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Otro director de OISOE es investigado por la justicia
SANTO DOMINGO.- Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), fue apresado este fin de semana como parte de una operación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) contra exfuncionarios y allegados al gobierno de Danilo Medina.
Pagán se convierte así en el tercer director de OISOE que es investigado por la justicia, siendo sus antecesores en el ojo de la justicia Miguel Pimentel Kareh y Félix Bautista, en cuyas gestiones se dieron escándalos que pusieron la institución en el ojo público.
Uno de los primeros escándalos salió a la luz pública durante la gestión de Félix Bautista, quien hasta el 2000 fue director de OISOE, tras ser señalado como el supuesto responsable de sobrevaluar por 50 millones de pesos la construcción de la carretera que comunica San Juan y Vallejuelo.
Los señalamientos lo mantuvieron retenido en la cárcel de Najayo en el entre 2000 y 2001 por seis meses, pero posteriormente fue descargado. En el 2004 el entonces presidente Leonel Fernández lo volvió a poner al frente de OISOE, puesto en el que estuvo hasta el 2010 para entrar al Congreso Nacional.
Con el escándalo de Bautista se destapó que la OISOE tenía más contratos que obras. El expediente formulado por el Ministerio Público no prosperó y el caso finalmente fue archivado.
Para 2012 la institución volvió a ser blanco de acusaciones, esta vez por retrasos en los pagos de las cubicaciones de la construcción de escuelas por parte del Programa Nacional de Edificaciones Escolares iniciado en el gobierno de Danilo Medina. Esto a pesar de que se había prometido que estos pagos estarían saldados antes de que terminara el gobierno de Leonel Fernández.
Otro escándalo giró en torno a las denuncias documentadas sobre la sobrevaluación en la remodelación del Hospital Darío Contreras. En esa obra se presupuestó inicialmente 886 millones en 2013 pero en 2015 el costo era de 1,500 millones.
Miguel Pimentel Kareh, entonces director de OISOE, dijo que los señalamientos respondían a intereses políticos y que el aumento en los montos se debía a que inicialmente el monto era para remodelar pero que al final se hicieron construcciones nuevas en el hospital.
Ese mismo director posteriormente fue destituido del cargo en agosto 2015 y acusado de dirigir una mafia con el Banco Peravia. En ese momento Pimentel Kareh dijo ser solo “un agraviado, un afectado”. Sin embargo, su asistente, Jenny García Polanco, aseguró que entre el funcionario y el presidente del banco había un acuerdo para que la mayoría de las obras a cargo de la OISOE usaran a la aseguradora del banco, Unión de Seguros, bajo la condición de que la mitad del valor fuera entregado a Débora Pimentel, hija de Pimentel Kareh, y a Vilma Mejía, pareja del funcionario.
Suicidio de arquitecto
Dos años más tarde, en 2017, el suicidio del arquitecto David García destapó una mafia que extorsionaba a los empleados de la institución bajo la amenaza de quitarles las obras que habían ganado si no tomaban créditos en instituciones vinculadas a la red.
“Me dejé llevar de promesas por parte de Joel Soriano y Alejandro de los Santos, incurriendo en deudas que me son imposible de pagar, pues ellos se han ido quedando con todo”, confesó en la nota que dio paso a una investigación sobre manejos en la institución.
El arquitecto había ganado en sorteo la remodelación de una escuela en Monte Plata y que ese mismo día se había depositado en su cuenta el pago de la última cubicación.
“Precisamente en el día de hoy, se le transfirieron a la cuenta del Banco de Reservas, los fondos correspondientes a la última cubicación la dicha obra, ascendentes a un valor neto de RD$6,652,768.38. El valor total de la obra fue de RD$21,444,781.64”, se informó a raíz de la tragedia, aunque sin detalles del momento en que se hizo el depósito.
Por el caso fueron encarcelados Alejandro de los Santos a seis años de cárcel; y a cinco años Julio Rafael Pérez Alejo, Joel Soriano y Juan Ernesto Romero Pérez.
Luego del suicidio del arquitecto la OISOE fue escenario de cadenas humanas protestando contra los casos de corrupción destapados en la institución y en pedido al presidente Danilo Medina el cierre de la institución.
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Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.