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Opinión

En Otro Angulo: El Periodismo digital, un instrumento de democratización

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En la década de los ochenta se inició en la República Dominicana la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en los grupos económicos, constituyéndose en un privilegio la posesión de periódicos, emisoras de radio y plantas de televisión.

Adquirir cualquiera de éstos se constituía en una garantía de la consecución de privilegios y hasta de inmunidad, lo que provocó que muchos individuos con poder económico se interesaran  en contar con algún medio de comunicación, a fin de convertir en intocables sus intereses.

Tanto es así que hoy día casi todos los periódicos, canales de televisión y emisoras de radio están en manos de personas pertenecientes a las familias ricas  y oligárquicas de la República Dominicana, como por ejemplo los Bermúdez, Bonetti, Pellerano, Cabral, entre otras.

Sin embargo, la tecnología se ha encargado de romper con un patrón que es así desde tiempos muy remotos, cuando surgió  la hoja manuscrita y la imprenta, lo que ha permitido una democratización de la información y que se conozcan todas las travesuras de los políticos inescrupulosos y de los empresarios que crecen a la sombra del Estado mediante el lavado de activos, el contrabando y la corrupción generalizada.

El periodismo digital ha traído consigo la complementación del proceso de comunicación que antes parecía una quimera en virtud de que con éste se da el proceso que implica una retroalimentación entre el emisor y el receptor, de modo que si el lector no está de acuerdo con quien envía el mensaje puede ripostarle instantáneamente.

Es decir, se produce en el mismo momento del envió del mensaje el derecho a réplica, lo que en otras palabras quiere decir que se ha roto con la comunicación unidireccional para ser bidireccional, lo que siempre constituyó una aspiración para las organizaciones y sectores que abogan por la democratización del periodismo y de la comunicación.

Así siempre lo quiso la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la cual se pasó décadas preconizando propuestas que rompieran con el llamado libre flujo de la información para imponer un nuevo orden informativo mundial en cuyo contexto estuvo la instauración de los colegios profesionales de periodistas, sobre todo en los países del llamado tercer mundo, donde la debilidad institucional provoca una ruptura con la ética y en consecuencia un aumento de la corrupción pública y privada.

La mayoría de los periodistas se ponen al servicio de los que  van al Estado a apropiarse de lo que no es suyo, sino de las grandes mayorías nacionales, situación que ha provocado que el pueblo no disfrute del derecho a la opinión y a la información, tal y como está establecido en la Constitución de la República.

Sin embargo, en los actuales momentos la tendencia es a que cualquiera posea un periódico,  una emisora de radio o un canal de televisión digital con una inversión prácticamente insignificante, los cuales no pueden ponerse al servicio de lo peor porque de inmediato reciben el bombardeo de sus propios lectores, radioyentes y televidentes.

Esta posibilidad creada por el avance tecnológico también está obligando a los medios convencionales a cambiar su política informativa, ya que de no ser así  reciben el rechazo del público, convirtiéndose en una entelequia, quitándole incluso su valor económico.

El periodismo digital es una verdadera salvación para los pueblos que sufren las terribles consecuencias de la corrupción pública y privada, la cual  prácticamente no se conocía, porque los grandes medios de comunicación la ocultaban y los niveles de pobreza aumentaban de una manera peligrosa con la secuela de una paralización del desarrollo nacional e humano.

Elperiodismo digital es una tecnología creada por los sectores y clases que tienen la hegemonía del mundo para sin quererlo dotar de un gran instrumento de defensa a los desposeídos, a aquellos que hasta han perdido la esperanza de vivir como consecuencia del hambre y la miseria que los rodea.

Viva el periodismo digital y trabajemos para su crecimiento y desarrollo para suerte y beneficio de los pueblos oprimidos y víctimas de la exclusión social, la pobreza, el hambre, la miseria y de los procesos anti-democráticos que ponen en peligro la igualdad de oportunidades y el  bien común.

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Opinión

La Procuraduría General de la República y el MP deben amarrar el toro por los cuernos.

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Por José Cabral

Nadie sabe cómo se produce la formación de jueces y fiscales en la República Dominicana, a pesar de la existencia de las escuelas nacional de la judicatura y del Ministerio Público.

Cuantos disparates jurídicos se ven en los tribunales y las fiscalías de los diferentes distritos judiciales del territorio nacional, en unos más que en otros.

Cuando se tiene que litigar o acudir a los tribunales, por la razón que sea, llena de mucha amargura al que tiene que hacerlo.

Pero la asistencia a un palacio de justicia no sólo causa preocupación con ver a simple vista lo que allí ocurre, sino también por la forma en que se manejan las leyes en estas instancias.

Es un escenario donde los fiscales y los jueces hacen las cosas como a ellos les da la gana, muchas veces por irresponsabilidad y otras por incapacidad.

Tanto es así, que hay fiscales que tienen el cliché de que todo lo penal que proviene de una ley del derecho civil no es competencia del Ministerio Público.

Es decir, que el que comete fraude o falsifica documentos en el marco de una junta directiva de un condominio, el caso no es penal, sino civil, siempre de acuerdo a la visión del Ministerio Público.

Entonces, frente a esa incapacidad es como si no existiera la razonabilidad para determinar que cualquier ley del derecho civil tiene situaciones que por sus propias características entran en el derecho penal.

Esta situación genera en la actualidad una verdadera crisis con las actuaciones del Ministerio Público, cuyos miembros tienen unas actitudes que van a generar muchas vías de hecho por el manejo equivocado que se les da a los casos.

En el próximo artículo buscaré analizar el comportamiento de los jueces de los tribunales inferiores y de las cortes de apelación, quienes siempre recurren a la palabra clave para evitar la consecuente queja por una sentencia arbitraria emitida en contra de una serie de valores, principios y derechos constitucionales fundamentales, que es si no está de acuerdo con la decisión, recurra.

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Opinión

La Sede de la Corte Penal  Internacional en el Territorio de un Estado

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Por Rommel Santos Díaz

El artículo 3 del Estatuto de Roma dispone que la Sede de la Corte Penal Internacional  esté en La Haya, y que la Asamblea de los Estados Partes  aprobará un acuerdo entre la CPI y el Estado anfitrión.

El  artículo 3 (3) y 62 del Estatuto de Roma propone que la CPI también podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando sea necesario  para un proceso o una serie de procesos  específicos.

Los Estados  Partes podrán disponer  que la Sede de la CPI esté en su territorio cuando  esto sea necesario o beneficioso.

Las Reglas de Prueba y Procedimientos  normalmente especificarán los procedimientos a tomar para que CPI  sesione fuera de su Sede.

Ninguna de estas disposiciones crea obligación alguna para los Estados.

Muchos Estados cuentan con legislación  y procedimientos administrativos  que permiten que el Tribunal Penal Internacional  para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda  celebre sesiones en su territorio.

Esta legislación y procedimientos podrían requerir una reforma mínima, para permitir que la Corte Penal  Internacional  también tenga su sede en su territorio.

Algunas veces, el hecho de celebrar un juicio en el  lugar en que se cometió el delito dará a las víctimas  un mayor sentido de justicia, ya que podrían claramente apreciar que la CPI funciona.

Finalmente, los Estados deberán tomar en consideración la posibilidad de permitir que la Corte Penal Internacional  funcione plenamente  en su territorio.

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Opinión

Un hospital en el “Maharishi”

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Por Nelson Encarnación

Los residentes en “los kilómetros” se han sorprendido con el anuncio de que en los amplios terrenos donde funcionó hace décadas un colegio conocido como “Maharishi”, se pretende construir un centro recreativo que estará a cargo del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

A la sorpresa ha seguido el reclamo de que, en lugar de dicho centro, se construya un hospital general, en atención a que en esa zona no existe un establecimiento de salud de esa categoría ni de ninguna otra.

En realidad, toda esa amplia franja de territorio que va del Centro de los Héroes hasta el kilómetro 12 de la avenida Independencia (hacia el oeste de la carretera Sánchez), y de Sur a Norte, desde el Malecón hasta la avenida 27 de Febrero, solo existen dos centros médicos privados y ningún hospital del Estado.

Nos referimos a las clínicas Independencia y Real, mientras que el hospital más cercano es el Marcelino Vélez Santana, enclavado en la zona de Herrera, cuya capacidad se desborda solo con la demanda de la gran población del municipio Santo Domingo Oeste y vecindades que le rodean.

Es decir, la zona que mencionamos está compuesta de una numerosa población en su mayoría de condiciones económicas vulnerables que tiene que movilizarse a hospitales distantes para procurar una atención médica que no se puede costear en los escasos centros privados.

Desconocemos las razones por las cuales el Estado nunca ha contemplado la necesidad de dotar a la zona suroeste de la capital de un gran hospital, mientras se han realizado cuantiosas inversiones para la construcción de varias ofertas de salud en otros lugares, a veces establecimientos bien cercanos.

Ante esa realidad, el presidente Luis Abinader se consagrará como un preocupado por la salud de esa población si en los referidos terrenos, en vez de un indefinido “centro recreativo” se decidiera la construcción de un hospital que responda a las necesidades de salud de miles de personas marginadas de los servicios sanitarios accesibles.

En este caso yo abogo por la colectividad, no por unos cuantos que por intereses particulares quisieran que los terrenos del “Maharishi” siguieran bajo su usufructo.

De modo que, un hospital sería de impacto colectivo de un alcance mucho mayor que un innominado centro recreativo que nadie ha pedido. Presidente, tome esto como una solicitud formal.

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