el Estado requerido, después de haber decidido conceder la entrega, celebrará consulta con la CPI.
Por Isaías Ramos
El 27 de febrero de 1844 no solo marcó el nacimiento de nuestra nación; encendió una llama de valentía y determinación que aún ilumina nuestro camino. Aquel día, los intrépidos forjadores de nuestra libertad se alzaron no solo contra la opresión extranjera, sino también contra un régimen que asfixiaba a su propio pueblo. Hoy, al conmemorar el 181° aniversario de esa gesta heroica, las palabras de Duarte resuenan con urgencia: «Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor.»
En este aniversario de nuestra independencia, enfrentamos desafíos modernos pero igualmente críticos. Una élite política y económica ha secuestrado nuestros sueños, manipulando el poder para su beneficio y dejándonos promesas vacías que resuenan en un eco de desesperanza. Inspirados por el legado de Duarte, es imperativo no solo recordar su llamado a trabajar «por y para la patria», sino actuar en consecuencia. Es tiempo de revivir el bienestar del pueblo, que ha sido relegado a un segundo plano durante demasiado tiempo.
Desde el Frente Cívico y Social, vemos la crisis actual como una oportunidad dorada para reestructurar nuestras prioridades y edificar una sociedad más justa y equitativa. «Dios, patria y libertad» fueron los pilares que Duarte erigió para nuestra nación, y bajo esos mismos principios debemos unirnos para remodelar la realidad que hoy enfrentamos.
Las candidaturas independientes emergen como una vía crítica para construir un proyecto político auténtico que realmente encarne las aspiraciones del pueblo. Representan la esperanza de refundar la sociedad bajo el espíritu constitucional que haga una realidad palpable de un Estado Social y Democrático de Derecho, un estado donde las decisiones se toman pensando en el bienestar común y no en los intereses mezquinos de una minoría.
La lucha contemporánea que debe librar el pueblo dominicano es contra un adversario interno tan destructivo como cualquier colonizador del pasado.
Con plena conciencia de nuestra poderosa unidad, es imperativo que nos levantemos con un coraje inquebrantable y una firme indignación contra aquellos que osan dictar nuestro destino.
Debemos confrontar decididamente a quienes usurpan nuestras libertades, reclamando el control de nuestro futuro con manos firmes y corazones resueltos.
Imagina un país donde cada dominicano pueda vivir con dignidad, inspirado por principios morales sólidos y cívicos. Un país donde la juventud y la experiencia colaboren para crear un futuro próspero; donde los ancianos reciban el respeto y cuidado que merecen; y donde nuestros niños crezcan en un ambiente seguro y estimulante.
Hoy, más que nunca, es esencial forjar alianzas entre todos los ciudadanos comprometidos, dispuestos a colaborar para garantizar que el mañana sea libre de las cadenas del deshonor. No permitamos que el caos y la desigualdad sigan manchando nuestra tierra.
Es hora de transformar la desesperación en esperanza, el desorden en orden y la injusticia en equidad. Dejemos las gradas y avancemos juntos al campo de juego.
Unámonos en este empeño puro, dejando que la integridad de la palabra de Duarte sea nuestra guía y no solo un lema. Así, cuando futuras generaciones miren atrás, verán que nuestro esfuerzo unido y valiente forjó una patria digna de orgullo, una patria verdaderamente para todos.
Que Dios bendiga nuestra nación y que el espíritu de Duarte nos inspire y guíe en este camino hacia la verdadera independencia. ¡Juntos podemos y debemos hacerlo! ¡El momento es ahora!
¡Despierta, RD!