Latinoamericanas
Parlamento venezolano activa batalla contra Constituyente de Maduro
También se aprobó un acuerdo en rechazo al procesamiento en tribunales militares de civiles detenidos en medio de las protestas antigubernamentales en el país
EFE
CARACAS. El Parlamento venezolano que controla una contundente mayoría opositora desplegó ayer una serie de argumentos en contra de la Asamblea Nacional Constituyente que propuso el presidente Nicolás Maduro, que ha sido calificada por la oposición como una estrategia del gobernante para mantenerse en el poder.
La sesión parlamentaria se produjo en un día de pausa en la agenda de protestas antigubernamentales a las que ha convocado la oposición y que se han desarrollado desde hace más de un mes, que será retomada mañana con una marcha a la sede principal del Tribunal Supremo de Justicia en el oeste de Caracas.
Los parlamentarios aprobaron un acuerdo sobre la “inconstitucionalidad y nulidad” del decreto de Maduro con el que convocó a una Constituyente para modificar la Carta Magna y que fue publicado en Gaceta Oficial.
El diputado Luis Florido señaló que la Constituyente debe ser sometida primero a un referendo para consultarle al pueblo venezolano si desea que se realice el proceso y el legislador Omar Barboza señaló que el Gobierno procura, con esta convocatoria, “no realizar” elecciones y “ganar tiempo” para mantenerse en el poder.
El diputado Alfonso Marquina se preguntó: “¿Quién le dio la potestad a Nicolás Maduro de sustituir al pueblo para ejercer la convocatoria a Constituyente? mientras que su colega Américo De Grazia apuntó que el presidente quiere, con la Constituyente, “retroceder a una época sin votación universal, directa y secreta”.
Más temprano el presidente del Parlamento, Julio Borges, dijo que la convocatoria hecha por el gobernante para reformar el Estado y su ordenamiento jurídico, nació “muerta” porque fue hecha con la “mala intención de engañar” al pueblo, un plan diseñado para “permanecer en el poder”.
En la sesión de ayer también se aprobó un acuerdo en rechazo al procesamiento en tribunales militares de civiles detenidos en medio de las protestas antigubernamentales en el país, establecido “en el marco del denominado Plan Zamora” que lanzó el Gobierno y que según la oposición viola los derechos humanos.
En este acuerdo la Cámara se solidariza con los privados de libertad “injustamente procesados” por estos tribunales militares y con sus familiares y se exige a los jueces de estas instancias ejercer apegados a la Constitución por lo que deben “abstenerse de procesar civiles”.
Además se autoriza a la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) pedir a la Fiscalía General que ejerza sus atribuciones para garantizar el respeto a los derechos y garantías constitucionales.
También se exige al defensor del pueblo, Tarek William Saab que “ejerza sus atribuciones constitucionales de velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos”.
En ambos acuerdos se indica que se denunciará “la violación de los derechos” políticos y humanos ante las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
En la sesión del Parlamento también se pronunció la ONG Foro Penal Venezolano (FPV) que aseguró que 73 personas civiles han sido privadas de libertad en el país por decisión de tribunales militares, de las 137 que han sido presentadas ante estas instancias en el marco de las protestas antigubernamentales.
El director ejecutivo de la ONG, el abogado Alfredo Romero, dijo que en los últimos días 118 personas del céntrico estado Carabobo fueron presentadas ante tribunales militares que se instalaron en los comandos de la Guardia Nacional (policía militarizada).
También informó que hoy fueron presentados 19 estudiantes que manifestaban en el estado occidental de Falcón.
“En el caso particular de Carabobo hemos encontrado que en las audiencias las personas están armadas, por lo menos 11 militares armados con armas automáticas, violando el derecho a la defensa e intimidando a los detenidos, evidentemente nadie declaró”, dijo.
Aseguró que en la mayoría de los casos, el FPV ha encontrado que “no existe ningún tipo de evidencia para poder acusar a nadie” y que “todas estas evidencias las tiene la Fiscalía General” que ha estado presente en cada una de las denuncias.
Más temprano, el FPV difundió su informe del número de detenidos durante la ola de protestas desde el 4 de abril hasta el 8 de mayo y apuntó que ha registrado 1.991 detenciones de manifestantes de los cuales 653 personas siguen privadas de libertad.
Al número de detenidos se suma la lista de caídos, que hasta ahora suma 37 fallecidos y cientos de heridos.
Entretanto, simpatizantes del Gobierno marcharon ayer en Caracas en apoyo a la Constituyente y expresaron en un manifiesto su apoyo a esta convocatoria de Maduro.
CARACAS.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, experimenta una creciente soledad diplomática en América Latina tras las derrotas electorales de dos de sus principales aliados regionales: los oficialismos en Honduras y San Vicente y las Granadinas, en un contexto en el que persiste la tensión con Estados Unidos debido al despliegue militar en el Caribe.
En Honduras, los resultados preliminares de los comicios del domingo pasado muestran que Rixi Moncada, apoyada por la presidenta Xiomara Castro -aliada de Maduro-, cayó al tercer lugar sin posibilidades de revertir la tendencia. El conteo está centrado entre dos candidatos de derecha, Salvador Nasralla y Nasry Asfura, este último respaldado públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ambos prometieron romper relaciones con el régimen de Maduro.
CAMBIO DE MANDO EN SAN VICENTE
En San Vicente y las Granadinas, el primer ministro Ralph Gonsalves, reconocido por su respaldo a Venezuela, perdió el poder tras casi un cuarto de siglo. El gobierno del país pasó a manos de Godwin Friday, político de centroderecha cuyo partido logró 14 de los 15 escaños parlamentarios.
Incluso las naciones gobernadas por líderes progresistas o de centroizquierda, como Brasil, Chile, México y Colombia, restringieron su relación con el régimen de Maduro. Y lo hicieron, fundamentalmente, tras los cuestionados comicios de 2024 en los que se proclamó su reelección pese a denuncias de irregularidades.
ARGENTINA
Los vínculos diplomáticos entre Venezuela y Argentina se cortaron casi por completo con el triunfo de Mauricio Macri en 2015 y quedaron prácticamente sin restablecer tras la llegada al poder del actual presidente, Javier Milei. A esto se suma el distanciamiento de otras naciones de la región que migraron hacia gobiernos de derecha en el último tiempo, entre ellas Ecuador, El Salvador y Bolivia.
BRASIL
En cuanto a Brasil, el lazo bilateral osciló entre etapas de cooperación durante los mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, y graves tensiones bajo administraciones de derecha. El regreso de Lula al Palacio del Planalto reabrió el diálogo con Caracas, aunque sin alcanzar el nivel de cercanía anterior.
CUBA
Si la crisis en el Caribe se profundiza, Venezuela dispone de pocos aliados activos en el continente. El gobierno de Cuba continúa manifestando su respaldo a Maduro. El ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, afirmó en diálogo con CNN a fines de septiembre que la isla “apoya de forma plena y completa” a Caracas.
Al ser consultado sobre una posible acción militar en apoyo a Venezuela, Rodríguez declaró que “es un escenario hipotético. Cuando me informen que ha ocurrido una intervención militar, le haré saber la respuesta”.
El régimen cubano enfrenta una de las peores crisis económicas de su historia reciente, lo que limita su capacidad de asistencia efectiva.
NICARAGUA
El otro socio relevante que le queda a Venezuela es Nicaragua, encabezada por los “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los mandatarios, que cargan con denuncias de atropellos a los derechos humanos, adoptaron una postura reservada y brindaron escaso soporte a Caracas. No obstante, en septiembre, Ortega denunció el incremento de la presencia militar estadounidense en el Caribe y acusó a Washington de buscar “apoderarse del petróleo venezolano, fingiendo que la droga proviene de ese país”.
La posición de Estados Unidos ha determinado el marco actual. El Pentágono desplegó más de una docena de barcos de guerra y alrededor de 15.000 efectivos en la región bajo la operación conocida como “Lanza del Sur”.
jt-am
La Habana (EFE).- Un apagón masivo en la mitad occidental de Cuba dejó este miércoles a unos 3,5 millones de personas sin corriente eléctrica, incluida La Habana, según informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
El fallo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se produjo sobre las 5.00 de la mañana hora local (9.00 GMT) por motivos que por el momento no se han divulgado, después de días con tasas récord de déficit de generación que ya estaban provocando prolongados apagones diarios. De acuerdo con las autoridades, el corte masivo afecta a cuatro provincias: Pinar del Río, La Habana, Artemisa y Mayabeque.
El lunes, el 59 % del país sufrió apagones de forma simultánea por el déficit en la generación. Se trató de la mayor tasa desde que se cuenta con registros diarios.
Profunda crisis energética
Cuba sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas del país para adquirir el combustible necesario para sus unidades de generación con fueloil y diesel.
En el último año, el SEN ha sufrido cinco colapsos totales -en algunos de ellos, el restablecimiento tardó días en lograrse- y varios parciales, el último en octubre.
La delicada situación energética de la isla está provocando que los cortes diarios, un problema de años, se extiendan hasta más de 20 horas o más al día en extensas áreas del país.
Expertos independientes señalan que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959. Varios estudios independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema.
an/am
Latinoamericanas
México reporta 23 defunciones y 5.231 casos asociadas al brote de sarampión desde febrero
Ciudad de México.-La Secretaría de Salud (SSa) de México reportó que hasta la fecha se registran 23 defunciones y 5.231 casos de sarampión en el país asociadas al primer brote que ocurrió en febrero.
En un comunicado, la dependencia indicó que del total de casos «sólo 64 permanecen activos al día de hoy y se distribuyen en seis estados: Chihuahua, Estado de México Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca».
Además, dijo que es importante señalar que «la curva de contagios ha mostrado descenso importante», resultado de las acciones intensivas de vigilancia epidemiológica, la búsqueda intencional de casos, el seguimiento de contactos y la aplicación de cercos vacunales en las zonas afectadas.
«Hasta la fecha, se han aplicado 9,76 millones dosis de la vacuna triple viral y SR, lo que ha permitido ampliar la protección de la población susceptible y fortalecer el control del brote», apuntó la SSa.
Además, dijo que se enviaron equipos de respuesta rápida a las zonas afectadas, se llevan a cabo visitas domiciliarias y se mantienen sesiones permanentes de los consejos estatales de vacunación.
El pasado 13 de noviembre, el epidemiólogo y especialista en vacunación Rodrigo Romero, advirtió que México enfrenta un “riesgo muy grande” de perder en febrero de 2026 la certificación de eliminación del sarampión, un reconocimiento que otorga la Organización Panamericana de la Salud (OPS) cuando una región demuestra la interrupción de la transmisión del virus durante doce meses.
En entrevista con EFE, el experto explicó que, para conservar la acreditación, el país no debe registrar contagios sostenidos hasta febrero próximo, un escenario que parece lejano tras el brote iniciado en Chihuahua en febrero de 2025, que acumula más de 5.000 casos confirmados de sarampión y 23 defunciones.
El especialista atribuyó la crisis a una “tormenta perfecta” provocada por más de una década de debilitamiento del programa nacional de inmunizaciones.