Opinión
Parece muy difícil otra reelección de Danilo, que divide hasta el PLD
La posibilidad de que el presidente Danilo Medina pueda postularse a otra reelección, ya en abierta discusión, genera tanto rechazo que hasta dividiría a su partido, por lo que el vocero político José Ramón Peralta aseguró que el mandatario no está en eso
Por Juan Bolívar Díaz
El debate de una nueva postulación del presidente Danilo Medina para su reelección, todavía a dos años y medio, ha generado tanto rechazo público y privado y hasta en su propio partido, que su virtual vocero político el ministro administrativo José Ramón Peralta tuvo que salir a asegurar que el mandatario no está en eso.
Con la aprobación de Medina en picada en las encuestas, con serias dificultades financieras y en su obra cumbre de las plantas de carbón, y sin poder imponer las primarias abiertas, que serían utilizadas como referendo para justificar otra postulación, el debate parece más temerario que imprudente.
El Día de la Constitución
La conmemoración festiva del Día de la Constitución en San Cristóbal el lunes 6 impulsó el prematuro debate sobre la posibilidad de que el presidente Danilo Medina pueda optar a una tercera elección consecutiva, aún con el precepto constitucional que la limita a dos períodos y nunca más y un mandato transitorio que se lo prohíbe a él expresamente por el acuerdo en su partido para posibilitar la reforma constitucional del 2015 que permitió su continuidad el año pasado.
El tema lleva ya meses (ver “La eterna tentación continuista en la agenda de Danilo Medina”, HOY, 16 de septiembre), pero esta semana cobró mayor vigor, propulsado, entre otros, por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien encendió las tribunas cuando expresó su convicción de que el presidente Medina buscará otro período con o hasta sin reforma constitucional, en este caso elevando un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre la base de la igualdad de derechos.
El Gobernador de San Cristóbal, Julio César Díaz, echó leña al debate cuando en la celebración de la Constitución planteó la necesidad de otra reforma constitucional para posibilitar la nueva repostulación del actual mandatario. Allí mismo, el senador provincial Tommy Galán, expresó su disposición a revisar la Constitución, pero no sólo para la reelección, sino también para otros asuntos.
Sin conocer los pronunciamientos locales, el párroco Juan José Zaro, quien ofició un tedeum por el aniversario de la Constitución dominicana, criticó que ésta haya sido modificada 39 veces “para satisfacer intereses particulares como el de la reelección”. Y aprovechó para clamar contra la corrupción y la impunidad.
Dividiría hasta el PLD
Tanto en público, como en privado crece el rechazo al debate sobre otra reforma constitucional para la reelección, aunque no son pocos los que creen que si el presidente se lo propone con los recursos del Estado logrará vencer tanto la resistencia en su propio partido, como la externa, como ha sido constante en la historia nacional. Sobre todo porque estiman muy débil la oposición política, y subestiman la fuerza desatada en el país por la Marcha Verde, a lo que se atribuye gran parte de la caída de la valoración del gobierno de Medina, de 12 puntos este año en Gallup-HOY y 24 puntos en el Latinobarómetro del 2016 al 2017, para quedar en 51y 52%, respectivamente.
Han proliferado las advertencias de que un nuevo proyecto reeleccionista, que desconocería los acuerdos del 2015 en el Comité Político del PLD para “blindar la Constitución”, dividiría profundamente el partido gobernante. Fue la reacción esta semana del presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, miembro del organismo, quien agregó que dividiría también a la sociedad dominicana, que no está preparada para un tercer mandato consecutivo.
Igual advertencia formuló esta semana el politólogo y consultor político Daniel Pou, y recientemente el exgobernador de Santiago y miembro del Comité Central del PLD José Izquierdo. El ministro de la Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, también consideró que el debate busca dividir el PLD, estimándolo “traído por los moños” por sus enemigos, aunque el mismo día la directora de la Oficina Nacional de Estadística y aliada política Alexandra Izquierdo no solo planteó la reforma constitucional, sino también que se deje abierta la reelección sin límites.
Avalancha de rechazos
El pronunciamiento de Subero Isa provocó una avalancha de rechazos, incluso de dos jueces del Tribunal Constitucional, Jottin Cury y Wilson Gómez, quienes no dudaron en señalar la prevalencia de la Constitución como ley de leyes. Los diputados oficialistas Henry Merán, Demóstenes Martínez y Orlando Espinosa estimaron que la Constitución es muy clara sobre el debate y que el Tribunal Constitucional no puede declarar la inconstitucionalidad de la misma Constitución. En eso coincidió el experto constitucionalista Namphi Rodríguez, desde su Fundación Prensa & Derecho.
Por su parte, la Fundación Institucionalidad y Justicia, adscrita al empresariado, emitió el martes un comunicado donde considera “inoportuno tanto el debate con ese propósito, como la propia reforma”, y advierte que un proceso de reforma constitucional sólo para la reelección presidencial “podría desembocar en situaciones que no contribuirán al fortalecimiento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, ni a la gobernabilidad democrática, la institucionalidad y la seguridad jurídica”.
Las reacciones a los pronunciamientos reeleccionistas en los medios de comunicación y las redes sociales fueron tan fuertes que se cebaron en Subero Isa, sin distinguir lo que señaló como una posibilidad, no necesariamente su preferencia personal, aún después que aclaró que no aboga por la reelección y que sólo señaló percepciones.
Peralta pone frenos
El rechazo en la opinión pública fue tan fuerte que el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, salió el jueves a contener los reeleccionistas, asegurando que “el Presidente Danilo Medina ni el Gobierno están en reelección; su enfoque y prioridad consisten en seguir trabajando en procura de la mejoría del pueblo”, Indicó que la coyuntura es diferente a la del 2016, porque todos los proyectos en ejecución terminarán antes de la próxima elección del 2020.
Peralta, quien ha aparecido como extraoficial vocero político de la presidencia, dijo en febrero del 2015, apenas tres meses antes de la última reforma constitucional reeleccionista, que “el Gobierno no está enfocado en hacer cosas populistas, sino que está trabajando para tratar de hacer el mejor gobierno posible”, y señaló que en su oportunidad el presidente se referiría al asunto.
Al parecer todavía el presidente Medina no ha considerado necesario referirse directamente al tema, aunque el 12 de junio pasado, Felucho Jiménez, miembro del Comité Político del PLD, y presidente de la Refinería de Petróleo, dijo que el mandatario le había autorizado a asegurar que no buscará una nueva reelección. El 12 de agosto el super Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo afirmó tajantemente que el presidente Medina sólo gobernará hasta el 16 de agosto del 2020.
Se impone el realismo
El frenazo emitido por Peralta se imponía dado la pendiente de rechazo en que se metió el proyecto y las circunstancias políticas y gubernamentales. La encuesta Gallup-HOY de la semana pasada mostró un panorama cambiante, tanto a lo interno del PLD como en el ámbito nacional, que sería imprudente no tomar en cuenta.
Resaltó una cierta recuperación electoral del expresidente Leonel Fernández, ante la imposibilidad constitucional de Medina, al ser señalado como el líder del PLD tanto por el universo encuestado como por los que se dijeron peledeistas, con diferencia de 45 a 30 y 45 a 34 por ciento sobre Danilo, mientras tanto la Gallup como Latinobarómetro y otra reciente de Mrk Penn-Sin, marcan pesimismo sobre la situación general del país.
Así mismo, la división interna del PLD ha imposibilitado que Medina imponga su mayoría en el Comité Político para imponer las elecciones con padrón abierto para las candidaturas, y así abrir la posibilidad de utilizar ese mecanismo como referéndum para, con todo el poder estatal, lograr una amplia votación interna por Danilo que viabilice en el PLD la posibilidad de volver a reformar la Constitución para postular al gran líder nacional.
Por otro lado, la obra cumbre del presidente Medina, las plantas de carbón de Punta Catalina, está en una nebulosa, tras el reclamo de 708 millones de pesos adicionales que ha formulado la constructora Odebrecht, con la notificación de que no serían terminadas hasta el 2019. Podría retrasarse mucho más si el Gobierno mantiene su resistencia a pagar más de lo contratado, compelido por una opinión pública que la cree ya sobrevaluada por corrupción. El miércoles el ministro de Hacienda Donald Guerrero, dijo que ya la Odebrecht había bajado de 500 millones de dólares su reclamo, en medio de versiones de que el Gobierno contacta abogados para un arbitraje internacional, que según expertos tomaría un mínimo de dos años, con peligro de no terminar la obra en el período de Medina.-
La posibilidad de que el presidente Danilo Medina pueda postularse a otra reelección, ya en abierta discusión, genera tanto rechazo que hasta dividiría a su partido, por lo que el vocero político José Ramón Peralta aseguró que el mandatario no está en eso Por Juan Bolívar Díaz
El debate de una nueva postulación del presidente Danilo Medina para su reelección, todavía a dos años y medio, ha generado tanto rechazo público y privado y hasta en su propio partido, que su virtual vocero político el ministro administrativo José Ramón Peralta tuvo que salir a asegurar que el mandatario no está en eso.
Con la aprobación de Medina en picada en las encuestas, con serias dificultades financieras y en su obra cumbre de las plantas de carbón, y sin poder imponer las primarias abiertas, que serían utilizadas como referendo para justificar otra postulación, el debate parece más temerario que imprudente.
El Día de la Constitución
La conmemoración festiva del Día de la Constitución en San Cristóbal el lunes 6 impulsó el prematuro debate sobre la posibilidad de que el presidente Danilo Medina pueda optar a una tercera elección consecutiva, aún con el precepto constitucional que la limita a dos períodos y nunca más y un mandato transitorio que se lo prohíbe a él expresamente por el acuerdo en su partido para posibilitar la reforma constitucional del 2015 que permitió su continuidad el año pasado.
El tema lleva ya meses (ver “La eterna tentación continuista en la agenda de Danilo Medina”, HOY, 16 de septiembre), pero esta semana cobró mayor vigor, propulsado, entre otros, por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien encendió las tribunas cuando expresó su convicción de que el presidente Medina buscará otro período con o hasta sin reforma constitucional, en este caso elevando un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre la base de la igualdad de derechos.
El Gobernador de San Cristóbal, Julio César Díaz, echó leña al debate cuando en la celebración de la Constitución planteó la necesidad de otra reforma constitucional para posibilitar la nueva repostulación del actual mandatario. Allí mismo, el senador provincial Tommy Galán, expresó su disposición a revisar la Constitución, pero no sólo para la reelección, sino también para otros asuntos.
Sin conocer los pronunciamientos locales, el párroco Juan José Zaro, quien ofició un tedeum por el aniversario de la Constitución dominicana, criticó que ésta haya sido modificada 39 veces “para satisfacer intereses particulares como el de la reelección”. Y aprovechó para clamar contra la corrupción y la impunidad.
Dividiría hasta el PLD
Tanto en público, como en privado crece el rechazo al debate sobre otra reforma constitucional para la reelección, aunque no son pocos los que creen que si el presidente se lo propone con los recursos del Estado logrará vencer tanto la resistencia en su propio partido, como la externa, como ha sido constante en la historia nacional. Sobre todo porque estiman muy débil la oposición política, y subestiman la fuerza desatada en el país por la Marcha Verde, a lo que se atribuye gran parte de la caída de la valoración del gobierno de Medina, de 12 puntos este año en Gallup-HOY y 24 puntos en el Latinobarómetro del 2016 al 2017, para quedar en 51y 52%, respectivamente.
Han proliferado las advertencias de que un nuevo proyecto reeleccionista, que desconocería los acuerdos del 2015 en el Comité Político del PLD para “blindar la Constitución”, dividiría profundamente el partido gobernante. Fue la reacción esta semana del presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, miembro del organismo, quien agregó que dividiría también a la sociedad dominicana, que no está preparada para un tercer mandato consecutivo.
Igual advertencia formuló esta semana el politólogo y consultor político Daniel Pou, y recientemente el exgobernador de Santiago y miembro del Comité Central del PLD José Izquierdo. El ministro de la Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, también consideró que el debate busca dividir el PLD, estimándolo “traído por los moños” por sus enemigos, aunque el mismo día la directora de la Oficina Nacional de Estadística y aliada política Alexandra Izquierdo no solo planteó la reforma constitucional, sino también que se deje abierta la reelección sin límites.
Avalancha de rechazos
El pronunciamiento de Subero Isa provocó una avalancha de rechazos, incluso de dos jueces del Tribunal Constitucional, Jottin Cury y Wilson Gómez, quienes no dudaron en señalar la prevalencia de la Constitución como ley de leyes. Los diputados oficialistas Henry Merán, Demóstenes Martínez y Orlando Espinosa estimaron que la Constitución es muy clara sobre el debate y que el Tribunal Constitucional no puede declarar la inconstitucionalidad de la misma Constitución. En eso coincidió el experto constitucionalista Namphi Rodríguez, desde su Fundación Prensa & Derecho.
Por su parte, la Fundación Institucionalidad y Justicia, adscrita al empresariado, emitió el martes un comunicado donde considera “inoportuno tanto el debate con ese propósito, como la propia reforma”, y advierte que un proceso de reforma constitucional sólo para la reelección presidencial “podría desembocar en situaciones que no contribuirán al fortalecimiento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, ni a la gobernabilidad democrática, la institucionalidad y la seguridad jurídica”.
Las reacciones a los pronunciamientos reeleccionistas en los medios de comunicación y las redes sociales fueron tan fuertes que se cebaron en Subero Isa, sin distinguir lo que señaló como una posibilidad, no necesariamente su preferencia personal, aún después que aclaró que no aboga por la reelección y que sólo señaló percepciones.
Peralta pone frenos
El rechazo en la opinión pública fue tan fuerte que el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, salió el jueves a contener los reeleccionistas, asegurando que “el Presidente Danilo Medina ni el Gobierno están en reelección; su enfoque y prioridad consisten en seguir trabajando en procura de la mejoría del pueblo”, Indicó que la coyuntura es diferente a la del 2016, porque todos los proyectos en ejecución terminarán antes de la próxima elección del 2020.
Peralta, quien ha aparecido como extraoficial vocero político de la presidencia, dijo en febrero del 2015, apenas tres meses antes de la última reforma constitucional reeleccionista, que “el Gobierno no está enfocado en hacer cosas populistas, sino que está trabajando para tratar de hacer el mejor gobierno posible”, y señaló que en su oportunidad el presidente se referiría al asunto.
Al parecer todavía el presidente Medina no ha considerado necesario referirse directamente al tema, aunque el 12 de junio pasado, Felucho Jiménez, miembro del Comité Político del PLD, y presidente de la Refinería de Petróleo, dijo que el mandatario le había autorizado a asegurar que no buscará una nueva reelección. El 12 de agosto el super Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo afirmó tajantemente que el presidente Medina sólo gobernará hasta el 16 de agosto del 2020.
Se impone el realismo
El frenazo emitido por Peralta se imponía dado la pendiente de rechazo en que se metió el proyecto y las circunstancias políticas y gubernamentales. La encuesta Gallup-HOY de la semana pasada mostró un panorama cambiante, tanto a lo interno del PLD como en el ámbito nacional, que sería imprudente no tomar en cuenta.
Resaltó una cierta recuperación electoral del expresidente Leonel Fernández, ante la imposibilidad constitucional de Medina, al ser señalado como el líder del PLD tanto por el universo encuestado como por los que se dijeron peledeistas, con diferencia de 45 a 30 y 45 a 34 por ciento sobre Danilo, mientras tanto la Gallup como Latinobarómetro y otra reciente de Mrk Penn-Sin, marcan pesimismo sobre la situación general del país.
Así mismo, la división interna del PLD ha imposibilitado que Medina imponga su mayoría en el Comité Político para imponer las elecciones con padrón abierto para las candidaturas, y así abrir la posibilidad de utilizar ese mecanismo como referéndum para, con todo el poder estatal, lograr una amplia votación interna por Danilo que viabilice en el PLD la posibilidad de volver a reformar la Constitución para postular al gran líder nacional.
Por otro lado, la obra cumbre del presidente Medina, las plantas de carbón de Punta Catalina, está en una nebulosa, tras el reclamo de 708 millones de pesos adicionales que ha formulado la constructora Odebrecht, con la notificación de que no serían terminadas hasta el 2019. Podría retrasarse mucho más si el Gobierno mantiene su resistencia a pagar más de lo contratado, compelido por una opinión pública que la cree ya sobrevaluada por corrupción. El miércoles el ministro de Hacienda Donald Guerrero, dijo que ya la Odebrecht había bajado de 500 millones de dólares su reclamo, en medio de versiones de que el Gobierno contacta abogados para un arbitraje internacional, que según expertos tomaría un mínimo de dos años, con peligro de no terminar la obra en el período de Medina.-
Por José Cabral
Por doquier se escucha la misma queja de que la sociedad dominicana ha desarrollado una cultura del engaño y el fraude.
Este problema tiene necesariamente que generar mucha preocupación y angustia, porque lo que ocurre nadie se atreve a negar que es una amenaza latente en contra de todos y cada uno de los dominicanos.
El país está atrapado por los cuatro puntos cardinales, cuyas consecuencias impactan a los de abajo, los del medio y los de arriba social y económicamente hablando.
Y esto hay que traerlo a colación porque si vamos a los tribunales en busca de justicia es el mismo escenario de la negación de derechos y justificación y estimulación de lo mal hecho.
No importa el circulo en que uno se mueva, el lenguaje es el mismo, la justificación de lo injustificable.
Es una cultura que no es fácil de erradicar, ya que los principales promotores del robo, el fraude e incluso de los asesinatos porque estimulan la vía de hecho, son los tribunales penales.
Son escenarios con un nivel de solemnidad que engañan al más inteligente y bonito, como el debate presidencial, cuyos participantes y aspirantes a dirigir el país, quienes debían estar presos en vez de aparecer por televisión para justificar sus aspiraciones, son los mejores exponentes de la «decencia nacional».
Es “cogío# que estamos, no parece haber escapatorias porque esas conductas los primeros en legitimarlas y justificarlas son los propios ciudadanos, los votantes, los perjudicados con unas acciones que dañan toda la nación.
La verdad que no se ve clara la salida a esta situación que genera una gran incertidumbre, ya que es muy poco lo que sirve.
Haga una reflexión y escoja el escenario que le parezca y comprobará que cualquiera se llena de pesimismo si es que usted ama el aspecto humano de la vida, de lo contrario tal vez no se alarme.
Por Isaías Ramos
El 14 de enero de este año, nuestra nación fue víctima de una de las peores ignominias que puede sufrir nuestra frágil democracia: la ruptura de nuestra Carta Magna. Con la promulgación de la Ley 1-24, que pretende instaurar la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se busca intimidar a la población y consolidar una tiranía que creíamos superada hace más de seis décadas.
Esta ley desafía abiertamente la Constitución que nos rige. Según el artículo 261, el sistema de inteligencia debe estar subordinado a instituciones independientes, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, asegurando así su supervisión y alineación con el interés nacional. No obstante, el artículo 8 de la Ley 1-24 coloca la DNI directamente bajo el presidente, otorgándole un poder ilimitado que es tanto peligroso como inestable.
La historia nos ofrece lecciones claras sobre los peligros de un poder sin restricciones. Tácito, el historiador romano, advirtió: «El poder nunca es estable cuando es ilimitado». Este poder concentrado en una sola figura no solo va en contra de nuestras leyes fundamentales, sino que es una receta para el abuso y la corrupción.
Esta ley se levanta como un monstruo de múltiples cabezas que, de no ser detenido, destruirá los cimientos de esta débil democracia, llevándose consigo nuestra libertad y nuestros derechos más preciados: nuestra dignidad.
La implementación de esta ley podría llevarnos por un camino oscuro, similar al sufrido por ciudadanos en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde los servicios de inteligencia se han utilizado como herramientas para reprimir la disidencia y mantener a los líderes autoritarios en el poder.
La historia reciente de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida arbitrariamente, y de algunos dirigentes de la líder opositora María Corina Machado en un país bajo un régimen con leyes similares, nos sirve como un presagio sombrío de lo que podría suceder aquí. Sus experiencias de miedo, represión y violencia son un claro recordatorio de lo que está en juego.
Es imperativo que reconsideremos esta legislación y evaluemos sus impactos potenciales no solo en nuestra seguridad, sino en nuestra libertad.
El Frente Cívico y Social (FCS) comprende profundamente estas consecuencias y, por eso, instamos a la población a tomar una postura firme. Si esta ley no es derogada o modificada para alinearse con nuestros principios constitucionales antes de las elecciones del 19 de mayo, llamamos a la ciudadanía a abstenerse de votar o emitir un voto nulo. Esta acción de desobediencia civil no es solo un derecho, sino un deber cívico.
El sistema actual nos desmoraliza, nos lleva a vivir en un estado de desestabilización y crisis, causando miedo y terror que nos quitan el poder de razonar y pensar en lo verdaderamente importante.
De continuar indiferentes ante este enorme desafío, visualizamos un futuro donde el miedo y la represión se convertirán en la norma, y donde las libertades que tanto costaron conquistar serán solo un recuerdo lejano. Frente a este escenario, debemos recordar que aún tenemos la oportunidad de redirigir el rumbo de nuestra nación.
Defender nuestra libertad es ahora. No podemos permitir que las sombras de un pasado autoritario oscurezcan nuestro presente y nuestro futuro. Alcémonos con valor y compromiso, preparados para actuar y proteger lo que más valoramos. Solo así podremos superar las adversidades y fortalecer los pilares de nuestra democracia.
En el FCS estamos muy claros de que el futuro está en nuestras manos, y el momento de actuar es ahora. No esperemos más para defender nuestro sistema democrático y asegurar un mañana más prometedor y justo para todos. ¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 77 del Estatuto de Roma faculta a la CPI para imponer la condena de cadena perpetua, pero solo en aquellos casos en que se justifique debido a la extrema gravedad del crimen y las circunstancias individuales del condenado.
De otra manera, la pena máxima para los delitos del Estatuto de Roma es de 30 años de prisión. Algunas constituciones prohíben la cadena perpetua o el término de 30 años de prisión por considerar que estas penas no prevén una oportunidad para la rehabilitación, o que no son proporcionales con la naturaleza del crimen.
Sería difícil argumentar que los largos periodos de prisión son desproporcionados respecto a la mayoría de los crímenes de la competencia de la CPI, particularmente cuando la cadena perpetua debe ser justificada por la ̈extrema gravedad del crimen ̈. Tal condena solo se impondrá a aquellos que tengan el más alto nivel de responsabilidad en la comisión de los mas graves crímenes, tales como el genocidio.
Adicionalmente, el Estatuto de Roma prevé la posibilidad de la rehabilitación. Según el artículo 110, la Corte deberá revisar todas las condenas de prisión cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua para determinar si esta puede reducirse.
En el punto anterior la CPI considera estos aspectos como si la persona hubiese asistido a la Corte con la localización de cualquier bien objeto de una multa, decomiso u órdenes de reparación que pudiesen beneficiar a la víctima.
La CPI también podrá tomar en consideración ¨otros factores indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba, que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena¨
Por consiguiente una cadena perpetua podría reducirse a 25 años de prisión en algunos casos. Si la CPI decide no reducir la sentencia de la persona después de la primera revisión, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.
Durante las negociaciones sobre las penas de la CPI, muchos Estados estuvieron a favor de la aplicación de la pena de muerte en los casos extremos. El numero de Estados con pena de muerte es poco menor que el de aquellos que no tienen pena de muerte.
No existe la oportunidad para rehabilitación alguna cuando se impone la pena de muerte. Por ende la cadena perpetua con la posibilidad de reducirla a 25 años, es un compromiso razonable entre la pena de muerte y la prisión máxima de 30 años.
Los Estados deberán recordar que el artículo 80 del Estatuto de Roma expresamente establece que el Estatuto no afecta la aplicación por parte de los Estados de aquellas penas prescritas por su propio derecho interno , ni afecta la ley de aquellos Estados que no impongan las penas prescritas en el Estatuto de Roma.
Los Estados Partes no deben imponer las mismas penas por los mismos delitos en su jurisdicción, ni deberán aplicar las condenas de prisión a no ser que voluntariamente lo quieran hacer. En este caso, los Estados podrán también especificar las condiciones bajo las cuales aceptarían a las personas condenadas, inclusive la condición de no aplicar la cadena perpetua.
Por consiguiente, los Estados Partes que cuenten con las disposiciones constitucionales que prohíban la imposición de la cadena perpetua solo necesitaran permitir la excepción de entregar a la persona a la CPI, pese a que tal persona pueda ser condenada a cadena perpetua.
Los Estados Partes del Estatuto de Roma deberán entregar a la persona acusada a la CPI cuando ésta así lo solicite, aún si existe la posibilidad de que dicha persona sea condenada a cadena perpetua.
En el caso de muchos Estados, la potestad de la CPI para imponer la cadena perpetua no necesitará la aplicación de medidas legislativas particulares. Sin embargo, en algunos Estados la constitución explícitamente prohíbe la extradición de una persona a un Estado donde se aplica esta pena , o que declara la cadena perpetua como un castigo cruel. Estos Estados cuentan con dos opciones:
- a)Establecer claramente, en la norma que implemente el Estatuto, la distinción entre la extradición de una persona a otro Estado y la entrega de una persona a la Corte Penal Internacional.
Algunos Estados podrán realizar esta distinción en su legislación, lo cual les permitiría entregar personas a la CPI aunque existan una restricción a la ¨extradicion¨de personas a tribunales que impongan la pena de cadena perpetua. Esto les permitiría mantenerla prohibición de extraditar una persona a un tribunal extranjero, sin interferir con la habilidad de cooperar plenamente con la CPI.
- b)La reforma a la Constitución podría ser mínima, dirigida solo a la introducción de una excepción al principio. Podría especificarse que la cadena perpetua impuesta por la CPI de conformidad con el Estatuto de Roma para algunos de los crímenes allí enumerados no viola la Constitución.
Debería también mencionarse que el Estado puede entregar a la persona acusada a la CPI a pesar de que exista la posibilidad de la cadena perpetua. La enmienda constitucional podría también mencionar que la CPI puede reducir la condena después de 25 años, existiendo así la posibilidad de la rehabilitación.
Finalmente, la ventaja de una reforma constitucional que elimina cualquier posibilidad de un conflicto normativo, garantiza que los tribunales nacionales dicten sus fallos de conformidad con sus obligaciones legales establecidas en el Estatuto de Roma.