Nacionales
Aumento de precios de colegios privados preocupa a padres.
Una avalancha de quejas acompaña el inicio de la docencia en los colegios privados en razón del aumento del costo de la tarifa por parte de los padres de los estudiantes, lo cual podría retrasar el inicio del año escolar que está programada para este lunes, según el calendario del Ministerio de Educación.
Muchos de los denunciantes califican de «abusivo» el aumento que, en algunos casos, es de hasta el 75 %, según registró de una madre, cuya colegiatura pasó de 2,000 pesos a 3,500, por lo que tuvo que retirar a su hija del centro.
Como este caso, está el de Cindy Coronado Peguero, quien indicó que en el colegio donde se encuentra su hija se les aumentó 1,000 pesos en la mensualidad, el año pasado y para los de nuevo ingreso 1,500, igual a un 40 % y 60 %, respectivamente.
Asimismo, se han dado casos en los que el aumento es menor, como el de Yomarly de la Rosa, quien reportó que la colegiatura de su niño pasó de 3,800 a 4,200 pesos, lo que equivale a 11 % de incremento.
«Cada año están subiendo de manera progresiva el costo de la escolaridad, hay poca consideración, ya que en sustitución de la reinscripción están cobrando un abono o pago inicial de mínimo 8,000 mil pesos», comentó.
De acuerdo con Héctor Molina, presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (AINEP), hasta el momento no ha escuchado de ningún centro que aumente más de 15 %, y que dependiendo de las situaciones que se ve afectada el monto a pagar por la escolaridad.
También comentó que otra razón por la que se da esta situación es por el incremento salarial de los docentes. Establece que debido que el Ministerio de Educación ha aumentado con frecuencia el sueldo de este personal, ellos se ven obligados a realizarle ajustes similares, para evitar que los profesores migren al sector público.
Además, explicó que el remozamiento y adecuación de los recintos, la instalación de nuevos equipos o adquisición de mobiliario escolar para el mejoramiento de las condiciones del colegio, son gastos que termina reflejándose en el pago de la mensualidad de los estudiantes.
Inscripción
Con respecto al pago de inscripción, Molina se refirió al mismo como «matriculación» o «aseguramiento de cupo», explicando que este monto es para garantizar que el estudiante ocupe el espacio que le corresponde al momento de iniciar la docencia, ya que en muchos casos los padres quieren inscribir a un estudiante en un centro determinado y luego cambian de parecer, lo que genera pérdida para el colegio, por tanto, este pago representa una cuota de responsabilidad para el progenitor.
«Si el estudiante al que se le aparto cupo se inscribe en otro centro, cuando inicia la docencia se nos hace imposible a nosotros encontrar el alumno que va a llenar esa butaca, entonces, por eso es racional cobrar eso con antelación para asegurar que vamos a maximizar los cupos», expresó.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.