Análisis Noticiosos
Otro proceso que ojalá sirva para sentar precedentes en el país en materia de corrupción.
Por Elba García
La madrugada de este domingo la sociedad dominicana pudo observar el Operativo Calamar que buscó apresar a una serie de personajes del pasado gobierno de Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Mediante unos 40 allanamientos el Ministerio Público arrestó a Gonzalo Castillo, excandidato presidencial del PLD, Donald Guerrero, exministro de Hacienda, el exministro Administrativa de la Presidencia, José Ramon Peralta y el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, entre muchos otros.
Las acusaciones se conocen hace muchos meses y en consecuencia las detenciones es algo que se esperaba que ocurriera, lo que la gente se pregunta es por qué ahora y no antes y entonces de inmediato surge una respuesta que consiste en que si es porque se acerca la campaña electoral o porque el Gobierno del PRM y Luis Abinader no ha respondido el cuestionamiento de las adendas que ha autorizado el ministro de Obras Públicas, entre otros asuntos, aunque no se puede poner en duda la independencia del Ministerio Público.
Esa interrogante no es que les quite responsabilidad a los apresados por la comisión de una serie de actos de corrupción, lo que, naturalmente, justifica las acciones tomadas por el Ministerio Público durante la madrugada del pasado domingo, pero le quita cierta legitimidad por no dejar claras cuestiones de un personaje que no sólo es ministro de Obras Públicas, sino también jefe de campaña de la reelección de Abinader.
Estas importantes fichas peledeístas son acusadas de asociación de malhechores, desfalco, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos, cuyas acciones del Ministerio Público luce que tiene una connotación política el caso denominado Calamar, porque se alega que el grupo es mucho más numeroso y que algo ha impedido que estén todos los que son y que ciertamente está vinculado al pago irregular de expropiaciones de inmuebles a través de Hacienda cuando era encabezada por Guerrero.
Los allanamientos durante el Operativo Calamar involucraron a 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo, evidentemente mucha espectacularidad.
Lo que mucha gente no entiende es por qué frente al involucramiento de gente del entorno tan cercano de Danilo Medina, lo cual compromete la responsabilidad del exmandatario, éste no ha sido llamado para que responda por todas las irregularidades que se señala ocurrieron durante su administración.
Es decir, este caso tiene una serie de aristas que deben ser tomadas en cuentas a la hora de evaluar el procedimiento y el momento en que se produce la persecución por actos de corrupción que vienen de hace varios años.
Entre los imputados hay otro personaje que crea mucho escepticismo y que cuando aparece en el escenario que se presenta ahora de inmediato genera también una serie de interrogantes, ya que tiene una fuerte vocación a verse involucrado en hechos de la misma naturaleza y se trata de Angel Lockward, quien luce ser una figura clave en la ocurrencia de los ilícitos.
De acuerdo a lo que se ha podido establecer, las acusaciones en contra de los apresados tienen tanto mérito que en agosto del 2022 la jueza Kenya Romero, coordinadora de los juzgados de la instrucción, autorizó a la PEPCA a obtener informes financieros respecto a una investigación abierta contra Guerrero, otros exfuncionarios y particulares sobre procesos irregulares e ilegales de deuda pública para desfalcar el patrimonio del Estado.
Las maniobras fraudulentas se realizaron para sustraer más de 19 mil millones de pesos del patrimonio público provenientes de acuerdos transnacionales que fueron utilizados para pagos de expropiaciones de terrenos en áreas protegidas y la simulación de compra y venta de terrenos sobre la base de supuestas deudas administrativas.
En estos casos el abogado Angel Lockwuard, especialista en derecho administrativa, parece haber jugado un papel clave en la comisión del desfalco en contra del Estado, quien sometió un recurso al Tribunal Superior Administrativo, el cual esta en fase de fallo, que persigue anular el informe presentado por auditores de la Contraloría General de la República sobre el pago de expropiaciones que sirvió de base para los apresamientos.
En ese informe de septiembre de 2021 de la Unidad Antifraude de Contraloría se establece que los investigados estafaron al Estado con más de 17,000 millones de pesos.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.
Por José Cabral
No es por accidente que los hechos más violentos y repugnantes del territorio nacional tienen lugar en la ciudad de Santiago, segunda en importancia del país.
Y no es para menos, porque aparte del crecimiento exponencial de la población en Santiago, también se producen una serie de hechos que marcan un curso preocupante de la llamada “Ciudad Corazón”.
El asunto, según puedo observar, es que Santiago no sólo ocupa un lugar primordial en crímenes y sicariatos, sino que la violencia generalizada parece apropiarse de la que otrora fuera un lugar atractivo para vivir en familia.
Pero ése no es sólo el problema, sino que Santiago es lo que muy bien se puede definir como una ciudad colapsada, donde no existen autoridades o si existen no están en capacidad de imponer el orden y el respeto entre las personas.
Sin embargo, lo peor y más doloroso es que los servicios públicos no es que son un desastre, sino que no existen, que son cosas del pasado.
Un aceptable servicio de agua potable ya ha pasado a ser una aspiración que no hay forma de que se logre y peor aún el de energía eléctrica.
Los propios funcionarios del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) dicen que esta institución está quebrada y luce con pocas posibilidades de sobrevivir.
Los hogares y negocios de Santiago reciben agua potable una vez cada 20 días y sólo por una media hora, lo que provoca que los baños de viviendas y empresas estén llenos de bacterias.
Eso sí, las facturas siempre hay que pagarlas, porque de no ser así no habría forma de cumplir con la gran cantidad de vagos colocados en empleos en la administración pública.
Es decir, que el ciudadano no tiene derecho para reclamar un buen servicio de agua potable, pero si no paga lo cortan, pese a que de cualquiera manera no recibe nada cambio.
Por eso pienso que Santiago en vez de “Ciudad Corazón” debería bautizarse como la “Ciudad Colapsada”, donde vivir es un suplicio y donde la violencia se apropia de ella cada día como resultado de la gran deuda social con sus munícipes y las tensiones e insatisfacciones generadas por quienes tienen la responsabilidad de llevarla a otro sitial.