Opinión
¿Para quién gobierna Danilo Medina?
Por Andrés L. Mateo
Usamos el concepto de patrimonialismo en el sentido en que Max Weber lo concebía; atribuyéndole a la autoridad tradicional del soberano el manejo de todos los asuntos públicos. Lo que estamos viviendo con el desplome del danilismo dentro del PLD tiene su historia. Hemos visto que la corrupción configuró castas en el seno mismo del gobierno de Leonel Fernández, con fortunas inimaginables en un país de un PIB tan modesto; y que el Estado fue usado sistemáticamente como fuente de acumulación originaria. La democracia cansada que se nos impuso desperdigó un clima amoral que permitió que los vicios aparecieran como virtudes, y el ejercicio de gobierno sirvió a los propios deseos de los gobernantes en lugar de servir al interés general. Poco a poco, el PLD transformó su naturaleza. Sus cuadros tradicionales olvidaron la doctrina, se dedicaron a enriquecerse, y su “razón práctica” fue únicamente reproducirse a sí mismos en el poder.
¿Por qué Leonel Fernández no habla frente a la crisis de ODEBRECHT, y el deterioro de todo el caudal de la imagen peledeísta? Simplemente porque no es su casta la que está en el poder.
Cuando Leonel Fernández salió del gobierno, los líderes del PLD habían perdido la introspección, abandonándose al disfrute del lujo y la riqueza. Eran ya incapaces de salir de su particularidad restringida. Desconocían todo aquello que en la boca del Maestro prefiguraba un ideal, se había borrado ante sus puertas. Ya no encarnaban un proyecto social, Juan Bosch era un cadáver perfumado en un armario, al cual sacaban de cuando en vez con sahumerios y mirra olorosa. Sobre el país había caído todo el cinismo implacable que da armas a la impunidad, y las instituciones asumieron el vivo símbolo del rechazo y la denegación. Todo el tinglado de la dominación se movía con ardor sin la menor norma. Y sobre ése andamiaje se montó Danilo Medina. Si Leonel Fernández gobernó para los poderosos, y para el círculo de nuevos millonarios surgidos de su propia gestión de Estado; Danilo Medina gobierna, fundamentalmente, para el grupo económico que vino desde fuera del PLD, y financió su proyecto político, y se transformó en una casta opuesta a la de Leonel Fernández. El cambio de una casta a otra es tan solo la continuidad de un mismo modelo, empinado sobre la ideología de la concepción patrimonial del Estado, con una mejor organización propagandística, y una más eficaz práctica de la corrupción.
El gobierno de Danilo Medina supera con creces la corrupción del gobierno de Leonel Fernández, y el saldo contra la democracia y a favor del desguañangue institucional es infinitamente superior. Bastaría con analizar la violencia formal y el costo institucional que significó imponer la reelección. Es un gobierno lleno de rentistas, quienes han ido desplazando en importancia a la vieja guardia de la OTAN del comité político. La reelección, por ejemplo, fue un proyecto de prolongación patrimonialista, cultivado por los ministros rentistas, y luego impuesto a la esclerotizada membresía del comité político. El pobre de Euclides Gutiérrez no se da cuenta de que ya Danilo Medina no los necesita, como tampoco necesita a Leonel Fernández. En el PLD no hay ninguna lucha de ideas, ningún proyecto social; simplemente las castas se desplazan. El comité político terminará siendo un mojón histórico, reducido a la aceptación de lo que la dinámica del grupo económico que financió el proyecto presidencial del danilismo imponga. ODEBRECHT ha transcurrido casi sin la intervención del Comité político. Un rentista frente a un técnico y político, une en la imagen trasladada al estado de tipo, todo lo que un ambicioso de poder requiere. ¿Por qué Leonel Fernández no habla frente a la crisis de ODEBRECHT, y el deterioro de todo el caudal de la imagen peledeísta? Simplemente porque no es su casta la que está en el poder. Cualquier esfuerzo para explicar su participación en el tinglado mafioso de ODEBRECHT que se desplegó en el país beneficiaría a la casta danilista, y lo lanzaría a él al ruedo. Leonel piensa que únicamente la fétida llovizna de la corrupción de ODEBRECHT moja al danilismo. Y como Danilo Medina gobierna para los rentistas que entraron con él al gobierno, es cosa suya defenderse. El colmo no son sus viajes en el centro mismo de la crisis, sino su artículo publicado el lunes en el Listín Diario sobre “La verdadera historia de Crónica de una muerte anunciada”, un refrito sobre el cual Gabriel García Márquez ha hablado una y otra vez hasta el cansancio. Un viaje sideral, una manera de alejarse olímpicamente del escenario. ¡Que pelee la casta de rentista para la que gobierna Danilo!
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!