Comunidad en el exterior
P. RICO: Dominicanos pasan el Niágara en bicicleta por asedio ICE
SAN JUAN.- Juan, nombre ficticio de joven de nacionalidad dominicana, se dirigía a su trabajo el pasado marzo en el área de Cupey y al llegar fue interceptado por agentes del ICE.
Como estaba manejando, le pidieron su identificación y al darle la licencia de conducir para las personas que no tienen un estatus regularizado, lo arrestaron. No solo se llevaron a Juan, sino también a dos personas que le acompañaban en el auto, uno de ellos, con ciudadanía estadounidense.
Ni la abogada supo dónde lo tenían detenido. No fue hasta que Juan pudo llamar a su madre que reside en República Dominicana que se enteraron de que estaba en Aguadilla.
Esta se comunicó para informar que el joven quería una salida voluntaria.
Aunque en esa llamada le informaron que gestionarían viaje en el ferry, en cuestión de días, el inmigrante le informó a su madre que lo iban a trasladar al Centro de Detención de Laredo en Texas.
A pesar de que un juez de inmigración había concedido su salida voluntaria para en o antes del 17 de abril, fue trasladado desde Texas a República Dominicana el 27 de abril.
OTRO CASO
A Jacinto (nombre ficticio) le chocaron el carro un jueves mientras transitaba junto a su familia por la avenida Monserrate en Carolina, Puerto Rico.
En lugar de tomarle la querella en ese lugar, el policía municipal lo llevó al cuartel de Sabana Abajo donde lo interrogaron sobre su estatus migratorio, y sin darle tiempo a mostrar los documentos que tenía en su casa, lo arrestaron.
El guardia, desde el cuartel, dijo que debía alertar a oficiales de inmigración de Estados Unidos sobre la detención del dominicano residente en Puerto Rico.
La pareja de Jacinto, que llegó al cuartel a llevar los documentos que el padre de su hija tenía en el hogar, aseguró al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que el agente le dijo que su placa estaba en juego si no informaba a inmigración sobre la presencia de un inmigrante sin documentos.
Hasta el lunes de la semana pasada, el incidente no aparecía registrado en los récords de la Policía municipal ni se le había asignado un número de querella al accidente de tránsito, por lo cual la mujer dijo que presentó una querella administrativa contra el agente con la única información que tenía: se apellida Aponte y su número de placa es el 551.
El CPI llamó al cuartel de Sabana Abajo para indagar detalles con el agente, pero se indicó que no se encontraba. Se solicitó una entrevista con el inspector Rubén Moyeno García, jefe de la Policía Municipal de Carolina, pero no hubo respuesta.
Pedro (nombre falso para proteger su identidad) fue interceptado a una cuadra de su residencia en Hatillo por una patrulla de la Policía puertorriqueña.
El agente le preguntó por sus documentos, y unos minutos después, aparecieron dos agentes federales de inmigración y lo arrestaron en medio de la calle. Ahora se encuentra en el Centro de Detención Krome en el estado de Florida.
«El Estado está cooperando. ¿Cómo van a saber dónde vive si no es por su licencia de conducir?», cuestionó su abogada María del Rosario García Miranda en referencia a casos como el del inmigrante detenido por una patrulla de la Policía de Puerto Rico cuando salía de su residencia.
Este tenía licencia y recientemente la había renovado con su dirección actual, confirmó la jurista.
LA LICENCIA DELATORA
Desde 2013, las personas que no tienen un estatus migratorio definido en Puerto Rico pueden obtener una licencia de conducir provisional. La Ley 97 que habilitó esta licencia fue firmada durante la administración del exgobernador Alejandro García Padilla. El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) mantiene los datos de estas licencias en un registro.
La cooperación de la Policía de Puerto Rico y las policías municipales con los agentes de inmigración es una de las maneras en las que el Gobierno de Puerto Rico colabora con las agencias federales en las intervenciones contra inmigrantes en Puerto Rico, tal y como confirmó la agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) en Puerto Rico e Islas Vírgenes, Rebecca González en una entrevista al medio NPR.
«El Gobierno de Puerto Rico está cooperando con nosotros en todo lo que pedimos. Y nosotros hemos solicitado eso (la lista de personas con estatus migratorio no definido que tienen licencia de conducir) para poder cumplir con nuestra misión. Estamos esperando»
Sin embargo, la lista de estos conductores fue entregada por el Gobierno de Puerto Rico a la Oficina de Inmigración federal, dijo el pasado miércoles Yariel Ramos, agente especial de HSI en la isla, durante una entrevista en el programa Primera Pregunta.
«El DTOP maneja la información bajo su custodia de manera responsable y conforme a las leyes aplicables. Reiteramos que la agencia no tiene acuerdos de colaboración con ninguna entidad externa, y seguimos operando dentro del marco normativo vigente», explicó Edwin González Montalvo, secretario del DTOP el 18 de febrero a El Nuevo Día. El pasado jueves la agencia federal certificó a ese medio que la lista de inmigrantes con licencia de conducir la obtuvieron entre febrero y marzo pasado. El DTOP dijo que entregaron la información luego de recibir un subpoena.
Por su parte, la Oficina del HSI en Puerto Rico dijo al CPI en unas escuetas declaraciones escritas que «las autoridades locales nos apoyan en nuestras investigaciones criminales» sin especificar si estos operativos que culminan en detenciones administrativas, son considerados o se derivan de alguna investigación criminal. Aunque se solicitó, no identificaron cuáles son las agencias o instrumentalidades de Puerto Rico que les ofrecen apoyo y qué tipo de colaboración reciben.
CONVENCIDOS DE QUE COLABORAN
«Ahora están en la calle todos los días. Obviamente sí, esporádicamente o de acuerdo al procedimiento, [antes] se hacían operativos, pero no es como se está haciendo ahora que es todos los días», dijo la profesora García Miranda, encargada de inmigración en la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
La abogada narró el caso de una persona que recibió una llamada del Departamento de Justicia de Puerto Rico preguntando información personal debido a que estaban «recopilando datos actualizados de las víctimas de delito». La abogada le asesoró que no diera la información.
NUEVA YORK.- El congresista Adriano Espaillat anunció la asignación de más de un millón de dólares para apoyar el trabajo de la organización comunitaria We All Really Matter (W.A.R.M.), dedicada a asistir a sobrevivientes de violencia doméstica y fortalecer los servicios para familias vulnerables en el distrito congresual NY-13 de Nueva York.
Los recursos forman parte de más de 14 millones de dólares en fondos federales destinados a proyectos comunitarios gestionados por el legislador, con el objetivo de ampliar programas de apoyo directo, intervención en crisis y acompañamiento a personas que enfrentan situaciones de violencia en el hogar.
Espaillat explicó que «esta inversión ayuda a garantizar que quienes atraviesan una crisis tengan acceso a seguridad, apoyo y un camino claro para reconstruir sus vidas, mientras reforzamos una red comunitaria de protección, dignidad y esperanza para todos».
We All Really Matter es una entidad sin fines de lucro fundada en 2010 por la activista y sobreviviente de violencia doméstica Stephanie McGraw. Ofrece apoyo integral a víctimas y sobrevivientes a través de programas de intervención en crisis, planificación de seguridad, consejería, grupos de apoyo y asistencia para acceder a vivienda de emergencia y otros recursos esenciales.
Además de brindar acompañamiento emocional y social, ayuda a las personas afectadas a navegar procesos legales, acceder a servicios de salud mental y obtener asistencia pública, con el objetivo de que puedan reconstruir sus vidas y alcanzar estabilidad a largo plazo.
jt-am-sp
New York.- El congresista Adriano Espaillat anunció el inicio de un nuevo ciclo de solicitudes de asignaciones presupuestarias.
Ello incluye la financiación de proyectos comunitarios para que las entidades estatales y locales reciban fondos federales directos a través del proceso de Asignaciones Presupuestarias. También incluye financiamiento para solicitudes programáticas y de lenguaje para programas, agencias e iniciativas federales específicas.
El Financiamiento para Proyectos Comunitarios permite a los congresistas destinar fondos del Congreso a sus distritos para atender las necesidades de la comunidad. Este financiamiento es fundamental para apoyar las funciones administrativas y operativas de los grupos elegibles en el distrito.
Las entidades elegibles que pueden solicitar fondos incluyen entidades gubernamentales estatales o locales, así como ciertas organizaciones sin fines de lucro elegibles. No son elegibles los grupos y entidades con fines de lucro. Los proyectos elegibles se desglosan por cada proyecto de ley de gastos.
Las solicitudes generales de asignación programática y de lenguaje permiten que los miembros del Congreso aboguen por programas federales que son importantes para sus distritos.
“Me complace anunciar el inicio oficial del nuevo ciclo de asignaciones presupuestarias. Cada año, el proceso de Financiamiento de Proyectos Comunitarios ayuda a mi oficina a identificar proyectos locales en mi distrito que necesitan fondos y apoyo federal para continuar su labor de apoyo a los constituyentes. Además, las solicitudes generales de asignaciones presupuestarias me ayudan a comprender las necesidades de financiación federal de mis constituyentes”, dijo Espaillat, quien es miembro del influyente Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes, encargado de financiar agencias y programas federal.
Agregó que «cada año, espero colaborar con cada uno de los grupos locales para ayudar a identificar proyectos y abordar las necesidades de mi comunidad”.
Para más información, llame a la oficina del congresista Espaillat, al 202-225-4365.
NUEVA JERSEY.- Un joven de origen dominicano murió tras ser presuntamente golpeado por su compañero de celda en una prisión estatal de Newark, en New Jersey, un caso que ahora enfrenta cargos de asesinato y posibles acciones legales contra las autoridades penitenciarias por supuesta negligencia.
El recluso Abdul J. Bryant, de 29 años, fue acusado de asesinato por la muerte de Melvin Rivas Inoa, quien falleció tras sufrir múltiples golpes mientras ambos compartían celda en la prisión estatal del norte de Newark, según documentos judiciales.
De acuerdo al medio NJ.com, una autopsia reveló que Inoa sufrió un traumatismo contundente severo en la cara, la cabeza y el cuello.
La celda donde se encontraban los dos hombres no fue abierta por los funcionarios penitenciarios entre el 20 de enero y el momento en que Inoa fue encontrado muerto alrededor de las 7:05 de la mañana del 22 de enero, de acuerdo con la declaración jurada de causa probable.
Testimonios de otros reclusos
Otro recluso declaró a los investigadores que Bryant afirmó haber golpeado a Inoa y luego haberlo «lavado», según la denuncia. El recluso afirmó haber oído golpes y patadas provenientes de la celda cercana y luego haber escuchado el inodoro y el lavabo correr durante toda la noche y hasta el día siguiente.
Inoa fue visto con vida por última vez alrededor de las 7:00 de la noche del 20 de enero. Ni a él ni a Bryant se les había permitido salir de su celda desde el día anterior, según la denuncia.
Incluso en las unidades de alojamiento más restrictivas de las prisiones estatales, a los reclusos no se les permite permanecer en sus celdas durante más de 20 horas al día, según una ley de 2019 firmada por el entonces gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy.
La abogada Brooke Barnett, quien representa a la familia de la víctima, afirmó que los oficiales penitenciarios violaron esa regla y luego ignoraron los gritos de auxilio del joven.
«He hablado con otros testigos, y todos saldrán a la luz, pero (Inoa) rogaba por su vida», dijo Barnett. «Durante dos días, gritando y golpeando, los demás reclusos golpeaban las puertas de las celdas, pidiendo a los agentes que lo ayudaran, que lo sacaran de allí, y simplemente no hicieron nada.»
«Ya sea que quieras decir que eso es asesinato o conspiración para cometer asesinato, como mínimo es mala conducta oficial.»
Según Barnett, Inoa y Bryant estaban alojados en una unidad de segregación administrativa de la prisión y compartían celda desde hacía no más de dos semanas.
La abogada indicó que la familia del joven planea presentar una demanda por muerte por negligencia contra el Departamento de Correcciones del estado.
Inoa, residente del Bronx, en New York City, estaba en prisión tras ser condenado por robar una gasolinera Delta en Bergenfield en febrero de 2023. Barnett señaló que no recibió una explicación del Departamento de Correcciones sobre por qué el recluso estaba en una unidad de segregación.
Bryant, por su parte, se encontraba recluido en una prisión estatal desde el 4 de noviembre de 2024 tras una condena por posesión de armas y drogas en el condado de Somerset. Su liberación estaba prevista para el 17 de febrero de 2027 antes de que se presentara el cargo de asesinato.
Actualmente permanece detenido en la Prisión Estatal de Nueva Jersey, según registros del sistema penitenciario