Latinoamericanas
Paraguay: Fiscal reconoce que basa caso Curuguaty sólo en testimonio policial
Aseguró que no ha sostenido conversaciones con los acusados por temor a represalias. «No tenemos la declaración de los campesinos, de alguien que se haya acercado a declarar y haya dicho yo vi esto y pasó esto», dijo el fiscal Jalil Rachid.
El fiscal paraguayo Jalil Rachid, quien tiene a su cargo la investigación del desalojo de junio pasado en Curuguaty, admitió este martes que basó acusaciones a un grupo de campesinos solo en declaraciones de policías.
Rachid, recusado sin éxito por la defensa debido a su relación personal con la familia del latifundista propietario del terreno donde murieron 11 campesinos y seis policías durante el desalojo, sorprendió al informar que los campesinos no se presentaron a declarar por riesgo para sus vidas.
Reconoció que no habló ni siquiera con un campesino de los muchos testigos del enfrentamiento y se ajustó a la versión policial en la cual los campesinos supuestamente dispararon primero, mataron a los policías y dieron lugar a la dura respuesta de los agentes.
“No tenemos la declaración de los campesinos, de alguien que se haya acercado a declarar y haya dicho yo vi esto y pasó esto, nadie se acercó por temor a ser procesada también, porque si obviamente estuvo en el lugar y vio algo, formaba parte de ese grupo ocupante”, recalcó.
Rachid no se refirió al informe que presentó a la Fiscalía General de la República un grupo encabezado por un jurista español, el cual sí incluye, no sólo declaraciones de campesinos, sino fotos y filmaciones y señaló la participación de francotiradores desconocidos iniciando los hechos.
Esto lo demostraba el uso de armas automáticas usadas contra la policía y los campesinos y las cápsulas de los proyectiles de gran calibre recogidas en el lugar y presentadas a Rachid por el exdiputado Julio Colmán, en una ceremonia filmada.
Rachid desestimó esa prueba pues «no se quien las recogió ni donde» al igual que rechazó la investigación independiente, la cual señaló también, de acuerdo a los campesinos declarantes, muertes extrajudiciales y negativa de auxilio a los heridos civiles.
El próximo 14 de febrero se sabrá si los 14 campesinos imputados por la masacre de Curuguaty son llevados a juicio oral por el juez José Benitez.
En este juicio oral, se sabrá si los 14 campesinos serán acusados de realizar la masacre de Curuguaty, donde murieron 11 miembros de una organización de personas sin tierra y seis policías luego de enfrentamientos.
Por dichos enfrentamiento no hay ningún policía imputado, lo que generó una ola de manifestaciones de organizaciones campesinas y una huelga de hambre por parte de los acusados.
El responsable de la Plataforma de Estudios Campesinos de Paraguay, Domingo Laíno, denunció con fotografías y vídeos que en la masacre participaron francotiradores para desencadenar una crisis institucional en el país. «Los culpables no son los que hoy están presos», remarcó.
El episodio fue utilizado por la oposición para argumentar la destitución parlamentaria de Lugo, lo que fue calificado como un golpe de Estado por la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), organismo que suspendió al país hasta que normalice su situación institucional.
La oposición sostuvo que por culpa de Lugo las tomas de tierras aumentaron y pusieron de relieve cómo eso afectaba a los grandes propietarios del país.
AGENCIA EFE
Puerto Príncipe, Haití.-El Consejo Presidencial de Haití eligió este martes a Fritz Bélizaire, extitular de Deportes, como nuevo primer ministro, en sustitución de Ariel Henry, y designó a Edgard Leblanc Fils, antiguo presidente del Senado, al frente de la institución encargada de la transición en el país.
El lunes, el Consejo Presidencial de Transición ya mantuvo una sesión de trabajo con los altos mandos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas haitianas, con el objetivo de encontrar soluciones para restablecer la seguridad en el país, tras un nuevo deterioro de la violencia desde el 29 de febrero pasado.
Esta institución, que se enfrenta a importantes retos en un país sumido en una aguda crisis y en medio de la violencia de las poderosas bandas armadas, tiene que preparar el camino para la celebración de comicios para el nombramiento de un nuevo presidente, a más tardar el 7 de febrero de 2026.
El restablecimiento de la seguridad pública, la organización de la conferencia nacional y la reforma constitucional, la celebración de elecciones generales democráticas, creíbles y participativas, el restablecimiento de la justicia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales de los ciudadanos, y la recuperación institucional y económica, son los 5 grandes proyectos que abordará el Consejo.
Agencia Efe
La Paz.- El Gobierno de Bolivia informó este domingo que entre el 1 de enero y el 20 de abril las fuerzas antidroga del país confiscaron más de 20 toneladas de cocaína y a 119,17 toneladas de marihuana, algo que «supera» los resultados de otras gestiones.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, dijo a los medios que en este tiempo también se destruyeron 24 laboratorios de cristalización y 504 fábricas de pasta base de cocaína además que se aprehendió a 1.048 personas e incautaron 16 aeronaves.
Estas cifras son parte de las 3.236 intervenciones que realizaron los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), explicó.
Asimismo, Mamani señaló que se confiscaron más de 114 toneladas de hojas de coca «estaban siendo desviadas a actividades ilícitas del narcotráfico», que incluye la que se produce en Perú y que los narcotraficantes trasladan hasta Bolivia.
El viceministro destacó los operativos que se efectuaron entre el 10 al 18 de este mes en los que se decomisó «más de una tonelada de cocaína» compuesta por 264,9 kilos de cloridrato o de alta pureza y 787 kilos de pasta base de la droga.
Las acciones de las fuerzas antinarcóticos se efectuaron en el municipio de Villa Tunari, en el Trópico del departamento central de Cochabamba, lo que representa una «afectación al narcotráfico en más de 3.166.764 dólares», apuntó Mamani.
Asimismo, mencionó que durante un operativo esta madrugada un grupo de 100 personas con palos, petardos, machetes y armas de fuego emboscaron en la población de Puerto Villarroel a un grupo de efectivos antidrogas que se dirigían a hacer un operativo.
El viceministro reportó que como resultado hay un efectivo herido y una otra persona afectada por un disparo, además que se registraron daños de consideración en dos vehículos oficiales.
También este fin de semana se incautaron 11,5 kilos de cocaína, oculta en un tablero de ajedrez que se enviaba como encomienda a España y que fue detectada por un can antidroga en una revisión de rutina en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz.
AGENCIA EFE
Ciudad de México.-La Embajada de Estados Unidos en México emitió este sábado una alerta de viaje por la inseguridad en Chiapas, estado de la frontera sur mexicana que afronta una ola de violencia del crimen organizado y disputas de los cárteles del narcotráfico.
La advertencia se produce «debido a la creciente violencia y preocupaciones de seguridad en Chiapas», por lo que los funcionarios estadounidenses tienen restricciones para viajar a la zona, según la información disponible en el sitio oficial de la Embajada.
El Gobierno estadounidense delimitó un área de peligro que incluye la mayor parte de la frontera entre Chiapas y Guatemala desde la costa del Pacífico hasta la Reserva de la Biósfera Montes Azules.
También abarca ciudades como Netzahualcóyotl, Ocosingo, El Ocote, San Francisco Pujiltic y Mapastepec.
En cambio, permite los viajes a Tapachula, la mayor ciudad de la frontera de México con Centroamérica.
«Monitoree la prensa local para actualizaciones y, en caso de emergencia, llame al 911. Revise sus planes de seguridad personal y siga las instrucciones de las autoridades locales», concluye la alerta.
La alerta se produce mientras crece la violencia en Chiapas por las disputas de los carteles del narcotráfico para controlar la frontera de México con Centroamérica.
Más de 100.000 niños y adolescentes resultaron afectados en 2023 en el estado por las disputas de los grupos criminales, según un informe de la Red por los Derechos de la Infancias en México (Redim) y la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias).
Además, la advertencia coincide con la gira que realiza este fin de semana Claudia Sheinbuam, la candidata presidencial del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien visitará la frontera sur.