Editorial
Jugadores de la política nacional que intentan batear antes de llegar la bola.
Son varios los aspirantes presidenciales que han salido al ruedo político a promoverse al margen de las normativas jurídicas nacionales sobre la materia.
Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito, Margarita Cedeño de Fernández, Leonel Fernández y el propio presidente Luis Abinader incurren en no sólo una violación a la ley 15-19, sino también en alterar la tranquilidad de los dominicanos que acaban de ir a las urnas para elegir las autoridades nacionales.
Hace apenas un año y algunos meses que en el país se votó para elegir un nuevo presidente de la República y no bien pasa algún tiempo los políticos que viven de eso buscan someter a la sociedad a una campaña electoral a destiempo.
El hecho de que la campaña electoral de estos aspirantes se desarrolle por las redes sociales y en actividades bajo techo no le quita a la misma el efecto dañino que ésta implica, porque se trata de exponer a la gente a un proselitismo político eterno, durante todo el cuatrenio, cuando esta actividad está regulada por la ley.
La Junta Central Electoral (JCE) debe intervenir a la mayor brevedad posible para corregir un problema que revela falta de institucionalidad y del debido sometimiento de los políticos al mandato de las leyes sobre la materia e incluso si existe algún margen para que se haga debe ser eliminado cuanto antes.
Es odioso e inaceptable que un partido que tiene en estos momentos a muchos de sus dirigentes presos por la comisión de graves irregularidades con los fondos públicos, también quiera someter a una campaña electoral permanente a los dominicanos.
Lo propio hay que decir de los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), incluido el presidente de la República y a los de la Fuerza del Pueblo, cuyo aspirante lo es el doctor Leonel Fernández, quienes están empeñados a destiempo en que se inicie una campaña electoral aberrante y dañina para el sano proceso de saneamiento que necesita la sociedad dominicana.
Algo hay que hacer para parar estas imprudencias e insensateces de algunos políticos que no se conforman con burlarse de la sociedad dominicana al apropiarse de los recursos que son vitales para ofrecer mejores servicios públicos, sino que también quieren someter a la gente a la tortura de permanecer durante todos los días del año con una desesperante campaña electoral sin propuestas ni soluciones a los problemas nacionales.
Llegará el momento en que todo el que legítima y legalmente puede aspirar a un cargo público, incluida la presidencia de la República, podrá hacerlo y será el ciudadano el que decidirá al final de la jornada.
Se impone dar un respiro a la gente de la politiquería barata y sin sentido que inunda todos los espacios públicos y privados en la República Dominicana.
Todos los que hacen campaña a destiempo intentan batear, para decirlo en el lenguaje beisbolero, antes de la llegada de la bola y en consecuencia abanican sin que se haya iniciado el juego.
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana