Por Isaías Ramos

Nuestro país en las últimas dos décadas y medias ha sido víctima de malos  gobiernos que han ido  dejando un manto de tinieblas que va arropando de manera imperceptible a la población que comienza a sentir hastío, opresión, incertidumbre y una desesperanza preocupante, producto de una clase política que se ha encargado de ejecutar una agenda foránea que va contra los intereses del pueblo dominicano.

El desmantelamiento del Estado continúa a pasos agigantados; el neoliberalismo salvaje se ha convertido en un monstruo implacable que va destruyendo toda posibilidad de prosperidad para su población , unido a una agenda globalista perversa sin frontera, sin cultura y sin identidad donde todo se compra y se vende sin principios y sin valores morales.

Ese neoliberalismo salvaje que cada día se instaura con más ímpetu, sin miedo y sin respecto hacia su población debilitada y con poca capacidad social para dar repuesta a tanta traición y desafuero; ha traspasado todos los límites imaginables y pareciera que carecemos del eje vertebral que sostiene una Nación, su constitución, donde todos los derechos consignados han sido pisoteados y sustituidos por la ley de la oferta y la demanda, sin mirar las consecuencias de miseria que le producen a las clases sociales más desvalidas y gran opresión a la mayoría de su población.

La ceguera ética que sufre esta partidocracia amenaza la sobrevivencia del pueblo dominicano. No están a la altura que demanda los tiempos sino todo lo contrario, pues cuentan con grandes conocimientos pero carecen de sabiduría, convirtiéndose en “líderes” muy peligrosos pues el conocimiento sin sabiduría es destructivo.

Es esta la razón fundamental que en vez construir un Estado acorde a su constitución lo entregaron al mercado de sálvese quien pueda. En vez de brindar seguridad ciudadana pervirtieron a la sociedad, recordemos el aberrante programa eventual mínimo de empleo (PEME) donde era preferible “pagar, para no matar” en vez de educar y capacitar.

Tampoco le ha interesado la salud del pueblo que pasa un calvario en cualquier condición de enfermedad, las infraestructuras esenciales ni siquiera está en sus planes, mucho menos las facilidades para que el pequeño y mediano productor se desarrolle sino, todo lo contrario una burocracia muchas veces asociadas a la corrupción, protegida bajo el manto de la impunidad  y un sistema financiero que incentiva en consumo en vez de transferir los ahorros a un uso efectivo de producción y creación de riqueza.

En el Frente Cívico Y Social entendemos que un pueblo que no esté dispuesto a empoderarse y sacrificar tiempo y recursos por su patria y su libertad está condenado a llorar lágrimas de sangre, hundido en la miseria, el hambre y la exclavitud. Si aún lo perciben miremos hacia nuestras fronteras oeste y sur, son ejemplos de naciones que no estuvieron a la altura que demandaba la patria en su momento.

Por último, este es un pueblo que ha sabido salir de abajo en los momentos más oscuros de su historia, aún tenemos todas las condiciones para darle una repuesta digna a los que pretenden hundirnos en el lago de estiércol. Este es un país inmensamente rico con hombres y mujeres valiosos que vale la pena luchar por el, para  lograr un futuro lleno de paz, desarrollo, bienestar y justicia para todos sus hijos.

Despierta RD!

Por Rommel Santos Díaz

La libertad de asociación  comprende el derecho de participar en la creación, funcionamiento, financiamiento y  disolución de Organizaciones de la Sociedad Civil en el marco de lo establecido en el Artículo 16 de la Convención Americana  de Derechos Humanos . Todas las personas  tienen el derecho de asociarse para participar en actividades con fines legítimos  de interés público  o beneficio mutuo  con carácter  no lucrativo.

El ejercicio de la libertad de asociación comprende la facultad de constituir Organizaciones de la Sociedad Civil y poner en marcha en forma autónoma  su estructura interna  actividades  y programa de acción, sin intervención de las autoridades  que limiten indebidamente  o entorpezcan el ejercicio de este derecho. En ese orden  los Estados deben garantizar un entorno  propicio y seguro para su ejercicio  de conformidad con el artículo 2 de la Convención Americana.

La gran mayoría de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos  reconocen  la libertad de asociación como un derecho  constitucional consistente con el artículo 16  de la Convención  Americana.  Sin embargo  un análisis exhaustivo  de la normativa en los países de la región  refleja una amplia gama de leyes y prácticas de implementación  que limitan el gozo de dicha libertad en los momentos clave del ciclo de vida  de las asociaciones.

Cabe señalar que  se puede promover  la libertad de asociación a través de reformas legales conformes con los principios interamericanos y el Artículo 16 de la Convención Americana  que establece el deber  estatal de adoptar , con arreglo a sus  procedimientos constitucionales , las disposiciones de derecho interno, tanto legislativas o de otro carácter, que fueren necesarias  para hacer efectivos tales derechos  y libertades.

Como consecuencia de lo  establecido anteriormente, los Estados tienen  el deber de adoptar un marco jurídico, político y administrativo propicio y adecuado  para garantizar el desarrollo de las organizaciones civiles , a lo largo de su  ciclo de vida; conforme a los valores de una sociedad  democrática .

La Corte Interamericana  que el derecho  a asociarse protegido por el artículo 16 de la Convención Americana  protege dos dimensiones. La primera  dimensión  abarca el derecho  y la libertad libremente con otras personas, sin intervención de las autoridades públicas que limiten o entorpezcan el ejercicio del respectivo derecho , lo que representa , por lo tanto, un derecho de cada individuo. La segunda dimensión, reconoce y protege el derecho y la libertad de buscar la realización común de un fin lícito, sin presiones  o intromisiones que puedan alterar  o desnaturalizar su finalidad.

Es importante  señalar que la libertad de asociación ampara a las asociaciones desde su creación  hasta su disolución, e incluye el derecho asociaciones y adherirse a ellas y el derecho de las asociaciones a desarrollar libremente sus actividades y a recibir protección contra injerencias  indebidas, a acceder a financiación  y recursos, y a participar en los asuntos públicos.

Una recomendación  de lógica jurídica consiste en que el marco de la legislación nacional debe redactarse con el propósito de facilitar la creación de asociaciones y permitirles perseguir sus objetivos . La protección que se concede a la libertad de asociación debe extenderse durante toda la vida de la asociación.

rommelsantosdiaz@gmail.com

Por Rosario Espinal

En las elecciones de 2020, el PRM tenía el glamur de ser la cabeza de la oposición en un momento de fuerte desgaste y división del PLD, y las demandas de cambio que resonaban en la sociedad dominicana. Alrededor del PRM se aglutinó prácticamente toda la oposición, incluida la parte del peledeísmo que se fue con Leonel Fernández.

En aquel momento, inseguro de su músculo electoral y carente de una fuerte estructura nacional, el PRM compartió candidaturas municipales y legislativas con muchos partidos; en algunos casos las alianzas se dieron a los tres niveles, y en otros a dos.

La alianza del PRM fue a nivel presidencial, legislativo y municipal con el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Partido Dominicanos por el Cambio (DxC), Frente Amplio, Partido Humanista Dominicano (PHD), Alianza por la Democracia (APD) y País Posible. O sea, todos esos partidos llevaron a Luis Abinader de candidato presidencial.

La alianza del PRM fue a nivel municipal y legislativo con Alianza País, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), la Fuerza del Pueblo (FP), Frente Nacional Progresista (FNP), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) y Partido de Unidad Nacional (PUN). Todos estos partidos, excepto Alianza País, llevaron a Leonel Fernández como candidato presidencial.

Con esta amplia alianza, el PRM marchó seguro en los últimos meses de la campaña, enarbolando el lema del CAMBIO.

Para el 2024 el escenario político-electoral se perfila distinto.

No existirá la euforia del CAMBIO que dominó la campaña anterior. Ni el PRM, ni el PLD ni la FP, que aparecen como las tres fuerzas electorales principales, tendrán la capacidad de generar esa emotividad política. También será más difícil para el PRM replicar la alianza electoral del 2020, a pesar de estar en el poder. Por tanto, los cálculos políticos juegan un papel central. Veamos.

Es riesgoso para la FP hacer una alianza con el PRM a nivel municipal y legislativo en el 2024, porque perdería credenciales como partido opositor, y se vería disminuida la candidatura presidencial de Leonel Fernández. Por eso el Gobierno tiene otro plan: fracturar la coalición de partidos que llevó a Leonel de candidato presidencial en el 2020.

Son partidos pequeños de ultraderecha (PRSC, FNP, PQDC, PUN) que han tenido a Leonel como líder desde el ocaso de Balaguer. Con ellos, el presidente Abinader ha ido forjando apoyos a través de su supuesta defensa de la soberanía nacional con relación al peligro haitiano. Si el Gobierno triunfa en su estrategia de fracturar ese bloque, Leonel Fernández quedaría en una posición precaria, porque dependería fundamentalmente de la FP para impulsar su candidatura.

Con relación al PLD, el Gobierno cuenta con que el cansancio que produjo su longevidad en el poder y los escándalos de corrupción sean suficientes para mantenerlo disminuido; además, atraer funcionarios electos y figuras prominentes de ese partido a su redil. En esto último consiste también la estrategia del Gobierno hacia el disminuido PRD.

O sea, para el 2024, el Gobierno del PRM apuesta al debilitamiento de la FP y a la no recuperación del PLD