Editorial
Otro Bochorno Nacional.
Las revelaciones hechas por Alicia Ortega a través de su programa El Informe, son como el pan de cada día, se han convertido como en algo consustancial a la sociedad dominicana.
La depredación del Estado se ha convertido en una verdadera cultura.
Nepotismo, compras sin el aval de una factura y con la alteración de los precios, así como una corrupción generalizada que proyecta al país como una sociedad primitiva, donde no predomina una normativa jurídica y donde la moral y la ética no son más que una referencia para burlarse de la gente.
El primer cuestionamiento que debe hacerse es al propio Partido de la Liberación Dominicana que hace unas alianzas cuestionables con personajes de muy baja reputación que forman unos partiduchos para convertirlos en instrumentos de depredación del Estado.
Las acciones y las irregularidades encontradas en el Instituto de Crédito Cooperativo (IDECOOP), dirigido desde hace años por Pedro Corporán, cuyo privilegio de manejar a su antojo esa institución oficial proviene de un acuerdo electoral con el partido formado por este funcionario, llamado de la Unidad Nacional, hace co-responsable al PLD y su líder Leonel Fernández, quien fue el primero en colocar en esa posición a Corporán y naturalmente a Danilo Medina por ratificarlo en el cargo.
Nada de lo encontrado en la auditoria de la Cámara de Cuentas constituye una sorpresa si se parte de los precedentes que se han sentado en el país, en el sentido de que muchos funcionarios designados en cargos importantes del gobierno se manejan de manera medalaganaria y como si los organismos públicos fueran un patrimonio personal.
Pero qué se puede pedir a Pedro Corporán en términos de administracion pública, sobre todo si se toma en cuenta que el único mérito de este hombre es haber formado un ventorrillo político para buscar colocarse en el gobierno con la idea de hacerse de dinero a como de lugar, no importa que sus acciones vayan en detrimento de toda la sociedad, porque realmente no sabe hacer otra cosa que no sea esa.
Cuáles son los méritos académicos o éticos de Pedro Corporán?
Realmente, ningunos.
Es un ciudadano dominicano con todo el derecho de ocupar una posición pública, pero se supone que debe tener algún aval, el cual en el caso de Pedro Corporán no existe.
E incluso en cualquier nación del mundo con un mínimo de avance institucional se debe investigar la vida de un aspirante a funcionario, a fin de colocar en un cargo público a una persona con una conducta que debe servir de ejemplo a los demás ciudadanos.
Ahora lo que procede es que ese funcionario sea destituido del cargo y al propio tiempo sea traducido a la justicia ordinaria a través de un sometimiento que provenga de la procuraduría general de la República, instancia superior del ministerio público.
Las pruebas están ahí en la auditoria realizada por el organismo competente sobre la materia como lo es la Cámara de Cuentas.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.