Otro proceso que ojalá sirva para sentar precedentes en el país en materia de corrupción.

Por Elba García

La madrugada de este domingo la sociedad dominicana pudo observar el Operativo Calamar que buscó apresar a una serie de personajes del pasado gobierno de Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Mediante unos 40 allanamientos el Ministerio Público arrestó a Gonzalo Castillo, excandidato presidencial del PLD, Donald Guerrero, exministro de Hacienda, el exministro Administrativa de la Presidencia, José Ramon Peralta y el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, entre muchos otros.

Las acusaciones se conocen hace muchos meses y en consecuencia las detenciones es algo que se esperaba que ocurriera, lo que la gente se pregunta es por qué ahora y no antes y entonces de inmediato surge una respuesta que consiste en que si es porque se acerca la campaña electoral o porque el Gobierno del PRM y Luis Abinader no ha respondido el cuestionamiento de las adendas que ha autorizado el ministro de Obras Públicas, entre otros asuntos,  aunque no se puede poner en duda la independencia del Ministerio Público.

Esa interrogante no es que les quite responsabilidad a los apresados por la comisión de una serie de actos de corrupción, lo que, naturalmente, justifica las acciones tomadas por el Ministerio Público durante la madrugada del pasado domingo, pero le quita cierta legitimidad por no dejar claras cuestiones de un personaje que no sólo es ministro de Obras Públicas, sino también jefe de campaña de la reelección de Abinader.

Estas importantes fichas peledeístas son acusadas de asociación de malhechores, desfalco, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos, cuyas acciones del Ministerio Público luce que tiene una connotación política el caso denominado Calamar, porque se  alega que  el grupo  es mucho más numeroso y que algo ha impedido que estén todos los que son y que ciertamente está vinculado al pago irregular de expropiaciones de inmuebles a través de Hacienda cuando era encabezada por Guerrero.

Los allanamientos durante el Operativo Calamar involucraron a 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo, evidentemente mucha espectacularidad.

Lo que mucha gente no entiende es por qué frente al involucramiento de gente del entorno tan cercano de Danilo Medina, lo cual compromete la responsabilidad del exmandatario, éste no ha sido llamado para que responda por todas las irregularidades que se señala ocurrieron durante su administración.

Es decir, este caso tiene una serie de aristas que deben ser tomadas en cuentas a la hora de evaluar el procedimiento y el momento en que se produce la persecución por actos de corrupción que vienen de hace varios años.

Entre los imputados hay otro personaje que crea mucho escepticismo y que cuando aparece en el escenario que se presenta ahora de inmediato genera también una serie de interrogantes, ya que tiene una fuerte vocación a verse involucrado en hechos de la misma naturaleza y se trata de Angel Lockward, quien luce ser una figura clave en la ocurrencia de los ilícitos.

De acuerdo a lo que se ha podido establecer, las acusaciones en contra de los apresados tienen tanto mérito que en agosto del 2022 la jueza Kenya Romero, coordinadora de los juzgados de la instrucción, autorizó a la PEPCA a obtener informes financieros respecto a una investigación abierta contra Guerrero, otros exfuncionarios y particulares sobre procesos irregulares e ilegales de deuda pública para desfalcar el patrimonio del Estado.

Las maniobras fraudulentas se realizaron para sustraer más de 19 mil millones de pesos del patrimonio público provenientes de acuerdos transnacionales que fueron utilizados para pagos de expropiaciones de terrenos en áreas protegidas y la simulación de compra y venta de terrenos sobre la base de supuestas deudas administrativas.

En estos casos el abogado Angel Lockwuard, especialista en derecho administrativa, parece haber jugado un papel clave en la comisión del desfalco en contra del Estado, quien sometió un recurso al Tribunal Superior Administrativo, el cual esta en fase de fallo, que persigue anular el informe presentado por auditores de la Contraloría General de la República sobre el pago de expropiaciones que sirvió de base para los apresamientos.

En ese informe de septiembre de 2021 de la Unidad Antifraude de Contraloría se establece que los investigados estafaron al Estado con más de 17,000 millones de pesos.