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Experto recomienda para evitar tragedias supervisar estructuras de hospitales, iglesias y bomberos
Santo Domingo, R.D.-Un arquitecto docente universitario de la República Dominicana advirtió que el país no tiene un protocolo claro para la supervisión periódica de las edificaciones, tanto públicas como privadas, lo que representa uno de los vacíos más críticos en la normativa urbanística y de seguridad estructural y agregó que cualquiera pone un negocio sin los permisos correspondientes.
El arquitecto Omar Rancier, decano de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), dijo que aunque hay una serie de instituciones que son responsables de llevar ese control, no hay protocolo de aplicación para supervisar la parte estructural.
“Hablamos del tema de evacuación, puertas de entrada y salida, el tema de protección contra incendio, hablamos de protocolo para caso de sismo, otros eventos naturales, pero no se establece claramente que cada cierto tiempo debe haber una supervisión por parte de los organismos pertinentes”, explicó el experto al ser consultado por Listín Diario.
El país carece de protocolo claro que establezca que cada cierto tiempo esas edificaciones deben ser verificadas desde el aspecto de seguridad, incluyendo la parte estructural.
Proyecto de ley
En cuanto al proyecto de ley que dijo el presidente Luis Abinader se elabora para tener una legislación en esa materia y evitar tragedias futuras, como la ocurrida en el Jet Set, que ya suma 231 fallecidos, el arquitecto Rancier sugiere entidades que deben participar en su elaboración.
“Yo creo que las oficinas de planeamiento urbano de los ayuntamientos, la Liga Municipal, la Oficina de Evaluación Sísmica, el Ministerio de Vivienda, las universidades deben participar en una comisión que redacte una normativa adecuada, un protocolo adecuado para este tipo de evento, pero sobre todo, que se cumplan las normativas porque el gran tema nuestro en sentido general es que como decían los españoles hace mucho tiempo, la ley se acata pero no se cumple. Ese es el gran problema” puntualizó.
Certificados de uso de suelo deben ser obligatorios
El reconocido arquitecto opina que el tema debe enfocarse a través de los permisos de uso del suelo, porque en este país cualquiera pone un negocio sin contar con los permisos correspondientes.
“Aquí cualquiera abre un negocio en cualquier lugar, sin tener un permiso específico del ayuntamiento. Por eso, mi propuesta es que esos permisos de uso de suelo estén vinculados obligatoriamente a una certificación que incluya también la supervisión estructural del inmueble.
Argumenta que vincular el permiso de uso de suelo con la supervisión, sería una doble protección, para que no construyan locales en zonas que no está permitido y los que se permitan que se comprometan a una supervisión periódica de seguridad.
Refirió a que para las edificaciones del Estado, está la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (Onesvi) y las leyes hablan de seguridad, pero no hay un protocolo de evaluación continua de edificaciones que tengan concentración de muchas personas. Y ese es el gran fallo.
Supervisar edificios de hormigones desde 1913
Explica que en el país comenzaron a usar hormigón armado a principio del siglo XX ( en 1913) en San Pedro Macorís, de ahí que se construyó una cantidad de edificaciones de este material, por lo que sugiere una supervisión estructural periódica para edificaciones vitales, donde se concentran grandes cantidades de personas, entre ellos: hospitales, cuerpos de bomberos, universidades, institutos superiores, escuelas, iglesias y otros.
Al pregúntales sobre posibles riesgos que se exponen los dominicanos, habló de los sismos.
“Sí, yo creo que el principal riesgo que nosotros tenemos es que ocurra sismo. Porque estamos ya pasado del periodo en que debió producirse un sismo de una magnitud considerable.
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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.