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Pacientes afectados con paralización en hospital público de El Seibo
La crisis de servicios en el hospital público doctor Teófilo Hernández de esta ciudad de El Seibo ha tocado fondo, al arribar a 40 días de estar paralizadas las consultas del personal médico debido a conflictos con la gerencia y tres años de reconstrucción que lleva el centro de salud.
Las historias humanas, son desgarradoras, aunque parecen hacerse normales, con pacientes que se agravan y mueren debido a la falta de atención en este centro, cuyas labores tienen paralizadas 52 plazas que pertenecen a miembros de la filial del Colegio Medico Dominicano (CMD) y que solo laboran en las emergencias desde finales de junio.
“Al pasar un mes sin darse consultas debido a los conflictos entre médicos y la dirección del centro de salud, tres años de reconstrucción, se ha agravado la situación por la negligencia e indiferencia de las autoridades en manejar este caso”, reconoce el doctor Carlos de la Cruz, representante del CMD en la provincia.
Considera que es imposible laborar en las condiciones actuales, dado el clima de tensión por la actitud del actual director y contar con una sola sala de cirugía, cuando el mínimo ha sido tres en este hospital por su categoría.
El detonante para el paro que se mantiene, fue la agresión que según el gremio cometió el director Stalin Peguero contra una ginecóloga que se sumó a otras que, de acuerdo a lo acordado en asamblea: “ no lo hacen reunir las condiciones de equilibrio mental para manejar este centro de salud”.
Mientras se denuncian deterioro en la salud de pacientes, especialmente que viajan desde comunidades rurales y falta de seguimiento de quienes padecen enfermedades terminales, el Ministerio de Salud Pública parece ajeno a la situación. Se ha denunciado que muchos médicos no cumplen sus horarios.
Solo las parturientas son referidas a salas desde la emergencia, donde se mantienen los servicios limitados a algunas excepciones de médicos militares.
La crisis en el hospital público de esta ciudad ha rayado en lo crítico, ameritando que fuera tratada por el alcalde Gerardo Casanova al presidente Danilo Medina en una de las visitas que realizó a esta ciudad.
Sin embargo, pese a que en esa ocasión se ordenó su terminación, tras más de casi tres años de reparación que lleva el centro, sin terminar los trabajos y el trauma que ello implica para los pacientes, familiares y personal, se han agravado los problemas.
El representante del CMD plantea que debió haber una salida y por un lado, lamenta que el director del centro, acusado de maltrato al personal, por los gremialistas que reclamaron su destitución en una asamblea, no se haya excusado siquiera.
Sin atención
Debido a la situación durante más de un mes los pacientes de este centro, que aún no termina su reparación, se quedaron sin consultas de médicos, limitados escasamente a la emergencia. Aunque se ha reclama nunca ha intervenido la ministra Altagracia Guzmán Marcelino en el caso.
Un verdadero drama de centenares de personas que acuden sin ser atendidas y con consultas reprogramadas, se ha vivido en este centro que lleva un récord por ser el que más tiempo lleva sin terminar su reparación. Tan solo el piso se ha montado y desmontado en más de tres ocasiones en algunas áreas.
Esta semana se planteó la mediación de autoridades de la dirección regional de Salud Pública, para intervenir en el impase y ponerle fin a la paralización en el Hospital Teófilo Hernández, de la provincia del Seíbo, pero no ocurrió nada.
A diario acuden pacientes a buscar atención, como es el caso de Maribel Acosta quien llegó con una menor al centro para una consulta, sin conocer qué ocurre y no pudo ser atendida. También produce malestar la inasistencia de algunos médicos nombrados y que no cumplen con su compromiso o hay que “vipearlos” para que asistan a sus pacientes.
Se ha planteado un acuerdo para que las partes envueltas en conflicto lleguen a un acuerdo y que el Ministerio de Salud reclame la terminación definitiva del centro para que operen las 3 áreas para cirugías y todas las instalaciones que le son comunes a este centro de salud para que cumpla su cometido para los residentes de esta ciudad y zonas aledañas.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-Fue aplazado para el 9 de mayo por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el juicio de fondo que se le sigue a casi treinta militares y policías acusados en el caso de corrupción Operación Coral que se habría gestado en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) en los pasados gobiernos.
El tribunal tomó la decisión por la asistencia de dos acusados sin representación legal, entre estos la sociedad comercial Único Real State e Inversiones, que tiene «como gerente, beneficiaria final y socia mayoritaria a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez«, la pastora.
La pastora, acusada de asociación de malhechores, lavado de activos y de testaferro, tiene como abogado un defensor público, quienes tienen prohibido defender empresas. Varias vistas han sido postergadas por esta presentarse sin un togado.
El caso de corrupción está encabezado por los exjefes del Cusep y Cestur, ahora Politur, el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre y el general Juan Carlos Torres Robiou, respectivamente.
La primera audiencia del juicio de fondo al caso de malversación, que asciende a 4,500 millones de pesos, se fijó para el 26 de octubre y a seis meses todavía el Ministerio Público no ha podido iniciar la lectura del expediente de la acusación.
Declaran en rebeldía
Las juezas Gissell Méndez, presidenta del tribunal, Jisselle Naranjo y Tania Yunes, también declararon este jueves en rebeldía a la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, cuyo representante tampoco estuvo en audiencia a pesar de estar citado.
El representante legal que tenía la entidad religiosa es José Erneso Pérez Morales, poder que le dio el pastor José Cueto, que es su presidente.
Asimismo, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional le dio un plazo de tres días al encartado Epifanio Peña Lebrón para que escoja un abogado para que lo asista, porque también estuvo sin uno.
Las juezas rechazaron una reposición de plazos solicitado por Ortega Polanco.
Santo Domingo, R.D.-Concluyó este miércoles por parte de la Junta Central Electoral (JCE) la entrega a nivel nacional de certificados a los candidatos que resultaron ganadores en las pasadas elecciones, quienes de inmediato fueron proclamados como nuevas autoridades municipales.
Los actos de entrega de certificados a las nuevas autoridades locales se realizaron en las sedes de las distintas juntas electorales en los 158 municipios. Las proclamaciones incluyeron a las autoridadese electas en los 235 distintos distritos municipales del país.
La JCE dijo que con estos actos se cumplió con el mandato de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, y del artículo 47 letra «e» que instruye a expedir certificados de elección e inmediata proclamación de los candidatos electos a cargos municipales.
En las pasadas elecciones municipales de febrero se eligieron 3,849 cargos municipales vinculados a los 157 municipios, el Distrito Nacional y los 235 distritos municipales en una relación de 316 alcaldías e igual cantidad de vicealcaldías; 2,328 regidurías, con sus respectivas suplencias; 470 direcciones y subdirecciones distritales; y 735 vocalías.
La JCE también resaltó que en el pasado proceso electoral para elegir las autoridades municipales, «el escrutinio y divulgación de resultados se alcanzó en un tiempo récord» en la historia de la institución, incluyendo la revisión de los votos nulos y observados.
Santo Domingo, R.D.-Una serie de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos solicitaron a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, realizar una “exhaustiva investigación” en torno al asesinato de Francisco Ortiz Báez, ambientalista de Constanza.
Altagracia Paulino, quien habló a nombre de las organizaciones, dijo que en el crimen existen autores intelectuales distintos de las personas que lo perpetraron, razón por lo que pidió una investigación exhaustiva.
Las entidades demandan que el crimen sea castigado con todo el peso de la ley y que el castigo alcance a todos los autores, tanto materiales como los intelectuales.
Consideraron que la “ineficiencia de las autoridades de Medio Ambiente en proteger los recursos naturales y las áreas protegidas, obliga a que la ciudadanía asuma las responsabilidades abandonadas por estas autoridades, convirtiéndose en blanco de los depredadores y de sus sicarios”.
Expresaron el temor de que crímenes como este se repitan en el futuro próximo, dado que en el país se multiplican impunemente los desmanes contra los recursos naturales y las áreas protegidas, y la ciudadanía los enfrenta armada solo con su conciencia.
Francisco Ortiz Báez fue asesinado por oponerse a la extracción ilegal de materiales del río Tireo de Constanza y la Policía Nacional, por el hecho, arrestó a Reynaldo Cruz Castillo y Andy Joel Payano (a) El Guardia, a quienes acusa además de haber enterrado su cadáver en la Cueva de San Juan de la Maguana.
La instancia fue firmada por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, (INSAPROMA); el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC); Red Socioambiental Nacional; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD); Movimiento Laudato Si en RD y la Fundación Ecológica Tropical (FUNDETROP).
También participaron en la actividad la Coordinadora Popular Nacional, la Articulación Nacional Campesina, el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor, el Frente de Agricultores Unidos por el Progreso.
Igualmente, la Asociación de Ganaderos de la Cuenca Alta de Yamasá, el Frente Agropecuario Unidos (FEDAUPRO); la Red Dominicana de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente, RedAfros y la Fundación Voces del Camú.