Nacionales
Aumento de precios de colegios privados preocupa a padres.
Una avalancha de quejas acompaña el inicio de la docencia en los colegios privados en razón del aumento del costo de la tarifa por parte de los padres de los estudiantes, lo cual podría retrasar el inicio del año escolar que está programada para este lunes, según el calendario del Ministerio de Educación.
Muchos de los denunciantes califican de «abusivo» el aumento que, en algunos casos, es de hasta el 75 %, según registró de una madre, cuya colegiatura pasó de 2,000 pesos a 3,500, por lo que tuvo que retirar a su hija del centro.
Como este caso, está el de Cindy Coronado Peguero, quien indicó que en el colegio donde se encuentra su hija se les aumentó 1,000 pesos en la mensualidad, el año pasado y para los de nuevo ingreso 1,500, igual a un 40 % y 60 %, respectivamente.
Asimismo, se han dado casos en los que el aumento es menor, como el de Yomarly de la Rosa, quien reportó que la colegiatura de su niño pasó de 3,800 a 4,200 pesos, lo que equivale a 11 % de incremento.
«Cada año están subiendo de manera progresiva el costo de la escolaridad, hay poca consideración, ya que en sustitución de la reinscripción están cobrando un abono o pago inicial de mínimo 8,000 mil pesos», comentó.
De acuerdo con Héctor Molina, presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (AINEP), hasta el momento no ha escuchado de ningún centro que aumente más de 15 %, y que dependiendo de las situaciones que se ve afectada el monto a pagar por la escolaridad.
También comentó que otra razón por la que se da esta situación es por el incremento salarial de los docentes. Establece que debido que el Ministerio de Educación ha aumentado con frecuencia el sueldo de este personal, ellos se ven obligados a realizarle ajustes similares, para evitar que los profesores migren al sector público.
Además, explicó que el remozamiento y adecuación de los recintos, la instalación de nuevos equipos o adquisición de mobiliario escolar para el mejoramiento de las condiciones del colegio, son gastos que termina reflejándose en el pago de la mensualidad de los estudiantes.
Inscripción
Con respecto al pago de inscripción, Molina se refirió al mismo como «matriculación» o «aseguramiento de cupo», explicando que este monto es para garantizar que el estudiante ocupe el espacio que le corresponde al momento de iniciar la docencia, ya que en muchos casos los padres quieren inscribir a un estudiante en un centro determinado y luego cambian de parecer, lo que genera pérdida para el colegio, por tanto, este pago representa una cuota de responsabilidad para el progenitor.
«Si el estudiante al que se le aparto cupo se inscribe en otro centro, cuando inicia la docencia se nos hace imposible a nosotros encontrar el alumno que va a llenar esa butaca, entonces, por eso es racional cobrar eso con antelación para asegurar que vamos a maximizar los cupos», expresó.
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.