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Otro director de OISOE es investigado por la justicia
SANTO DOMINGO.- Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), fue apresado este fin de semana como parte de una operación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) contra exfuncionarios y allegados al gobierno de Danilo Medina.
Pagán se convierte así en el tercer director de OISOE que es investigado por la justicia, siendo sus antecesores en el ojo de la justicia Miguel Pimentel Kareh y Félix Bautista, en cuyas gestiones se dieron escándalos que pusieron la institución en el ojo público.
Uno de los primeros escándalos salió a la luz pública durante la gestión de Félix Bautista, quien hasta el 2000 fue director de OISOE, tras ser señalado como el supuesto responsable de sobrevaluar por 50 millones de pesos la construcción de la carretera que comunica San Juan y Vallejuelo.
Los señalamientos lo mantuvieron retenido en la cárcel de Najayo en el entre 2000 y 2001 por seis meses, pero posteriormente fue descargado. En el 2004 el entonces presidente Leonel Fernández lo volvió a poner al frente de OISOE, puesto en el que estuvo hasta el 2010 para entrar al Congreso Nacional.
Con el escándalo de Bautista se destapó que la OISOE tenía más contratos que obras. El expediente formulado por el Ministerio Público no prosperó y el caso finalmente fue archivado.
Para 2012 la institución volvió a ser blanco de acusaciones, esta vez por retrasos en los pagos de las cubicaciones de la construcción de escuelas por parte del Programa Nacional de Edificaciones Escolares iniciado en el gobierno de Danilo Medina. Esto a pesar de que se había prometido que estos pagos estarían saldados antes de que terminara el gobierno de Leonel Fernández.
Otro escándalo giró en torno a las denuncias documentadas sobre la sobrevaluación en la remodelación del Hospital Darío Contreras. En esa obra se presupuestó inicialmente 886 millones en 2013 pero en 2015 el costo era de 1,500 millones.
Miguel Pimentel Kareh, entonces director de OISOE, dijo que los señalamientos respondían a intereses políticos y que el aumento en los montos se debía a que inicialmente el monto era para remodelar pero que al final se hicieron construcciones nuevas en el hospital.
Ese mismo director posteriormente fue destituido del cargo en agosto 2015 y acusado de dirigir una mafia con el Banco Peravia. En ese momento Pimentel Kareh dijo ser solo “un agraviado, un afectado”. Sin embargo, su asistente, Jenny García Polanco, aseguró que entre el funcionario y el presidente del banco había un acuerdo para que la mayoría de las obras a cargo de la OISOE usaran a la aseguradora del banco, Unión de Seguros, bajo la condición de que la mitad del valor fuera entregado a Débora Pimentel, hija de Pimentel Kareh, y a Vilma Mejía, pareja del funcionario.
Suicidio de arquitecto
Dos años más tarde, en 2017, el suicidio del arquitecto David García destapó una mafia que extorsionaba a los empleados de la institución bajo la amenaza de quitarles las obras que habían ganado si no tomaban créditos en instituciones vinculadas a la red.
“Me dejé llevar de promesas por parte de Joel Soriano y Alejandro de los Santos, incurriendo en deudas que me son imposible de pagar, pues ellos se han ido quedando con todo”, confesó en la nota que dio paso a una investigación sobre manejos en la institución.
El arquitecto había ganado en sorteo la remodelación de una escuela en Monte Plata y que ese mismo día se había depositado en su cuenta el pago de la última cubicación.
“Precisamente en el día de hoy, se le transfirieron a la cuenta del Banco de Reservas, los fondos correspondientes a la última cubicación la dicha obra, ascendentes a un valor neto de RD$6,652,768.38. El valor total de la obra fue de RD$21,444,781.64”, se informó a raíz de la tragedia, aunque sin detalles del momento en que se hizo el depósito.
Por el caso fueron encarcelados Alejandro de los Santos a seis años de cárcel; y a cinco años Julio Rafael Pérez Alejo, Joel Soriano y Juan Ernesto Romero Pérez.
Luego del suicidio del arquitecto la OISOE fue escenario de cadenas humanas protestando contra los casos de corrupción destapados en la institución y en pedido al presidente Danilo Medina el cierre de la institución.
noticiassin
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.