Comunidad en el exterior
P. RICO: Dominicanos pasan el Niágara en bicicleta por asedio ICE
SAN JUAN.- Juan, nombre ficticio de joven de nacionalidad dominicana, se dirigía a su trabajo el pasado marzo en el área de Cupey y al llegar fue interceptado por agentes del ICE.
Como estaba manejando, le pidieron su identificación y al darle la licencia de conducir para las personas que no tienen un estatus regularizado, lo arrestaron. No solo se llevaron a Juan, sino también a dos personas que le acompañaban en el auto, uno de ellos, con ciudadanía estadounidense.
Ni la abogada supo dónde lo tenían detenido. No fue hasta que Juan pudo llamar a su madre que reside en República Dominicana que se enteraron de que estaba en Aguadilla.
Esta se comunicó para informar que el joven quería una salida voluntaria.
Aunque en esa llamada le informaron que gestionarían viaje en el ferry, en cuestión de días, el inmigrante le informó a su madre que lo iban a trasladar al Centro de Detención de Laredo en Texas.
A pesar de que un juez de inmigración había concedido su salida voluntaria para en o antes del 17 de abril, fue trasladado desde Texas a República Dominicana el 27 de abril.
OTRO CASO
A Jacinto (nombre ficticio) le chocaron el carro un jueves mientras transitaba junto a su familia por la avenida Monserrate en Carolina, Puerto Rico.
En lugar de tomarle la querella en ese lugar, el policía municipal lo llevó al cuartel de Sabana Abajo donde lo interrogaron sobre su estatus migratorio, y sin darle tiempo a mostrar los documentos que tenía en su casa, lo arrestaron.
El guardia, desde el cuartel, dijo que debía alertar a oficiales de inmigración de Estados Unidos sobre la detención del dominicano residente en Puerto Rico.
La pareja de Jacinto, que llegó al cuartel a llevar los documentos que el padre de su hija tenía en el hogar, aseguró al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que el agente le dijo que su placa estaba en juego si no informaba a inmigración sobre la presencia de un inmigrante sin documentos.
Hasta el lunes de la semana pasada, el incidente no aparecía registrado en los récords de la Policía municipal ni se le había asignado un número de querella al accidente de tránsito, por lo cual la mujer dijo que presentó una querella administrativa contra el agente con la única información que tenía: se apellida Aponte y su número de placa es el 551.
El CPI llamó al cuartel de Sabana Abajo para indagar detalles con el agente, pero se indicó que no se encontraba. Se solicitó una entrevista con el inspector Rubén Moyeno García, jefe de la Policía Municipal de Carolina, pero no hubo respuesta.
Pedro (nombre falso para proteger su identidad) fue interceptado a una cuadra de su residencia en Hatillo por una patrulla de la Policía puertorriqueña.
El agente le preguntó por sus documentos, y unos minutos después, aparecieron dos agentes federales de inmigración y lo arrestaron en medio de la calle. Ahora se encuentra en el Centro de Detención Krome en el estado de Florida.
«El Estado está cooperando. ¿Cómo van a saber dónde vive si no es por su licencia de conducir?», cuestionó su abogada María del Rosario García Miranda en referencia a casos como el del inmigrante detenido por una patrulla de la Policía de Puerto Rico cuando salía de su residencia.
Este tenía licencia y recientemente la había renovado con su dirección actual, confirmó la jurista.
LA LICENCIA DELATORA
Desde 2013, las personas que no tienen un estatus migratorio definido en Puerto Rico pueden obtener una licencia de conducir provisional. La Ley 97 que habilitó esta licencia fue firmada durante la administración del exgobernador Alejandro García Padilla. El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) mantiene los datos de estas licencias en un registro.
La cooperación de la Policía de Puerto Rico y las policías municipales con los agentes de inmigración es una de las maneras en las que el Gobierno de Puerto Rico colabora con las agencias federales en las intervenciones contra inmigrantes en Puerto Rico, tal y como confirmó la agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) en Puerto Rico e Islas Vírgenes, Rebecca González en una entrevista al medio NPR.
«El Gobierno de Puerto Rico está cooperando con nosotros en todo lo que pedimos. Y nosotros hemos solicitado eso (la lista de personas con estatus migratorio no definido que tienen licencia de conducir) para poder cumplir con nuestra misión. Estamos esperando»
Sin embargo, la lista de estos conductores fue entregada por el Gobierno de Puerto Rico a la Oficina de Inmigración federal, dijo el pasado miércoles Yariel Ramos, agente especial de HSI en la isla, durante una entrevista en el programa Primera Pregunta.
«El DTOP maneja la información bajo su custodia de manera responsable y conforme a las leyes aplicables. Reiteramos que la agencia no tiene acuerdos de colaboración con ninguna entidad externa, y seguimos operando dentro del marco normativo vigente», explicó Edwin González Montalvo, secretario del DTOP el 18 de febrero a El Nuevo Día. El pasado jueves la agencia federal certificó a ese medio que la lista de inmigrantes con licencia de conducir la obtuvieron entre febrero y marzo pasado. El DTOP dijo que entregaron la información luego de recibir un subpoena.
Por su parte, la Oficina del HSI en Puerto Rico dijo al CPI en unas escuetas declaraciones escritas que «las autoridades locales nos apoyan en nuestras investigaciones criminales» sin especificar si estos operativos que culminan en detenciones administrativas, son considerados o se derivan de alguna investigación criminal. Aunque se solicitó, no identificaron cuáles son las agencias o instrumentalidades de Puerto Rico que les ofrecen apoyo y qué tipo de colaboración reciben.
CONVENCIDOS DE QUE COLABORAN
«Ahora están en la calle todos los días. Obviamente sí, esporádicamente o de acuerdo al procedimiento, [antes] se hacían operativos, pero no es como se está haciendo ahora que es todos los días», dijo la profesora García Miranda, encargada de inmigración en la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
La abogada narró el caso de una persona que recibió una llamada del Departamento de Justicia de Puerto Rico preguntando información personal debido a que estaban «recopilando datos actualizados de las víctimas de delito». La abogada le asesoró que no diera la información.
Comunidad en el exterior
Dominicana muere en El Bronx un día antes de viajar a RD; su hijo es acusado de homicidio
La víctima tenía previsto viajar junto a su hijo a República Dominicana el sábado 22 de agosto. Las autoridades de Nueva York mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho.
Por Redacción internacional
NUEVA YORK.– Lo que debía convertirse en un esperado viaje familiar a República Dominicana terminó en tragedia para una familia dominicana residente en Nueva York, luego de que Josefa Soto fuera encontrada muerta en su apartamento de El Bronx apenas un día antes de emprender el viaje.
Soto tenía previsto trasladarse a territorio dominicano el sábado 22 de agosto junto a su hijo, Bob Johnny Guzmán, quien, según relató su padre, no había regresado al país desde que la familia se estableció en Nueva York.
Sin embargo, el viernes 21 de agosto, la mujer fue hallada sin vida en su residencia, ubicada en el quinto piso del 1236 Grand Concourse, en El Bronx.
Cuatro días después, el martes 25 de agosto, su hijo fue arrestado aproximadamente a media milla del lugar y posteriormente acusado de homicidio y posesión ilegal de un arma, según las informaciones disponibles.
Investigación continúa abierta
Las circunstancias exactas que rodearon la muerte de Soto todavía son objeto de investigación por parte de los detectives de Homicidios del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).
Hasta el momento, el material disponible no establece oficialmente el motivo que habría provocado el hecho.
El esposo de la víctima y padre del acusado, Johny Guzmán, ofreció declaraciones sobre lo ocurrido y explicó que su hijo atravesaba crisis de salud mental y había recibido tratamiento en diferentes ocasiones.
Según su relato, durante períodos de mayor ansiedad el joven acostumbraba tomar una maleta y salir a caminar por la ciudad, llegando incluso a desaparecer en varias oportunidades.
Padre plantea una posible explicación
Guzmán considera que una situación similar pudo haberse presentado el día de la muerte de su esposa.
De acuerdo con su hipótesis, su hijo pudo haber intentado salir del apartamento con una maleta mientras Soto trataba de impedírselo, produciéndose entonces un enfrentamiento.
Se trata, sin embargo, de una apreciación del padre y no de una conclusión oficial de las autoridades, mientras continúa el proceso investigativo.
Un viaje que nunca pudo realizarse
La tragedia ocurrió precisamente cuando madre e hijo se preparaban para viajar a República Dominicana.
Según contó el viudo, Josefa Soto tenía especial interés en que su hijo pudiera regresar al país, debido a que no había tenido la oportunidad de hacerlo desde que se trasladaron a Nueva York.
El viaje estaba programado para el sábado 22 de agosto.
Pero un día antes, la familia quedó marcada por el inesperado fallecimiento de la mujer.
El doloroso hallazgo
Johny Guzmán también relató públicamente cómo se enteró de la tragedia.
Explicó que trabajaba cerca de su residencia y que durante la tarde del viernes acudió al apartamento para buscar una herramienta. Desde la parte inferior del edificio intentó comunicarse con su esposa para que le permitiera entrar.
El material suministrado termina en este punto del relato, por lo que no sería periodísticamente correcto completar los detalles del hallazgo sin disponer del resto de la información o de una fuente adicional que los confirme.
Mientras tanto, Bob Johnny Guzmán enfrenta las acusaciones formuladas en su contra y corresponderá a las autoridades y al proceso judicial establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades relacionadas con la muerte de Josefa Soto.
Comunidad en el exterior
Batería de litio provoca incendio en barbería dominicana del Bronx; cinco personas resultan heridas
Dos de los afectados permanecieron en condición crítica tras el siniestro ocurrido en La Roka, establecimiento ubicado en Morris Heights. Un testigo logró rescatar a una mujer que se encontraba entre las llamas.
NUEVA YORK.– Cinco personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, durante un incendio que destruyó una barbería de propietarios dominicanos en El Bronx y que, de acuerdo con el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), se originó por una batería de iones de litio.
El siniestro se produjo alrededor de las 9:40 de la noche del jueves en la barbería La Roka, localizada en West Burnside Avenue, en el sector Morris Heights, donde reside una numerosa comunidad dominicana.
La emergencia fue declarada como un incendio de dos alarmas, lo que provocó la movilización de unidades del cuerpo de bomberos hacia el establecimiento para controlar las llamas y auxiliar a las personas afectadas.
Un hombre de 29 años y una mujer de 39 fueron trasladados de emergencia a un hospital en condición crítica. Otros tres hombres, de 49, 51 y 52 años, recibieron asistencia médica y se encontraban en condición estable, de acuerdo con las informaciones suministradas por las autoridades y difundidas por ABC7.
Barbería quedó destruida
La intensidad del fuego causó severos daños en el interior de La Roka, que quedó prácticamente destruida.
Las llamas también afectaron al restaurante chino Ming Wong, situado junto a la barbería. Una tienda dedicada a la reparación de teléfonos celulares ubicada en las proximidades no fue alcanzada directamente por el incendio, aunque su entrada sufrió daños y la puerta principal quedó rota.
Dos patinetas eléctricas resultaron igualmente afectadas y permanecieron dañadas en el exterior del establecimiento.
Durante la mañana del viernes, miembros del FDNY continuaban trabajando en el lugar para evaluar las consecuencias del siniestro y completar las investigaciones correspondientes.
Testigo acudió en auxilio de una mujer
En medio de la emergencia se produjo una acción que pudo resultar determinante para salvar una vida.
Un testigo identificado como Travis relató a Eyewitness News que decidió acercarse a la barbería después de escuchar los gritos desesperados de una mujer que se encontraba dentro del establecimiento.
Según explicó, la mujer tenía fuego en el cabello cuando logró sacarla del edificio y trasladarla al otro lado de la calle, donde permaneció a salvo mientras llegaban los servicios de emergencia.
El hombre describió además la presencia de una densa concentración de humo alrededor del establecimiento durante los momentos de mayor intensidad del incendio.
Batería de iones de litio, origen del fuego
Tras las investigaciones preliminares, el Departamento de Bomberos de Nueva York determinó que una batería de iones de litio fue la causa del incendio.
El incidente vuelve a colocar la atención sobre los riesgos asociados a este tipo de baterías cuando presentan desperfectos, sufren daños o se encuentran en condiciones que pueden provocar sobrecalentamiento.
El incendio causó importantes pérdidas materiales en los establecimientos afectados y dejó cinco personas lesionadas, mientras las autoridades continuaban evaluando sus consecuencias.
CONNECTICUT.- Las autoridades acusaron a dos dominicanos por la muerte de Frederick Werner, de 69 años, durante un allanamiento a su vivienda el pasado 3 de junio de 2026.
El hecho se registró poco antes de las 3:00 de la madrugada en el 871 de East Broadway, en Milford.
Según la orden judicial, dos hombres ingresaron por una puerta corrediza que conducía al dormitorio donde descansaban Werner y su pareja, Sandy Cooper, de 69 años. Werner falleció en el lugar y Cooper resultó herida.
Los acusados fueron identificados como Stuar López Reyes, de 25 años, arrestado en julio, e Iván Barias Florimón, de 24 años, detenido el 4 de agosto.
Ambos enfrentan cargos de asesinato, conspiración para cometer asesinato, asesinato durante la comisión de delito grave, allanamiento de morada, conspiración para cometer allanamiento, intento de asesinato, agresión en primer grado a víctima anciana y conspiración para cometer agresión en primer grado.
Permanecen detenidos bajo fianza de 3 millones de dólares cada uno.
PISTA CLAVE Y LÍNEA INVESTIGATIVA
De acuerdo con la declaración de Sandy Cooper, el caso podría estar vinculado al despido de una empleada de su negocio de bienes raíces, ocurrido el 25 de mayo.
La exempleada, identificada como Cynthia Infante, trabajó durante tres años como administradora de propiedades y asistente personal. La investigación señala que Barias Florimón alquilaba una habitación en la vivienda de la familia Infante en Bridgeport y realizaba trabajos de jardinería para el negocio de Ángel Infante. López Reyes es amigo de Barias Florimón.
Las personas mencionadas como relacionadas no han sido acusadas formalmente hasta el momento.
EVIDENCIAS PRESENTADAS
Según documentos judiciales, en la escena se recuperaron casquillos que, tras pruebas de balística, coincidieron con una pistola Glock de 9 milímetros incautada por la Policía de Nueva York el 6 de junio. El arma había sido reportada como robada en Stratford en 2022.
La orden judicial de 30 páginas incluye análisis de telefonía celular que ubicaría a los sospechosos en la zona, así como el rastreo de una Jeep Compass gris registrada a nombre de Ángel Infante, mediante lectores de placas y cámaras de vigilancia.
De acuerdo con el expediente, el vehículo fue captado con una placa trasera que habría sido sustraída horas antes en el Aeropuerto Tweed New Haven y que luego fue recuperada en una zona boscosa.
PROCESO MIGRATORIO
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que inició el proceso para revocar el estatus de residente permanente de ambos acusados.
Según el DHS, Barias Florimón ingresó a EE.UU. en 2007 como hijo de un residente permanente legal. López Reyes ingresó con visa en noviembre de 2016 y obtuvo la residencia permanente en octubre de 2022. Había sido arrestado previamente por cargos que derivaron en una condena por alteración del orden público.
«Tener una tarjeta de residencia permanente es un privilegio, no un derecho», indicó el DHS en un comunicado citado por Fox News Digital.
El caso continúa bajo investigación en los tribunales de Connecticut.