Análisis Noticiosos
País por país, cara por cara, voto por voto
Por Martín Granovsky
Con la Argentina cerca de las primarias de agosto y las legislativas de octubre, la vuelta de Michelle Bachelet a Chile para competir en las elecciones de noviembre marca el tono de la mayoría de los vecinos: salvo en el caso de Paraguay, el escenario más probable en Su-damérica es un refuerzo de la sintonía entre los procesos de reforma que cada país despliega a su modo y con sus tiempos.Bachelet asumió en marzo de 2006 y dejó la presidencia en marzo de 2010 como la mandataria más popular de la historia de Chile. Su imagen, sin embargo, no fue acompañada por una iniciativa de la Concertación, entonces en el gobierno desde 1990, de construir una sucesión viable. No hubo internas abiertas que podrían haber incluido a Marco Enríquez-Ominami. El voto de centro y centroizquierda fue dividido y ese vacío, sumado al desgaste de veinte años de gobierno, sirvió como base para la victoria de la derecha y el centroderecha de Sebastián Piñera. Bachelet competirá y asumirá después de haber cumplido los 62. Está en carrera.
En Brasil las elecciones presidenciales serán en octubre de 2014. La fuerza que encabeza la coalición de gobierno, el Partido de los Trabajadores, ya dejó en claro cuál será su estrategia. Va por la reelección de Dilma Rousseff para el mandato que comienza el 1º de enero de 2015. Luiz
Inácio Lula da Silva no será el candidato. No son especulaciones porque el propio Lula fue quien lo dijo. En los actos para celebrar los diez años de gobierno del PT, Lula anunció que encabezará la campaña para la reelección de Dilma. También dijo que, a diferencia de 2002, el PT estaría en condiciones de ganar las elecciones solo. Pero agregó que no lo hará, “porque se trata de gobernar con una base sólida y no solamente de ganar elecciones”. Al momento de elegir los aliados, aclaró que “no se trata de con quién nos vamos a casar sino con quién vamos a hacer alianzas, y hay que tener un criterio amplio”. Fue un modo de marcar el territorio hacia los distintos sectores que integran la coalición de gobierno. Sobre todo fue una manera de indicar que seguirá en vigor la intención de continuar con un lazo sólido entre el PT y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, en rigor una constelación de fuerzas estaduales. Brasil es más federal y balanceado que la Argentina. Sin Estados en línea con Brasilia es difícil implementar políticas de alcance nacional. Si nada se modifica en el tablero brasileño, la Argentina seguirá teniendo con su principal vecino y aliado las mismas seguridades y los mismos desafíos. Una seguridad: Brasil no da signos de cambio en su política exterior de anillos concéntricos según la cual en el centro está el Mercosur y, dentro de ese centro, la Argentina. Un desafío: desinteligencias como las que llevaron a la suspensión indefinida del proyecto de la minera Vale, seguramente con responsabilidades o fatalidades por ambos lados, pueden erosionar la confianza mutua aunque no la supriman del todo. Si eventualmente eso sucediera, lo cual por cierto no es inevitable, Brasil vería debilitado su proyecto de construcción de un poder regional para terciar en la multipolaridad que busca como ideal para el planeta. Para la Argentina la perspectiva sería aún peor: más allá de la sustitución de importaciones en algunos sectores, no consta la existencia de ningún proyecto de reindustrialización presentado por especialista alguno que plantee un desarrollo sustentable sin el mercado brasileño o la asociación con Brasil.
Uruguay elige presidente cada cinco años. Las elecciones serán el 26 de octubre de 2014. Como no hay reelección y el Frente Amplio no se propone cambiar la Constitución, el ciclo de Pepe Mujica se agotará. En junio de 2014 hay comicios internos para elegir los candidatos de cada fuerza. Aunque no lo dijo oficialmente, el ex presidente 2005-2010 Tabaré Vázquez aparece como uno de los postulantes. Nacido el 17 de enero de 1940, en ese momento tendrá 75 años. Si gana, asumiría la presidencia en 2017 con 76. Médico especialista en oncología, el propio Tabaré suele decir que el futuro depende de su partido, el socialista, del Frente Amplio, del voto de los uruguayos y de la biología. Mujica, de 77 años, no puede ser precandidato, pero sí está en condiciones de jugar su popularidad en favor de una figura. ¿Se inclinará por Raúl Sendic? Sendic es un bebé para los parámetros de la política uruguaya: tiene 50 años. Puede ser un competidor de Tabaré en junio y, si pierde la interna, integrar la fórmula como candidato a vice. Aunque dirige un espacio propio, Compromiso Frenteamplista, no están cerradas las puertas para un acuerdo con el Movimiento de Participación Popular que conducen los ex tupamaros como Mujica y el actual ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro. Sendic tiene un lazo natural con ellos. Es hijo de Raúl Sendic, otro de los fundadores de los Tupamaros a comienzos de la década de 1960. Tras 12 años de cárcel, fue liberado en 1985 y murió en 1989, el mismo año en que el Frente Amplio obtuvo su primer gran triunfo: la intendencia de Montevideo. Genetista recibido en La Habana, Sendic hijo se fogueó en los últimos años como funcionario del Estado. Preside la estatal Ancap, Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland. Quien haya pasado por Uruguay puede haber tomado caña Ancap. Más allá del folklore nostálgico, la empresa quiere convertirse en actora regional. Ya firmó acuerdos con Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima y está en conversaciones con Yacimientos Petrolíferos Fiscales para participar del proceso de explotación de shale gas en Vaca Muerta.
Tabaré sería para la Argentina un desafío mayor que el de Mujica. Con él de presidente uruguayo y con Néstor Kirchner aquí los dos países escalaron el conflicto por la pastera finlandesa. ¿Tabaré fue ingrato a pesar de la ayuda electoral de Kirchner? ¿Kirchner no midió que, aun si la ingratitud fuese cierta, la nacionalización del conflicto no sólo afectaría la relación con Uruguay sino a su propio gobierno, como quedó evidenciado en la destreza para el corte de rutas durante el conflicto agrario de 2008? Lo cierto es que recién Mujica y Cristina Fernández de Kirchner arreglaron el litigio una vez que se hubo producido el fallo de la Corte Internacional de La Haya y la Argentina se mostró dispuesta a perseguir penalmente a quienes cortasen puentes. De todos modos, nada indica que Tabaré no pueda comportarse como un presidente con espíritu práctico que deje el pasado bien lejos.
En 2014 el boliviano Evo Morales cumplirá ocho años en el poder. Ese año también afrontará elecciones presidenciales. Está autorizado a presentarse a su primera reelección luego de la vigencia de la constitución del Estado Plurinacional. El jueves último su partido, el Movimiento al Socialismo, hizo la moción de que Evo vuelva a ser candidato y, si gana, gobierne Bolivia en el período 2015-2020. Si lo consigue cumpliría 14 años en la presidencia, el mismo tiempo que Hugo Chávez entre su asunción y su muerte. Morales nació el 26 de octubre de 1959. Tiene 53 años. Tendría recién 61 cuando en 2020 entregue la banda presidencial a otro presidente. El MAS mocionó que el vicepresidente Alvaro García Linera vuelva a integrar la fórmula con Evo.
El Paraguay del pasado
Paraguay podría ser la gran excepción política del Cono Sur. Tras el derrocamiento de Fernando Lugo en 2012, las elecciones se celebrarán el próximo 21 de abril. El coloradismo, la fuerza más influyente, presentará como candidato a Horacio Cartes. El Frente Guasú de Lugo irá con Aníbal Carrillo a la cabeza. Se desprendió un sector importante, el del periodista Mario Ferreiro. La división del centroizquierda deja como principal desafiante a Efraín Alegre, del Partido Blanco.
De 56 años, Cartes va primero en las encuestas de intención de voto. Gran empresario de licores y tabaco, el ex ministro del Interior Carlos Filizzola dijo sobre él: “Su triunfo significaría el regreso al país del pasado, el de las malas noticias, a la época donde cuando se mencionaba al Paraguay se le vinculaba con el narcotráfico, el lavado de dinero, la piratería, ese país poco creíble y aislado internacionalmente”. Filizzola explicó las dificultades para combatir el narcotráfico en Paraguay incluso cuando, como sucedió con el gobierno de Lugo, el Estado tiene intención de hacerlo. En una entrevista concedida en 2011 a la agencia Nova Paraguay, Filizzola dijo que en su país “los poderes públicos han estado históricamente corroídos fuertemente por el narcotráfico”. Explicó el origen: “Esto viene de la dictadura, donde importantes políticos del régimen stronista (por el dictador Alfredo Stroessner) protegían el tránsito de cocaína. Me refiero puntualmente a pistas clandestinas y demás. Eso continúa, quizás de una manera menos visible. Si uno mira las estadísticas de decomiso de cocaína y marihuana son irrisorias para un país donde se estima circulan entre 60 y 70 toneladas de cocaína al año”. Filizzola se quejaba entonces de que “en zona de fronteras es muy difícil encontrar jueces que condenen narcotraficantes” y confesó que durante su gestión “hemos tenido problemas inmensos con relación a casos vinculados con narcotraficantes”.
Cuando se realicen las elecciones, es previsible que Paraguay vuelva a ser aceptado como miembro activo con plenos derechos en Mercosur. A esta altura ya hay una novedad: pocos días después de la suspensión de sus derechos, Brasil, la Argentina y Uruguay aceptaron la entrada de Venezuela. En ese entonces gobernaba Hugo Chávez. Muy pronto se sabrá si el sucesor de Chávez se llama Nicolás Maduro, actual presidente encargado, o el opositor Henrique Capriles. Las elecciones serán una semana antes que las paraguayas: el 14 de abril. Una encuesta de la empresa Hinterlaces informa sobre una diferencia de 18 puntos en favor de Maduro, mientras que Datanálisis le otorga 14. Aun si los números estuvieran inflados, cosa de la que no hay constancia alguna, practicando un desagio igual queda una diferencia que a Capriles podría serle muy difícil descontar en tan poco tiempo.
Análisis Noticiosos
El Caribe lleva la delantera en legislación contra el plástico en América Latina.
Legislar contra el plástico en América Latina: el Caribe lleva la delantera y Centroamérica se queda atrás
Bogotá.-El plástico es uno de los materiales más ubicuos de nuestra sociedad. Está en los celulares, en la ropa y en los empaques en los que llegan los domicilios. Es tanta su ubicuidad que, en forma de microplásticos, también se ha identificado en el hígado, el intestino y el cerebro humano, y en la fosa de las Marianas, a 6.800 metros de profundidad en el océano Pacífico. La relación con el plástico encaja perfectamente en lo que es una “relación tóxica”: contamina ecosistemas terrestres y marinos, afecta la salud humana y, pese a esto, en 2023, según la Organización de las Naciones Unidas, su producción mundial alcanzó los 436 millones de toneladas métricas.
A pesar de la evidencia, no hemos podido terminar esa relación. En 2025, casi cuatro años después de que los países acordasen crear un tratado global contra la contaminación por plástico, las negociaciones entraron en un paréntesis: se suspendieron en agosto y Luis Vayas-Valdivieso, el ecuatoriano que las presidía, renunció. El 7 de febrero de 2026, tras una votación en Ginebra (Suiza), el cargo volvió a quedar en manos de un latinoamericano: en las del chileno Julio Cordano, director de la División de Medio Ambiente de la Cancillería y de quien, se espera, le pueda dar un nuevo aire a las negociaciones. “Tenemos el reto de lograr consensos que sean realistas, pero ambiciosos, algo crucial para el éxito del acuerdo”, señaló en un comunicado Cornado tras ser elegido.
“La lucha contra los plásticos ha sido una con un sello latinoamericano desde el origen”, comenta Alberto Quesada, experto internacional en contaminación marina y gestión de residuos plásticos, y que ha participado como observador de las negociaciones desde su inicio. “Perú, de la mano de Ruanda, fue la que presentó la resolución para el tratado”. De forma más lenta de lo que requiere la emergencia —una que se empezó a anunciar desde los años 60—, los países de América Latina y el Caribe también han creado leyes para regular el plástico, una necesaria carrera en la que las islas del gran Caribe van liderando.
Caribe a la vanguardia, Centroamérica atrás
La avalancha de plásticos no es ajena a América Latina y el Caribe. En los años 80, el consumo promedio anual por habitante era de 7 kilogramos, pero actualmente alcanzó los 35. Aunque es una cifra por debajo del promedio global (50 kilogramos), las proyecciones indican que, si no cambian las tendencias, en dos décadas será de entre 60 y 80 kilogramos. Los cálculos son de la Alianza Global de Alternativas a la Incineración (GAIA) y Break Free From Plastics (BFFP), organizaciones que también hicieron el ejercicio de rastrear si los países de la región tienen alguna ley o marco que los regule.
De 34 países –y para mediados de 2025–, 23 tenían alguna legislación nacional específica, tres contaban con normas departamentales o estatales, y solo siete (el 20%) estaban en blanco. Pero si se tiene en cuenta el reciente decreto federal de Brasil que, entre otras cosas, exige un contenido mínimo de material reciclado en envases de plástico, empezando porque sea del 22% desde 2026 y aumente gradualmente a 2040, el número de países con legislación actual es de 24. Mientras en el Caribe todos los países han aprobado alguna normal nacional, en Centroamérica y México solo lo han hecho el 38% y, en Sudamérica, un 50%.
Legislación contra los plásticos en América Latina y el Caribe
En el Caribe, por estar conformado de islas, donde el mar es cercano, el exceso de plásticos evidente, y el cambio climático golpea fuerte (el petróleo es la principal materia prima para la fabricación de la mayoría de plásticos), los países han sabido actuar más pronto. Como recuerda Quesada, en 2007 se convirtieron en uno de los primeros lugares en crear un plan regional sobre basura marina. Pocos años después, en 2012, Haití fue pionero en el subcontinente al prohibir ciertos productos plásticos de un solo uso, aunque, como señala el reporte, “la puesta en práctica de la legislación enfrenta desafíos significativos”. Con diversas leyes, además, Antigua y Barbuda dio la parada para hacer las normas más estrictas. Desde 2018 prohibió los recipientes de poliestireno expandido (conocido como icopor, unicel, telgopor y plumavit), así como los plásticos de un solo uso. Algo que no han logrado muchos.
En América Latina y el Caribe, los productos que más se han prohibido son las bolsas plásticas (88%), las pajillas, popotes o pitillos (63%), el poliestireno expandido (51%) y los contenedores de alimentos (43%).
Prohibición específica de productos plásticos en América Latina y el Caribe
Adméas, a través de metodologías que se han realizado para otros artículos científicos, el trabajo de Rodríguez apunta que, en la región, la producción primaria de resinas plásticas se concentra casi en su totalidad en cinco países asociados a la existencia de la industria petrolera: Brasil, México, Argentina, Colombia y Venezuela. Hacerle trazabilidad a la botella de plástico que llega a nuestras manos no es fácil: tiene varias materias primas y no hay transparencia desde los sectores en decir desde dónde vienen los insumos. Esa falta de información pública se suma a la lista de por qué no hemos sido capaces de cortar la relación con los plásticos.
elpais.com
Análisis Noticiosos
La jurisdicción contenciosa administrativa, una caricatura del sistema de justicia.
Por José Cabral.
En una sociedad como la dominicana, donde los antivalores aparecen en todos los escenarios, fruto de una herencia histórico- cultural fundamentada en el caudillismo, el machismo, el patriarcado, el amiguismo, entre otras distorsiones, es lo que explica que el país haya caído en dictaduras férreas como las de Pedro Santana, Ulises Heureaux (Lilí y la de Rafael Leónidas Trujillo Molina.
Esta vocación dictatorial todavía perdura en muchos dominicanos, ya que, aunque se salió de esos gobiernos violadores de derechos humanos fundamentales, pero aún perdura la tendencia en el país, máxime cuando una persona adquiere cierta autooridad a través de la administración pública, la inclinación por las arbitrariedades que provienen del poder.
Entonces, a partir de esa premisa se puede decir que la jurisdicción contenciosa administrativa juega un papel de primer orden en el sistema de justicia nacional, porque tiene la sagrada misión de juzgar a la administración frente a los abusos que se cometen en contra del administrado.
Los avances en esta rama del derecho que se observan en los textos de las leyes 13-07 y 107-13, las cuales son una continuación de lo que consignan los artículos 164 y 167 de la Constitución de la Republica, no parecen que jueguen su papel en el marco del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país desde el año 2010.
La jurisdicción contenciosa administrativa parece que se ha quedado estacionaria en lo que disponía la Ley 1494 de que a través de ella la administración se juzgaba a sí misma, mediante la llamada justicia tenida, ya que sus sentencias son una especie de bochorno y evitan que el ciudadano pueda recurrir en contra de la conducta abusiva del funcionario público.
Las sentencias de los jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa son la principal frustración y negación del proceso de constitucionalización del derecho, cuyas ponderaciones dejan mucho que desear y son decepcionantes para que el administrado logre sobreponerse a los atropellos de la administración que ya no encajan en el contexto del neo-constitucionalismo.
Naturalmente, hay que decir que el fenómeno no es exclusivo de la jurisdicción contenciosa administrativa, sino de todo el sistema de justicia, en el que se observa que se producen graves violaciones a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, así como de principios como el de celeridad procesal, el plazo razonable que devienen en justicia tardía, que no es otra cosa que denegación de justicia.
Todo este cuadro dice claramente que en el país todavía no se ha superado la denominada constitución de fachada, es decir, que la misma es muy bonita en el papel, pero que la práctica es una negación de ella, lo cual deja muy mal parada a la democracia nacional.
Sin embargo, hay que ratificar que lo que se observa en la jurisdicción contenciosa administrativa llena de vergüenza a los que de alguna manera abogan por una mejor administración de justicia, cuyas principales decisiones casi siempre terminan en nulidad mediante los recursos de revisión en esta materia elevados ante el Tribunal Constitucional (TC)
Lo interesante de las debilidades que se observan en todo el sistema de justicia es que en los discursos de los que lo representan, como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el país camina tan bien en esta materia que habría que compararlo con las naciones donde el estado de derecho tiene un real y contundente empoderamiento.
¿Percepción o realidad?
Por José Cabral
En la República Dominicana se estila hablar de que en el país se ha avanzado en lo referente al Estado Social Democrático de Derecho, lo cual sólo existe en la cabeza de los que se la pasan proyectando una percepción que nada tiene que ver con la realidad.
Puede decirse que el proceso de constitucionalización del derecho se produce en el papel, pero no en la realidad, lo que crea una serie de incertidumbres en la sociedad.
La jurisdicción contenciosa administrativa es una que no hay forma de que tenga un desempeño en función de una buena administración de justicia, porque si el funcionario público incurre en graves violaciones de los derechos fundamentales, peor pasa con los jueces de la misma, quienes no hay forma de que demuestren que se manejan en función del impacto de los valores y principios constitucionales en sus decisiones, lo cual es definitivamente una negación de los supuestos avances en esta materia.
Las sentencias de la jurisdicción contenciosa administrativa son una especie de caja de resonancia de los pedidos en sus conclusiones de la Procuraduría General Administrativa, cuyos contrasentidos jurídicos son el pan de cada día en las audiencias de sus diferentes salas, lo que impacta negativamente al ciudadano.
Por el momento quiero reproducir una carta enviada al presidente del Tribunal Superior Administrativa ante una decisión tomada en virtud de la solicitud de una medida cautelar frente a los abusos que comete la empresa Distribuidora del Norte (EDENORTE) en contra de los usuarios.
Sin embargo, la falta de razonabilidad y racionalidad de los jueces del Tribunal Superior Administrativo (TSA), principalmente de su presidente, causa más indignación que los atropellos que comete el órgano del Estado que maneja la referida empresa.
A continuación reproduzco la carta enviada al presidente del TSA a propósito de su sentencia mediante la cual niega una medida cautelar, cuyo razonamiento, aparte de ridículo, revela hasta donde en el país se cuenta con una Constitución de fachada, cuyo respeto a los derechos fundamentales sólo existe en el texto, pero no en la realidad.
Señor
Magistrado Diomedes Y. Villalona G.
Presidente del Tribunal Superior Administrativo
Magistrado Villalona:
La presente es para dejar sentada mi indignación por la reiteración de decisiones que dejan muy mal parada a la jurisdicción contenciosa administrativa en la República Dominicana, cuyo desempeño deja mucho que desear, a pesar de que se enarbola que su base de sustentación es el nuevo constitucionalismo que se rige por valores y principios.
El mejor ejemplo de que la jurisdicción contenciosa administrativa se maneja con un nivel de razonabilidad y de racionalidad que no supera lo que ocurre en los juzgados de paz o tribunales inferiores, donde las decisiones son generalmente muy superficiales y carentes de una aceptable ponderación, es la sentencia emitida y que genera la presente comunicación.
La última joya del presidente del Tribunal Superior Administrativo ante los abusos cometidos por la Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE), la cual ha incurrido en una serie de atropellos que revelan que los derechos de los consumidores y de los administrados están en manos de juzgadores que sólo sirven como caja de resonancia de los funcionarios públicos que actúan al margen de la Ley 13-07 y de la 107-13, así como de la 1494, ya que su misión no parece ser otra que imponer una carga procesal y económica que se agrava cuando finalmente se emite un fallo carente de toda lógica jurídica en detrimento del impetrante y en favor del impetrado..
En este sentido, he querido dejar sentado mi rechazo al comportamiento y el daño que genera esta jurisdicción contenciosa administrativa en detrimento de un buen derecho, de una buena administración de justicia, que deteriora la imagen del sistema de justicia en la República Dominicana, dado que en el fallo se establece qué tan grande es su falta de razonabilidad al negar una medida cautelar en virtud de un corte del servicio de electricidad que lleva varios meses bajo el argumento de que no se aportaron pruebas de que el recurrente no tiene el referido servicio, pese a que la propia ley ofrece la respuesta al respecto.
Cómo se puede entender semejante decisión, ya que es un contrasentido que el recurrente diga que se le cortó arbitrariamente el servicio de energía eléctrica y que mediante la medida cautelar solicite la reconexión del mismo, pero que, en un choque con cualquier razonamiento lógico, máxime cuando la parte recurrida no ha invocado lo contrario de lo alegado por el cliente, el tribunal niegue el pedido sustentándose en que no se aportaron las pruebas al respecto, sobre todo cuando el órgano se niega a entregar documentos que comprometan su irresponsabilidad e ilegalidad.
La realidad es que ese desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa es una vergüenza ante el proclamado empoderamiento del neoconstitucionalismo, que se basa en la aplicación de valores y principios que van de las manos con los derechos humanos fundamentales.
La decisión tomada en torno a la medida cautelar es una especie de anuncio anticipado de que el recurso que tiene que ver con el fondo también será fallado en contra, en razón de que, como digo más arriba, la decisión tomada deja muy claro que las acciones de cualquier administrado es un esfuerzo perdido por los criterios con que se maneja la jurisdicción contenciosa administrativa en el país, convirtiéndose en una vergüenza para el derecho comparado, interamericano e internacional.
El mejor consejo para cualquier administrado abusado por la administración es desistir de buscar justicia en la jurisdicción contenciosa administrativa por representar una vergüenza para el sistema de justicia nacional, ya que como lo dije más arriba sus decisiones están determinadas por los contrasentidos jurídicos que invoca generalmente la Procuraduría General Administrativa, cuyos procesos para lo único que sirven es para aumentar la carga procesal y costos económicos en desfavor del ciudadano a través de notificaciones arbitrarias y abusivas.
Este desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa, la cual todavía está estacionaria en la llamada justicia retenida, mediante la cual la administración se juzga a sí misma y cuyos jueces eran designados por el Poder Ejecutivo, igual que el que preside la Procuraduría General Administrativa, llena de vergüenza a cualquier buen dominicano, dado que se supone que el Tribunal Superior Administrativa está bajo el control y la tutela de la Suprema Corte de Justicia en virtud del mandato de la Ley 13-07.
Evidentemente que la decisión de negar la medida cautelar tiene el propósito de condenar al fracaso la demanda principal en razón de que impone que el recurrente tenga que negociar con EDENORTE para restablecer el servicio y de ese modo disponer la inadmisibilidad de la misma por existir un acuerdo que deja sin sentido el pedido principal de la parte recurrente que, entre otras cosas, busca una indemnización por los daños morales y materiales causados.
No está de más recordar que el artículo 22 de la Ley 107-13 sobre Derechos de las Personas ante la Administración y el derecho a la defensa establece que la administración debe probar sus alegatos. El procedimiento sancionador obliga a la administración a sustentar la validez de sus actos y pruebas, además que existe la carga de la prueba que en los procedimientos sancionadores la administración pública tiene la obligación de probar los hechos que fundamentan sus decisiones contra un ciudadano en función del principio de legalidad, ya que el funcionario público está limitado por las normas de procedimiento y la Constitución, no pudiendo actuar sin sustento probatorio, ya que la presunción de validez no es absoluta. Otro principio violado por la jurisdicción contenciosa administrativa es el de celeridad, consignado en el artículo 19 de la Ley 107-13, en cuya virtud las actuaciones administrativas se realizarán optimizando el uso del tiempo, resolviendo los procedimientos en plazo razonable que, en todo caso, no podrá superar los dos meses a contar desde la presentación de la solicitud en el órgano correspondiente, salvo que la legislación sectorial indique un plazo mayor. En especial, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los efectos de que los procedimientos se tramiten con diligencia y sin dilaciones injustificadas, de manera escrita o a través de técnicas y medios electrónicos. La medida cautelar solicitada por el impetrante fue fallada en contra de lo que dispone al articulo 7 de la Ley 13-07, Orgánica del Tribunal Superior Administrativo, la cual se conoció el 16 de diciembre y fue fallada el 22 de enero, pese a que se habla de cinco días después de la celebrada la audiencia en la que las partes plantean sus conclusiones, principalmente cuando hay una afectación mayor, porque el recurrente no tiene servicio de energía eléctrica y que en consecuencia todas las labores comerciales y empresariales están paralizadas y la reactivación está determinada por el fallo de la misma.
Este es un ejemplo de que en el país existe una Constitución de fachada que niega los supuestos avances y fortalecimiento del Estado Social Democrático de Derecho, lo cual es una explicación de que República Dominicana es una sociedad que vive más de la percepción que de la realidad.
Sin otro particular,
José Antonio Cabral Salcedo.