Opinión
Otro grave atraso dominicano
Published
12 años agoon
Por Juan Bolívar Díaz
Otro importante indicador de la pobreza y el atraso que todavía sufre la población dominicana lo constituye el hecho de que tenemos unas 33 mil personas ciegas de ambos ojos, de las cuales el 80 por ciento por causas prevenibles o curables como la catarata u opacidad del cristalino, responsable de la tercera parte de la ceguera universal, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El prestigioso oftalmólogo Juan Francisco Batlle, presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Ceguera, ha dado la voz de alarma, resaltando que la catarata es hoy día una enfermedad fácilmente curable, y que la OMS promedia en tres mil las cirugías que se deben hacer anualmente por cada millón de habitantes para revertirla. Con casi 10 millones de habitantes en este país deberíamos hacer 30 mil cirugías de cataratas, pero sólo llegamos a 12 mil, es decir, al cuarenta por ciento.
Si el 80 por ciento de la ceguera es prevenible con tratamiento a tiempo o reversible mediante cirugías, que hoy por rayos láser son simples y de bajo costo, en el país no deberíamos tener más de 6 mil 600 invidentes, es decir 26 mil 400 menos, todo un ejército de personas marginadas, en su gran mayoría pobres, muchas de los cuales sobreviven en la indigencia y la mendicidad.
Al anunciar un taller del 3 al 5 de junio próximo para elaborar un Plan Nacional para Erradicar la Ceguera Prevenible y Curable en todo el país, el doctor Batlle convocó a las instituciones del sector público y del privado a participar en un gran esfuerzo colectivo para enfrentar este claro indicador de pobreza y atraso. La invitación se extiende no sólo a las entidades que prestan servicios de salud, sino también a los gremios, asociaciones y fundaciones del sector, a las agrupaciones comunitarias, y a los ayuntamientos.
Para graficar el carácter clasista de la enfermedad, el doctor Batlle informa que en el país hay 420 oftalmólogos, con una concentración apabullante en la capital, Santiago y unas pocas ciudades del norte y centro,mientras en toda la región este sólo hay 6 y apenas 3 en el suroeste.
En un país con alto desempleo, bajos niveles educativos, y un servicio de transportación y movilidad urbana caótico, la ceguera se constituye en un elemento de exclusión y marginalidad. Las víctimas quedan reducidas a la dependencia de familiares, cuando no al abandono y la miseria integral.
El doctor Batlle señala la irresponsabilidad con que han actuado las autoridades nacionales ante el problema de la ceguera, al recordar que en el 2005 se comprometieron ante la Organización Panamericana de la Salud a poner en vigencia un plan tendiente a erradicar la ceguera para el año 2020. Ha transcurrido la mitad del plazo fijado hace ocho años y ahora es cuando se trabaja para elaborarlo.
Ese plan deberá contemplar el examen anual de toda la población de la escuela primaria, algo que se hacía hace medio siglo por lo menos en los principales centros urbanos, para detectar a tiempo las enfermedades y prevenir la ceguera. La descentralización de los servicios oftalmológicos, de equipos y personal profesional es un imperativo fundamental.
Según lo que estiman la OMS y la OPS, la inversión en la prevención y cura de la ceguera es de alta rentabilidad, traduciéndose en aumento de la productividad en la población entre 18 y 65 años, en ahorro para las familias que tienen que subvencionar a los invidentes, y en reducción del gasto en salud.
La tasa de ceguera y la pobre inversión que hacemos para prevenirla y combatirla es otra muestra de la falta de prioridades en un país que ha cifrado el progreso y la modernidad en la simple siembra de cemento, y donde el clientelismo, el dispendio y la corrupción malversan una alta proporción de las contribuciones fiscales.-
Opinión
Impugnación de la competencia de la Corte Penal Internacional
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12 horas agoon
marzo 13, 2025Por Rommel Santos Díaz
La Corte Penal Internacional se cerciorará de ser competente en todas las causas que le sean sometidas. La CPI podrá determinar de oficio la admisibilidad de una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma.
De acuerdo con el Estatuto de Roma podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte Penal Internacional:
- a)El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detención o una orden de comparecencia con arreglo al artículo 58;
- b)Un Estado que tenga jurisdicción en la causa porque esta investigando o enjuiciando o lo ha hecho antes; o
- c)Un Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el artículo 12.
El Fiscal podrá pedir a la Corte Penal Internacional que se pronuncie sobre una cuestión de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la competencia o la admisibilidad, podrán presentar asimismo observaciones a la Corte quienes hayan remitido la situación de conformidad con el artículo 13 del Estatuto de Roma y las víctimas
.
La admisibilidad de una causa o la competencia de la CPI sólo podrán ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados a que se hace referencia en el párrafo 2. La impugnación se hará antes del juicio o a su inicio.
En circunstancias excepcionales la Corte Penal Internacional podrá autorizar que la impugnación se haga más de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las impugnaciones a la admisibilidad de una causa hechas al inicio del juicio, o posteriormente con la autorización de la Corte, sólo podrán fundarse en el párrafo 1 c) del artículo 17 del Estatuto de Roma.
Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la admisibilidad de una causa o de la competencia de la CPI será asignada a la Sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados los cargos, será asignada a la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo 82 del Estatuto de Roma.
Hasta antes de que la Corte Penal Internacional se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle autorización para:
- a)Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionadas en el párrafo 6 del articulo 18 del Estatuto de Roma;
- b)Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o completar la recolección y el examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la impugnación; y
- c)Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que eludan la acción de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de detención en virtud del artículo 58 del Estatuto de la Corte.
La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por el Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la CPI, antes de ella.
Si la CPI hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los motivos por los cuales la causa había sido considerada inadmisible de conformidad con dicho artículo.
Finalmente, el Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el artículo 17 del Estatuto de Roma suspende una investigación, podrá pedir que el Estado de que se trate ponga a su disposición información sobre las actuaciones. A petición de ese Estado, dicha información será confidencial. El Fiscal, si decide posteriormente abrir una investigación, notificará su decisión al Estado cuyas actuaciones hayan dado origen a la suspensión.
Rommelsantosdiaz@gmailcom
Por Nelson Encarnación
Son muchos los dominicanos que no se reponen del shock que les provocaron las diversas manipulaciones y mentiras vertidas por el expresidente Danilo Medina durante su comparecencia de la semana pasada en un importante medio radial de nuestro país.
Cuando se anunció días antes que el líder del Partido de la Liberación Dominicana aparecería en un medio público, hubo la apreciación generalizada de que aprovecharía el alcance de este para al menos desvestir su alma y bajar al terreno de la humildad para pedir algún tipo de perdón—aun fuese en voz baja—por las muchas culpas que necesitan urgentemente su expiación.
Sin embargo, es evidente que Danilo está convencido de que todas sus actuaciones en el Gobierno estuvieron ajustadas a la decencia más absoluta, cuando la realidad apunta precisamente en otra dirección.
Para él, los expedientes que involucran a familiares y entorno político más estrecho, son simples majaderías urdidas para molestarle, o una manifestación de la llamada judicialización de la política o politización de la justicia, mediante la cual han sido quitados del camino potenciales competidores de la corriente predominante.
Con ese convencimiento resulta improbable que el expresidente se humanice y entienda que admitir los errores hace grandes a las personas, y que, por el contrario, encerrarse en una convicción pueril las reduce.
Hay más de una evidencia que Danilo fue advertido por cercanos acerca del comportamiento depredador de algunos de sus íntimos, pero obvió tomar las medidas aconsejables, para dejar campo abierto a la continuación de los desmanes, muchos de los cuales se han reflejado en los casos que actualmente se ventilan en justicia, y que él los atribuye a “persecución política”.
En el campo de la lucha propiamente política, Medina trata de convencernos de que su laborantismo encaminado a propiciar el escenario para una segunda reelección en 2020 es un espejismo o un invento de sus adversarios.
Eso de que no tenía votos para modificar la Constitución es un ardid y una expresión fehaciente de su condición de simulador, pues todos vivimos aquel trance que mantuvo en vilo a la nación hasta que la administración Trump—en una intromisión inaceptable, eso sí—le apeó del carro reeleccionista que pudo haberse descarrilado hacia una situación de manejo muy complejo.
Danilo podrá decir lo que quiera, pero la historia no se puede borrar.
Por Narciso Isa Conde
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.
La que debe ser emplazada NO ES MIRIAM, es Yeni Berenice, acompañada de Camacho, el del PEPCA y ahora ascendido, ambos con fuertes vínculos con la Embajada, FBI, DEA…Leonel, Abinader…Ahora la PGR cae bajo control absoluto de esa tríada, vía los ascensos de Berenice y Camacho.
Miriam German ha sido víctima de su entorno, de un acorralamiento programado en medio de una gran soledad y de su propio institucionalismo (excesivo respeto a la separación de funciones dentro de la PGR). Además, la amenaza del cártel del Cibao y del tal J, fue manipulada para amarrarla más. Hicieron un gran bulto desde la DNCD y dejaron todo igual: el cartel sigue impune. Abinader, Cabrera-DNCD y la DEA dirigieron esa operación.
Berenice y el PEPCA han bloqueado muchos expedientes, incluso los presentados por nosotros. El caso de ANTENA LATINA es emblemático y yo lo entregué personalmente, y muchas veces demandé respuesta y nada. A esos encargados de investigar y perseguir los delitos, se le entregaron numerosas denuncias del Archivo Abierto de Marcha Verde y no hicieron nada: siguen abundando las vacas sagradas oligárquicas y transnacionales denunciadas; y estas abundan junto a la impunidad del leonelismo, de políticos ladrones y generales asesinos.
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.