Opinión
Otro crédito para Danilo Medina
Por Juan Bolívar Díaz
El presidente Danilo Medina se ha ganado otro reconocimiento con la decisión de desestimar el proyecto que había anunciado desde el año pasado de construir una nueva carretera entre Santiago y San Juan de la Maguana cuya realización conllevaba no solo un altísimo costo económico, sino también ecológico.
De acuerdo a lo informado por el Ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, el gobierno invertirá en el mejoramiento de la comunicación vial ya existente entre diversas comunidades en la dirección norte-sur, privilegiando la restauración de la vieja carretera que une el cruce de Ocoa con Piedra Blanca, lo que facilitaría la conexión de las dos regiones sin tener que pasar por Santo Domingo, San Cristóbal ni Baní, con la ventaja adicional de que beneficiará a importantes núcleos de productores agrícolas.
El ministro Castillo motivó la desestimación de la nueva carretera por su alto costo, unos 500 millones de dólares, como habían advertido expertos, tanto en público como en privado. Una inversión de esa magnitud iba a dejar el gobierno con poca capacidad para atender infinidad de pequeñas y medianas obras de toda naturaleza reclamadas por las comunidades. Tampoco se justificaba un nuevo endeudamiento de esa magnitud para una obra que a juicio de muchos tardaría años en arrojar rentabilidad, a no ser la que obtendrían los propietarios de terrenos en la ruta, algunos de los cuales compraron tan pronto se habló del proyecto, según denunciara el año pasado la Sociedad Ecológica del Cibao.
Por otra parte, la decisión le ahorra una profunda herida a por lo menos dos parques nacionales de la cordillera Central, verdadera madre de gran parte de las corrientes fluviales que van quedando en el país, y que pondría en peligro la Presa de Sabaneta, una de las grandes inversiones nacionales en materia fluvial.
Hay que celebrar que el presidente Medina haya tenido el valor de renunciar a una obra que él mismo consideraba como un gran legado, escuchando las advertencias, por lo menos las financieras, de quienes a lo largo de décadas se han opuesto a esa costosa agresión ecológica.
Falta que muchos asimilen la lección que conlleva esta rectificación y comprendan que este es un país pobre, 42 por ciento bajo la línea de la pobreza, de muy baja inversión social, donde la mitad de las viviendas aún no disponen de agua potable y una alta proporción vive muchas horas cada día sin energía eléctrica, con las ciudades sin alcantarillado sanitario, donde se reproducen fácilmente epidemias como la Chikungunya por deficiencias tan elementales como la escasez de medicamentos en los hospitales.
Ya es tiempo que entendamos que hay que invertir mucho más en la gente, que es una iniquidad que el 90 por ciento de los pensionados reciban apenas 5 mil 117 pesos mensuales y que el 69.7 por ciento de los empleados formales tengan ingresos menores a 19 mil 290 pesos, cuando el umbral de la pobreza se fija en 21 mil 493 pesos. Y que la tercera parte de los empleados del Estado todavía tienen salario de 5 mil 117 pesos.
Nuestros niveles de educación y salud han sido cuestionados sistemáticamente en todas las evaluaciones internacionales, porque nuestros gobiernos priorizan la inversión en cemento que inauguran pomposamente, aunque sean un fracaso en retorno como el metro de Santo Domingo que con dos líneas apenas mueve el 7 por ciento de los usuarios de transporte del gran Santo Domingo. Ahí está el aeropuerto internacional de Barahona, inaugurado hace 20 años, donde apenas aterriza un avioncito dos o tres veces por semana. Y la fantasmal carretera Barahona-San Juan, o la Santo Domingo-Samaná donde pese a pagarse un peaje histórico de 900 pesos, hay que subsidiarla del presupuesto nacional.
Urge cambiar la cultura del cemento que llevó a distinguidos munícipes del Consejo Regional del Nordeste a pedir un aeropuerto para San Francisco de Macorís, a 30 minutos del internacional del Cibao, y a una hora del Catey de Samaná y del de Puerto Plata.-
Por Rommel Santos Díaz
La Corte Penal Internacional se cerciorará de ser competente en todas las causas que le sean sometidas. La CPI podrá determinar de oficio la admisibilidad de una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma.
De acuerdo con el Estatuto de Roma podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte Penal Internacional:
- a)El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detención o una orden de comparecencia con arreglo al artículo 58;
- b)Un Estado que tenga jurisdicción en la causa porque esta investigando o enjuiciando o lo ha hecho antes; o
- c)Un Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el artículo 12.
El Fiscal podrá pedir a la Corte Penal Internacional que se pronuncie sobre una cuestión de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la competencia o la admisibilidad, podrán presentar asimismo observaciones a la Corte quienes hayan remitido la situación de conformidad con el artículo 13 del Estatuto de Roma y las víctimas
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La admisibilidad de una causa o la competencia de la CPI sólo podrán ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados a que se hace referencia en el párrafo 2. La impugnación se hará antes del juicio o a su inicio.
En circunstancias excepcionales la Corte Penal Internacional podrá autorizar que la impugnación se haga más de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las impugnaciones a la admisibilidad de una causa hechas al inicio del juicio, o posteriormente con la autorización de la Corte, sólo podrán fundarse en el párrafo 1 c) del artículo 17 del Estatuto de Roma.
Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la admisibilidad de una causa o de la competencia de la CPI será asignada a la Sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados los cargos, será asignada a la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo 82 del Estatuto de Roma.
Hasta antes de que la Corte Penal Internacional se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle autorización para:
- a)Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionadas en el párrafo 6 del articulo 18 del Estatuto de Roma;
- b)Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o completar la recolección y el examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la impugnación; y
- c)Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que eludan la acción de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de detención en virtud del artículo 58 del Estatuto de la Corte.
La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por el Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la CPI, antes de ella.
Si la CPI hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los motivos por los cuales la causa había sido considerada inadmisible de conformidad con dicho artículo.
Finalmente, el Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el artículo 17 del Estatuto de Roma suspende una investigación, podrá pedir que el Estado de que se trate ponga a su disposición información sobre las actuaciones. A petición de ese Estado, dicha información será confidencial. El Fiscal, si decide posteriormente abrir una investigación, notificará su decisión al Estado cuyas actuaciones hayan dado origen a la suspensión.
Rommelsantosdiaz@gmailcom
Por Nelson Encarnación
Son muchos los dominicanos que no se reponen del shock que les provocaron las diversas manipulaciones y mentiras vertidas por el expresidente Danilo Medina durante su comparecencia de la semana pasada en un importante medio radial de nuestro país.
Cuando se anunció días antes que el líder del Partido de la Liberación Dominicana aparecería en un medio público, hubo la apreciación generalizada de que aprovecharía el alcance de este para al menos desvestir su alma y bajar al terreno de la humildad para pedir algún tipo de perdón—aun fuese en voz baja—por las muchas culpas que necesitan urgentemente su expiación.
Sin embargo, es evidente que Danilo está convencido de que todas sus actuaciones en el Gobierno estuvieron ajustadas a la decencia más absoluta, cuando la realidad apunta precisamente en otra dirección.
Para él, los expedientes que involucran a familiares y entorno político más estrecho, son simples majaderías urdidas para molestarle, o una manifestación de la llamada judicialización de la política o politización de la justicia, mediante la cual han sido quitados del camino potenciales competidores de la corriente predominante.
Con ese convencimiento resulta improbable que el expresidente se humanice y entienda que admitir los errores hace grandes a las personas, y que, por el contrario, encerrarse en una convicción pueril las reduce.
Hay más de una evidencia que Danilo fue advertido por cercanos acerca del comportamiento depredador de algunos de sus íntimos, pero obvió tomar las medidas aconsejables, para dejar campo abierto a la continuación de los desmanes, muchos de los cuales se han reflejado en los casos que actualmente se ventilan en justicia, y que él los atribuye a “persecución política”.
En el campo de la lucha propiamente política, Medina trata de convencernos de que su laborantismo encaminado a propiciar el escenario para una segunda reelección en 2020 es un espejismo o un invento de sus adversarios.
Eso de que no tenía votos para modificar la Constitución es un ardid y una expresión fehaciente de su condición de simulador, pues todos vivimos aquel trance que mantuvo en vilo a la nación hasta que la administración Trump—en una intromisión inaceptable, eso sí—le apeó del carro reeleccionista que pudo haberse descarrilado hacia una situación de manejo muy complejo.
Danilo podrá decir lo que quiera, pero la historia no se puede borrar.
Por Narciso Isa Conde
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.
La que debe ser emplazada NO ES MIRIAM, es Yeni Berenice, acompañada de Camacho, el del PEPCA y ahora ascendido, ambos con fuertes vínculos con la Embajada, FBI, DEA…Leonel, Abinader…Ahora la PGR cae bajo control absoluto de esa tríada, vía los ascensos de Berenice y Camacho.
Miriam German ha sido víctima de su entorno, de un acorralamiento programado en medio de una gran soledad y de su propio institucionalismo (excesivo respeto a la separación de funciones dentro de la PGR). Además, la amenaza del cártel del Cibao y del tal J, fue manipulada para amarrarla más. Hicieron un gran bulto desde la DNCD y dejaron todo igual: el cartel sigue impune. Abinader, Cabrera-DNCD y la DEA dirigieron esa operación.
Berenice y el PEPCA han bloqueado muchos expedientes, incluso los presentados por nosotros. El caso de ANTENA LATINA es emblemático y yo lo entregué personalmente, y muchas veces demandé respuesta y nada. A esos encargados de investigar y perseguir los delitos, se le entregaron numerosas denuncias del Archivo Abierto de Marcha Verde y no hicieron nada: siguen abundando las vacas sagradas oligárquicas y transnacionales denunciadas; y estas abundan junto a la impunidad del leonelismo, de políticos ladrones y generales asesinos.
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.