Opinión
Para capitaleños solamente
Por Hamlet Hermann
La calle Doctor Delgado nada tiene que ver con Gazcue
En la medida que pasa el tiempo, son más frecuentes los gazapos de la prensa nacional en torno a la geografía urbana de Santo Domingo, la capital dominicana.Para analizar los actuales errores geográficos urbanos puede ponerse como ejemplo el caso de un desalojo masivo que realizó la Policía Nacional en el extremo Suroeste de la calle “Doctor Delgado” contra personas de escasos recursos económicos. Algunos medios de comunicación ubicaron ese lugar en la zona de Gazcue. Nada ni nadie puede estar más equivocado ni desconocer tanto la historia de ese tramo de la calle “Doctor Delgado” si titula la noticia de esa manera.
En base a los mapas de Casimiro de Moya hechos en 1900, 1916 y 1924, Gazcue (con Z) aparece dentro del cuadrante que hoy encierra a las calles César Nicolás Penson, Leopoldo Navarro, avenida Francia y avenida Máximo Gómez. En sus vértices están hoy ubicados la Plaza de la Cultura, la embajada de Estados Unidos, el Palacio de la Policía Nacional, y el Ministerio de Educación Superior. Eso es Gazcue.
Desde la segunda ocupación militar de Estados Unidos contra República Dominicana en el siglo veinte, entre 1916 y 1924, aquella zona se convirtió en una de las más exclusivas de todo el país. Residir allí, se constituía en llave que abrió, en lo adelante, muchas puertas sociales y económicas de la nación. Se crearon desde entonces residencias en los terrenos que fueron de Gosling, Michelena, Ricart y Pimentel. Pretendían competir con las estancias de la avenida Independencia propiedad de los Vicini, Henríquez y Alfonseca. De esas pretensiones, surgieron expresiones sociales como “los blanquitos de Gazcue” que trataba de discriminar a ciudadanos de otros sectores de la capital.
Hasta mediados de la década de los años 1960, los medios de comunicación raras veces cometían gazapos geográficos porque quienes redactaban, corregían y aprobaban los reportajes conocían “a pie juntillas” cada pedazo de la capital dominicana. En 1965, el centro de la ciudad era el Parque Independencia y sus arterias comerciales: la calle de El Conde y las avenidas Mella y Duarte. Gazcue siempre fue un sector residencial exclusivo. La ciudad era chiquita y todos se conocían entre sí. Las referencias personales o comerciales se reducían a una cuestión barrial. Para bien o para mal, la gente era sancarleño, miguelete, Villano o de Gazcue para que los acuerdos tomaran forma o se deshicieran.
El problema principal para los gazapos geográficos y urbanísticos de los medios impresos de ahora reside en que, quisiera equivocarme, esas delicadas tareas no son realizadas por profesionales con conocimiento profundo de la historia capitaleña. Y los periódicos son los que mejor huella dejan para el recuerdo de los errores. Tampoco podemos dejar fuera de la lista de desinformados, aunque imperdonables estos, a las empresas que publican mapas geográficos titulando, aparentemente, los sectores capitaleños en base al rumor público, no a los documentos históricos.
En alguna medida, deben ser disculpados los medios de comunicación porque, a partir de la guerra patria de 1965, esa explosión social desató un crecimiento desmedido e incontrolado de la ciudad. Al deterioro se sumaron los Partidos políticos que entregaron el manejo de Santo Domingo a ignorantes del urbanismo y seleccionaron como alcaldes a provincianos y arrabaleros a quienes nunca les dolió la capital.
La calle “Doctor Delgado” nada tiene que ver con Gazcue. En sus orígenes empezaba en la avenida Bolívar y trepaba hacia el Norte hasta la avenida México, donde se le interponía la finca de Federico Velásquez, zona conocida como “La Generala”. Si por fin se prolongó hacia el Sur, desde la Bolívar hasta la Independencia, fue gracias a las difíciles negociaciones sostenidas, desde 1924, entre Lico Lugo y Haim López-Penha, además de Miguel Guerra Parra. Desde entonces esa zona se ha llamado Ensanche Lugo y esperemos que la sigan llamando así como señala la historia documental.
El Ministerio de Educación Superior y la inefable alcaldía capitaleña debían prestar un poco de atención a cómo se diseminan ignorancias por el cuerpo social de la nación dominicana que, en definitiva, van a caer en los medios de comunicación. Y eso hay que evitarlo para que no siga creciendo el atraso y la ignorancia.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!