Comunidad en el exterior
P. RICO: Dominicanos pasan el Niágara en bicicleta por asedio ICE
SAN JUAN.- Juan, nombre ficticio de joven de nacionalidad dominicana, se dirigía a su trabajo el pasado marzo en el área de Cupey y al llegar fue interceptado por agentes del ICE.
Como estaba manejando, le pidieron su identificación y al darle la licencia de conducir para las personas que no tienen un estatus regularizado, lo arrestaron. No solo se llevaron a Juan, sino también a dos personas que le acompañaban en el auto, uno de ellos, con ciudadanía estadounidense.
Ni la abogada supo dónde lo tenían detenido. No fue hasta que Juan pudo llamar a su madre que reside en República Dominicana que se enteraron de que estaba en Aguadilla.
Esta se comunicó para informar que el joven quería una salida voluntaria.
Aunque en esa llamada le informaron que gestionarían viaje en el ferry, en cuestión de días, el inmigrante le informó a su madre que lo iban a trasladar al Centro de Detención de Laredo en Texas.
A pesar de que un juez de inmigración había concedido su salida voluntaria para en o antes del 17 de abril, fue trasladado desde Texas a República Dominicana el 27 de abril.
OTRO CASO
A Jacinto (nombre ficticio) le chocaron el carro un jueves mientras transitaba junto a su familia por la avenida Monserrate en Carolina, Puerto Rico.
En lugar de tomarle la querella en ese lugar, el policía municipal lo llevó al cuartel de Sabana Abajo donde lo interrogaron sobre su estatus migratorio, y sin darle tiempo a mostrar los documentos que tenía en su casa, lo arrestaron.
El guardia, desde el cuartel, dijo que debía alertar a oficiales de inmigración de Estados Unidos sobre la detención del dominicano residente en Puerto Rico.
La pareja de Jacinto, que llegó al cuartel a llevar los documentos que el padre de su hija tenía en el hogar, aseguró al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que el agente le dijo que su placa estaba en juego si no informaba a inmigración sobre la presencia de un inmigrante sin documentos.
Hasta el lunes de la semana pasada, el incidente no aparecía registrado en los récords de la Policía municipal ni se le había asignado un número de querella al accidente de tránsito, por lo cual la mujer dijo que presentó una querella administrativa contra el agente con la única información que tenía: se apellida Aponte y su número de placa es el 551.
El CPI llamó al cuartel de Sabana Abajo para indagar detalles con el agente, pero se indicó que no se encontraba. Se solicitó una entrevista con el inspector Rubén Moyeno García, jefe de la Policía Municipal de Carolina, pero no hubo respuesta.
Pedro (nombre falso para proteger su identidad) fue interceptado a una cuadra de su residencia en Hatillo por una patrulla de la Policía puertorriqueña.
El agente le preguntó por sus documentos, y unos minutos después, aparecieron dos agentes federales de inmigración y lo arrestaron en medio de la calle. Ahora se encuentra en el Centro de Detención Krome en el estado de Florida.
«El Estado está cooperando. ¿Cómo van a saber dónde vive si no es por su licencia de conducir?», cuestionó su abogada María del Rosario García Miranda en referencia a casos como el del inmigrante detenido por una patrulla de la Policía de Puerto Rico cuando salía de su residencia.
Este tenía licencia y recientemente la había renovado con su dirección actual, confirmó la jurista.
LA LICENCIA DELATORA
Desde 2013, las personas que no tienen un estatus migratorio definido en Puerto Rico pueden obtener una licencia de conducir provisional. La Ley 97 que habilitó esta licencia fue firmada durante la administración del exgobernador Alejandro García Padilla. El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) mantiene los datos de estas licencias en un registro.
La cooperación de la Policía de Puerto Rico y las policías municipales con los agentes de inmigración es una de las maneras en las que el Gobierno de Puerto Rico colabora con las agencias federales en las intervenciones contra inmigrantes en Puerto Rico, tal y como confirmó la agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) en Puerto Rico e Islas Vírgenes, Rebecca González en una entrevista al medio NPR.
«El Gobierno de Puerto Rico está cooperando con nosotros en todo lo que pedimos. Y nosotros hemos solicitado eso (la lista de personas con estatus migratorio no definido que tienen licencia de conducir) para poder cumplir con nuestra misión. Estamos esperando»
Sin embargo, la lista de estos conductores fue entregada por el Gobierno de Puerto Rico a la Oficina de Inmigración federal, dijo el pasado miércoles Yariel Ramos, agente especial de HSI en la isla, durante una entrevista en el programa Primera Pregunta.
«El DTOP maneja la información bajo su custodia de manera responsable y conforme a las leyes aplicables. Reiteramos que la agencia no tiene acuerdos de colaboración con ninguna entidad externa, y seguimos operando dentro del marco normativo vigente», explicó Edwin González Montalvo, secretario del DTOP el 18 de febrero a El Nuevo Día. El pasado jueves la agencia federal certificó a ese medio que la lista de inmigrantes con licencia de conducir la obtuvieron entre febrero y marzo pasado. El DTOP dijo que entregaron la información luego de recibir un subpoena.
Por su parte, la Oficina del HSI en Puerto Rico dijo al CPI en unas escuetas declaraciones escritas que «las autoridades locales nos apoyan en nuestras investigaciones criminales» sin especificar si estos operativos que culminan en detenciones administrativas, son considerados o se derivan de alguna investigación criminal. Aunque se solicitó, no identificaron cuáles son las agencias o instrumentalidades de Puerto Rico que les ofrecen apoyo y qué tipo de colaboración reciben.
CONVENCIDOS DE QUE COLABORAN
«Ahora están en la calle todos los días. Obviamente sí, esporádicamente o de acuerdo al procedimiento, [antes] se hacían operativos, pero no es como se está haciendo ahora que es todos los días», dijo la profesora García Miranda, encargada de inmigración en la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
La abogada narró el caso de una persona que recibió una llamada del Departamento de Justicia de Puerto Rico preguntando información personal debido a que estaban «recopilando datos actualizados de las víctimas de delito». La abogada le asesoró que no diera la información.
NUEVA YORK.- Un dominicano que presuntamente traficaba con fentanilo fue arrestado en un edificio de El Bronx donde operaban dos guarderías.
Antonio Cabrera supuestamente arrojó una sustancia en polvo por la ventana de un apartamento durante un operativo antidrogas que obligó a evacuar a 14 niños.
Cuando los agentes ingresaron a la vivienda, alrededor de las 2:30 de la tarde del lunes, Cabrera intentó deshacerse de la droga arrojándola desde una ventana del tercer piso, en la avenida Morris, cerca de East Burnside, en la zona de Fordham Heights, según Bridget Brennan, fiscal especial de narcóticos de Nueva York.
Investigadores de un grupo especial antidrogas mantenían bajo vigilancia el apartamento desde hacía una semana, luego de que Mulk, un perro detector de la Policía de Nueva York (NYPD), alertara sobre posible presencia de narcóticos frente a la puerta.
Al escuchar ruidos en el interior, los agentes entraron y sorprendieron a Cabrera mientras trataba de eliminar evidencias.
La Unidad de Servicios de Emergencia y el equipo de Materiales Peligrosos (HazMat) del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) evacuaron a los 14 menores de las dos guarderías ubicadas en la primera planta del edificio.
«Es un milagro que ninguno de los niños de la guardería ni las personas que estaban en la acera resultaran heridas», afirmó la fiscal de distrito del Bronx, Darcel Clark.
En el allanamiento se ocuparon cerca de 4,5 kilogramos de fentanilo y equipos para procesar y empaquetar drogas. Las sustancias fueron enviadas a la DEA para análisis.
Cabrera enfrenta cargos por posesión criminal de una sustancia controlada, imprudencia temeraria y posesión de parafernalia para drogas.
Tras declararse no culpable en un tribunal de Manhattan, un juez ordenó prisión preventiva sin derecho a fianza, de acuerdo con registros judiciales citados por el Daily News.
jt/am
closeup of woman handcuffed
WASHINGTON.- Una dominicana se declaró culpable de participar en un esquema de fraude para obtener beneficios por desempleo mediante el uso de identidades robadas, informó la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia.
Karin L. Contreras, de 45 años, admitió ante la jueza federal Beryl A. Howell su responsabilidad en un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico. La lectura de sentencia quedó fijada para el 6 de noviembre de 2026.
Según documentos judiciales, entre junio de 2020 y marzo de 2021 Contreras conspiró con otras personas para presentar solicitudes fraudulentas de beneficios por desempleo utilizando nombres e información personal de terceros.
Como parte del esquema, los implicados recibían tarjetas de débito prepagadas cargadas con fondos de los programas de desempleo. La mayoría de las tarjetas fueron enviadas a una dirección en Washington D. C., ubicada cerca de la residencia de Contreras.
Las autoridades indicaron que Contreras y sus cómplices retiraban el dinero en cajeros automáticos, generalmente en transacciones de 1,000 dólares, el límite máximo diario permitido.
La investigación determinó que, entre el 1 y el 14 de julio de 2020, Contreras utilizó personalmente 12 tarjetas obtenidas de forma fraudulenta para retirar 23,000 dólares en efectivo. En total, los conspiradores obtuvieron más de 550,000 dólares, aunque las solicitudes fraudulentas presentadas superaban el millón de dólares.
La fiscal Jeanine Ferris Pirro afirmó que Contreras “llegó a nuestro país, obtuvo la residencia permanente y luego estafó al pueblo estadounidense”.
NUEVA YORK.- La ciudad de Nueva York contabilizó 4.991 personas sin hogar durmiendo en calles, parques o estaciones de metro durante su conteo anual, un alza del 11% frente a 2025 y la cifra más alta en más de una década, según datos oficiales publicados este lunes.
El registro corresponde al Estimado de Población en Situación de Calle por Alcance Social (HOPE), el relevamiento anual que mide a quienes permanecen fuera del sistema de albergues. En 2025 se habían contado poco más de 4.500 personas.
El operativo HOPE no incluye a quienes pasaron la noche en refugios. Ese universo supera las 82.000 personas por noche en el sistema municipal, lo que expone la escala de la crisis habitacional.
CAMBIO DE FECHA POR FRIO EXTREMO
El conteo HOPE, que por ley federal suele realizarse en la noche más fría del año, estaba previsto para enero pero se aplazó por temperaturas bajas y se llevó a cabo en marzo, en una noche más cálida de lo habitual. Autoridades y expertos señalan que el clima puede influir en cuántas personas permanecen a la intemperie y en su visibilidad durante el recorrido.
Aun con esa salvedad, el Departamento de Servicios Sociales (DSS) indicó que los resultados muestran una tendencia al alza de la población sin refugio.
MEDIDAS DE LA CIUDAD
La administración municipal sumó más de 430 camas en refugios Safe Haven, una alternativa de baja barrera para personas que no ingresan o no permanecen en albergues convencionales. También reanudó los operativos para retirar campamentos improvisados, ahora coordinados por el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS) y no por la Policía.
Según el DSS, menos del 5% de la población sin hogar de la ciudad vive a la intemperie. En Los Ángeles o Portland, más del 60% duerme en calles o espacios públicos. La comisionada Erin Dalton afirmó que la prioridad es acercar vivienda y servicios de apoyo adaptados a cada caso.
CAMBIOS POR ZONA
Brooklyn y Manhattan registraron aumentos de personas en las calles, mientras que en el metro la cifra cayó a su nivel más bajo desde la pandemia de Covid-19. La ciudad atribuyó esa baja al trabajo de equipos de alcance social y a la expansión de programas especializados.
Solo en los primeros tres meses del año, más de 300 personas que vivían en la calle o en el metro accedieron a una vivienda permanente tras pasar por refugios Safe Haven, de acuerdo con el gobierno local.