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Otro director de OISOE es investigado por la justicia
SANTO DOMINGO.- Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), fue apresado este fin de semana como parte de una operación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) contra exfuncionarios y allegados al gobierno de Danilo Medina.
Pagán se convierte así en el tercer director de OISOE que es investigado por la justicia, siendo sus antecesores en el ojo de la justicia Miguel Pimentel Kareh y Félix Bautista, en cuyas gestiones se dieron escándalos que pusieron la institución en el ojo público.
Uno de los primeros escándalos salió a la luz pública durante la gestión de Félix Bautista, quien hasta el 2000 fue director de OISOE, tras ser señalado como el supuesto responsable de sobrevaluar por 50 millones de pesos la construcción de la carretera que comunica San Juan y Vallejuelo.
Los señalamientos lo mantuvieron retenido en la cárcel de Najayo en el entre 2000 y 2001 por seis meses, pero posteriormente fue descargado. En el 2004 el entonces presidente Leonel Fernández lo volvió a poner al frente de OISOE, puesto en el que estuvo hasta el 2010 para entrar al Congreso Nacional.
Con el escándalo de Bautista se destapó que la OISOE tenía más contratos que obras. El expediente formulado por el Ministerio Público no prosperó y el caso finalmente fue archivado.
Para 2012 la institución volvió a ser blanco de acusaciones, esta vez por retrasos en los pagos de las cubicaciones de la construcción de escuelas por parte del Programa Nacional de Edificaciones Escolares iniciado en el gobierno de Danilo Medina. Esto a pesar de que se había prometido que estos pagos estarían saldados antes de que terminara el gobierno de Leonel Fernández.
Otro escándalo giró en torno a las denuncias documentadas sobre la sobrevaluación en la remodelación del Hospital Darío Contreras. En esa obra se presupuestó inicialmente 886 millones en 2013 pero en 2015 el costo era de 1,500 millones.
Miguel Pimentel Kareh, entonces director de OISOE, dijo que los señalamientos respondían a intereses políticos y que el aumento en los montos se debía a que inicialmente el monto era para remodelar pero que al final se hicieron construcciones nuevas en el hospital.
Ese mismo director posteriormente fue destituido del cargo en agosto 2015 y acusado de dirigir una mafia con el Banco Peravia. En ese momento Pimentel Kareh dijo ser solo “un agraviado, un afectado”. Sin embargo, su asistente, Jenny García Polanco, aseguró que entre el funcionario y el presidente del banco había un acuerdo para que la mayoría de las obras a cargo de la OISOE usaran a la aseguradora del banco, Unión de Seguros, bajo la condición de que la mitad del valor fuera entregado a Débora Pimentel, hija de Pimentel Kareh, y a Vilma Mejía, pareja del funcionario.
Suicidio de arquitecto
Dos años más tarde, en 2017, el suicidio del arquitecto David García destapó una mafia que extorsionaba a los empleados de la institución bajo la amenaza de quitarles las obras que habían ganado si no tomaban créditos en instituciones vinculadas a la red.
“Me dejé llevar de promesas por parte de Joel Soriano y Alejandro de los Santos, incurriendo en deudas que me son imposible de pagar, pues ellos se han ido quedando con todo”, confesó en la nota que dio paso a una investigación sobre manejos en la institución.
El arquitecto había ganado en sorteo la remodelación de una escuela en Monte Plata y que ese mismo día se había depositado en su cuenta el pago de la última cubicación.
“Precisamente en el día de hoy, se le transfirieron a la cuenta del Banco de Reservas, los fondos correspondientes a la última cubicación la dicha obra, ascendentes a un valor neto de RD$6,652,768.38. El valor total de la obra fue de RD$21,444,781.64”, se informó a raíz de la tragedia, aunque sin detalles del momento en que se hizo el depósito.
Por el caso fueron encarcelados Alejandro de los Santos a seis años de cárcel; y a cinco años Julio Rafael Pérez Alejo, Joel Soriano y Juan Ernesto Romero Pérez.
Luego del suicidio del arquitecto la OISOE fue escenario de cadenas humanas protestando contra los casos de corrupción destapados en la institución y en pedido al presidente Danilo Medina el cierre de la institución.
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Santo Domingo. – Tras una declaración de urgencia y en dos lecturas consecutivas el Senado de la República aprobó las modificaciones a la ley número 225-20, Ley General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos de la República Dominicana.
El proyecto fue presentado por los senadores Ramón Rogelio Genao Durán de la provincia La Vega; y Ginnette Bournigal de Jiménez de Puerto Plata.
Esta pieza tiene el propósito de fortalecer el marco normativo para la gestión integral y sostenible de los residuos sólidos, modificando los artículos 4, en los numerales 11, 38, y 39; y se agregan los numerales 21-bis, 26-bis y 47-bis. También modifica los artículos 16 y 17 de la presente ley con el fin de mantener la armonía entre el hombre y su ambiente, e impedir, subsanar, corregir o eliminar las situaciones que pongan en riesgo la calidad de los recursos naturales y de la biósfera.
La iniciativa refiere que desde la promulgación de la Ley 225-20, Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, no se han logrado grandes avances en la reducción del impacto ambiental de los residuos sólidos, no obstante, persisten desafíos en la implementación efectiva de la gestión integral de estos.
La normativa establece que el manejo y la gestión integral y disposición final de los residuos es uno de los principales pilares de la Ley No. 225-20, ya que el aumento de la población, junto a los cambios en los patrones de consumo, ha provocado un incremento en la cantidad de residuos que se generan en el país. En virtud de esto, se hace necesario adoptar medidas que garanticen la conservación del ambiente sano y ecológicamente equilibrado para las presentes y futuras generaciones.
El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica la Ley-358-05, sobre la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario.
Esta normativa tiene la finalidad de modificar varios artículos para establecer un régimen de defensa de los derechos del consumidor y usuario, garantizando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre los proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios, sean de derecho público o privado, nacionales o extranjeros y la calidad de los productos que consume la población.
La pieza presentada por el senador de la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, indica que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR), como órgano del Estado destinado a garantizar los derechos fundamentales de las personas y su acceso a bienes, servicios y alimentos de calidad, debe poseer las cualidades administrativas que lo doten de las competencias sancionadoras necesarias, propugnando así por la eficacia en la aplicación de la ley y el beneficio colectivo.
En segunda lectura el Pleno aprobó el proyecto que designa con el nombre de Theodore Chasseriau el Bulevar Turístico del Atlántico, comprendido desde el cruce el Catey, en el municipio Sánchez, hasta el cruce el Limón, con la carretera de Samaná, de la provincia Samaná, propuesta del senador Pedro Manuel Catrain.
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, consideró como el mayor desafío del sistema los innumerables casos pendientes.
Molina reconoció que «la mora judicial es y ha sido un reto existencial para la justicia y la sociedad«, por lo que implementan medidas en la ruta de que «estamos transformando esa realidad».
“El mayor desafío que enfrentamos es la mora judicial. Hay cientos de historias que ilustran la desesperanza e incertidumbre que generan los casos pendientes”, dijo Molina en su intervención.
En busca de corregir la situación, citó que todas las salas de la Suprema Corte resolvieron el 98 por ciento de casos ingresados en 2023, cuya meta en lo adelante es no tener expedientes inconclusos con más de seis meses.
El discurso de Molina revela que de los 11,268 casos ingresados en 2023, el 98 por ciento ya fue resuelto, con solo 561 pendientes entre las salas, a pesar de un incremento considerable por el ingreso de nuevos recursos a la Tercera Sala.
«Cada tribunal, cada jueza y juez, cada servidor judicial, ha contribuido a esta transformación. Demostrando que la justicia al día es posible si trabajamos unidos, con compromiso y entrega», añadió en sus palabras.
El objetivo de reducir los retardos judiciales encuentra marco normativo en la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación, que pone pestillo e «impide» la entrada de prácticas dilatorias. Esta reduce de dos años a menos de cinco meses el tiempo promedio de los trámites de las partes para el apoderamiento de las salas.
Las declaraciones de Luis Henry Molina sucedieron en el marco de la Audiencia Solemne en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, en conmemoración al Día Nacional del Poder Judicial, donde contó con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
Santo Domingo, R.D.-El partido Alianza País llamó al presidente Luis Abinader a no recibir en el Palacio Nacional al líder opositor venezolano, Edmundo González, debido a que podría arrastrar a República Dominicana a un “enfrentamiento diplomático” con Venezuela.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el partido indicó que “lo prudente” sería apostar al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela, las cuales fueron clausuradas el pasado mes de julio.
Mediante el documento, el partido encabezado por Guillermo Moreno ratificó su apoyo a la “institucionalidad democrática” de Venezuela y se opone a “cualquier tipo de presión foránea para solucionar sus problemas internos”.
“Conforme los principios que rigen en la Constitución y los tratados internacionales de los que la República Dominicana es signataria, los Estados son soberanos para dirimir sus conflictos internos sin injerencias, presiones o intervenciones de fuerzas extranjeras. Corresponde al pueblo de Venezuela darle solución a los conflictos que se susciten en su país y ningún Estado ni gobierno extranjero debe inmiscuirse en los asuntos internos que solo corresponde resolver a los venezolanos”, señala Alianza País.
La reunión entre el presidente Abinader y Edmundo González está programada a realizarse el próximo jueves nueve de mayo a las 11:00 de la mañana mediante un acto en el Salón de Embajadores de la sede de Gobierno.
El acto estará centrado en los desafíos y oportunidades para el fortalecimiento democrático en Venezuela; la actividad contará con intervenciones de González, Abinader, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y uno de los expresidentes que componen la delegación del Grupo IDEA.
“En esta reunión, se abordarán temas relacionados con la situación política en Venezuela, los retos para la democracia en la región y las oportunidades para una transición pacífica y ordenada”, reseña un documento de prensa enviado a los medios de comunicación, que señala que luego se hará un almuerzo que contará además con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña y los ministros José Ignacio Paliza, Andrés Bautista y Víctor (Ito) Bisonó.
Hasta el momento el Gobierno dominicano no ha reconocido ni ha Edmundo ni a Nicolás Maduro como ganadores oficiales de las elecciones presidenciales de Venezuela realizadas a finales de julio.
El Gobierno sí ha exigido en reiteradas ocasiones la publicación de las actas electorales, sin embargo el Consejo Nacional de Elecciones de ese país declaró ganador a Maduro sin dar a conocer las mismas.
Todo, mientras Edmundo señalaba que los datos que manejaba su equipo de campaña lo daban como un “amplio ganador”.