Análisis Noticiosos
País por país, cara por cara, voto por voto
Por Martín Granovsky
Con la Argentina cerca de las primarias de agosto y las legislativas de octubre, la vuelta de Michelle Bachelet a Chile para competir en las elecciones de noviembre marca el tono de la mayoría de los vecinos: salvo en el caso de Paraguay, el escenario más probable en Su-damérica es un refuerzo de la sintonía entre los procesos de reforma que cada país despliega a su modo y con sus tiempos.Bachelet asumió en marzo de 2006 y dejó la presidencia en marzo de 2010 como la mandataria más popular de la historia de Chile. Su imagen, sin embargo, no fue acompañada por una iniciativa de la Concertación, entonces en el gobierno desde 1990, de construir una sucesión viable. No hubo internas abiertas que podrían haber incluido a Marco Enríquez-Ominami. El voto de centro y centroizquierda fue dividido y ese vacío, sumado al desgaste de veinte años de gobierno, sirvió como base para la victoria de la derecha y el centroderecha de Sebastián Piñera. Bachelet competirá y asumirá después de haber cumplido los 62. Está en carrera.
En Brasil las elecciones presidenciales serán en octubre de 2014. La fuerza que encabeza la coalición de gobierno, el Partido de los Trabajadores, ya dejó en claro cuál será su estrategia. Va por la reelección de Dilma Rousseff para el mandato que comienza el 1º de enero de 2015. Luiz
Inácio Lula da Silva no será el candidato. No son especulaciones porque el propio Lula fue quien lo dijo. En los actos para celebrar los diez años de gobierno del PT, Lula anunció que encabezará la campaña para la reelección de Dilma. También dijo que, a diferencia de 2002, el PT estaría en condiciones de ganar las elecciones solo. Pero agregó que no lo hará, “porque se trata de gobernar con una base sólida y no solamente de ganar elecciones”. Al momento de elegir los aliados, aclaró que “no se trata de con quién nos vamos a casar sino con quién vamos a hacer alianzas, y hay que tener un criterio amplio”. Fue un modo de marcar el territorio hacia los distintos sectores que integran la coalición de gobierno. Sobre todo fue una manera de indicar que seguirá en vigor la intención de continuar con un lazo sólido entre el PT y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, en rigor una constelación de fuerzas estaduales. Brasil es más federal y balanceado que la Argentina. Sin Estados en línea con Brasilia es difícil implementar políticas de alcance nacional. Si nada se modifica en el tablero brasileño, la Argentina seguirá teniendo con su principal vecino y aliado las mismas seguridades y los mismos desafíos. Una seguridad: Brasil no da signos de cambio en su política exterior de anillos concéntricos según la cual en el centro está el Mercosur y, dentro de ese centro, la Argentina. Un desafío: desinteligencias como las que llevaron a la suspensión indefinida del proyecto de la minera Vale, seguramente con responsabilidades o fatalidades por ambos lados, pueden erosionar la confianza mutua aunque no la supriman del todo. Si eventualmente eso sucediera, lo cual por cierto no es inevitable, Brasil vería debilitado su proyecto de construcción de un poder regional para terciar en la multipolaridad que busca como ideal para el planeta. Para la Argentina la perspectiva sería aún peor: más allá de la sustitución de importaciones en algunos sectores, no consta la existencia de ningún proyecto de reindustrialización presentado por especialista alguno que plantee un desarrollo sustentable sin el mercado brasileño o la asociación con Brasil.
Uruguay elige presidente cada cinco años. Las elecciones serán el 26 de octubre de 2014. Como no hay reelección y el Frente Amplio no se propone cambiar la Constitución, el ciclo de Pepe Mujica se agotará. En junio de 2014 hay comicios internos para elegir los candidatos de cada fuerza. Aunque no lo dijo oficialmente, el ex presidente 2005-2010 Tabaré Vázquez aparece como uno de los postulantes. Nacido el 17 de enero de 1940, en ese momento tendrá 75 años. Si gana, asumiría la presidencia en 2017 con 76. Médico especialista en oncología, el propio Tabaré suele decir que el futuro depende de su partido, el socialista, del Frente Amplio, del voto de los uruguayos y de la biología. Mujica, de 77 años, no puede ser precandidato, pero sí está en condiciones de jugar su popularidad en favor de una figura. ¿Se inclinará por Raúl Sendic? Sendic es un bebé para los parámetros de la política uruguaya: tiene 50 años. Puede ser un competidor de Tabaré en junio y, si pierde la interna, integrar la fórmula como candidato a vice. Aunque dirige un espacio propio, Compromiso Frenteamplista, no están cerradas las puertas para un acuerdo con el Movimiento de Participación Popular que conducen los ex tupamaros como Mujica y el actual ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro. Sendic tiene un lazo natural con ellos. Es hijo de Raúl Sendic, otro de los fundadores de los Tupamaros a comienzos de la década de 1960. Tras 12 años de cárcel, fue liberado en 1985 y murió en 1989, el mismo año en que el Frente Amplio obtuvo su primer gran triunfo: la intendencia de Montevideo. Genetista recibido en La Habana, Sendic hijo se fogueó en los últimos años como funcionario del Estado. Preside la estatal Ancap, Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland. Quien haya pasado por Uruguay puede haber tomado caña Ancap. Más allá del folklore nostálgico, la empresa quiere convertirse en actora regional. Ya firmó acuerdos con Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima y está en conversaciones con Yacimientos Petrolíferos Fiscales para participar del proceso de explotación de shale gas en Vaca Muerta.
Tabaré sería para la Argentina un desafío mayor que el de Mujica. Con él de presidente uruguayo y con Néstor Kirchner aquí los dos países escalaron el conflicto por la pastera finlandesa. ¿Tabaré fue ingrato a pesar de la ayuda electoral de Kirchner? ¿Kirchner no midió que, aun si la ingratitud fuese cierta, la nacionalización del conflicto no sólo afectaría la relación con Uruguay sino a su propio gobierno, como quedó evidenciado en la destreza para el corte de rutas durante el conflicto agrario de 2008? Lo cierto es que recién Mujica y Cristina Fernández de Kirchner arreglaron el litigio una vez que se hubo producido el fallo de la Corte Internacional de La Haya y la Argentina se mostró dispuesta a perseguir penalmente a quienes cortasen puentes. De todos modos, nada indica que Tabaré no pueda comportarse como un presidente con espíritu práctico que deje el pasado bien lejos.
En 2014 el boliviano Evo Morales cumplirá ocho años en el poder. Ese año también afrontará elecciones presidenciales. Está autorizado a presentarse a su primera reelección luego de la vigencia de la constitución del Estado Plurinacional. El jueves último su partido, el Movimiento al Socialismo, hizo la moción de que Evo vuelva a ser candidato y, si gana, gobierne Bolivia en el período 2015-2020. Si lo consigue cumpliría 14 años en la presidencia, el mismo tiempo que Hugo Chávez entre su asunción y su muerte. Morales nació el 26 de octubre de 1959. Tiene 53 años. Tendría recién 61 cuando en 2020 entregue la banda presidencial a otro presidente. El MAS mocionó que el vicepresidente Alvaro García Linera vuelva a integrar la fórmula con Evo.
El Paraguay del pasado
Paraguay podría ser la gran excepción política del Cono Sur. Tras el derrocamiento de Fernando Lugo en 2012, las elecciones se celebrarán el próximo 21 de abril. El coloradismo, la fuerza más influyente, presentará como candidato a Horacio Cartes. El Frente Guasú de Lugo irá con Aníbal Carrillo a la cabeza. Se desprendió un sector importante, el del periodista Mario Ferreiro. La división del centroizquierda deja como principal desafiante a Efraín Alegre, del Partido Blanco.
De 56 años, Cartes va primero en las encuestas de intención de voto. Gran empresario de licores y tabaco, el ex ministro del Interior Carlos Filizzola dijo sobre él: “Su triunfo significaría el regreso al país del pasado, el de las malas noticias, a la época donde cuando se mencionaba al Paraguay se le vinculaba con el narcotráfico, el lavado de dinero, la piratería, ese país poco creíble y aislado internacionalmente”. Filizzola explicó las dificultades para combatir el narcotráfico en Paraguay incluso cuando, como sucedió con el gobierno de Lugo, el Estado tiene intención de hacerlo. En una entrevista concedida en 2011 a la agencia Nova Paraguay, Filizzola dijo que en su país “los poderes públicos han estado históricamente corroídos fuertemente por el narcotráfico”. Explicó el origen: “Esto viene de la dictadura, donde importantes políticos del régimen stronista (por el dictador Alfredo Stroessner) protegían el tránsito de cocaína. Me refiero puntualmente a pistas clandestinas y demás. Eso continúa, quizás de una manera menos visible. Si uno mira las estadísticas de decomiso de cocaína y marihuana son irrisorias para un país donde se estima circulan entre 60 y 70 toneladas de cocaína al año”. Filizzola se quejaba entonces de que “en zona de fronteras es muy difícil encontrar jueces que condenen narcotraficantes” y confesó que durante su gestión “hemos tenido problemas inmensos con relación a casos vinculados con narcotraficantes”.
Cuando se realicen las elecciones, es previsible que Paraguay vuelva a ser aceptado como miembro activo con plenos derechos en Mercosur. A esta altura ya hay una novedad: pocos días después de la suspensión de sus derechos, Brasil, la Argentina y Uruguay aceptaron la entrada de Venezuela. En ese entonces gobernaba Hugo Chávez. Muy pronto se sabrá si el sucesor de Chávez se llama Nicolás Maduro, actual presidente encargado, o el opositor Henrique Capriles. Las elecciones serán una semana antes que las paraguayas: el 14 de abril. Una encuesta de la empresa Hinterlaces informa sobre una diferencia de 18 puntos en favor de Maduro, mientras que Datanálisis le otorga 14. Aun si los números estuvieran inflados, cosa de la que no hay constancia alguna, practicando un desagio igual queda una diferencia que a Capriles podría serle muy difícil descontar en tan poco tiempo.
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.