Comunidad en el exterior
P. RICO: Redadas migratorias ponen en jaque a dominicanos
Por Nicole Acevedo — NBC News
SAN JUAN.- En Barrio Obrero, un vecindario de mayoría dominicana en Puerto Rico, el efecto de las redadas migratorias ha sido paralizador para muchos en el territorio estadounidense.
Casas y negocios lucen desolados, mientras un camión con altavoces recorre las calles del barrio con un mensaje: “Inmigrantes, ustedes tienen derechos”, según relata Ariadna Godreau, abogada de derechos humanos en la isla.
La organización sin ánimo de lucro que Godreau dirige, Ayuda Legal Puerto Rico, contrató el camión conocido popularmente como tumba coco para concienciar a la gente sobre sus derechos y anunciar el lanzamiento de una línea de atención telefónica, la primera en Puerto Rico que ofrece apoyo legal a los inmigrantes.
Más de 300 familias ya han llamado para hablar con abogados de forma gratuita, con el fin de averiguar sus opciones legales ante el volátil panorama en materia migratoria, indicó Godreau.
Muchos inmigrantes que residen en Puerto Rico temen que los esfuerzos de Gobierno de Donald Trump de realizar deportaciones masivas cambien la forma en que se aplican las leyes en un territorio que durante mucho tiempo ha sido percibido como un santuario para los inmigrantes.
Esa percepción comenzó a cambiar el 27 de enero, la misma semana en la que Trump asumió el cargo. Las autoridades de inmigración hicieron una redada en Barrio Obrero y arrestaron a más de 40 personas. Testigos le dijeron a Telemundo Puerto Rico, que vieron a agentes derribar las puertas de varias casas y negocios. Los detenidos fueron esposados y metidos en camionetas.
En sus 40 años viviendo en Puerto Rico, Ramón Muñoz, un inmigrante dominicano, había visto a las autoridades detener esporádicamente a personas indocumentadas, pero nunca “con la agresividad” de esa redada.
Para complicar las cosas, los detenidos son trasladados al territorio continental de Estados Unidos, a un océano de distancia de sus familias y de los abogados que gestionan sus casos de inmigración.
No hay centros de detención permanentes en la isla que puedan acoger a los detenidos durante períodos prolongados, según Rebecca González-Ramos, agente especial a cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Juan.
“Esposada como una criminal”
Aracely Terrero, una de al menos 732 inmigrantes detenidos por las autoridades federales de inmigración en Puerto Rico en lo que va de año, pasó un mes en tres centros de detención diferentes en Estados Unidos antes de ser puesta en libertad la semana pasada después de que un juez de inmigración determinara que nunca debió haber sido detenida.
Un agente de policía de la localidad costera de Cabo Rojo alertó a las autoridades federales de inmigración sobre Terrero después de que el oficial la encontrara vendiendo helados en la playa sin permiso comercial, informó Telemundo Puerto Rico.
Terrero tenía un visado y estaba en proceso de obtener su residencia permanente o green card cuando fue puesta bajo custodia de inmigración, dijeron su abogado, Ángel Robles, y Annette Martínez, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico.
Las políticas de Puerto Rico limitan la coordinación entre las fuerzas del orden locales y las autoridades federales de inmigración, añadió Martínez.
Sin embargo, la ACLU en Puerto Rico está viendo más casos en los que se sospecha que la policía local usa perfiles raciales de los inmigrantes dominicanos antes de alertar a las autoridades federales de inmigración, lo que reaviva la preocupación por el resurgimiento de “prácticas policiales discriminatorias” que dieron lugar a reformas policiales la isla hace una década.
El caso de Terrero también puso de relieve lo difícil que es para las familias y los abogados seguir la pista de los detenidos una vez que son enviados a Estados Unidos, añadió Martínez.
“Fue una pesadilla”, aseguró Terrero a Telemundo Puerto Rico tras su liberación. “Fue un viaje muy difícil porque nunca me habían arrestado en mi vida. Nunca me había visto así, con esposas, como una criminal”.
Críticas a la gobernadora
González-Ramos, la agente especial del HSI, dijo en una entrevista con la radio local la semana pasada que su oficina se había estado preparando para intensificar los esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración en Puerto Rico desde noviembre. Afirmó que empezaron a “reorganizar” los recursos y a “cambiar las prioridades” tras la victoria de Trump.
Sin embargo, la gran redada del 27 de enero fue una sorpresa para la mayoría de la gente. La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González-Colón, había tranquilizado a los inmigrantes en una entrevista con Telemundo Puerto Rico esa misma semana diciendo que Trump sólo estaba “centrado en lo que está pasando en México y en Estados Unidos, en esa frontera”.
La gobernadora contribuyó a crear una “falsa sensación de seguridad”, precisó Godreau. “Redadas consecutivas comenzaron entonces en zonas históricamente habitadas por la población dominicana”.
A medida que las autoridades de inmigración intensifican sus esfuerzos en Puerto Rico con redadas en hoteles, obras de construcción y barrios, más de 500 de los inmigrantes detenidos hasta ahora proceden de la República Dominicana.
Los dominicanos constituyen la mayor parte de la población inmigrante de Puerto Rico. Se calcula que en la isla viven más de 100,000 dominicanos. Se cree que alrededor de un tercio son indocumentados. Muchos de ellos son propietarios de negocios o trabajan en los sectores de la hostelería, la construcción y el cuidado de ancianos, dos áreas que sufren escasez de mano de obra, de acuerdo con Godreau y Martínez.
González-Ramos había dicho que su oficina detendría a las personas presentes ilegalmente en Puerto Rico, “específicamente aquellas cuyos antecedentes penales suponen una amenaza para nuestras comunidades y la seguridad nacional”.
Pero sólo el 13% de los 732 inmigrantes detenidos este año tienen antecedentes penales, según datos de HSI en San Juan.
Tras una citación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Administración de González-Colón, una republicana que apoya a Trump, entregó recientemente los nombres y direcciones de 6,000 personas que obtuvieron licencias de conducir bajo una ley favorable a los inmigrantes de 2013 que permitía obtenerlas a personas sin estatus migratorio.
González-Colón ha dicho que no desafiará las políticas migratorias de Trump para no arriesgarse a perder fondos federales.
“Las actitudes y expresiones de la gobernadora han sido bastante engañosas”, dijo Martínez, añadiendo que las jurisdicciones locales con frecuencia desafían y se oponen a las políticas federales en un esfuerzo por proteger a los residentes locales.
NUEVA YORK.- Cuatro hombres de origen dominicano fueron acusados de agredir a un policía tras una serie de robos de convertidores catalíticos que derivo una persecución en Long Island.
Henry Cruz, de 25 años; Luis Acosta, de 24; Jeorge Santana Sánchez, de 34, y Madinson Silverio Ventura, de 27, enfrentan cargos por lesiones físicas graves a un agente del orden.
El incidente ocurrió el pasado 7 de marzo en Lindenhurst.
De acuerdo con la investigación, los acusados se desplazaban en un Maserati Levante 2021 por calles de Lindenhurst, donde seleccionaban principalmente vehículos Toyota Prius para sustraer sus convertidores catalíticos.
El grupo operaba de forma organizada: apagaban las luces del vehículo, uno vigilaba, otro utilizaba un gato hidráulico y otro cortaba la pieza con una sierra eléctrica antes de huir en busca de otro objetivo, según una nota de prensa.
Alrededor de las 4:37 de la madrugada del pasado 7 de marzo, agentes intentaron detener el vehículo, pero el conductor emprendió la huida, dando inicio a una persecución que se extendió hasta la autopista Southern State Parkway, donde presuntamente alcanzaron velocidades superiores a 90 millas por hora.
Durante el operativo, otra patrulla desplegó dispositivos para detener el vehículo, logrando desinflar sus neumáticos. Los acusados abandonaron el automóvil y huyeron a pie. En medio de la persecución, un agente cayó y sufrió una fractura de tobillo que requirió cirugía de emergencia en el Hospital Universitario de Stony Brook.
Cruz y Acosta fueron arrestados ese mismo día, Santana Sánchez y Silverio Ventura el 19 de marzo en un hotel de El Bronx.
Silverio Ventura también enfrentaba una orden de arresto previa por un robo similar ocurrido en 2023.
El pasado 1 de abril, los cuatro imputados fueron presentados ante el juez de la Corte Suprema Timothy P. Mazzei, enfrentando cargos que incluyen agresión a un oficial de policía, desmantelamiento de automóvil en primer grado, daños a la propiedad y posesión de propiedad robada.
La próxima audiencia fue fijada para el 6 de mayo de 2026.
Cada uno de los imputados enfrenta hasta 15 años de prisión.
jt-am
NUEVA YORK.- Una dominicana fue hallada muerta junto a su pareja en un apartamento del sector Jackson Heights, en Queens.
La muerta es Keyriana Jiménez Rodríguez, mientras que la identidad del hombre no fue revelada de inmediato.
Las autoridades investigan el caso como un posible asesinato-suicidio vinculado a violencia doméstica.
La Policía informó agente que sus agentes acudieron al lugar poco antes de las 2:00 de la madrugada del miércoles, alertados por una llamada del 9-1-1 sobre disparos en un edificio ubicado en la calle 84 del citado vecindario.
Al ingresar a la vivienda, los oficiales encontraron a un hombre de 20 años con una herida de bala en la cabeza y a una mujer de 18 con múltiples impactos en la cabeza, el torso y el abdomen. Ambos fueron declarados muertos en la escena por los servicios de emergencia.
En el lugar fue recuperada un arma de fuego. Hasta el momento no se han realizado arrestos.
Vecinos indicaron haber escuchado una discusión entre la pareja antes de los disparos.
jt-am
MADRID.- La Policía detuvo a cinco jóvenes de 16 y 17 años que supuestamente apuñalaron a un menor de 14 en la calle Clara del Rey, del distrito Chamartín.
Los cinco detenidos, de nacionalidades española, hondureña y dominicana, podrían pertenecer a alguna banda.
Se ha hecho cargo de ellos el Grupo de Menores de la Policía Nacional, que está llevando a cabo los atestados y posteriormente pasarán a la Fiscalía de Menores. Se les podría llegar a acusar de intento de homicidio.
Los agentes trabajan con la hipótesis de que se trate de una nueva agresión entre bandas juveniles violentas. Si se confirma, sería la tercera pelea entre bandas en Madrid en lo que va de año. Y la segunda en la que hay implicados menores de edad y llevada a cabo en pocos días.
La agresión ocurrió sobre las 21:45 horas a la altura del número 50 de la calle Clara del Rey.
Los servicios de emergencia recibieron el aviso de que un menor había sufrido dos heridas por arma blanca. El herido fue atendido en la calle cercana de Santa Rita en la ambulancia.
Tras ser estabilizado por el Samur, fue trasladado como potencialmente grave a una hospital.