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Aplazan otra vez por quinta ocasión medida de coerción del caso Operación Panthera 7

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Santo Domingo, R.D.-Fue aplazado por una quinta vez por la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santo Domingo para lunes 3 de febrero a las nueve de la mañana la medida de coerción contra los imputados de la   operación Panthera 7.

La magistrada Karen Casado Minyety contempló la constitución de un nuevo abogado en representación de Enriquillo Luis Brito, director del distrito municipal de Bayahibe, cuya defensa la ejercía el fenecido José Rafael Ariza y en lo adelante será Freddy Mateo.

«Ese abogado, con el derecho que tiene, solicitó un aplazamiento a los fines de que se le notifique la medida y los elementos de prueba. Siendo así, el tribunal pregonando su derecho de defensa le otorgó la oportunidad», explicó Carlos Santana Jiménez, apoderado de Nelson Neftalí Mercedes.

La Operación Panthera 7 trata de crear responsabilidad en los supuestos implicados con la incautación de 9.8 toneladas de cocaína, suscitada en el Puerto Multimodal Caucedo el pasado diciembre, la mayor para agencias antidrogas dominicanas.

Por la calificación jurídica el Ministerio Público sugiere que, de acuerdo a la teoría fáctica y probatoria presentada, estos cometieron violaciones a los artículos 56, 60, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, referentes a la “asociación de malhechores”.

En tanto que Enriquillo Luis Brito y Enrique José Luis Brito, también incurrieron en cuestiones relacionadas con la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, además de lavado de activos.

En horas de la noche del 5 de diciembre de 2024, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) recibió informes de inteligencia relativos al movimiento de un cargamento de drogas en la terminal portuaria localizada en Boca Chica, de la provincia Santo Domingo.

Los primeros implicados fueron apresados en fecha 11 de enero, manteniendo la incertidumbre tras 20 días a esperas de un dictamen que no prospera.

Prófugos

En el expediente también se menciona a Yoel Jesús Jaques, José Alexander Santana Andújar y Luis Rafael García Alfonseca, respecto a quienes no se ofrece ninguna actualización, por lo que se mantienen prófugos.

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Hazin y EL Gordo supuestamente extorsionaron Eduardo Read, dice éste al Ministerio Público.

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Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.

Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».

El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.

Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.

También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.

El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.

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Caso contra Hazim se centraliza en sus inmuebles, según su Declaración Jurada de Patrimonio

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Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.

Al Ministerio Público señalar “serias incongruencias” en la solicitud de medida de coerción en contra de Hazim, Valerio refiere que la supuesta falta de justificación de bienes, específicamente una villa en Casa de Campo y un apartamento, se encuentran “debidamente documentados” y justificados con un préstamo.

Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.

A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.

En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.

De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.

Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.

Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.

Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.

Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.

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Siete años de prisión por narcotráfico a general retirado.

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Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.

La condena de 87 meses, que fue dictada por la jueza Beth Bloom, será cumplida en una penitenciaría de Florida, tras una petición de Durán Jerez y que fue eventualmente concedida.

En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.

¿Cómo operaban?

De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.

Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.

Este hotel funcionó como el lugar de almacenamiento provisional y despacho. La ruta de los narcóticos incluía el traslado de cocaína desde las costas dominicanas en un bote pequeño hasta el buque en alta mar, que después era responsable de llevar la carga directamente a suelo estadounidense.

La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.

Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.

Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.

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