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Otro director de OISOE es investigado por la justicia
SANTO DOMINGO.- Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), fue apresado este fin de semana como parte de una operación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) contra exfuncionarios y allegados al gobierno de Danilo Medina.
Pagán se convierte así en el tercer director de OISOE que es investigado por la justicia, siendo sus antecesores en el ojo de la justicia Miguel Pimentel Kareh y Félix Bautista, en cuyas gestiones se dieron escándalos que pusieron la institución en el ojo público.
Uno de los primeros escándalos salió a la luz pública durante la gestión de Félix Bautista, quien hasta el 2000 fue director de OISOE, tras ser señalado como el supuesto responsable de sobrevaluar por 50 millones de pesos la construcción de la carretera que comunica San Juan y Vallejuelo.
Los señalamientos lo mantuvieron retenido en la cárcel de Najayo en el entre 2000 y 2001 por seis meses, pero posteriormente fue descargado. En el 2004 el entonces presidente Leonel Fernández lo volvió a poner al frente de OISOE, puesto en el que estuvo hasta el 2010 para entrar al Congreso Nacional.
Con el escándalo de Bautista se destapó que la OISOE tenía más contratos que obras. El expediente formulado por el Ministerio Público no prosperó y el caso finalmente fue archivado.
Para 2012 la institución volvió a ser blanco de acusaciones, esta vez por retrasos en los pagos de las cubicaciones de la construcción de escuelas por parte del Programa Nacional de Edificaciones Escolares iniciado en el gobierno de Danilo Medina. Esto a pesar de que se había prometido que estos pagos estarían saldados antes de que terminara el gobierno de Leonel Fernández.
Otro escándalo giró en torno a las denuncias documentadas sobre la sobrevaluación en la remodelación del Hospital Darío Contreras. En esa obra se presupuestó inicialmente 886 millones en 2013 pero en 2015 el costo era de 1,500 millones.
Miguel Pimentel Kareh, entonces director de OISOE, dijo que los señalamientos respondían a intereses políticos y que el aumento en los montos se debía a que inicialmente el monto era para remodelar pero que al final se hicieron construcciones nuevas en el hospital.
Ese mismo director posteriormente fue destituido del cargo en agosto 2015 y acusado de dirigir una mafia con el Banco Peravia. En ese momento Pimentel Kareh dijo ser solo “un agraviado, un afectado”. Sin embargo, su asistente, Jenny García Polanco, aseguró que entre el funcionario y el presidente del banco había un acuerdo para que la mayoría de las obras a cargo de la OISOE usaran a la aseguradora del banco, Unión de Seguros, bajo la condición de que la mitad del valor fuera entregado a Débora Pimentel, hija de Pimentel Kareh, y a Vilma Mejía, pareja del funcionario.
Suicidio de arquitecto
Dos años más tarde, en 2017, el suicidio del arquitecto David García destapó una mafia que extorsionaba a los empleados de la institución bajo la amenaza de quitarles las obras que habían ganado si no tomaban créditos en instituciones vinculadas a la red.
“Me dejé llevar de promesas por parte de Joel Soriano y Alejandro de los Santos, incurriendo en deudas que me son imposible de pagar, pues ellos se han ido quedando con todo”, confesó en la nota que dio paso a una investigación sobre manejos en la institución.
El arquitecto había ganado en sorteo la remodelación de una escuela en Monte Plata y que ese mismo día se había depositado en su cuenta el pago de la última cubicación.
“Precisamente en el día de hoy, se le transfirieron a la cuenta del Banco de Reservas, los fondos correspondientes a la última cubicación la dicha obra, ascendentes a un valor neto de RD$6,652,768.38. El valor total de la obra fue de RD$21,444,781.64”, se informó a raíz de la tragedia, aunque sin detalles del momento en que se hizo el depósito.
Por el caso fueron encarcelados Alejandro de los Santos a seis años de cárcel; y a cinco años Julio Rafael Pérez Alejo, Joel Soriano y Juan Ernesto Romero Pérez.
Luego del suicidio del arquitecto la OISOE fue escenario de cadenas humanas protestando contra los casos de corrupción destapados en la institución y en pedido al presidente Danilo Medina el cierre de la institución.
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Santo Domingo, R.D.-El Consejo Superior del Ministerio Público creó una Unidad Canina especializada para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres, informó este domingo la Procuraduría General (PGR).
La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), intervendrá en los procesos de investigación, en coordinación con otras agencias del Estado, siempre conforme al protocolo y las circunstancias objetivas de cada caso.
El órgano superior de gobernanza del Ministerio Público, presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso e integrado por la procuradora adjunta Ysis Germania de la Cruz, el procurador fiscal Denny Frey Silvestre Silverio y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, tomó su decisión durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el pasado 8 de enero.
Agencias internacionales cooperarán
Según se explica en un comunicado de prensa, para la creación de la Unidad Canina, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal asignado a esos fines.
- Por igual, se ha dispuesto la elaboración de un protocolo para el total cumplimiento de la Ley 248-12, de Protección Animal, a fin de garantizar el cuidado de los caninos entrenados para estas labores, explicó la secretaria del Consejo, Minerva Cocco, concluyó la nota de prensa.
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Puntos críticos del recurso de apelación de Santiago Hazim que busca revocar la prisión preventiva
Santo Domingo, R.D.-En el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, principal implicado en el caso SeNaSa, la defensa plantea diversos puntos críticos para revocar la decisión.
Los abogados Miguel Valerio Jiminián, Yipsy Roa Díaz, Yenifer Doñe Miliano y Daniel Santillán destacan en el recurso contra la decisión del juez Rigoberto Sena la falta de motivación jurídica, la excepción de inconstitucionalidad por control difuso y lo que califican como un fallo “literario y religioso”.
Sostienen que la decisión emitida el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional vulnera derechos fundamentales y principios básicos del debido proceso.
Por ello, solicitan la revocación inmediata de la medida de coerción, por considerarla arbitraria, desproporcionada y carente de sustento jurídico.
Inconstitucionalidad por desproporcionalidad
Uno de los puntos más relevantes de la instancia es la solicitud de una excepción de inconstitucionalidad. La defensa pide a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que, mediante el ejercicio del control difuso, declare inconstitucional el artículo 377.2 del Código Procesal Penal para este caso específico.
Argumentan que imponer 18 meses de prisión preventiva constituye una «pena anticipada», especialmente cuando el propio tribunal fijó un plazo de solo ocho meses para que el Ministerio Público concluya la investigación.
«Resulta una incoherencia que la prisión preventiva sea más extensa que el tiempo otorgado para investigar; esto desnaturaliza la medida y viola la presunción de inocencia», establecen los juristas en el recurso.
Resaltan que la medida excede notablemente el plazo previsto y viola los artículos 40.9 y 69 (numerales 1, 2 y 3) de la Constitución de la República.
Críticas a un fallo «literario y religioso»
La defensa de Hazim también plantea que la decisión del juez Sena carece de la debida motivación, pues se sustenta en apreciaciones de carácter religioso y literario impropias de una decisión judicial.
Según el recurso, la sentencia se asemeja más a una «mala narración novelesca» y a la «cita arbitraria de pasajes bíblicos» que a un razonamiento jurídico.
Aducen que estos elementos fueron utilizados para «caer en gracia» al afirmar que el imputado habría «violado la confianza del presidente Luis Abinader«, lo cual consideran inaceptable en un Estado social y democrático de derecho.
“La decisión se encuentra fundamentada en pasajes bíblicos que nada tienen que ver con la naturaleza jurídica de la medida… el tribunal señaló de forma directa a Hazim como avaro y traidor a la patria, juicios de valor personal sin conexión con los elementos probatorios”, enfatizan.
Derecho a la salud y dignidad humana
El recurso también alega violaciones al derecho a la salud y a la dignidad humana. Los abogados indican que no se ponderaron adecuadamente los elementos de arraigo que garantizan que el imputado no representa peligro de fuga.
Presentaron constancias del Icahn School of Medicine at Mount Sinai que establecen que Hazim recibe, desde 2011, un tratamiento especializado con infusiones de Ocrevus (ocrelizumab) cada seis meses en Nueva York.
Sostienen que la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras imposibilita la continuidad de este tratamiento, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles para su bienestar físico y neurológico.
Se espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional fije próximamente la fecha para el conocimiento de este recurso, donde se decidirá si se mantiene la medida o se dicta una menos gravosa que permita al imputado llevar el proceso en libertad.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.
El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.
Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:
1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella
La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».
Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.
«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.
Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.