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Paraguay: Fiscal reconoce que basa caso Curuguaty sólo en testimonio policial

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Aseguró que no ha sostenido conversaciones con los acusados por temor a represalias. «No tenemos la declaración de los campesinos, de alguien que se haya acercado a declarar y haya dicho yo vi esto y pasó esto», dijo el fiscal Jalil Rachid.

El fiscal paraguayo Jalil Rachid, quien tiene a su cargo la investigación del desalojo de junio pasado en Curuguaty, admitió este martes que basó acusaciones a un grupo de campesinos solo en declaraciones de policías.

Rachid, recusado sin éxito por la defensa debido a su relación personal con la familia del latifundista propietario del terreno donde murieron 11 campesinos y seis policías durante el desalojo, sorprendió al informar que los campesinos no se presentaron a declarar por riesgo para sus vidas.

Reconoció que no habló ni siquiera con un campesino de los muchos testigos del enfrentamiento y se ajustó a la versión policial en la cual los campesinos supuestamente dispararon primero, mataron a los policías y dieron lugar a la dura respuesta de los agentes.

“No tenemos la declaración de los campesinos, de alguien que se haya acercado a declarar y haya dicho yo vi esto y pasó esto, nadie se acercó por temor a ser procesada también, porque si obviamente estuvo en el lugar y vio algo, formaba parte de ese grupo ocupante”, recalcó.

Rachid no se refirió al informe que presentó a la Fiscalía General de la República un grupo encabezado por un jurista español, el cual sí incluye, no sólo declaraciones de campesinos, sino fotos y filmaciones y señaló la participación de francotiradores desconocidos iniciando los hechos.

Esto lo demostraba el uso de armas automáticas usadas contra la policía y los campesinos y las cápsulas de los proyectiles de gran calibre recogidas en el lugar y presentadas a Rachid por el exdiputado Julio Colmán, en una ceremonia filmada.

Rachid desestimó esa prueba pues «no se quien las recogió ni donde» al igual que rechazó la investigación independiente, la cual señaló también, de acuerdo a los campesinos declarantes, muertes extrajudiciales y negativa de auxilio a los heridos civiles.

El próximo 14 de febrero se sabrá si los 14 campesinos imputados por la masacre de Curuguaty son llevados a juicio oral por el juez José Benitez.

En este juicio oral, se sabrá si los 14 campesinos serán acusados de realizar la masacre de Curuguaty, donde murieron 11 miembros de una organización de personas sin tierra y seis policías luego de enfrentamientos.

Por dichos enfrentamiento no hay ningún policía imputado, lo que generó una ola de manifestaciones de organizaciones campesinas y una huelga de hambre por parte de los acusados.

El responsable de la Plataforma de Estudios Campesinos de Paraguay, Domingo Laíno, denunció con fotografías y vídeos que en la masacre participaron francotiradores para desencadenar una crisis institucional en el país. «Los culpables no son los que hoy están presos», remarcó.

El episodio fue utilizado por la oposición para argumentar la destitución parlamentaria de Lugo, lo que fue calificado como un golpe de Estado por la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), organismo que suspendió al país hasta que normalice su situación institucional.

La oposición sostuvo que por culpa de Lugo las tomas de tierras aumentaron y pusieron de relieve cómo eso afectaba a los grandes propietarios del país.

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Dicen que la RD deportó más de 31 mil haitianos en mes de enero

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Puerto Príncipe, (Prensa Latina) Haití recibió en enero del año en curso a más de 31 mil ciudadanos deportados desde República Dominicana, informó hoy la prensa local.

Según el diario digital Haití libre, 31 mil 204 nacionales estaban en la nación vecina en situación migratoria irregular, y fueron detenidos en 266 operaciones de control.

En estos operativos participaron los agentes de migración,  miembros del Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional Dominicana y el Ministerio Público.

HAITI DENUNCIA IRREGULARIDADES EN PROCESOS

El pasado año el Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT) denunció las irregularidades que comete República Dominicana, en un plan de expulsión contra los ciudadanos de esta nación caribeña.

Entre ellas están la flagrante violación del protocolo de acuerdo sobre repatriaciones firmado en 1999, que prohíbe las expulsiones nocturnas y exige la comunicación previa de las listas de esas personas a las autoridades haitianas.

Sin ningún respeto a estas disposiciones, y muchas personas se vieron privadas de regresar con sus pertenencias personales o documentos de identidad.

ABUSO FÍSICO, TRAUMA Y MENORES NO ACOMPAÑADOS

«Además, hubo informes de abuso físico, trauma y menores no acompañados. Incluso fue prohibida la entrada de representantes consulares haitianos a los centros de detención temporal «, lamentó el CPT en un comunicado divulgado por el diario Le National.

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura señaló que la República Dominicana irrespetó varias convenciones internacionales, entre ellas la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

La indignación del CPT tiene como telón de fondo la decisión del presidente dominicano, Luis Rodolfo Abinader de repatriar 10 mil haitianos semanalmente de manera masiva, hasta alcanzar la cifra de 500 mil.

rc/joe

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Latinoamericanas

saldrá de prisión Cosculluela tras entregar una fianza de 150,000 dólares

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Agencia EFE

Puerto Rico.-El artista urbano puertorriqueño Cosculluela prestó este miércoles una fianza de 150.000 dólares que le fijó el juez Juan Vera del Tribunal de Humacao y saldrá de prisión, tras ser encarcelado el jueves pasado cuando una jueza le revocó una probatoria por un caso de violencia machista y le radicó cargos criminales por matar a dos caballos y herir a dos jinetes.

De acuerdo a las autoridades judiciales, José Fernando Cosculluela Suárez, nombre de pila del artista, tendrá un grillete las 24 horas del día, no podrá salir del país y deberá entregar su pasaporte a las autoridades, antes de salir de la cárcel de Bayamón (en el norte de Puerto Rico), donde está preso.

Asimismo, se celebrarán dos vistas el 12 de febrero para determinar si se le revocará la probatoria y preliminar por los seis cargos que tiene por matar a dos equinos y herir a dos jinetes.

Cosculluela enfrenta dos cargos por violaciones por ‘Conducir un vehículo de motor imprudente o negligente con menosprecio a la seguridad que ocasione a otra persona una lesión corporal que requiera hospitalización o tratamiento’ y un cargo por ‘No detenerse en el accidente’, ambos bajo la Ley 22 de Tránsito.

Los restantes cargos son por ‘Destrucción de prueba’ del Código Penal, y dos cargos por ‘Maltrato de animales, causando lesión física severa o la muerte de un animal’ de Ley para el bienestar y protección de los animales, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

Según la investigación, el 12 de mayo de 2024, Cosculluela, de 44 años, manejaba un vehículo por la carretera PR-908, en el barrio Tejas en Humacao, y al llegar al kilómetro 4.5, impactó a los dos caballos y sus jinetes.

Cosculluela, después de cometer estos hechos, abandonó la escena sin dejar información alguna.

El vehículo que manejaba fue hallado varios días después en el patio de una residencia en el municipio de Arroyo, en el sur de la isla caribeña.

El agente José Caraballo, supervisado por los sargentos Orlando Torres y Esteban Ortiz, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, estuvo a cargo de la investigación, bajo la coordinación del teniente Josué Vázquez.

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Madre de Arcángel se desmaya al escuchar la sentencia contra la acusada de la muerte de Justin

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Puerto Rico.- Carmen Santos, madre del fallecido Justin Santos Delanda y del artista urbano Arcángel, sufrió un desmayo este jueves al enterarse de que Mayra Enid Nevárez Torres, responsable del accidente que le costó la vida a su hijo, no cumplirá prisión y, en su lugar, fue sentenciada a 15 años de restricción domiciliaria con monitoreo electrónico.

El emotivo momento ocurrió en la sala del Tribunal de San Juan, luego de que la jueza Wanda Cruz Ayala emitiera la sentencia, decisión que generó indignación entre los familiares de la víctima. Además de la restricción domiciliaria, Nevárez Torres deberá pagar una multa de $1,000, cumplir 200 horas de servicio comunitario y enfrentará la suspensión de su licencia de conducir por cinco años.

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