Análisis Noticiosos
País por país, cara por cara, voto por voto
Por Martín Granovsky
Con la Argentina cerca de las primarias de agosto y las legislativas de octubre, la vuelta de Michelle Bachelet a Chile para competir en las elecciones de noviembre marca el tono de la mayoría de los vecinos: salvo en el caso de Paraguay, el escenario más probable en Su-damérica es un refuerzo de la sintonía entre los procesos de reforma que cada país despliega a su modo y con sus tiempos.Bachelet asumió en marzo de 2006 y dejó la presidencia en marzo de 2010 como la mandataria más popular de la historia de Chile. Su imagen, sin embargo, no fue acompañada por una iniciativa de la Concertación, entonces en el gobierno desde 1990, de construir una sucesión viable. No hubo internas abiertas que podrían haber incluido a Marco Enríquez-Ominami. El voto de centro y centroizquierda fue dividido y ese vacío, sumado al desgaste de veinte años de gobierno, sirvió como base para la victoria de la derecha y el centroderecha de Sebastián Piñera. Bachelet competirá y asumirá después de haber cumplido los 62. Está en carrera.
En Brasil las elecciones presidenciales serán en octubre de 2014. La fuerza que encabeza la coalición de gobierno, el Partido de los Trabajadores, ya dejó en claro cuál será su estrategia. Va por la reelección de Dilma Rousseff para el mandato que comienza el 1º de enero de 2015. Luiz
Inácio Lula da Silva no será el candidato. No son especulaciones porque el propio Lula fue quien lo dijo. En los actos para celebrar los diez años de gobierno del PT, Lula anunció que encabezará la campaña para la reelección de Dilma. También dijo que, a diferencia de 2002, el PT estaría en condiciones de ganar las elecciones solo. Pero agregó que no lo hará, “porque se trata de gobernar con una base sólida y no solamente de ganar elecciones”. Al momento de elegir los aliados, aclaró que “no se trata de con quién nos vamos a casar sino con quién vamos a hacer alianzas, y hay que tener un criterio amplio”. Fue un modo de marcar el territorio hacia los distintos sectores que integran la coalición de gobierno. Sobre todo fue una manera de indicar que seguirá en vigor la intención de continuar con un lazo sólido entre el PT y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, en rigor una constelación de fuerzas estaduales. Brasil es más federal y balanceado que la Argentina. Sin Estados en línea con Brasilia es difícil implementar políticas de alcance nacional. Si nada se modifica en el tablero brasileño, la Argentina seguirá teniendo con su principal vecino y aliado las mismas seguridades y los mismos desafíos. Una seguridad: Brasil no da signos de cambio en su política exterior de anillos concéntricos según la cual en el centro está el Mercosur y, dentro de ese centro, la Argentina. Un desafío: desinteligencias como las que llevaron a la suspensión indefinida del proyecto de la minera Vale, seguramente con responsabilidades o fatalidades por ambos lados, pueden erosionar la confianza mutua aunque no la supriman del todo. Si eventualmente eso sucediera, lo cual por cierto no es inevitable, Brasil vería debilitado su proyecto de construcción de un poder regional para terciar en la multipolaridad que busca como ideal para el planeta. Para la Argentina la perspectiva sería aún peor: más allá de la sustitución de importaciones en algunos sectores, no consta la existencia de ningún proyecto de reindustrialización presentado por especialista alguno que plantee un desarrollo sustentable sin el mercado brasileño o la asociación con Brasil.
Uruguay elige presidente cada cinco años. Las elecciones serán el 26 de octubre de 2014. Como no hay reelección y el Frente Amplio no se propone cambiar la Constitución, el ciclo de Pepe Mujica se agotará. En junio de 2014 hay comicios internos para elegir los candidatos de cada fuerza. Aunque no lo dijo oficialmente, el ex presidente 2005-2010 Tabaré Vázquez aparece como uno de los postulantes. Nacido el 17 de enero de 1940, en ese momento tendrá 75 años. Si gana, asumiría la presidencia en 2017 con 76. Médico especialista en oncología, el propio Tabaré suele decir que el futuro depende de su partido, el socialista, del Frente Amplio, del voto de los uruguayos y de la biología. Mujica, de 77 años, no puede ser precandidato, pero sí está en condiciones de jugar su popularidad en favor de una figura. ¿Se inclinará por Raúl Sendic? Sendic es un bebé para los parámetros de la política uruguaya: tiene 50 años. Puede ser un competidor de Tabaré en junio y, si pierde la interna, integrar la fórmula como candidato a vice. Aunque dirige un espacio propio, Compromiso Frenteamplista, no están cerradas las puertas para un acuerdo con el Movimiento de Participación Popular que conducen los ex tupamaros como Mujica y el actual ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro. Sendic tiene un lazo natural con ellos. Es hijo de Raúl Sendic, otro de los fundadores de los Tupamaros a comienzos de la década de 1960. Tras 12 años de cárcel, fue liberado en 1985 y murió en 1989, el mismo año en que el Frente Amplio obtuvo su primer gran triunfo: la intendencia de Montevideo. Genetista recibido en La Habana, Sendic hijo se fogueó en los últimos años como funcionario del Estado. Preside la estatal Ancap, Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland. Quien haya pasado por Uruguay puede haber tomado caña Ancap. Más allá del folklore nostálgico, la empresa quiere convertirse en actora regional. Ya firmó acuerdos con Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima y está en conversaciones con Yacimientos Petrolíferos Fiscales para participar del proceso de explotación de shale gas en Vaca Muerta.
Tabaré sería para la Argentina un desafío mayor que el de Mujica. Con él de presidente uruguayo y con Néstor Kirchner aquí los dos países escalaron el conflicto por la pastera finlandesa. ¿Tabaré fue ingrato a pesar de la ayuda electoral de Kirchner? ¿Kirchner no midió que, aun si la ingratitud fuese cierta, la nacionalización del conflicto no sólo afectaría la relación con Uruguay sino a su propio gobierno, como quedó evidenciado en la destreza para el corte de rutas durante el conflicto agrario de 2008? Lo cierto es que recién Mujica y Cristina Fernández de Kirchner arreglaron el litigio una vez que se hubo producido el fallo de la Corte Internacional de La Haya y la Argentina se mostró dispuesta a perseguir penalmente a quienes cortasen puentes. De todos modos, nada indica que Tabaré no pueda comportarse como un presidente con espíritu práctico que deje el pasado bien lejos.
En 2014 el boliviano Evo Morales cumplirá ocho años en el poder. Ese año también afrontará elecciones presidenciales. Está autorizado a presentarse a su primera reelección luego de la vigencia de la constitución del Estado Plurinacional. El jueves último su partido, el Movimiento al Socialismo, hizo la moción de que Evo vuelva a ser candidato y, si gana, gobierne Bolivia en el período 2015-2020. Si lo consigue cumpliría 14 años en la presidencia, el mismo tiempo que Hugo Chávez entre su asunción y su muerte. Morales nació el 26 de octubre de 1959. Tiene 53 años. Tendría recién 61 cuando en 2020 entregue la banda presidencial a otro presidente. El MAS mocionó que el vicepresidente Alvaro García Linera vuelva a integrar la fórmula con Evo.
El Paraguay del pasado
Paraguay podría ser la gran excepción política del Cono Sur. Tras el derrocamiento de Fernando Lugo en 2012, las elecciones se celebrarán el próximo 21 de abril. El coloradismo, la fuerza más influyente, presentará como candidato a Horacio Cartes. El Frente Guasú de Lugo irá con Aníbal Carrillo a la cabeza. Se desprendió un sector importante, el del periodista Mario Ferreiro. La división del centroizquierda deja como principal desafiante a Efraín Alegre, del Partido Blanco.
De 56 años, Cartes va primero en las encuestas de intención de voto. Gran empresario de licores y tabaco, el ex ministro del Interior Carlos Filizzola dijo sobre él: “Su triunfo significaría el regreso al país del pasado, el de las malas noticias, a la época donde cuando se mencionaba al Paraguay se le vinculaba con el narcotráfico, el lavado de dinero, la piratería, ese país poco creíble y aislado internacionalmente”. Filizzola explicó las dificultades para combatir el narcotráfico en Paraguay incluso cuando, como sucedió con el gobierno de Lugo, el Estado tiene intención de hacerlo. En una entrevista concedida en 2011 a la agencia Nova Paraguay, Filizzola dijo que en su país “los poderes públicos han estado históricamente corroídos fuertemente por el narcotráfico”. Explicó el origen: “Esto viene de la dictadura, donde importantes políticos del régimen stronista (por el dictador Alfredo Stroessner) protegían el tránsito de cocaína. Me refiero puntualmente a pistas clandestinas y demás. Eso continúa, quizás de una manera menos visible. Si uno mira las estadísticas de decomiso de cocaína y marihuana son irrisorias para un país donde se estima circulan entre 60 y 70 toneladas de cocaína al año”. Filizzola se quejaba entonces de que “en zona de fronteras es muy difícil encontrar jueces que condenen narcotraficantes” y confesó que durante su gestión “hemos tenido problemas inmensos con relación a casos vinculados con narcotraficantes”.
Cuando se realicen las elecciones, es previsible que Paraguay vuelva a ser aceptado como miembro activo con plenos derechos en Mercosur. A esta altura ya hay una novedad: pocos días después de la suspensión de sus derechos, Brasil, la Argentina y Uruguay aceptaron la entrada de Venezuela. En ese entonces gobernaba Hugo Chávez. Muy pronto se sabrá si el sucesor de Chávez se llama Nicolás Maduro, actual presidente encargado, o el opositor Henrique Capriles. Las elecciones serán una semana antes que las paraguayas: el 14 de abril. Una encuesta de la empresa Hinterlaces informa sobre una diferencia de 18 puntos en favor de Maduro, mientras que Datanálisis le otorga 14. Aun si los números estuvieran inflados, cosa de la que no hay constancia alguna, practicando un desagio igual queda una diferencia que a Capriles podría serle muy difícil descontar en tan poco tiempo.
Análisis Noticiosos
Campañas Sucias, Posverdad y Redes Sociales: El Ataque a la Dignidad en la Era Digital.
Por Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
El presente estudio analiza las principales dobleces a la dignidad humana en los procesos políticos y electorales de la República Dominicana durante el período 2006–2026. Se examina el impacto de las campañas de desinformación, la posverdad y el uso de redes sociales como mecanismos de manipulación política, así como la vulneración del derecho al honor, la intimidad y la protección de los datos personales. Asimismo, se aborda la violencia política de género como una manifestación de discriminación que limita la participación igualitaria de las mujeres en los espacios de representación política. El trabajo también evalúa el papel desempeñado por la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional en la protección de los derechos fundamentales mediante la aplicación de la Constitución y la legislación electoral vigente. Se concluye que, aunque el país ha fortalecido su marco jurídico e institucional para garantizar procesos electorales más democráticos, persisten prácticas estructurales como el clientelismo, el uso indebido de recursos públicos, la desinformación digital y la desigualdad de género, las cuales continúan afectando la dignidad humana y la calidad de la democracia dominicana.
La erosión de la integridad moral a través de la desinformación y el uso de robots.
El desplazamiento del debate político dominicano hacia las plataformas digitales durante el periodo 2006–2026 ha transformado radicalmente las estrategias de captación del voto, introduciendo severas amenazas a la dignidad personal de los actores políticos. Como señala Jorge Prats (2013), el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen forma parte del núcleo duro de la dignidad humana protegido por el artículo 44 de la Constitución dominicana. Sin embargo, la proliferación de campañas de posverdad y la difusión sistemática de noticias falsas (fake news) han sido utilizadas de manera recurrente para destruir la reputación de los adversarios.
Esta práctica se ha tecnificado mediante el uso de redes de cuentas automatizadas o robots. El objetivo de estas infraestructuras digitales no es debatir propuestas programáticas, sino saturar el espacio público virtual con discursos de odio y difamaciones personalistas. Al desviar la atención desde la competencia de ideas hacia el linchamiento moral del individuo, se violenta la dignidad del candidato quien es despojado de su derecho al debido proceso reputacional y se agrede la dignidad del electorado, al que se intenta manipular mediante el engaño masivo y la distorsión deliberada de la realidad (Espinal, 2018).
La vulneración de la intimidad y los datos privados con fines de chantaje
El entorno electoral de la última década ha evidenciado una preocupante tendencia hacia la instrumentalización de la vida privada de los ciudadanos y candidatos. En el contexto de la competencia interna y general de los partidos políticos en la República Dominicana, la filtración ilegal de audios, conversaciones privadas, historiales médicos o datos financieros se ha convertido en un arma de coacción política común.
Este fenómeno vulnera directamente la autodeterminación informativa y el derecho a la intimidad. Según los informes de la Organización de los Estados Americanos (OEA, 2020), la recolección no autorizada de datos personales y su posterior exposición pública con fines de chantaje o desacreditación electoral reducen al ser humano a un estado de vulnerabilidad absoluta frente al poder tecnológico de las maquinarias políticas. La dignidad se quiebra cuando el ciudadano o el aspirante a un cargo público pierde el control sobre su esfera íntima, quedando expuesto al escrutinio y al juicio social sumario bajo lógicas estrictamente utilitaristas y electoreras.
Violencia política de género y descalificación moral en el entorno virtual.
Una de las manifestaciones más lesivas de la descalificación en entornos digitales es la violencia política basada en el género, la cual afecta de manera desproporcionada a las mujeres que aspiran a puestos de elección popular. A pesar de los avances normativos en materia de cuotas establecidos en la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos, la cultura patriarcal subyacente se traslada al entorno digital mediante ataques dirigidos específicamente a descalificar a las candidatas por razones de género.
Mientras que los candidatos masculinos suelen ser evaluados o atacados por su gestión o posturas políticas, los ataques hacia las mujeres tienden a centrarse en su apariencia física, su vida familiar, su moral sexual o supuestas incapacidades emocionales (ONU Mujeres, 2023). Esta asimetría en la agresión no solo constituye una violación directa a la dignidad de la mujer como ser humano, sino que opera como un mecanismo de exclusión fáctica. Al menoscabar su autoridad y credibilidad pública mediante estereotipos denigrantes, se limita su derecho fundamental a la participación política en condiciones de igualdad, perpetuando una brecha democrática que lesiona la estructura ética del sistema electoral.
El Rol Institucional y Jurisprudencial en la Tutela de la Dignidad Humana.
La Junta Central Electoral (JCE) y las tensiones en el control de las garantías básicas.
Durante el periodo 2006–2026, la Junta Central Electoral (JCE) ha transitado por un complejo proceso de reconfiguración institucional, impulsado por la presión ciudadana y las reformas legislativas de las leyes No. 33-18 de Partidos Agrupaciones y Movimientos políticos y No. 20-23 de Régimen Electoral en la Republica Dominicana. Como órgano de administración electoral de rango constitucional (artículo 212), la JCE tiene la obligación no solo de organizar la logística de los comicios, sino de salvaguardar el orden ético y la equidad que dignifican el voto.
No obstante, la actuación de la JCE ha estado marcada por tensiones estructurales entre su facultad reglamentaria y la resistencia de las cúpulas partidarias. Como señalan Cury y Zaglul (2019), los intentos de la JCE por establecer medidas cautelares contra la campaña a destiempo, el uso indebido de los símbolos del Estado y el desborde de los topes de gastos han chocado frecuentemente con lagunas normativas y una cultura de desacato político. El desafío para la JCE ha radicado en que, cada vez que el órgano electoral posterga o flexibiliza la fiscalización del gasto y la propaganda, se debilita la protección de los derechos de los electores y electoras frente al poder fáctico del dinero, permitiendo prácticas de propaganda invasiva que lesionan el decoro y la dignidad del espacio público (Junta Central Electoral [JCE], 2024).
El Tribunal Superior Electoral (TSE) y la defensa del debido proceso partidario.
La creación del Tribunal Superior Electoral (TSE) en la reforma constitucional de 2010 marcó un hito fundamental para la protección de la dignidad en el ámbito político-partidario dominicano. Antes de su puesta en funcionamiento en 2012, los militantes de base se encontraban en un estado de indefensión jurídica frente a las decisiones arbitrarias y autoritarias de las direcciones ejecutivas de los partidos políticos, las cuales manejaban las candidaturas y los procesos de disciplina de manera discrecional.
A través de una sólida línea jurisprudencial, el TSE ha operado como un escudo de los derechos fundamentales de la militancia. Fundamentando sus decisiones en el principio de que los partidos políticos son instrumentos públicos obligados a respetar la democracia interna (artículo 216 de la Constitución), el tribunal ha anulado asambleas, expulsiones sumarias y encuestas de selección de candidaturas que violaban el debido proceso (Tribunal Superior Electoral [TSE], 2021). De acuerdo con la doctrina de Jorge Prats (2022), esta tutela judicial efectiva dignifica al militante, al reconocerlo como un sujeto de derechos inalienables dentro de su propia organización y no como un subordinado prescindible a merced de los intereses de las élites partidarias.
La erradicación de las prácticas de exclusión mediante sentencias hito.
El diálogo jurisprudencial entre el TSE y el Tribunal Constitucional (TC) ha permitido desmontar mecanismos formales e informales de exclusión que atentaban contra la dignidad intrínseca de los aspirantes. Un ejemplo crítico ha sido la defensa de los derechos políticos de las mujeres frente a los intentos de los partidos de burlar las cuotas de género mediante asignaciones de candidaturas en demarcaciones tradicionalmente perdidas o a través de alianzas Inter partidarias que diluían su participación.
Tanto el Tribunal Constitucional (TC) como el Tribunal Superior Electoral (TSE) fijaron el criterio vinculante de que la cuota de género establecida entre el 40% y el 60% por la Ley No. 33-18 debe aplicarse por cada demarcación territorial y no a nivel nacional, evitando que las mujeres fueran confinadas a puestos marginales (Tribunal Constitucional TC/0104/20. Estas decisiones judiciales demuestran que la dignidad en los procesos políticos dominicanos no es un concepto pasivo; requiere una intervención jurisdiccional activa para nivelar el terreno de juego, garantizando que el acceso al poder del Estado se fundamente en la justicia distributiva, la equidad de género y la idoneidad moral de las personas.
Conclusiones.
El análisis evidencia que la dignidad humana constituye el eje transversal que debe orientar el funcionamiento del sistema político-electoral dominicano. Si bien las reformas constitucionales, la aprobación de las Leyes núm. 33-18 y 20-23, y la consolidación de la jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional han fortalecido la protección de los derechos fundamentales, aún subsisten prácticas que comprometen la integridad del proceso democrático. El clientelismo, la compra de votos, la desinformación digital, la vulneración de la privacidad y la violencia política de género representan desafíos que trascienden el ámbito jurídico y requieren respuestas institucionales, educativas y culturales. En consecuencia, la consolidación de una democracia respetuosa de la dignidad humana demanda el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, la aplicación efectiva de sanciones, la promoción de la ética política y la educación cívica, así como el compromiso de los partidos políticos, las autoridades electorales y la sociedad en la construcción de procesos electorales transparentes, inclusivos y respetuosos de los derechos fundamentales.
El autor es abogado y Docente Universitario
Más de 800 incendios forestales que están activos en muchas partes de Canadá han generado alertas por mala calidad del aire en ese país y varios estados de Estados Unidos.
Canadá.-La situación afecta a Nueva York, donde el domingo se juega la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Pero hasta el momento no hay ninguna restricción para el partido.
Según el programa Índice de Calidad del Aire de EE.UU., la situación es «peligrosa» en gran parte de los estados de Michigan y Minnesota, en el norte del país, por lo que se recomienda a la población permanecer en interiores.
Las alertas abarcan la región del Alto Medio Oeste, la región de los Grandes Lagos y el noreste de EE.UU., según informó el Servicio Meteorológico Nacional (NOAA, por sus siglas en inglés) en una actualización publicada este jueves.
En Canadá, un incendio en el norte de Ontario obligó a evacuar a los residentes de los pueblos nativos locales, mientras que la jefa de uno de ellos afirmó que su comunidad quedó «reducida a cenizas».
Actualmente hay 858 incendios activos en Canadá, incluyendo 30 nuevos registrados este jueves, según el Sistema Canadiense de Información sobre Incendios Forestales. La gran mayoría están fuera de control.
El gran conjunto de fuegos que afectan a las zonas noroccidentales de Ontario es responsable de que densas columnas de humo y una mala calidad del aire se extiendan por Thunder Bay y Toronto.
Esta última ciudad registró en un momento la peor calidad de aire del mundo este jueves, según el monitoreo de la firma suiza IQAir. Pero en el ránking también están entre las primeras cinco las estadounidenses Chicago, Detroit y Nueva York.
En Ontario, Canadá, se esperan tormentas eléctricas bastante generalizadas durante los próximos días, pero es posible que la lluvia no sea suficiente para marcar una gran diferencia.
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Nueva York afectada previo a la final del Mundial
En tanto, concentraciones más bajas de humo en las capas altas de la atmósfera se desplazan sobre los Grandes Lagos y sobre Nueva York, con cielos brumosos y amaneceres y atardeceres probablemente más rojizos.
En las regiones occidentales del estado de Nueva York, la calidad del aire este jueves se consideraba «muy insalubre», mientras que en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York la calidad del aire es «insalubre».
Nueva York ha ampliado sus planes de emergencia por calor y ha activado sus protocolos de emergencia por la calidad del aire, poniendo a disposición de toda la ciudad cientos de centros de refrigeración y mascarillas KN95.
El partido de la final del Mundial 2026 está programado para el domingo a las 15:00 hora local, un momento de mucha radiación solar. Pero aún no hay indicaciones de que la situación de este jueves pueda prolongarse hasta el día del partido.
Los vientos del noroeste seguirán arrastrando el humo hacia los estados del norte de Estados Unidos durante el resto de esta semana y hasta el fin de semana, lo que genera preocupación de que el humo llegue a Nueva Jersey, donde está el estadio sede de la final.
Un cambio en la dirección del viento para el lunes significa que el humo tenderá a desplazarse a través de Quebec, con una mejora en la calidad del aire más al sur, en Estados Unidos.
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Los legisladores republicanos del estado de Michigan han escrito una carta abierta al primer ministro de Canadá, Mark Carney, solicitando una mejor gestión de los incendios forestales del país y expresando su frustración por tercer año consecutivo.
«Ha pasado un año, la temporada ha vuelto y nada ha cambiado, salvo que nuestra paciencia se ha agotado», decía la carta, firmada por cuatro legisladores de la Cámara de Representantes estatal.
Pete Hoekstra, embajador de Estados Unidos en Canadá, adoptó un tono más diplomático en un comunicado emitido el miércoles, en el que elogió los esfuerzos de ambos países para combatir los incendios forestales.
En respuesta a las críticas de los legisladores estadounidenses, Carney declaró el jueves que ambos países tienen la responsabilidad de luchar contra el cambio climático.
Añadió que su gobierno está «en estrecha comunicación» con las provincias y las comunidades locales.
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Incendios cada vez más frecuentes
Los incendios forestales forman parte del ciclo natural de la vasta selva boreal de Canadá, pero se han vuelto más frecuentes desde 2015, afirmó Laura Chasmer, profesora de geografía y medio ambiente en la Universidad de Western Ontario.
«Esto está relacionado con algunos de los casos de calentamiento climático extremo que hemos estado observando y con el secado de la superficie atmosférica», indicó.
Según Chasmer, en el pasado los incendios eran más frecuentes en el oeste de Canadá, pero en los últimos años esa tendencia se ha desplazado hacia el este, con grandes incendios que ahora arden en Ontario, Quebec y las provincias atlánticas, lo que hace que el humo sea más visible en ciudades densamente pobladas como Toronto y Nueva York.
La profesora añadió que esto ha puesto a prueba los esfuerzos de extinción de incendios en Canadá, cuyo principal objetivo es evitar que las llamas se propaguen a las poblaciones cercanas.
Extinguir los incendios por completo es «muy difícil», señaló la experta, debido a su magnitud e intensidad.
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Mientras tanto, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, desestimó las críticas a la gestión de su gobierno ante los incendios, señalando que más de 150 equipos de bomberos se encuentran sobre el terreno combatiendo las llamas.
«Gastaremos lo que haga falta», dijo Ford.
Además del humo peligroso, los incendios forestales en el norte de Ontario han obligado a decenas de personas de las comunidades indígenas locales a evacuar, y algunos videos han mostrado a personas huyendo de la remota zona en embarcaciones.
La jefa de la Primera Nación Namaygoosisagagun, Helen Paavola, declaró al medio de comunicación local CityNews en una entrevista que un sobrevuelo aéreo mostró que su comunidad ha quedado «reducida a cenizas».
«Todas las casas han desaparecido», dijo este jueves. «No queda nada».
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Por José Cabral
Se ha vuelto un cliché en los tribunales de la República Dominicana las decisiones que toman los jueces referentes a las acciones de amparo, cuya figura casi siempre tiene como destino la inadmisibilidad.
Regularmente los jueces se acogen a lo que dispone el artículo 70 de la Ley 137-11 para declarar inadmisible las acciones de amparo.
Pero el destino de esta figura jurídica, que sirve para restablecer la violación de derechos fundamentales por parte de funcionarios públicos o particulares, es el de renegar de las razones que los originaron.
La tendencia con la acción de amparo ha creado la impresión en el ciudadano de que la misma sirve de poco, porque sea por el argumento que ahora se ha hecho muy general de que el sistema de justicia está saturado de tantas demandas de este tipo o porque es más fácil inclinarse por la inadmisibilidad para los juzgadores.
El artículo 72 de la Constitución de la República habla muy claro de las características del amparo y de igual modo la Ley 137-11, que es por la que se rige la figura jurídica, pero como se puede observar ya el mismo no cumple ni se ajusta espíritu de la figura, dado que más que proteger los derechos fundamentales se ha vuelto una vía para negar la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
La inadmisibilidad del amparo crea tanta decepción en el justiciable que apoyarse en esta figura implica perder el tiempo, porque es la opcion más común de los jueces, aunque no haya razon para ello, tanto a nivel de primera instancia o de la jurisdiccion contenciosa administrativa y lo propio debe decirse del Tribunal Superior Electoral.
Lo que ocurre con el amparo también pasa con los recursos de casación, cuyos jueces después de la entrada en vigencia de la Ley 2-23 se inclinan por la vía mas fácil que es declarar inadmisible el mismo, a los fines de eliminar la desgraciada mora judicial.
La acción de amparo recorre el mismo camino de la crisis que se produce en todo el sistema de justicia nacional, en el que los jueces se van regularmente por la vía más fácil, porque de ese modo no tienen que ponderar el fondo de la demanda.
Lo que ocurre con la acción de amparo en la República Dominicana es sólo una muestra de un sistema de justicia en crisis, cuyo derecho constitucional existe sólo en el papel, pero no en la realidad.
La acción de amparo, una figura que crea sueños para el que busca que se restablezcan los derechos fundamentales violados, pero la verdad es que se trata de una quimera que genera descredito y desconfianza en el sistema de justicia nacional.