Opinión
Pacto por la real democracia
Por Juan Bolívar Díaz
Las perspectivas políticas para el proceso electoral del venidero 2020 apuntan a una delicada situación que pondrá en juego no sólo la institucionalidad democrática, sino también la estabilidad económica y social, por lo que se impone un despertar de la sociedad civil que obligue a moderar los arrebatos, los abusos del Estado y las desmesuras políticas.
Las perspectivas apuntan al traumático proceso electoral de 1994, cuando la sociedad mostraba fatiga por las imposiciones de Joaquín Balaguer, quien ciego y casi paralítico impuso una vez más su vieja maquinaria de manipulación de las instituciones estatales y fraudes para mantenerse en el poder. Su desaforad ambición causó un trauma electoral que desestabilizó la sociedad, generó una abierta participación de poderes internacionales y sacó del inmovilismo a importantes sectores sociales, temerosos entonces de las graves amenazas que sufría la nación. La crisis tuvo que ser saldada con un Pacto por la Democracia.
Amplios sectores sociales sumaron energías a los partidos y líderes políticos que, como José Francisco Peña Gómez, venían propugnando por cambios institucionales y sociales, varios de los cuales fueron incorporados a la Constitución de la República, y en los años siguientes se tradujeron en un mejoramiento de la justicia y concertaciones para cambios que incluirían la creación del Sistema Dominicano de Seguridad Social, y otras legislaciones para un nuevo sistema presupuestario y financiero y para la transparencia.
Con el nuevo siglo, la política volvió a degenerar y se perdió el impulso concertador para devenir en un andamiaje de control casi total de todas las instituciones del Estado por un solo partido que auspició el desmembramiento de la competencia partidista, la cooptación de muchos líderes y cuadros de todos los ámbitos sociales y un gran control de los comunicadores y medios de comunicación.
El Partido de la Liberación Dominicana devino en una poderosa corporación que ahora acaba siendo víctima de sus propias mañas, de las infinitas ambiciones de un caudillismo que sustituyó los organismos, sin el menor respeto por los procedimientos democráticos, los pactos, las leyes y hasta la Constitución de la República.
En medio de los estertores de una profunda división, el presidente Danilo Medina ha pronunciado un discurso que se erige ominoso sobre el porvenir inmediato. Empeñado en confundir el Estado con su ambición personal, utilizando todos los recursos del poder, ha impuesto un candidato en su partido y anuncia que lo llevará a la presidencia de la nación.
La desmesura es tanta que el mandatario consideró que su candidato no tenía que hablar a un asamblea de su partido convocada para dirimir las consecuencias de su imposición, y él se comprometió públicamente a llevarlo al poder. Con tanta confusión que al final proclamó que “con estos hombres y mujeres que están aquí, yo voy a ganar las elecciones”, como si él fuera candidato presidencial.
Dada la experiencia, lo menos que pueden hacer los opositores, ahora reforzados por la mitad del PLD, es exigir un juego democrático limpio, sin la irrupción del Estado, sin que el presidente confunda las instituciones estatales con su facción política, sin que utilice el presupuesto, ni el funcionariado para aplastar a los demás contendientes.
Hay claras señales de que la oposición política no está dispuesta a volver a los mataderos electorales. Ya el candidato presidencial Luis Abinader advirtió el domingo que aquí tiene que haber una competencia equitativa y limpia, para que no se ponga en juego la paz social. Guillermo Moreno también reclama condiciones elementales para la competencia.
Si todos los opositores se unen desde temprano para exigir transparencia y equidad en la campaña electoral, encontrarán respaldo en gran parte de las organizaciones sociales, a las que corresponde levantarse del inmovilismo como en los años noventa y exigir un nuevo y real pacto por la democracia. Eso corresponde no sólo a Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia, el Centro Juan Montalvo o el Centro Social Juan 23, sino también a las instituciones empresariales, académicas, sociales y religiosas.
Tienen que demostrar ahora que creen en la democracia, para cuando llegue la tempestad que el presidente Medina anunció el lunes, no salir a pedir calma a los afectados. Hay que reforzar a la Junta Central Electoral para que cumpla su misión constitucional de garantizar la equidad, la justicia y la transparencia en la competencia electoral. Hay que pactar la integración de la Procuraduría Especializada para perseguir los delitos electorales y limitar la irrupción de los funcionarios en la campaña, el incremento de las nóminas y del déficit fiscal, y de la publicidad estatal. –
Por Rommel Santos Díaz
La Corte Penal Internacional se cerciorará de ser competente en todas las causas que le sean sometidas. La CPI podrá determinar de oficio la admisibilidad de una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma.
De acuerdo con el Estatuto de Roma podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte Penal Internacional:
- a)El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detención o una orden de comparecencia con arreglo al artículo 58;
- b)Un Estado que tenga jurisdicción en la causa porque esta investigando o enjuiciando o lo ha hecho antes; o
- c)Un Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el artículo 12.
El Fiscal podrá pedir a la Corte Penal Internacional que se pronuncie sobre una cuestión de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la competencia o la admisibilidad, podrán presentar asimismo observaciones a la Corte quienes hayan remitido la situación de conformidad con el artículo 13 del Estatuto de Roma y las víctimas
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La admisibilidad de una causa o la competencia de la CPI sólo podrán ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados a que se hace referencia en el párrafo 2. La impugnación se hará antes del juicio o a su inicio.
En circunstancias excepcionales la Corte Penal Internacional podrá autorizar que la impugnación se haga más de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las impugnaciones a la admisibilidad de una causa hechas al inicio del juicio, o posteriormente con la autorización de la Corte, sólo podrán fundarse en el párrafo 1 c) del artículo 17 del Estatuto de Roma.
Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la admisibilidad de una causa o de la competencia de la CPI será asignada a la Sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados los cargos, será asignada a la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo 82 del Estatuto de Roma.
Hasta antes de que la Corte Penal Internacional se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle autorización para:
- a)Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionadas en el párrafo 6 del articulo 18 del Estatuto de Roma;
- b)Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o completar la recolección y el examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la impugnación; y
- c)Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que eludan la acción de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de detención en virtud del artículo 58 del Estatuto de la Corte.
La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por el Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la CPI, antes de ella.
Si la CPI hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los motivos por los cuales la causa había sido considerada inadmisible de conformidad con dicho artículo.
Finalmente, el Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el artículo 17 del Estatuto de Roma suspende una investigación, podrá pedir que el Estado de que se trate ponga a su disposición información sobre las actuaciones. A petición de ese Estado, dicha información será confidencial. El Fiscal, si decide posteriormente abrir una investigación, notificará su decisión al Estado cuyas actuaciones hayan dado origen a la suspensión.
Rommelsantosdiaz@gmailcom
Por Nelson Encarnación
Son muchos los dominicanos que no se reponen del shock que les provocaron las diversas manipulaciones y mentiras vertidas por el expresidente Danilo Medina durante su comparecencia de la semana pasada en un importante medio radial de nuestro país.
Cuando se anunció días antes que el líder del Partido de la Liberación Dominicana aparecería en un medio público, hubo la apreciación generalizada de que aprovecharía el alcance de este para al menos desvestir su alma y bajar al terreno de la humildad para pedir algún tipo de perdón—aun fuese en voz baja—por las muchas culpas que necesitan urgentemente su expiación.
Sin embargo, es evidente que Danilo está convencido de que todas sus actuaciones en el Gobierno estuvieron ajustadas a la decencia más absoluta, cuando la realidad apunta precisamente en otra dirección.
Para él, los expedientes que involucran a familiares y entorno político más estrecho, son simples majaderías urdidas para molestarle, o una manifestación de la llamada judicialización de la política o politización de la justicia, mediante la cual han sido quitados del camino potenciales competidores de la corriente predominante.
Con ese convencimiento resulta improbable que el expresidente se humanice y entienda que admitir los errores hace grandes a las personas, y que, por el contrario, encerrarse en una convicción pueril las reduce.
Hay más de una evidencia que Danilo fue advertido por cercanos acerca del comportamiento depredador de algunos de sus íntimos, pero obvió tomar las medidas aconsejables, para dejar campo abierto a la continuación de los desmanes, muchos de los cuales se han reflejado en los casos que actualmente se ventilan en justicia, y que él los atribuye a “persecución política”.
En el campo de la lucha propiamente política, Medina trata de convencernos de que su laborantismo encaminado a propiciar el escenario para una segunda reelección en 2020 es un espejismo o un invento de sus adversarios.
Eso de que no tenía votos para modificar la Constitución es un ardid y una expresión fehaciente de su condición de simulador, pues todos vivimos aquel trance que mantuvo en vilo a la nación hasta que la administración Trump—en una intromisión inaceptable, eso sí—le apeó del carro reeleccionista que pudo haberse descarrilado hacia una situación de manejo muy complejo.
Danilo podrá decir lo que quiera, pero la historia no se puede borrar.
Por Narciso Isa Conde
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.
La que debe ser emplazada NO ES MIRIAM, es Yeni Berenice, acompañada de Camacho, el del PEPCA y ahora ascendido, ambos con fuertes vínculos con la Embajada, FBI, DEA…Leonel, Abinader…Ahora la PGR cae bajo control absoluto de esa tríada, vía los ascensos de Berenice y Camacho.
Miriam German ha sido víctima de su entorno, de un acorralamiento programado en medio de una gran soledad y de su propio institucionalismo (excesivo respeto a la separación de funciones dentro de la PGR). Además, la amenaza del cártel del Cibao y del tal J, fue manipulada para amarrarla más. Hicieron un gran bulto desde la DNCD y dejaron todo igual: el cartel sigue impune. Abinader, Cabrera-DNCD y la DEA dirigieron esa operación.
Berenice y el PEPCA han bloqueado muchos expedientes, incluso los presentados por nosotros. El caso de ANTENA LATINA es emblemático y yo lo entregué personalmente, y muchas veces demandé respuesta y nada. A esos encargados de investigar y perseguir los delitos, se le entregaron numerosas denuncias del Archivo Abierto de Marcha Verde y no hicieron nada: siguen abundando las vacas sagradas oligárquicas y transnacionales denunciadas; y estas abundan junto a la impunidad del leonelismo, de políticos ladrones y generales asesinos.
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.