Comunidad en el exterior
P. RICO: Dominicanos pasan el Niágara en bicicleta por asedio ICE
SAN JUAN.- Juan, nombre ficticio de joven de nacionalidad dominicana, se dirigía a su trabajo el pasado marzo en el área de Cupey y al llegar fue interceptado por agentes del ICE.
Como estaba manejando, le pidieron su identificación y al darle la licencia de conducir para las personas que no tienen un estatus regularizado, lo arrestaron. No solo se llevaron a Juan, sino también a dos personas que le acompañaban en el auto, uno de ellos, con ciudadanía estadounidense.
Ni la abogada supo dónde lo tenían detenido. No fue hasta que Juan pudo llamar a su madre que reside en República Dominicana que se enteraron de que estaba en Aguadilla.
Esta se comunicó para informar que el joven quería una salida voluntaria.
Aunque en esa llamada le informaron que gestionarían viaje en el ferry, en cuestión de días, el inmigrante le informó a su madre que lo iban a trasladar al Centro de Detención de Laredo en Texas.
A pesar de que un juez de inmigración había concedido su salida voluntaria para en o antes del 17 de abril, fue trasladado desde Texas a República Dominicana el 27 de abril.
OTRO CASO
A Jacinto (nombre ficticio) le chocaron el carro un jueves mientras transitaba junto a su familia por la avenida Monserrate en Carolina, Puerto Rico.
En lugar de tomarle la querella en ese lugar, el policía municipal lo llevó al cuartel de Sabana Abajo donde lo interrogaron sobre su estatus migratorio, y sin darle tiempo a mostrar los documentos que tenía en su casa, lo arrestaron.
El guardia, desde el cuartel, dijo que debía alertar a oficiales de inmigración de Estados Unidos sobre la detención del dominicano residente en Puerto Rico.
La pareja de Jacinto, que llegó al cuartel a llevar los documentos que el padre de su hija tenía en el hogar, aseguró al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que el agente le dijo que su placa estaba en juego si no informaba a inmigración sobre la presencia de un inmigrante sin documentos.
Hasta el lunes de la semana pasada, el incidente no aparecía registrado en los récords de la Policía municipal ni se le había asignado un número de querella al accidente de tránsito, por lo cual la mujer dijo que presentó una querella administrativa contra el agente con la única información que tenía: se apellida Aponte y su número de placa es el 551.
El CPI llamó al cuartel de Sabana Abajo para indagar detalles con el agente, pero se indicó que no se encontraba. Se solicitó una entrevista con el inspector Rubén Moyeno García, jefe de la Policía Municipal de Carolina, pero no hubo respuesta.
Pedro (nombre falso para proteger su identidad) fue interceptado a una cuadra de su residencia en Hatillo por una patrulla de la Policía puertorriqueña.
El agente le preguntó por sus documentos, y unos minutos después, aparecieron dos agentes federales de inmigración y lo arrestaron en medio de la calle. Ahora se encuentra en el Centro de Detención Krome en el estado de Florida.
«El Estado está cooperando. ¿Cómo van a saber dónde vive si no es por su licencia de conducir?», cuestionó su abogada María del Rosario García Miranda en referencia a casos como el del inmigrante detenido por una patrulla de la Policía de Puerto Rico cuando salía de su residencia.
Este tenía licencia y recientemente la había renovado con su dirección actual, confirmó la jurista.
LA LICENCIA DELATORA
Desde 2013, las personas que no tienen un estatus migratorio definido en Puerto Rico pueden obtener una licencia de conducir provisional. La Ley 97 que habilitó esta licencia fue firmada durante la administración del exgobernador Alejandro García Padilla. El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) mantiene los datos de estas licencias en un registro.
La cooperación de la Policía de Puerto Rico y las policías municipales con los agentes de inmigración es una de las maneras en las que el Gobierno de Puerto Rico colabora con las agencias federales en las intervenciones contra inmigrantes en Puerto Rico, tal y como confirmó la agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) en Puerto Rico e Islas Vírgenes, Rebecca González en una entrevista al medio NPR.
«El Gobierno de Puerto Rico está cooperando con nosotros en todo lo que pedimos. Y nosotros hemos solicitado eso (la lista de personas con estatus migratorio no definido que tienen licencia de conducir) para poder cumplir con nuestra misión. Estamos esperando»
Sin embargo, la lista de estos conductores fue entregada por el Gobierno de Puerto Rico a la Oficina de Inmigración federal, dijo el pasado miércoles Yariel Ramos, agente especial de HSI en la isla, durante una entrevista en el programa Primera Pregunta.
«El DTOP maneja la información bajo su custodia de manera responsable y conforme a las leyes aplicables. Reiteramos que la agencia no tiene acuerdos de colaboración con ninguna entidad externa, y seguimos operando dentro del marco normativo vigente», explicó Edwin González Montalvo, secretario del DTOP el 18 de febrero a El Nuevo Día. El pasado jueves la agencia federal certificó a ese medio que la lista de inmigrantes con licencia de conducir la obtuvieron entre febrero y marzo pasado. El DTOP dijo que entregaron la información luego de recibir un subpoena.
Por su parte, la Oficina del HSI en Puerto Rico dijo al CPI en unas escuetas declaraciones escritas que «las autoridades locales nos apoyan en nuestras investigaciones criminales» sin especificar si estos operativos que culminan en detenciones administrativas, son considerados o se derivan de alguna investigación criminal. Aunque se solicitó, no identificaron cuáles son las agencias o instrumentalidades de Puerto Rico que les ofrecen apoyo y qué tipo de colaboración reciben.
CONVENCIDOS DE QUE COLABORAN
«Ahora están en la calle todos los días. Obviamente sí, esporádicamente o de acuerdo al procedimiento, [antes] se hacían operativos, pero no es como se está haciendo ahora que es todos los días», dijo la profesora García Miranda, encargada de inmigración en la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
La abogada narró el caso de una persona que recibió una llamada del Departamento de Justicia de Puerto Rico preguntando información personal debido a que estaban «recopilando datos actualizados de las víctimas de delito». La abogada le asesoró que no diera la información.
FLORIDA.- A siete años de cárcel fue condenado el regidor dominicano Edickson Herrera Silvestre, juzgado aquí por narcotráfico.
La jueza Beth Bloom le impuso, además, dos años de libertad supervisada.
Herrera Silvestre, quien es regidor del Distrito Nacional y dirigente del Partido Revolucionario Moderno, pidió a la jueza que fuera asignado al Instituto Federal Correccional Coleman, una prisión de seguridad baja y media.
NUEVA YORK.- El alcalde Zohran Mamdani confirmó que las muertes durante la ola de frío extremo invernal que afecta a varios estados en EE.UU. aumentó a catorce en Nueva York, y que al menos en ocho de ellas la hipotermia es una posibilidad, a pesar de que se esperan por los resultados oficiales de la autopsia.
Mamdani reiteró en que la ciudad a su cargo ha operado bajo estado de emergencia desde el 19 de enero y que se han tomado todas las medidas posibles para llevar a los habitantes de calle y otros neoyorquinos que lo necesiten a lugares seguros.
«Cada vida perdida en esta ciudad es una tragedia, y mi corazón está con las familias de los seres queridos de aquellos que han fallecido», indicó.
Señaló además que desde el 19 de enero más de 860 personas han sido llevadas a refugios y otros lugares seguros y se han abierto albergues en los cinco distritos de la ciudad.
Como parte de esos esfuerzos y ante la preocupación de varias ONG por los sin techo, la ciudad ha enviado a un contingente de trabajadores sociales y otros empleados municipales a las calles y desplegado autobuses con calefacción donde pueden refugiarse.
El alto número de muertos ha hecho que muchos se planteen la preparación y respuesta de la ciudad ante esta emergencia climática y la decisión de Mamdani de no desalojar los campamentos de personas sin hogar, destacó, The New York Times.
El pasado alcalde Eric Adams recurrió a las redes sociales para opinar sobre este asunto el pasado jueves, cuando la cifra arrojaba 10 muertos, y señaló que había «rogado» al entonces electo nuevo alcalde que «no revocara nuestra política que impedía que los neoyorquinos sin hogar se congelaran a la intemperie en campamentos improvisados. No me escuchó».
La ciudad no ha revelado los nombres de las víctimas, sólo que seis de estos eran conocidos por el Departamento de Servicios Sociales. Tampoco ha dicho en qué lugares fueron hallados a la intemperie.
New York.-Un dominicano indocumentado fue condenado en Estados Unidos por múltiples delitos graves.
Yaser García Ramírez de 26 años fue hallado culpable de robo de vehículo, receptación de bienes robados, conspiración para cometer el delito de fabricación y distribución de heroína, allanamiento y posesión ilegal de un arma de fuego cargada.
García Ramírez condenado en el primer aniversario de la proclamación de la ley junto a otros 21,400 indocumentados, también fue acusado de violencia doméstica, agresión y obstrucción a la policía.
Fue apresado el lunes 10 de junio de 2024, luego de que una de sus víctimas de robo les proporcionará a los agentes una descripción del sospechoso, la cual utilizaron para encontrarlo y arrestarlo.
jt-am