Santo Domingo, RD.-José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) indicó que ese partido se encuentra a la expectativa de la reunión que fue convocada por la Junta Central Electoral (JCE), para tratar el «proselitismo a destiempo» al que han incurrido varias organizaciones políticas.Nacionales
Paliza dice que la JCE debe «cumplir su rol.
Santo Domingo, RD.-José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) indicó que ese partido se encuentra a la expectativa de la reunión que fue convocada por la Junta Central Electoral (JCE), para tratar el «proselitismo a destiempo» al que han incurrido varias organizaciones políticas.Tras ser abordado por los medios de comunicación luego de una reunión de más tres horas de la dirección ejecutiva del partido oficialista, el también ministro Administrativo de la Presidencia indicó que aunque en ese encuentro no se trató la convocatoria, el PRM va en consonancia con el llamado a un «alto» realizado por el pleno de la JCE.
«Ya aquí hay organizaciones políticas que han electo sus candidatos fuera de los plazos de ley, entonces la JCE debe de hacer su rol y nosotros lo aplaudimos… nosotros estamos totalmente contestes con que la Junta haga su labor y juegue su rol como ordenador o como organizador de los procesos de tal manera que haga que todos nos sometamos a la ley y a los procesos», indicó Paliza.
Las declaraciones del presidente del PRM se producen luego de que la JCE emitiera un comunicado en donde expresa tener una «profunda preocupación» por el «desbordamiento del proselitismo electoral» que están llevando a cabo los partidos políticos y que esas acciones «amenazan gravemente con quebrantar la integridad electoral» y que pudieran afectar todo el sistema electoral.
Tras ello, los representantes y delegados de diferentes partidos políticos señalaron cómo «incitadores» de esa declaración del órgano electoral al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM); esto después de que el PLD realizara el proceso de «consulta popular» en donde decidieron preparar su «propuesta presidencial» con Abel Martínez a la cabeza y el denominado movimiento «sector externo» del PRM que realizó una actividad en Santiago, en presencia de la secretaria general de ese partido, Carolina Mejía, promoviendo la reelección del presidente Luis Abinader.
La JCE estableció el año pasado que el inicio formal de la precampaña electoral será a inicios de julio del año 2023, y hasta esa fecha los aspirantes presidenciales de los partidos políticos no podrán ser declarados de manera oficial como precandidatos.
Santo Domingo.-El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó las cinco audiencias que tenía pautadas para este jueves, en las que darían continuidad, de forma separada, al proceso que se sigue contra el imputado Juan Azael y las empresas Smart Logistics SRL, Distribuidora Ropi SRL, Ropalma y Viaros Comercial, que fueron desglosados del caso Medusa.
El juez Amauri Martínez pautó las audiencias para el 6 de junio, debido a que el abogado de la parte querellante no estuvo presente por problemas de salud.
El expediente del imputado Juan Azael fue separado del proceso, tras dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, a solicitud de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, debido a que este declaró en el tribunal que había sido extorsionado por el órgano acusador para firmarlo.
En ese sentido, el Ministerio Público pidió al tribunal que el imputado sea enviado a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputa en el entramado de corrupción del caso medusa.
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional además aplazó, para el miércoles 8 de mayo, la audiencia preliminar que se sigue a la imputada Altagracia Guillen Calzado de manera desglosada, tras ser separado su expediente del caso Medusa, por razones de salud.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz informó que el tribunal pautó la fecha, tomando en cuenta que el proceso que se sigue contra la imputada está avanzado, las partes vertieron conclusiones y tiene que agendarse dentro del plazo de los 10 días.
El expediente de la excoordinadora Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillen Calzado, fue separado del proceso del caso Medusa tras su defensa técnica presentar un licencia médica de 30 días, razón por la que se conocerá de forma individual para no afectar la continuación del juicio preliminar contra los demás imputados.
Acusación contra imputados del caso Medusa El proceso judicial denominado Medusa, tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que, según estimaciones, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Nacionales
Dictan apertura a juicio a hijo de exviceministro de Agricultura por estafa a esa institución
Santo Domingo, R.D.-El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio de fondo a el hijo de un exviceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.
Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.
El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.
El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.
Acusación
Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Mientras que Paredes Elizondo enfrenta cargos por violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de República; artículos 123, 124, 171 y 172 del Código Penal. Además, por coautoría en las conductas delictivas tipificadas en los artículos 5, 6 y 14 de la ley contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Nacionales
Dos de los acusados de estafar ancianos en EE.UU. aceptan irse voluntariamente en extradición
Santo Domingo, R.D.-Dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos decidieron irse de manera voluntaria para presentarse ante la justicia estadounidense, acogiéndose al proceso abreviado en la solicitud de extradición.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez
En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.
Su caso ahora pasa a la Procuraduría General de la República para que la solicitud sea tramitada y ejecutada, de conformidad con los términos de la Constitución y las leyes dominicanas para luego ser firmada por el presidente Luis Abinader y se emita el decreto que autoriza su entrega a las autoridades estadounidenses.
Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.
Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.
Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Además de los años de prisión, el Departamento de Justicia indica que el grupo de acusados podría enfrentar una multa máxima de 250,000 dólares por cada cargo de fraude postal y electrónico y una multa máxima de 500,000 dólares por cada cargo de lavado de dinero.
Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.
Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.
El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.