Latinoamericanas
Parlamento venezolano activa batalla contra Constituyente de Maduro
También se aprobó un acuerdo en rechazo al procesamiento en tribunales militares de civiles detenidos en medio de las protestas antigubernamentales en el país
EFE
CARACAS. El Parlamento venezolano que controla una contundente mayoría opositora desplegó ayer una serie de argumentos en contra de la Asamblea Nacional Constituyente que propuso el presidente Nicolás Maduro, que ha sido calificada por la oposición como una estrategia del gobernante para mantenerse en el poder.
La sesión parlamentaria se produjo en un día de pausa en la agenda de protestas antigubernamentales a las que ha convocado la oposición y que se han desarrollado desde hace más de un mes, que será retomada mañana con una marcha a la sede principal del Tribunal Supremo de Justicia en el oeste de Caracas.
Los parlamentarios aprobaron un acuerdo sobre la “inconstitucionalidad y nulidad” del decreto de Maduro con el que convocó a una Constituyente para modificar la Carta Magna y que fue publicado en Gaceta Oficial.
El diputado Luis Florido señaló que la Constituyente debe ser sometida primero a un referendo para consultarle al pueblo venezolano si desea que se realice el proceso y el legislador Omar Barboza señaló que el Gobierno procura, con esta convocatoria, “no realizar” elecciones y “ganar tiempo” para mantenerse en el poder.
El diputado Alfonso Marquina se preguntó: “¿Quién le dio la potestad a Nicolás Maduro de sustituir al pueblo para ejercer la convocatoria a Constituyente? mientras que su colega Américo De Grazia apuntó que el presidente quiere, con la Constituyente, “retroceder a una época sin votación universal, directa y secreta”.
Más temprano el presidente del Parlamento, Julio Borges, dijo que la convocatoria hecha por el gobernante para reformar el Estado y su ordenamiento jurídico, nació “muerta” porque fue hecha con la “mala intención de engañar” al pueblo, un plan diseñado para “permanecer en el poder”.
En la sesión de ayer también se aprobó un acuerdo en rechazo al procesamiento en tribunales militares de civiles detenidos en medio de las protestas antigubernamentales en el país, establecido “en el marco del denominado Plan Zamora” que lanzó el Gobierno y que según la oposición viola los derechos humanos.
En este acuerdo la Cámara se solidariza con los privados de libertad “injustamente procesados” por estos tribunales militares y con sus familiares y se exige a los jueces de estas instancias ejercer apegados a la Constitución por lo que deben “abstenerse de procesar civiles”.
Además se autoriza a la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) pedir a la Fiscalía General que ejerza sus atribuciones para garantizar el respeto a los derechos y garantías constitucionales.
También se exige al defensor del pueblo, Tarek William Saab que “ejerza sus atribuciones constitucionales de velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos”.
En ambos acuerdos se indica que se denunciará “la violación de los derechos” políticos y humanos ante las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
En la sesión del Parlamento también se pronunció la ONG Foro Penal Venezolano (FPV) que aseguró que 73 personas civiles han sido privadas de libertad en el país por decisión de tribunales militares, de las 137 que han sido presentadas ante estas instancias en el marco de las protestas antigubernamentales.
El director ejecutivo de la ONG, el abogado Alfredo Romero, dijo que en los últimos días 118 personas del céntrico estado Carabobo fueron presentadas ante tribunales militares que se instalaron en los comandos de la Guardia Nacional (policía militarizada).
También informó que hoy fueron presentados 19 estudiantes que manifestaban en el estado occidental de Falcón.
“En el caso particular de Carabobo hemos encontrado que en las audiencias las personas están armadas, por lo menos 11 militares armados con armas automáticas, violando el derecho a la defensa e intimidando a los detenidos, evidentemente nadie declaró”, dijo.
Aseguró que en la mayoría de los casos, el FPV ha encontrado que “no existe ningún tipo de evidencia para poder acusar a nadie” y que “todas estas evidencias las tiene la Fiscalía General” que ha estado presente en cada una de las denuncias.
Más temprano, el FPV difundió su informe del número de detenidos durante la ola de protestas desde el 4 de abril hasta el 8 de mayo y apuntó que ha registrado 1.991 detenciones de manifestantes de los cuales 653 personas siguen privadas de libertad.
Al número de detenidos se suma la lista de caídos, que hasta ahora suma 37 fallecidos y cientos de heridos.
Entretanto, simpatizantes del Gobierno marcharon ayer en Caracas en apoyo a la Constituyente y expresaron en un manifiesto su apoyo a esta convocatoria de Maduro.
Por EUROPA PRESS
BRASILIA .- Al menos diez personas han muerto tras estrellarse una avioneta este domingo en una zona poblada de la localidad de Gramado, concretamente afectando a una vivienda, a una posada y a un comercio de telefonía. Los fallecidos eran todos tripulantes del aparato, incluido el empresario Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 años, y nueve familiares, mientras que hay 17 personas heridas en tierra.
El aparato despegó del Aeropuerto de Canela sobre las 9.15 horas (13.15, hora peninsular española) con destino Jundiaí (Sao Paulo) y cayó minutos después, según recoge la televisión brasileña G1.
Los Bomberos han informado de que una de las personas que estaba en el inmueble donde se estrelló la avioneta pudo salir ilesa del accidente y han confirmado que en la tienda de teléfonos móviles no había nadie.
En la posada se produjo un incendio y las 17 personas que había en su interior han tenido que recibir atención sanitaria por inhalación de humo y han sido trasladadas a un hospital. Dos mujeres están graves.
La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) ha publicado los datos de la avioneta, que está a nombre de Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, administrador de empresas, hijo de Cláudio Galeazzi, exdirectivo de la empresa Pão de Açúcar.
Entre los fallecidos están la esposa de Salgueiro Galeazzi, tres de sus hijas, su suegra, una hermana, un cuñado y dos sobrinos. Salgueiro Galeazzi era consejero delegado de Galeazzi & Associados, una firma dedicada a la gestión de crisis y reestructuración de empresas.
of-am
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.