Análisis Noticiosos
Parece innegable la apatridia de miles de domínico-haitianos
Por Juan Bolívar Díaz
El discurso de odio, las agresiones y la negación a los desnacionalizados hasta del derecho a reclamar parece una pobre respuesta al Comité de Derechos Humanos de la ONU que acaba de pedir medidas eficaces para poner fin a la masiva apatridia
Resultó lacerante la agresividad verbal y casi física con que grupos extremistas intentaron impedir un reclamo público de los grupos que aún procuran sacar de la apatridia a miles de descendientes de haitianos nacidos en el país antes de la Constitución del 2010, y repugnante a forma en que medios informativos convirtieron las víctimas en victimarios.
Esa ofensiva parece la respuesta al reciente informe del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que reclamó medidas urgentes y eficaces para reducir los casos de apatridia, incluyendo la plena aplicación de la ley 169-14 que intentó enmendar parcialmente los efectos de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC).
Inconcebible intolerancia
Ninguna racionalidad ni justificación tiene el hecho de que una veintena de personas intentaran impedir el sábado 18 que grupos que defienden los derechos de los domínico-haitianos desnacionalizados, primero por la Junta Central Electoral y luego por la sentencia 168-13 del TC, reclamaran pacíficamente lo que consideran derechos fundamentales.
Entre los convocantes de la actividad cívica, cultural y artística, había varias entidades con reconocimiento nacional e internacional en la lucha contra la exclusión, incluyendo una que, como el Centro Bonó de los Jesuítas, es portadora del mandato del Papa Francisco a los obispos dominicanos de “seguir colaborando con las autoridades civiles para alcanzar soluciones solidarias a los problemas de quienes son privados de documentos o se les niega sus derechos básicos”. Otros como Reconocidos o el Movimiento de Mujeres Domino-Haitianas son interlocutores en organismos como la ONU y la OEA, justamente en defensa de los desnacionalizados.
Los irruptores profirieron insultos y exhibieron un discurso xenofóbico cargado de odio y se llegó al manoteo y los empujones, con evidente tolerancia de las autoridades del orden. Los manifestantes tenían la autorización correspondiente del Patrimonio Monumental y el Ayuntamiento del DN y la habían notificado a la Autoridad Metropolitana del Transporte.
Más relevante que la pretensión de los de xenófobos fue lo que predominó en los medios informativos que convirtieron a las víctimas en simples haitianos inmigrantes ilegales, provocadores, insultantes desconocedores de la soberanía nacional, profanadores del altar de la patria y otros calificativos justificadores del discurso de odio que degrada internacionalmente el país.
El Comité ONU de DD-HH
La convocatoria al acto del sábado no era sorprendente, pues esos grupos han proseguido firmemente su lucha contra la apatridia en que han quedado miles de domínico-haitianos, tan defendibles como los domínico-americanos o los domínico-españoles, o mexico-americanos.
Lo sorprendente es que se reactivara el movimiento xenofóbico, lo que se atribuye al último informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU emitido el 9 de noviembre en Ginebra que ratificó su condena, compartida por muchos otros organismos internacionales, al despojo de la nacionalidad dominicana, con efecto retroactivo hasta 1929 por la sentencia 168-13.
El informe cuestionó otros hechos, pero principalmente la desnacionalización que a juicio del responsable de Amnistía Internacional para el Caribe, Robin Guittard, constituye “la mayor crisis de apatridia jamás vista en el continente americano”. El Comité pasa balance de nuevo al proceso iniciado en el 2007 por la JCE, y a la sentencia del TC “que dejó a miles de dominicanos, la mayoría de ascendencia haitiana, sin nacionalidad dominicana y en situación de apatridia”. Dice haber tomado nota de la adopción de la Ley 169-14 para mitigar los daños, pero expresa su preocupación “por el limitado alcance de esta ley y los obstáculos adicionales que ha creado, incluidos trámites y requisitos excesivos”.
El documento incluye demandas específicas al Estado dominicano, como garantizar el restablecimiento de la nacionalidad a todos los del Grupo A en la Ley 169-14, que son los que tenían registro de ciudadanía y medidas especiales para los del Grupo B, que no pudieron acogerse a los requisitos para ser reconocidos como dominicanos, pero todos nacidos en el país, que no son inmigrantes.
¿Cuántos son apatridas?
Aunque el Estado dominicano no reconoce que tenga apátridas, el país ha sido catalogado entre los cinco con mayor número en el mundo. En junio del 2015 el Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) los estimó en 210 mil. Myanmar lideraba con 800 mil, Costa de Marfil 700 mil, Tailandia 506 mil, y Letonia 262 mil.
Los estimados son muy diversos. ACNUR se basa en los resultados de la Encuesta Nacional de Inmigrantes del 2012, que estimó los descendientes nacidos en el país en 244 mil 151, cifra avalada por la sentencia 169-13, y le descuenta los que han podido recuperar la nacionalidad en virtud de la Ley 169-14.
La información oficial al respeto es muy parca obedeciendo a la política del avestruz, de esconder la cabeza, y tratar de que el tema se olvide, lo que no está en la agenda de los organismos de derechos humanos, ni aquí ni en el mundo. El cierre es bien hermético, pues se ha sabido que la JCE no ha respondido varias solicitudes de audiencia del Representante Permanente de las Naciones Unidas en el país, Lorenzo Jiménez, quien ha reiterado la disposición de colaborar para resolver las dificultades que han impedido que gran parte de los desnacionalizados se beneficien de la Ley 169-14, aprobada hace 3 años y medio precisamente para mitigar la apatridia generada por la sentencia del TC.
No soy de aquí ni de allá
Nadie puede precisar número, pero no hay dudas de que son decenas de miles los que han quedado como dice la canción de Facundo Cabral: “no soy de aquí ni soy de allá”, parte de los cuales ya estaban muertos cuando fueron condenados a la apatridia. Se les dice que, como descendientes de haitianos, tienen derecho a la nacionalidad de sus padres, pero su realidad social les impide trasladarse a Haití para iniciar un proceso de ciudadanía, en su mayoría sin documentación, ni siquiera de sus padres. Aún si quisieran, no tendrían con qué pagar viajes, hospedaje ni trámites. Carecen de vínculos en el vecino país y por demás se sienten dominicanos.
Hay apátridas todavía en el Grupo A, aquellos a quienes la ley 169-14 dispone
la regularización de la nacionalidad dominicana, “libre de todo trámite administrativo”. Pero el proceso de recuperación es lento y con trámites que disuaden a los potencialmente beneficiarios. Muchos son tan pobres que no tienen para pagar el transporte.
Contradictoriamente la JCE ha persistido en mantener recursos de anulación de la nacionalidad a símbolos internacionales como Juliana Deguís, la que encarnó la sentencia del TC, o Ana María Belique, una de las líderes de los domínico-haitianos, con cédula y pasaporte dominicano que viaja por el mundo. Ambas tienen recursos de apelación a sentencias que disponen la anulación, en base a la documentación de sus padres. Aunque la ley 169-14 sólo excluye de la restitución de la nacionalidad “cuando el hecho le sea imputable directamente al beneficiario”. El 26 de mayo del 2015 un comunicado de la JCE dijo que después de haber revisado 10 millones 321 mil actas, y de ellas 53 mil 827 “con posibles irregularidades”, sólo encontró 132 “que darían lugar a apoderamientos judiciales”, es decir el 0.58%, dejando en el descrédito la versión de que muchos miles habían obtenido registro fraudulento.
Los nunca registrados
La mina de los apátridas está en el Grupo B de la ley 169-14, que son los que nunca fueron registrados como dominicanos, aunque nacieron en el país. A muchos de ellos se les negó la inscripción desde que empezó la discriminación de los domínico-haitianos en los años noventa. Otros no la procuraron como aún quedan cientos de miles de dominicanos.
A este segmento la Ley 169-14 les dispone registrarse como extranjeros para a los dos años, llenando una serie de requisitos, poder optar por la ciudadanía, vía la naturalización. La información oficial es que sólo 8 mil 755 pudieron inscribirse en un plazo de 90 días, luego llevado a 180, perentorio, pues pudieron haberlo dejado abierto más tiempo y hasta abierto. Se estima que eran más de 53 mil, a los que habría que sumarle sus descendientes,
La realidad es que hay en el país un apharteid, un guetto o una población excluida, que seguirá creciendo cada día porque sus descendientes heredarán la apatridia. Y si sus padres y abuelos no pudieron llenar los requisitos para obtener ls ciudadanía ni regularizarse como extranjeros, ni se fueron para Haití, menos podrán hacerlo los descendientes. Hay familias donde los primeros hijos, registrados como dominicanos, recuperan su nacionalidad, mientras hermanos menores quedan como extranjeros. Un verdadero drama humano cuya solución será demandada eternamente por los organismos establecidos para defender los derechos humanos, entre los cuales resalta el de la ciudadanía.-
Análisis Noticiosos
Necesidad de nuevo objetivo de financiamiento climático para América Latina y el Caribe
Los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por la exportación de combustibles fósiles que por enfrentar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad
Por años el cambio climático ha representado una grave amenaza para América Latina y el Caribe. Sin embargo, los retos para atenderlo se han ido acrecentando con el tiempo. Pese a los intentos de varios países para hacerle frente, persisten desafíos para desacoplar sus economías de actividades contaminantes. Así, mientras algunos países profundizan su dependencia a los combustibles fósiles, otros sufren las consecuencias de los impactos negativos de la crisis climática.
De acuerdo con el Índice de Finanzas Sostenibles 2024 (IFS) del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, existe una gran brecha entre los ingresos generados por actividades intensivas en carbono y aquellos destinados a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. En conjunto, los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por actividades relacionadas con la exportación de combustibles fósiles que por temas asociados a la conservación de la naturaleza. Además, destinan 12 veces más recursos a proyectos para la producción de combustibles fósiles que a iniciativas que a las segundas dos iniciativas.
Este desequilibrio refleja la histórica dependencia de la región en sectores como la minería, el petróleo, el carbón y el gas, aunque también representa una oportunidad para reorientar los flujos financieros. Hay que reconocer que la transición a economías bajas en carbono no solo es una cuestión de mitigación del cambio climático, sino también de adaptación, de protección de la naturaleza y de competitividad económica a largo plazo.
A nivel nacional los países de América Latina y el Caribe deben acelerar su transición hacia finanzas más sostenibles. La dependencia económica de las actividades en carbono no solo ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos climáticos internacionales, sino que también exponen a la región a los devastadores impactos del cambio climático, como los desastres naturales y las migraciones forzadas.
El IFS 2024 subraya la urgencia de un cambio radical en la asignación de recursos. Actualmente, la mayoría de los países de la región destinan menos del 1% de sus presupuestos a proyectos que ayudarán a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. El Salvador es una de las pocas excepciones, destinando más del 3% de su presupuesto a iniciativas climáticas y sostenibles, pero muchos otros países permanecen rezagados, lo que limita su capacidad para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático.
La tarea no es sólo de los países de la región. Es muy importante que a nivel internacional se tengan compromisos de financiamiento, como la creación de un nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento climático que ayude a los países a financiar acciones urgentes. Este, se ha repetido, no solo debe estar enfocado en la adaptación, sino darse mediante financiamiento público en forma de donaciones para evitar el aumento de los niveles de deuda de los países. Se trata de un nuevo objetivo que se aprobará en la COP29 que se desarrollará en Bakú y que será crítico para incentivar a los países de la región a avanzar hacia finanzas más sostenibles.
La nueva meta de financiamiento climático debe tomar en cuenta estas necesidades y prioridades de los países de la región, como del resto de los países en desarrollo. No debe ser solo un número, aunque sí debe considerar que las necesidades están valuadas en millones de millones de dólares, y ya no solo en miles de millones de dólares. Pero, además, se deben tomar en cuenta aspectos de carácter cualitativo, como mejorar el acceso a dicho financiamiento.
Si bien no hay ningún país que haya logrado armonizar sus finanzas para hacerlas completamente sostenibles, lo cierto es que hay países que han tenido que incrementar sus inversiones públicas en la atención de las pérdidas y los daños causados por el cambio climático, como ha sucedido en países de Centroamérica. Dos ejemplos son el ya citado caso de El Salvador, y el de Guatemala, que presenta una puntuación de 2,6 de 4 puntos en la clasificación de finanzas sostenibles. Esto se debe a que Guatemala ha asignado 35 veces más recursos a actividades que permitirán combatir el cambio climático que a actividades intensivas en carbono; y a que es un país que no depende de la industria fósil para alimentar su economía. No obstante, también presenta retos de acceso a financiamiento climático internacional.
Otros países como Honduras, Jamaica y Panamá también han logrado progresos en cuanto a su asignación de presupuesto público en materia de cambio climático. Esto no quiere decir que no enfrentan retos de acceso a financiamiento internacional, lo que también limita su capacidad de implementación de sus compromisos climáticos adquiridos a nivel internacional.
Brasil y México, las economías más grandes de la región, se encuentran en una posición crítica dentro del contexto de las finanzas sostenibles. Según el IFS 2024, ambos países han obtenido medias y bajas puntuaciones: Brasil, con 2,1 puntos, y México con 1,3 puntos. Estos resultados reflejan una disparidad entre sus ingresos y egresos por actividades intensivas en carbono y el financiamiento asociado a la atención del cambio climático.
En 2023, Brasil generó 33 veces más ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono que por fuentes de financiamiento climático internacional, y destinó 1,5 veces más presupuesto a actividades contaminantes que a iniciativas sostenibles. México, por su parte, se enfrenta a una situación más compleja: generó 57 veces más ingresos por actividades intensivas en carbono, mientras que destinó 28 veces más recursos a sectores contaminantes que para atender el cambio climático.
A pesar de estos desafíos, tanto Brasil como México tienen la oportunidad de liderar un cambio crucial en la región. Debido a su peso económico y su influencia política, ambos países podrían movilizar capital de manera significativa hacia proyectos sostenibles, creando un efecto multiplicador que inspire a otras naciones de la región a seguir el mismo camino. Para lograrlo, es fundamental que alineen sus políticas fiscales con los compromisos climáticos internacionales. Esto implica incentivar el desarrollo de energías renovables y mejorar la eficiencia energética, al tiempo que desincentivan las actividades que perpetúan la emisión de contaminantes.
Los países de la región tienen una oportunidad única de liderar la transición global hacia la sostenibilidad, lo que implicará transformaciones nacionales y apoyo internacional. Por ello, el nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento es crítico para apoyar el aumento de la ambición de acciones climáticas, tanto de mitigación como de adaptación. Para la región es urgente que se apruebe este nuevo objetivo en la COP 29 y seguir impulsando las transformaciones necesarias a nivel nacional. No hay tiempo que perder. Sin meta no hay planeta.
elpais.com
Un estudio revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones -2.500 millones de dólares- respaldan al sector de la soja, del azúcar y el ganadero a través de préstamos a bajo interés
Bogotá.-Cuando habla de deforestación en Bolivia, Matthew Hansen, científico y docente especializado en el mapeo del cambio de cobertura terrestre, define al país como “el lejano oeste” y los datos lo corroboran. Desde 2001 hasta 2022, Bolivia perdió 3,73 millones de hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa 51% de su pérdida total de cobertura arbórea. A pesar de que es uno de los países con mayor superficie de bosques primarios, también es el tercero de la región que más rápido la está perdiendo. Desde la pandemia, cada año ha ido rompiendo el lamentable récord del desmantelamiento. Y sólo en 2023, el país había perdido un 27% más de bosque que en 2022. La creciente presencia ganadera, los monocultivos y las políticas del Gobierno parecen subrayar lo que para muchos es ya una realidad: la deforestación vino para quedarse. Con todas estas cifras en mente, Stasiek Czaplicki Cabezas, periodista de datos y economista ambiental, se hizo una pregunta: ¿Quién financia esta devastación ambiental? Tres años de investigación después revelaron una parte de la respuesta: los ahorros de los bolivianos.
“Si América Latina fuera un salón de clase, los peores alumnos serían Bolivia y Brasil, la diferencia es que Brasil sí tiene políticas públicas. En Bolivia, el Gobierno está aprobando medidas que apoyan el sector agropecuario”, explica Czaplicki, el autor del estudio Las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación, realizado en colaboración con Alianza por la Solidaridad / Actionaid Bolivia y publicado a finales de agosto. Este informe revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones bolivianos, una suma de 2.569 millones de dólares, están financiando los sectores de la soja, el azúcar y la ganadería, los principales responsables de la deforestación en el país. Este monto equivale a casi el triple de la inversión realizada en 2024 a las universidades públicas del país.
Esta cifra, según cuenta el autor, es el resultado de una compleja red de inversiones directas e indirectas a través de la banca y fondos de inversión cerrados (FICs) que terminan financiando los principales sectores que generan la destrucción ecosistémica. “Estos préstamos que les dan no consideran el destino de esos fondos y sus implicaciones socio-ecológicas”, lamenta por teléfono.
Hace años que a Czaplicki le llamaban la atención las supuestas crisis del sector de la soja, así que decidió hacerle seguimiento a esas cuentas. “Hice lo que se conoce como ‘follow de money’ (seguir el dinero). Empecé a encontrar cosas sospechosas, pagos de impuestos muy bajos, utilidades casi inexistentes… ¿Entonces dónde está el negocio?”, se preguntó. “Me di cuenta de que hay dos mecanismos para hacer dinero en el agronegocio. El primero es la especulación comercial de la tierra en la que desmontas el terreno y lo revendes, pero no es tan común. Y la segunda, la especulación financiera. Tener tierras activas para conseguir préstamos. De ahí sale la principal ganancia del agro en Bolivia”.
En la última década, la participación de estos préstamos en la cartera bancaria nacional ha escalado del 11,7% al 18,2%, en un contexto donde el volumen total de créditos se ha cuadruplicado. Paralelamente, los fondos de pensiones han experimentado un crecimiento similar, con la obligación de invertir mayoritariamente en el sector formal boliviano, que representa apenas el 18% de la economía del país. “En otras palabras, a medida que los créditos bancarios e inversiones de los fondos de pensiones aumentaron, también creció la proporción y el volumen destinado al agronegocio”, dice.
Hay tres cosas que le preocupan seriamente al respecto. “Por un lado, lo ético. Ya que los fondos de pensión, siendo ahorros para el futuro, están siendo usados para destrozar los ecosistemas del futuro. Después, está el ámbito económico porque promueven la inequidad. Y por último, es que los fondos de pensiones sirven para alimentar la banca y el sector. Lo peor es que la gente ni lo imagina”, reconoce. De acuerdo con encuestas de WWF que coordinó el autor del estudio, entre el 45 y 55% de la poblacion entre los 18 y los 45 años de La Paz y Santa Cruz no concibe que la ganadería pueda generar deforestación.
Para Czaplicki, economista ambiental, otro de los puntos clave de la investigación es la concentración del capital. En el sector soyero, por ejemplo, sólo ocho empresas reciben el 63% de los créditos bancarios, mayoritariamente en pesos bolivianos y a tasas de interés anual máximas de 6% y, en general, mucho menores. “Esta concentración genera un endeudamiento cuestionable e incrementa el riesgo del sistema bancario y de nuestras pensiones”, critica.
Pese a estas facilidades de financiación, estos sectores son intervenidos y apoyados a menudo, según el estudio. El ejemplo más reciente fue la creación de un fondo público de unos 300 millones de dólares de apoyo a los productores de soja y palma a un 0,5% de interés anual. “Estas condiciones en comparación con las de los préstamos sociales son muy diferentes. Para la vivienda social, el interés anual está entre el 5,5 y el 6,5%”.
La deforestación no la generan (sólo) los incendios
El experto lamenta que siga existiendo una fuerte estigmatización alrededor de las comunidades indígenas y campesinas vinculada a la deforestación. Estas comunidades suelen usar quemas controladas para sus cosechas. Si bien algunas de ellas se han descontrolado y han causado daños en los ecosistemas, al ser estos muy visibles, la percepción boliviana es que son los principales responsables del desmantelamiento. Sin embargo, el 88% de la conversión de bosques es producto de una deforestación planificada y ejecutada, en gran medida, con maquinaria pesada, sin incendios.
Es por ello que el economista cree que hay que informar más y mejor a la población. “Como sociedad tenemos que exigir una mayor transparencia y empujar la desinversión de actividades de sectores extractivos de las pensiones”, dice. “El problema es que no hay muchos otros sectores donde invertir, tenemos que replantear el presente y el futuro. Estamos hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones venideras”.
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Las autoridades mexicanas reconocen que han ratificado esta herramienta de financiamiento en un entorno de incertidumbre e inestabilidad de los mercados financieros
México .-El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ratificado su línea de crédito flexible a México por 35.000 millones de dólares. El financiamiento, a dos años, fue otorgado al país en 2023 y, ahora, es su evaluación a medio término, el organismo multilateral ha resaltado que el país mantiene los requisitos necesarios para acceder, en caso de que lo requiera a este fondeo. Las autoridades mexicanas han explicado que ante un entorno de riesgos externos y volatilidad han decidido mantener esta herramienta de financiamiento activa. “El entorno externo sigue presentando incertidumbre y riesgos. Entre ellos destacan los derivados de la dinámica de la economía global y de la volatilidad en los mercados financieros. Esta medida refuerza la posición del país frente a escenarios de volatilidad internacional”, indicaron por escrito. La Línea de Crédito Flexible es un instrumento disponible a algunos países del mundo que les permite fortalecer sus reservas y atender choques inesperados.
La Comisión de Cambios, integrada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, han informado este viernes que México continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios para acceder a los recursos disponibles a través de este instrumento, en caso de requerirlo y sin condicionalidad por parte del FMI. “Las autoridades refrendan su compromiso con políticas macroeconómicas prudentes que contribuyan a la estabilidad financiera y al crecimiento económico sostenible e incluyente”, añaden.
El organismo admite que México tiene un historial sostenido en la implementación de políticas macroeconómicas sólidas y sigue contando con fundamentos económicos y marcos de política institucional muy fuertes; un nivel de reservas internacionales adecuado; un historial de acceso a los mercados de capitales en condiciones favorables y finanzas públicas sanas. Además, de un marco de política monetaria y cambiario sólido y un sistema financiero bien capitalizado que se mantiene sólido frente a los riesgos sistémicos del sector financiero.
Entre los riesgos y desafíos, el FMI, advierte de que se espera que el crecimiento económico del país se modere aún más en 2025, debido a la retirada del estímulo fiscal de este año y a la continua restricción monetaria. Se necesita una consolidación fiscal anticipada, respaldada por medidas creíbles y bien identificadas, para reducir la deuda pública a lo largo del tiempo y proporcionar un margen de maniobra en caso de shocks negativos. “Existe una necesidad crítica de fortalecer la gobernanza, combatir la corrupción y el delito, mejorar la infraestructura física y movilizar el ahorro privado para financiar inversiones privadas”, sugiere.
El monto del financiamiento renovado en esta ocasión es igual al de 2023, sin embargo, desde 2018, México ha venido reduciendo la línea de crédito con el FMI. En 2018, México decidió recortar la línea de 88.000 millones de dólares a 74.000 millones de dólares. Esta línea de crédito internacional es un instrumento de carácter precautorio frente a condiciones externas adversas que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa las herramientas de las autoridades mexicanas para preservar la estabilidad económica y financiera.
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