Opinión
Parece muy difícil otra reelección de Danilo, que divide hasta el PLD
La posibilidad de que el presidente Danilo Medina pueda postularse a otra reelección, ya en abierta discusión, genera tanto rechazo que hasta dividiría a su partido, por lo que el vocero político José Ramón Peralta aseguró que el mandatario no está en eso
Por Juan Bolívar Díaz
El debate de una nueva postulación del presidente Danilo Medina para su reelección, todavía a dos años y medio, ha generado tanto rechazo público y privado y hasta en su propio partido, que su virtual vocero político el ministro administrativo José Ramón Peralta tuvo que salir a asegurar que el mandatario no está en eso.
Con la aprobación de Medina en picada en las encuestas, con serias dificultades financieras y en su obra cumbre de las plantas de carbón, y sin poder imponer las primarias abiertas, que serían utilizadas como referendo para justificar otra postulación, el debate parece más temerario que imprudente.
El Día de la Constitución
La conmemoración festiva del Día de la Constitución en San Cristóbal el lunes 6 impulsó el prematuro debate sobre la posibilidad de que el presidente Danilo Medina pueda optar a una tercera elección consecutiva, aún con el precepto constitucional que la limita a dos períodos y nunca más y un mandato transitorio que se lo prohíbe a él expresamente por el acuerdo en su partido para posibilitar la reforma constitucional del 2015 que permitió su continuidad el año pasado.
El tema lleva ya meses (ver “La eterna tentación continuista en la agenda de Danilo Medina”, HOY, 16 de septiembre), pero esta semana cobró mayor vigor, propulsado, entre otros, por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien encendió las tribunas cuando expresó su convicción de que el presidente Medina buscará otro período con o hasta sin reforma constitucional, en este caso elevando un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre la base de la igualdad de derechos.
El Gobernador de San Cristóbal, Julio César Díaz, echó leña al debate cuando en la celebración de la Constitución planteó la necesidad de otra reforma constitucional para posibilitar la nueva repostulación del actual mandatario. Allí mismo, el senador provincial Tommy Galán, expresó su disposición a revisar la Constitución, pero no sólo para la reelección, sino también para otros asuntos.
Sin conocer los pronunciamientos locales, el párroco Juan José Zaro, quien ofició un tedeum por el aniversario de la Constitución dominicana, criticó que ésta haya sido modificada 39 veces “para satisfacer intereses particulares como el de la reelección”. Y aprovechó para clamar contra la corrupción y la impunidad.
Dividiría hasta el PLD
Tanto en público, como en privado crece el rechazo al debate sobre otra reforma constitucional para la reelección, aunque no son pocos los que creen que si el presidente se lo propone con los recursos del Estado logrará vencer tanto la resistencia en su propio partido, como la externa, como ha sido constante en la historia nacional. Sobre todo porque estiman muy débil la oposición política, y subestiman la fuerza desatada en el país por la Marcha Verde, a lo que se atribuye gran parte de la caída de la valoración del gobierno de Medina, de 12 puntos este año en Gallup-HOY y 24 puntos en el Latinobarómetro del 2016 al 2017, para quedar en 51y 52%, respectivamente.
Han proliferado las advertencias de que un nuevo proyecto reeleccionista, que desconocería los acuerdos del 2015 en el Comité Político del PLD para “blindar la Constitución”, dividiría profundamente el partido gobernante. Fue la reacción esta semana del presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, miembro del organismo, quien agregó que dividiría también a la sociedad dominicana, que no está preparada para un tercer mandato consecutivo.
Igual advertencia formuló esta semana el politólogo y consultor político Daniel Pou, y recientemente el exgobernador de Santiago y miembro del Comité Central del PLD José Izquierdo. El ministro de la Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, también consideró que el debate busca dividir el PLD, estimándolo “traído por los moños” por sus enemigos, aunque el mismo día la directora de la Oficina Nacional de Estadística y aliada política Alexandra Izquierdo no solo planteó la reforma constitucional, sino también que se deje abierta la reelección sin límites.
Avalancha de rechazos
El pronunciamiento de Subero Isa provocó una avalancha de rechazos, incluso de dos jueces del Tribunal Constitucional, Jottin Cury y Wilson Gómez, quienes no dudaron en señalar la prevalencia de la Constitución como ley de leyes. Los diputados oficialistas Henry Merán, Demóstenes Martínez y Orlando Espinosa estimaron que la Constitución es muy clara sobre el debate y que el Tribunal Constitucional no puede declarar la inconstitucionalidad de la misma Constitución. En eso coincidió el experto constitucionalista Namphi Rodríguez, desde su Fundación Prensa & Derecho.
Por su parte, la Fundación Institucionalidad y Justicia, adscrita al empresariado, emitió el martes un comunicado donde considera “inoportuno tanto el debate con ese propósito, como la propia reforma”, y advierte que un proceso de reforma constitucional sólo para la reelección presidencial “podría desembocar en situaciones que no contribuirán al fortalecimiento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, ni a la gobernabilidad democrática, la institucionalidad y la seguridad jurídica”.
Las reacciones a los pronunciamientos reeleccionistas en los medios de comunicación y las redes sociales fueron tan fuertes que se cebaron en Subero Isa, sin distinguir lo que señaló como una posibilidad, no necesariamente su preferencia personal, aún después que aclaró que no aboga por la reelección y que sólo señaló percepciones.
Peralta pone frenos
El rechazo en la opinión pública fue tan fuerte que el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, salió el jueves a contener los reeleccionistas, asegurando que “el Presidente Danilo Medina ni el Gobierno están en reelección; su enfoque y prioridad consisten en seguir trabajando en procura de la mejoría del pueblo”, Indicó que la coyuntura es diferente a la del 2016, porque todos los proyectos en ejecución terminarán antes de la próxima elección del 2020.
Peralta, quien ha aparecido como extraoficial vocero político de la presidencia, dijo en febrero del 2015, apenas tres meses antes de la última reforma constitucional reeleccionista, que “el Gobierno no está enfocado en hacer cosas populistas, sino que está trabajando para tratar de hacer el mejor gobierno posible”, y señaló que en su oportunidad el presidente se referiría al asunto.
Al parecer todavía el presidente Medina no ha considerado necesario referirse directamente al tema, aunque el 12 de junio pasado, Felucho Jiménez, miembro del Comité Político del PLD, y presidente de la Refinería de Petróleo, dijo que el mandatario le había autorizado a asegurar que no buscará una nueva reelección. El 12 de agosto el super Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo afirmó tajantemente que el presidente Medina sólo gobernará hasta el 16 de agosto del 2020.
Se impone el realismo
El frenazo emitido por Peralta se imponía dado la pendiente de rechazo en que se metió el proyecto y las circunstancias políticas y gubernamentales. La encuesta Gallup-HOY de la semana pasada mostró un panorama cambiante, tanto a lo interno del PLD como en el ámbito nacional, que sería imprudente no tomar en cuenta.
Resaltó una cierta recuperación electoral del expresidente Leonel Fernández, ante la imposibilidad constitucional de Medina, al ser señalado como el líder del PLD tanto por el universo encuestado como por los que se dijeron peledeistas, con diferencia de 45 a 30 y 45 a 34 por ciento sobre Danilo, mientras tanto la Gallup como Latinobarómetro y otra reciente de Mrk Penn-Sin, marcan pesimismo sobre la situación general del país.
Así mismo, la división interna del PLD ha imposibilitado que Medina imponga su mayoría en el Comité Político para imponer las elecciones con padrón abierto para las candidaturas, y así abrir la posibilidad de utilizar ese mecanismo como referéndum para, con todo el poder estatal, lograr una amplia votación interna por Danilo que viabilice en el PLD la posibilidad de volver a reformar la Constitución para postular al gran líder nacional.
Por otro lado, la obra cumbre del presidente Medina, las plantas de carbón de Punta Catalina, está en una nebulosa, tras el reclamo de 708 millones de pesos adicionales que ha formulado la constructora Odebrecht, con la notificación de que no serían terminadas hasta el 2019. Podría retrasarse mucho más si el Gobierno mantiene su resistencia a pagar más de lo contratado, compelido por una opinión pública que la cree ya sobrevaluada por corrupción. El miércoles el ministro de Hacienda Donald Guerrero, dijo que ya la Odebrecht había bajado de 500 millones de dólares su reclamo, en medio de versiones de que el Gobierno contacta abogados para un arbitraje internacional, que según expertos tomaría un mínimo de dos años, con peligro de no terminar la obra en el período de Medina.-
La posibilidad de que el presidente Danilo Medina pueda postularse a otra reelección, ya en abierta discusión, genera tanto rechazo que hasta dividiría a su partido, por lo que el vocero político José Ramón Peralta aseguró que el mandatario no está en eso Por Juan Bolívar Díaz
El debate de una nueva postulación del presidente Danilo Medina para su reelección, todavía a dos años y medio, ha generado tanto rechazo público y privado y hasta en su propio partido, que su virtual vocero político el ministro administrativo José Ramón Peralta tuvo que salir a asegurar que el mandatario no está en eso.
Con la aprobación de Medina en picada en las encuestas, con serias dificultades financieras y en su obra cumbre de las plantas de carbón, y sin poder imponer las primarias abiertas, que serían utilizadas como referendo para justificar otra postulación, el debate parece más temerario que imprudente.
El Día de la Constitución
La conmemoración festiva del Día de la Constitución en San Cristóbal el lunes 6 impulsó el prematuro debate sobre la posibilidad de que el presidente Danilo Medina pueda optar a una tercera elección consecutiva, aún con el precepto constitucional que la limita a dos períodos y nunca más y un mandato transitorio que se lo prohíbe a él expresamente por el acuerdo en su partido para posibilitar la reforma constitucional del 2015 que permitió su continuidad el año pasado.
El tema lleva ya meses (ver “La eterna tentación continuista en la agenda de Danilo Medina”, HOY, 16 de septiembre), pero esta semana cobró mayor vigor, propulsado, entre otros, por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien encendió las tribunas cuando expresó su convicción de que el presidente Medina buscará otro período con o hasta sin reforma constitucional, en este caso elevando un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre la base de la igualdad de derechos.
El Gobernador de San Cristóbal, Julio César Díaz, echó leña al debate cuando en la celebración de la Constitución planteó la necesidad de otra reforma constitucional para posibilitar la nueva repostulación del actual mandatario. Allí mismo, el senador provincial Tommy Galán, expresó su disposición a revisar la Constitución, pero no sólo para la reelección, sino también para otros asuntos.
Sin conocer los pronunciamientos locales, el párroco Juan José Zaro, quien ofició un tedeum por el aniversario de la Constitución dominicana, criticó que ésta haya sido modificada 39 veces “para satisfacer intereses particulares como el de la reelección”. Y aprovechó para clamar contra la corrupción y la impunidad.
Dividiría hasta el PLD
Tanto en público, como en privado crece el rechazo al debate sobre otra reforma constitucional para la reelección, aunque no son pocos los que creen que si el presidente se lo propone con los recursos del Estado logrará vencer tanto la resistencia en su propio partido, como la externa, como ha sido constante en la historia nacional. Sobre todo porque estiman muy débil la oposición política, y subestiman la fuerza desatada en el país por la Marcha Verde, a lo que se atribuye gran parte de la caída de la valoración del gobierno de Medina, de 12 puntos este año en Gallup-HOY y 24 puntos en el Latinobarómetro del 2016 al 2017, para quedar en 51y 52%, respectivamente.
Han proliferado las advertencias de que un nuevo proyecto reeleccionista, que desconocería los acuerdos del 2015 en el Comité Político del PLD para “blindar la Constitución”, dividiría profundamente el partido gobernante. Fue la reacción esta semana del presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, miembro del organismo, quien agregó que dividiría también a la sociedad dominicana, que no está preparada para un tercer mandato consecutivo.
Igual advertencia formuló esta semana el politólogo y consultor político Daniel Pou, y recientemente el exgobernador de Santiago y miembro del Comité Central del PLD José Izquierdo. El ministro de la Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, también consideró que el debate busca dividir el PLD, estimándolo “traído por los moños” por sus enemigos, aunque el mismo día la directora de la Oficina Nacional de Estadística y aliada política Alexandra Izquierdo no solo planteó la reforma constitucional, sino también que se deje abierta la reelección sin límites.
Avalancha de rechazos
El pronunciamiento de Subero Isa provocó una avalancha de rechazos, incluso de dos jueces del Tribunal Constitucional, Jottin Cury y Wilson Gómez, quienes no dudaron en señalar la prevalencia de la Constitución como ley de leyes. Los diputados oficialistas Henry Merán, Demóstenes Martínez y Orlando Espinosa estimaron que la Constitución es muy clara sobre el debate y que el Tribunal Constitucional no puede declarar la inconstitucionalidad de la misma Constitución. En eso coincidió el experto constitucionalista Namphi Rodríguez, desde su Fundación Prensa & Derecho.
Por su parte, la Fundación Institucionalidad y Justicia, adscrita al empresariado, emitió el martes un comunicado donde considera “inoportuno tanto el debate con ese propósito, como la propia reforma”, y advierte que un proceso de reforma constitucional sólo para la reelección presidencial “podría desembocar en situaciones que no contribuirán al fortalecimiento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, ni a la gobernabilidad democrática, la institucionalidad y la seguridad jurídica”.
Las reacciones a los pronunciamientos reeleccionistas en los medios de comunicación y las redes sociales fueron tan fuertes que se cebaron en Subero Isa, sin distinguir lo que señaló como una posibilidad, no necesariamente su preferencia personal, aún después que aclaró que no aboga por la reelección y que sólo señaló percepciones.
Peralta pone frenos
El rechazo en la opinión pública fue tan fuerte que el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, salió el jueves a contener los reeleccionistas, asegurando que “el Presidente Danilo Medina ni el Gobierno están en reelección; su enfoque y prioridad consisten en seguir trabajando en procura de la mejoría del pueblo”, Indicó que la coyuntura es diferente a la del 2016, porque todos los proyectos en ejecución terminarán antes de la próxima elección del 2020.
Peralta, quien ha aparecido como extraoficial vocero político de la presidencia, dijo en febrero del 2015, apenas tres meses antes de la última reforma constitucional reeleccionista, que “el Gobierno no está enfocado en hacer cosas populistas, sino que está trabajando para tratar de hacer el mejor gobierno posible”, y señaló que en su oportunidad el presidente se referiría al asunto.
Al parecer todavía el presidente Medina no ha considerado necesario referirse directamente al tema, aunque el 12 de junio pasado, Felucho Jiménez, miembro del Comité Político del PLD, y presidente de la Refinería de Petróleo, dijo que el mandatario le había autorizado a asegurar que no buscará una nueva reelección. El 12 de agosto el super Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo afirmó tajantemente que el presidente Medina sólo gobernará hasta el 16 de agosto del 2020.
Se impone el realismo
El frenazo emitido por Peralta se imponía dado la pendiente de rechazo en que se metió el proyecto y las circunstancias políticas y gubernamentales. La encuesta Gallup-HOY de la semana pasada mostró un panorama cambiante, tanto a lo interno del PLD como en el ámbito nacional, que sería imprudente no tomar en cuenta.
Resaltó una cierta recuperación electoral del expresidente Leonel Fernández, ante la imposibilidad constitucional de Medina, al ser señalado como el líder del PLD tanto por el universo encuestado como por los que se dijeron peledeistas, con diferencia de 45 a 30 y 45 a 34 por ciento sobre Danilo, mientras tanto la Gallup como Latinobarómetro y otra reciente de Mrk Penn-Sin, marcan pesimismo sobre la situación general del país.
Así mismo, la división interna del PLD ha imposibilitado que Medina imponga su mayoría en el Comité Político para imponer las elecciones con padrón abierto para las candidaturas, y así abrir la posibilidad de utilizar ese mecanismo como referéndum para, con todo el poder estatal, lograr una amplia votación interna por Danilo que viabilice en el PLD la posibilidad de volver a reformar la Constitución para postular al gran líder nacional.
Por otro lado, la obra cumbre del presidente Medina, las plantas de carbón de Punta Catalina, está en una nebulosa, tras el reclamo de 708 millones de pesos adicionales que ha formulado la constructora Odebrecht, con la notificación de que no serían terminadas hasta el 2019. Podría retrasarse mucho más si el Gobierno mantiene su resistencia a pagar más de lo contratado, compelido por una opinión pública que la cree ya sobrevaluada por corrupción. El miércoles el ministro de Hacienda Donald Guerrero, dijo que ya la Odebrecht había bajado de 500 millones de dólares su reclamo, en medio de versiones de que el Gobierno contacta abogados para un arbitraje internacional, que según expertos tomaría un mínimo de dos años, con peligro de no terminar la obra en el período de Medina.-
Por Oscar López Reyes
Pretendiendo prolongar la creencia de internet del “chivo sin ley” (“fake news” o noticias falsas, desinformación, manipulación, coerción, ciberdelincuencia, etc.), el nuevo Código Penal -estipula condenas hasta de 40 años- ha sido rebautizado como la Ley Mordaza por pseudo-periodistas, “comunicadores” sin títulos universitarios ni otro aval académico o gremial que ejercen el chantaje extorsivo mediático monetario. ¿Acaso asistimos a una revancha en favor de la impunidad de los delitos de palabras (más devastadores que una bala), el aborto, la corrupción y el narcotráfico?
Está en marcha, y crece, la industria de la intimidación, amparados los extorsionadores en el libertinaje digital, la dañina viralidad y la percepción de impunidad por la ausencia de sanción penal. Pululan, especialmente en las redes sociales y la radio, las advertencias de divulgar datos comprometedores o retirar los difundidos si no les efectúan transferencias económicas inmediatas.
Nunca como ahora, malandrines con el antifaz de periodistas presionan y emprenden campañas de descréditos contra figuras públicas, empresarios y políticos con noticias falsas o descontextualizadas, montajes digitales, ediciones tendenciosas, titulares sensacionalistas, perfiles falsos, fotografías e informaciones íntimas y sensibles, rumores espúreos, imágenes o videos manipulados y otros datos personales perjudiciales.
¿Por estos y otros tipos de modus operandi, ha oído usted que condenaron a un director de diario, a un egresado universitario de comunicación social o a otros profesionales del ecosistema informativo?
Sencillamente, “agua pasada no mueve molino”. Más que una persecución contra la libertad de expresión, las campanas repican contra el delito de extorsión mediática, una modalidad delictiva que le está ganando a los abogados extorsionistas.
Categóricamente, ha tomado cuerpo un delito penal grave, que conlleva a penas de cárcel, útil como un mecanismo disuasivo para sujetos con patrones de conductas impulsivas, terroríficas e incontrolables. Ellos están atrapados por trastornos episódicos y sin arrepentimiento, que se vuelven un peligro público, y que ameritan de psicoterapia, como palpablemente se ha visto últimamente. La prisión apuntala como un preferible tono de voz para calmar el dolor de las víctimas y evitar que respondan con el castigo de una paliza o la muerte.
Alégase que el Tribunal Constitucional ha despenalizado delitos de prensa, pero no olvidemos que últimamente esa instancia se ha constituido en una afrenta para la sociedad. Ha estado aplicando el derecho desde la Luna, divorciado de la realidad, y creándole más conflictos al Estado, sancionando sentencias absurdas, que instituciones oficiales no están en capacidad de cumplir, porque de hacerlo dejarían sin presupuesto la salud, la educación, las obras públicas y otros servicios sociales.
Igual de mal andan senadores y diputados, que son marionetas del populismo y que se doblegan en un santiamén, como si asistieran a un convite de comadres. Luego de más de 20 años discutiendo para lograr la aprobación del Código Penal, ahora esos legisladores acceden fácilmente, como si tuvieran en brazos de Morfeo, a dar rienda suelta a la propuesta para modificarlo sin ser sometido a pruebas, porque ni siquiera ha entrado en vigencia.
Valga referir, como aporte adicional a las anotaciones preexistentes, que los más diversos autores doctrinarios internacionales sobre el derecho a la información concuerdan en que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no absoluto, que precisa de límites para proteger derechos de terceros y garantizar el orden social. Basta citar a Alejandro Fuenmayor E. en El derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública, Francisco Morera Alfaro en Los derechos de los ciudadanos frente a las tareas de la información, Enrique Villalobos Quirós en El derecho a la información y Manuel Fernández Areal en Introducción al derecho de la información.
Y, ¿cuál otro? Sí, podemos leer a Carlos Soria en Derecho a la información y derecho a la honra; A. Hugo Osorio Meléndez en Políticas de información y derecho. Estudio comparativo; Eduardo Nova Monreal en Derecho a la vida privada y libertad de información. Un conflicto de derechos; Ernesto Villanueva e Issa Luna Pla en El derecho de acceso a la información, y Orrin E. Klapp en Información y moral. Estrategias de apertura y cierre ante la nueva información.
En esa óptica, ¿qué dice el nuevo Código Penal?
Acerca de la difamación extorsiva, el artículo 209 expresa que “Quien haga imputación pública a una persona, física o jurídica, de un hecho preciso o concreto que le afecta en su honor o en su consideración, buen nombre, imagen, dignidad e integridad familiar, por cualquier forma pública, … le cause un perjuicio, y con ello obligue o procure obligar a la víctima a ceder a sus exigencias, será sancionado con pena de cinco a diez años de prisión mayor y multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público”.
En esta circunstancia, más que acudir a la violencia como los iracundos, la alternativa más expedita para los injuriados y acosados está en el sometimiento judicial para que un juez decida, interponiendo las pruebas y colocando otras piezas regidos por los fundamentos del derecho, dictaminen la culpabilidad o inocencia del imputado. Y todavía para las partes queda la opción de apelar la sentencia.
Si el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional modifican el nuevo Código Penal, al unísono tendrán que hacer una revolución, en virtud de que en República Dominicana a través de varias leyes son perseguibles y sancionables con prisión el chantaje, las campañas injuriosas y difamatorias, los rumores falsos, las expresiones ofensivas o despectivas por medios informáticos, telemáticos o audiovisuales (redes sociales, internet, blogs) y prensa escrita.
¿Y cuáles son esas disposiciones legales?
Son la Ley 183-02 Monetaria y Financiera, la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales; la Ley 53-07 Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 136-03 o Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y otras, que contemplan encierros carcelarios de hasta diez años y multas de hasta dos millones 500 mil pesos o 500 veces el salario mínimo del sector público. ¡Muy bien!
Aunque luzca una irreverencia y un riesgo decirlo, el sometimiento judicial a un periodista por difamación e injuria representa una prueba para demostrar su profesionalidad y apego a las leyes y a los principios y valores éticos en el manejo informativo y el análisis interpretativo. Si así fuere, ¿por qué tanto miedo?
Con frecuencia, ciertas esferas de los diarios exageran y procuran rehuir para no colocarse frente a un crucifijo, por la aversión y el temor traumático, arrastrado por sangrientas experiencias pretéritas. Preservemos el contenido del nuevo Código Penal, y actuemos con la potestad de informar y opinar sin censura ni autocensura, pero ajustados al derecho, y caminando derecho.
……………………………..
El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.
Por Isaías Ramos
República Dominicana no enfrenta solo un debate salarial. Enfrenta una crisis de arraigo, identidad, soberanía laboral y cumplimiento constitucional. Durante las últimas tres décadas se consolidó un modelo de bajos salarios, débil fiscalización y desorden migratorio-laboral. Pero desde la Constitución de 2010, que consagra el Estado Social y Democrático de Derecho, esa falla dejó de ser solo económica: se convirtió en contradicción frontal con el mandato constitucional. Hoy el problema se ha agudizado. La pregunta es necesaria: ¿para quién funciona realmente este modelo económico?
Según el Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del PNUD, 39.5% de las personas en República Dominicana contempla irse a vivir o trabajar a otro país, frente a 31.7% en América Latina y el Caribe: 395 de cada 1,000 personas, contra 317 de cada 1,000 del promedio regional. La principal razón para emigrar es la falta de oportunidades económicas: 58.4%.
Ese dato debe estremecer. Los dominicanos no contemplan irse porque no amen su patria. Contemplan irse porque trabajan, luchan, pagan transporte, comida, impuestos y deudas, y aun así sienten que no avanzan. La emigración deseada es un voto de desconfianza contra un modelo que produce crecimiento, pero no suficiente esperanza.
La Constitución no manda una República para administrar resignación. Define al país como Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo y la soberanía popular. También reconoce que todo trabajador tiene derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad, y declara de alto interés la nacionalización del trabajo.
Por eso, el salario justo no es una consigna. Es mandato constitucional.
La evidencia salarial es contundente. En el primer trimestre de 2026, la ONE reportó que el salario mensual promedio por empleado formal fue RD$34,621. Incluso los sectores mejor remunerados —minas y canteras, organismos extraterritoriales y electricidad— promediaron RD$79,724, RD$70,541 y RD$67,246. Si ese es el techo salarial formal, el país debe preocuparse: muchos ingresos permiten consumir, pero no necesariamente progresar, ahorrar, comprar vivienda o construir patrimonio.
La canasta básica familiar nacional llegó en mayo de 2026 a RD$49,268.36; la del primer quintil fue RD$29,489.84 y la del segundo RD$38,441.67. Frente a eso, demasiados salarios formales siguen siendo salarios de supervivencia. Ahí está el corazón del problema: están convirtiendo la pobreza salarial en ventaja competitiva.
El primer deber de los gobiernos debe ser garantizar salarios justos y dignos. El segundo, aplicar la indexación del mínimo exento del impuesto al salario. La DGII reconoce para 2026 una exención contributiva hasta RD$416,220 anuales y, al mismo tiempo, que por la Ley de Presupuesto queda sin efecto el ajuste previsto en el artículo 327 del Código Tributario. En palabras simples: los gobiernos siguen cobrándole inflación al trabajador formal.
La excusa fiscal tampoco basta. Hacienda estima el gasto tributario de 2026 en RD$393,541.54 millones, equivalente a 4.54% del PIB. Entonces la pregunta no es si hay recursos; la pregunta es a quién deciden proteger primero los gobiernos.
Tercer deber: no hay exenciones sin salario digno. Todo régimen con privilegios fiscales debe demostrar retorno social: salario digno, formalidad, transparencia, capacitación y movilidad salarial.
Cuarto deber: hacer cumplir el 80/20 laboral. El Código de Trabajo establece que al menos 80% de los trabajadores de una empresa debe ser dominicano, y que al menos 80% de la nómina debe corresponder a trabajadores dominicanos, con las excepciones previstas por la ley.
La alerta está en los medios. Almomento, citando la Encuesta Sectorial Construcción 2025 del Instituto Nacional de Migración, afirma que la mano de obra haitiana representa 68.3% de los trabajadores de la construcción, frente a 31.1% de locales; en empresas formales, la proporción sería 69.1% haitiana y 30.2% dominicana. Ese dato exige auditoría nacional. Si se confirma, sería una inversión práctica del mandato de nacionalización del trabajo, con consecuencias salariales, demográficas, culturales e identitarias.
Hay que decirlo sin odio ni confusión: el problema no es el inmigrante pobre que busca trabajo. El problema son los gobiernos que han permitido el desorden. No son los extranjeros los culpables de desplazar al trabajador dominicano; los responsables son las autoridades llamadas a cumplir y hacer cumplir la Constitución, el Código de Trabajo, la ley tributaria y el orden migratorio-laboral.
Donde debía haber control, hubo tolerancia. Donde debían estar las fronteras resguardadas, hubo abandono, corrupción sin consecuencias y complicidad con el desorden. Donde debía prevalecer la Constitución, se traicionó el interés nacional. Donde debía haber salario justo, hubo precariedad. Donde debía haber defensa del trabajo dominicano, hubo indiferencia. Y donde debía haber cumplimiento de la ley, hubo gobiernos mirando hacia otro lado.
Ese desorden empuja al dominicano a emigrar y a la nación a perder cohesión, identidad, soberanía laboral y control sobre su destino.
Desde el Frente Cívico y Social sostenemos que la patria no se defiende culpando al inmigrante pobre. Se defiende cumpliendo la Constitución, pagando salarios dignos, indexando el impuesto al salario, ordenando la frontera y haciendo cumplir el 80/20.
República Dominicana no necesita una economía que administre resignación. Necesita una economía que produzca arraigo.
Los dominicanos no quieren irse. Los están empujando.
Ya basta. Llegó la hora de hacer valer la Constitución y activar, de verdad, el Estado Social y Democrático de Derecho: un Estado que no esté de rodillas ante los privilegios, sino de pie junto al pueblo trabajador.
Por Rommel Santos Díaz
En las investigaciones realizadas de conformidad con el Estatuto de la Corte Penal Internacional nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.
De acuerdo con el Estatuto de Roma nadie será sometido a forma alguna de coacción, intimidación o amenaza, a torturas ni a otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.
En el proceso de investigación de la Corte Penal Internacional , quien haya de ser interrogado en un idioma que no sea el que comprende y habla perfectamente contará, sin cargo alguno, con los servicios de un intérprete competente y las traducciones que sean necesarias a los efectos de cumplir el requisito de equidad.
De conformidad con el Estatuto de Roma nadie será sometido a arresto o detención arbitrarios ni será privado de su libertad salvo por los motivos previstos en el Estatuto y de conformidad con los procedimientos establecidos en él.
Cuando haya motivos para creer que una persona ha cometido un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional y esa persona haya de ser interrogada por el Fiscal o por las autoridades nacionales, o en cumplimiento de una solicitud hecha de acuerdo las disposiciones del Estatuto de Roma tendrá el derecho a ser informada.
Dentro de los derechos que tiene una persona en el proceso de investigación de la Corte Penal Internacional el Estatuto de Roma señala el de ser informada de que existen motivos para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte.
Antes del interrogatorio la persona también deberá ser informada de que tiene derecho a guardar silencio , sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia.
Cabe destacar que en el proceso de investigación de la Corte Penal Internacional la persona tiene derecho a ser asistida por un abogado defensor de su elección o, si no lo tuviere, a que se le asigne un defensor de oficio, siempre fuere necesario en interés de la justicia y , en cualquier caso, sin cargo si careciere de medios suficientes.
Finalmente, la persona tendrá el derecho a ser interrogada en presencia de un abogado, a menos que haya renunciado voluntariamente a su derecho a asistencia letrada de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma.