Comunidad en el exterior
P. RICO: Dominicanos pasan el Niágara en bicicleta por asedio ICE
SAN JUAN.- Juan, nombre ficticio de joven de nacionalidad dominicana, se dirigía a su trabajo el pasado marzo en el área de Cupey y al llegar fue interceptado por agentes del ICE.
Como estaba manejando, le pidieron su identificación y al darle la licencia de conducir para las personas que no tienen un estatus regularizado, lo arrestaron. No solo se llevaron a Juan, sino también a dos personas que le acompañaban en el auto, uno de ellos, con ciudadanía estadounidense.
Ni la abogada supo dónde lo tenían detenido. No fue hasta que Juan pudo llamar a su madre que reside en República Dominicana que se enteraron de que estaba en Aguadilla.
Esta se comunicó para informar que el joven quería una salida voluntaria.
Aunque en esa llamada le informaron que gestionarían viaje en el ferry, en cuestión de días, el inmigrante le informó a su madre que lo iban a trasladar al Centro de Detención de Laredo en Texas.
A pesar de que un juez de inmigración había concedido su salida voluntaria para en o antes del 17 de abril, fue trasladado desde Texas a República Dominicana el 27 de abril.
OTRO CASO
A Jacinto (nombre ficticio) le chocaron el carro un jueves mientras transitaba junto a su familia por la avenida Monserrate en Carolina, Puerto Rico.
En lugar de tomarle la querella en ese lugar, el policía municipal lo llevó al cuartel de Sabana Abajo donde lo interrogaron sobre su estatus migratorio, y sin darle tiempo a mostrar los documentos que tenía en su casa, lo arrestaron.
El guardia, desde el cuartel, dijo que debía alertar a oficiales de inmigración de Estados Unidos sobre la detención del dominicano residente en Puerto Rico.
La pareja de Jacinto, que llegó al cuartel a llevar los documentos que el padre de su hija tenía en el hogar, aseguró al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que el agente le dijo que su placa estaba en juego si no informaba a inmigración sobre la presencia de un inmigrante sin documentos.
Hasta el lunes de la semana pasada, el incidente no aparecía registrado en los récords de la Policía municipal ni se le había asignado un número de querella al accidente de tránsito, por lo cual la mujer dijo que presentó una querella administrativa contra el agente con la única información que tenía: se apellida Aponte y su número de placa es el 551.
El CPI llamó al cuartel de Sabana Abajo para indagar detalles con el agente, pero se indicó que no se encontraba. Se solicitó una entrevista con el inspector Rubén Moyeno García, jefe de la Policía Municipal de Carolina, pero no hubo respuesta.
Pedro (nombre falso para proteger su identidad) fue interceptado a una cuadra de su residencia en Hatillo por una patrulla de la Policía puertorriqueña.
El agente le preguntó por sus documentos, y unos minutos después, aparecieron dos agentes federales de inmigración y lo arrestaron en medio de la calle. Ahora se encuentra en el Centro de Detención Krome en el estado de Florida.
«El Estado está cooperando. ¿Cómo van a saber dónde vive si no es por su licencia de conducir?», cuestionó su abogada María del Rosario García Miranda en referencia a casos como el del inmigrante detenido por una patrulla de la Policía de Puerto Rico cuando salía de su residencia.
Este tenía licencia y recientemente la había renovado con su dirección actual, confirmó la jurista.
LA LICENCIA DELATORA
Desde 2013, las personas que no tienen un estatus migratorio definido en Puerto Rico pueden obtener una licencia de conducir provisional. La Ley 97 que habilitó esta licencia fue firmada durante la administración del exgobernador Alejandro García Padilla. El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) mantiene los datos de estas licencias en un registro.
La cooperación de la Policía de Puerto Rico y las policías municipales con los agentes de inmigración es una de las maneras en las que el Gobierno de Puerto Rico colabora con las agencias federales en las intervenciones contra inmigrantes en Puerto Rico, tal y como confirmó la agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) en Puerto Rico e Islas Vírgenes, Rebecca González en una entrevista al medio NPR.
«El Gobierno de Puerto Rico está cooperando con nosotros en todo lo que pedimos. Y nosotros hemos solicitado eso (la lista de personas con estatus migratorio no definido que tienen licencia de conducir) para poder cumplir con nuestra misión. Estamos esperando»
Sin embargo, la lista de estos conductores fue entregada por el Gobierno de Puerto Rico a la Oficina de Inmigración federal, dijo el pasado miércoles Yariel Ramos, agente especial de HSI en la isla, durante una entrevista en el programa Primera Pregunta.
«El DTOP maneja la información bajo su custodia de manera responsable y conforme a las leyes aplicables. Reiteramos que la agencia no tiene acuerdos de colaboración con ninguna entidad externa, y seguimos operando dentro del marco normativo vigente», explicó Edwin González Montalvo, secretario del DTOP el 18 de febrero a El Nuevo Día. El pasado jueves la agencia federal certificó a ese medio que la lista de inmigrantes con licencia de conducir la obtuvieron entre febrero y marzo pasado. El DTOP dijo que entregaron la información luego de recibir un subpoena.
Por su parte, la Oficina del HSI en Puerto Rico dijo al CPI en unas escuetas declaraciones escritas que «las autoridades locales nos apoyan en nuestras investigaciones criminales» sin especificar si estos operativos que culminan en detenciones administrativas, son considerados o se derivan de alguna investigación criminal. Aunque se solicitó, no identificaron cuáles son las agencias o instrumentalidades de Puerto Rico que les ofrecen apoyo y qué tipo de colaboración reciben.
CONVENCIDOS DE QUE COLABORAN
«Ahora están en la calle todos los días. Obviamente sí, esporádicamente o de acuerdo al procedimiento, [antes] se hacían operativos, pero no es como se está haciendo ahora que es todos los días», dijo la profesora García Miranda, encargada de inmigración en la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
La abogada narró el caso de una persona que recibió una llamada del Departamento de Justicia de Puerto Rico preguntando información personal debido a que estaban «recopilando datos actualizados de las víctimas de delito». La abogada le asesoró que no diera la información.
Frente a las bajas temperaturas de la ciudad de Nueva York, el metro arroja una grata calidez que va más allá de su sistema de calefacción… República Dominicana tiene presencia en el populoso sistema de transporte de esta metrópolis.
A partir de este miércoles, el Ministerio de Turismo desarrollará una campaña de promoción con la intención de fortalecer la visibilidad del destino en uno de los mercados predominantes del turismo nacional.
Con la activación Subway to Paradise, que permanecerá por más de 15 días, se inauguró en la icónica estación Grand Central, ubicada en la Avenida 42, uno de los puntos de mayor tránsito y visibilidad de la Gran Manzana.
- La agenda incluye la instalación de espacios culturales, gastronómicos y artísticos en diferentes niveles de la estación, así como la exhibición de elementos distintivos de la identidad dominicana.
Detalles sobre la activación en la estación Grand Central
La activación también incorpora cinco vagones del metro completamente forrados con imágenes de paisajes dominicanos, tanto en su interior como en su exterior, con el fin de mantener una presencia constante en las principales rutas de transporte de la ciudad.
Importancia del mercado neoyorquino para el turismo dominicano
El ministro de Turismo, David Collado, destacó la importancia del mercado neoyorquino para la industria nacional, con una cantidad de visitantes de alrededor de 1.6 millones de personas.
«El mercado de la diáspora es extremadamente importante. Está comprobado que gasta más promedio que un turista», dijo.
Resaltó que el éxito de este volumen de visitantes radica en la importante presencia de la diáspora dominicana en el estado.
Comunidad en el exterior
Trabajadores de Nueva York exigen elevar a 30 dólares el salario mínimo de los camareros
Agencia Efe
Nueva York.- La asociación de trabajadores estadounidenses One Fair Wage inauguró este lunes la campaña ‘Make America Affordable Now‘ en Nueva York con la principal demanda de subir el salario mínimo de los camareros de 17 a 30 dólares la hora, una medida que también quiere ejecutar el alcalde electo de la ciudad, Zohran Mamdani.
¿Qué declararon los líderes y políticos sobre el salario mínimo?
El vicegobernador demócrata del estado de Nueva York y candidato a gobernador en 2026, Antonio Delgado, aseguró a EFE durante el evento que «el salario mínimo actual en Nueva York es un salario de pobreza«.
Los salarios mínimos de la camareros neoyorquinos crecieron de 16,5 dólares a 17 dólares recientemente. Sin embargo, el grupo One Fair Wage reclama que se apruebe la subida hasta los 30.
Delgado, de ascendencia latina, expresó que «estos salarios de pobreza afectan de manera desproporcionada a la comunidad inmigrante latina, ya que muchos trabajan en la industria de los restaurantes».
«Necesitamos llegar a 30 dólares para el año 2030. La mitad de las personas en el estado de Nueva York no ganan más de 30 dólares. Eso es mucha gente de todas las razas y orígenes», añadió.
Impacto y comparaciones con otras ciudades
Los líderes del comité ‘Make America Affordable Now‘ resaltaron que el salario de 30 dólares la hora «no es suficiente».
Por otro lado, desde One Fair Wage aseguran que en el aeropuerto de Los Ángeles (LAX) los trabajadores de hospitalidad cobrarán 30 dólares el próximo verano durante los Juegos Olímpicos, lo que «indica que en Nueva York no nos podemos quedar atrás», comentan. EFE
BUENOS AIRES.- Gilberto Ventura Ceballos, conocido como «el escapista», debido a que escapó tres veces de la cárcel -dos de ellas de máxima seguridad- fue un asesino serial dominicano que mató en Panamá a cinco jóvenes entre 2010 y 2011.
Nacido el 6 de julio de 1975 en Santo Domingo, Ventura Ceballos fue detenido por primera vez en su país de origen por secuestrar a un comerciante dominicano de origen asiático, además de otros casos por estafas y fraudes, remarcaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.
Este asesino estuvo en la cárcel de Najayo en 2004, en la provincia de San Cristóbal, pero tras algunas semanas logró escapar hacia Panamá con una visa de turista y otra falsa.
Sobre su escape, las autoridades dominicanas nunca emitieron un comunicado para explicar las circunstancias de aquella huida.
Entre 2010 y 2011, con la ayuda de Alcibiades Méndez, Ventura Ceballos secuestró y asesinó a cinco adolescentes en La Chorrera.
Ellos fueron: Yessenia Argelis Loo Kam, Yong Jian Wu, Samy Zeng Chen, Joel Maurio Liu Wong y Georgina del Carmen Lee Chen.
Los homicidios provocaron gran impacto en la ciudad y la Policía se dirigió hacia el lugar de los hechos hasta que encontró los cuerpos de los fallecidos bajo una residencia en el sector El Trapichito de la ciudad.
El criminal volvió a escaparse y regresó a República Dominicana, pero finalmente los uniformados lo detuvieron y lo extraditaron a Panamá en 2011, donde le dictaron la prisión preventiva.
Sin embargo, el 28 de diciembre de 2016, ayudado por varios cómplices, logró escapar del Centro Penitenciario La Joyita, ubicados en las afueras de la capital panameña.
Ventura Ceballos estuvo escondido alrededor de un año, donde finalmente fue apresado por la Policía en Jacó, Costa Rica, el 22 de septiembre de 2017.
El sujeto había llegado a Costa Rica con documentos falsos, con el nombre de Carlos Alberto Aguirre Valencia.
A la hora de describir el itinerario que hizo el homicida, se estableció que Ventura Ceballos llegó a la capital a través del Aeropuerto Marcos A Gelabert con esposas en las manos y los pies, y fue rápidamente puesto en una prisión de máxima seguridad en la sede de la Policía Nacional.
El 27 de septiembre de 2017 fue imputado por evasión de prisión y conspiración para cometer un delito y se suponía que su juicio debía comenzar el 26 de octubre, pero el Órgano Judicial lo pospuso para el 23 de noviembre.
El abogado del acusado, Rogelio Cruz, presentó una moción de habeas corpus ante el Órgano Judicial de Panamá, argumentando que la detención previa al juicio que su cliente había recibido era ilegal, y agregó que fue vilipendiado por los medios de comunicación.
Este movimiento fue criticado por Cristóbal Fu, el representante legal de los familiares de las víctimas, quien señaló que la moción probablemente fue presentada para detener el proceso.
El equipo de defensa presentó una solicitud de aplazamiento de tres meses a la Fiscalía, que fue denegada debido a su complejidad.
El abogado Cruz reclamó que necesitaba tiempo para analizar el expediente de 500 páginas, ya que no había podido acceder a él correctamente.
Antes de la llegada de Ventura Ceballos al tribunal, los familiares de las víctimas presentaron sus quejas sobre los constantes retrasos del procedimiento por parte de la defensa.
Cuando llegó el acusado, trató de asumir su propia defensa, un movimiento negado por el tribunal, y luego él mismo se declaró inocente de los cargos de asesinato.
El 29 de noviembre, se suspendió una segunda audiencia, ya que faltaba uno de los abogados defensores que representaban a una de las otras partes acusadas.
El 4 de diciembre el fiscal de Delito Organizado Miguel Tuñón solicitó una extensión de cuatro meses para investigar más a todos los sospechosos involucrados en el caso debido a su gran tamaño.
La petición fue aceptada por el juez, Francisco Carpintero.
El 22 de junio de 2018, el homicida fue encontrado culpable de todos los cargos y tanto él como su cómplice y les dieron 50 años de prisión por asesinar a los jóvenes.
La misma sentencia fue también dada a Keyla Gisselle Bendibú Salazar y Mario Luis Vega, quienes habían actuado como cómplices secundarios en tres de los asesinatos.
Una pena de 15 años le dieron a Bendibú Salazar y Roberto Antonio Mariscal por ser cómplices de homicidio, pero fueron absueltos de los cargos de secuestro.
Junto con todo esto, todos serían pasados a disponibilidad de sus funciones por un período de 10 años una vez que cumplan sus condenas.
El múltiple homicida volvió a escapar de prisión el 2 de febrero de 2020, esta vez del Centro Penitenciario La Mega Joya, pero los efectivos recapturaron al prófugo el 13 de febrero del mismo año, en el área de El Salao en Remedios, Provincia de Chiriquí.
Ventura Ceballos buscaba la manera de poder salir de la ciudad, pero hubo una extensa búsqueda a nivel nacional y finalmente lo apresaron miembros de operaciones de Inteligencia de la Policía Nacional.vqd6+w
La fuga de este criminal generó la renuncia de Rolando Mirones al frente del Ministerio de Seguridad Pública y la destitución de Carlos Romero del Ministerio de Gobierno.
El 28 de noviembre de 2020 se le redujo la condena de 50 a 30 años a Ventura Ceballos.