También se aprobó un acuerdo en rechazo al procesamiento en tribunales militares de civiles detenidos en medio de las protestas antigubernamentales en el país

EFE

CARACAS. El Parlamento venezolano que controla una contundente mayoría opositora desplegó ayer una serie de argumentos en contra de la Asamblea Nacional Constituyente que propuso el presidente Nicolás Maduro, que ha sido calificada por la oposición como una estrategia del gobernante para mantenerse en el poder.

La sesión parlamentaria se produjo en un día de pausa en la agenda de protestas antigubernamentales a las que ha convocado la oposición y que se han desarrollado desde hace más de un mes, que será retomada mañana con una marcha a la sede principal del Tribunal Supremo de Justicia en el oeste de Caracas.

Los parlamentarios aprobaron un acuerdo sobre la “inconstitucionalidad y nulidad” del decreto de Maduro con el que convocó a una Constituyente para modificar la Carta Magna y que fue publicado en Gaceta Oficial.

El diputado Luis Florido señaló que la Constituyente debe ser sometida primero a un referendo para consultarle al pueblo venezolano si desea que se realice el proceso y el legislador Omar Barboza señaló que el Gobierno procura, con esta convocatoria, “no realizar” elecciones y “ganar tiempo” para mantenerse en el poder.

El diputado Alfonso Marquina se preguntó: “¿Quién le dio la potestad a Nicolás Maduro de sustituir al pueblo para ejercer la convocatoria a Constituyente? mientras que su colega Américo De Grazia apuntó que el presidente quiere, con la Constituyente, “retroceder a una época sin votación universal, directa y secreta”.

Más temprano el presidente del Parlamento, Julio Borges, dijo que la convocatoria hecha por el gobernante para reformar el Estado y su ordenamiento jurídico, nació “muerta” porque fue hecha con la “mala intención de engañar” al pueblo, un plan diseñado para “permanecer en el poder”.

En la sesión de ayer también se aprobó un acuerdo en rechazo al procesamiento en tribunales militares de civiles detenidos en medio de las protestas antigubernamentales en el país, establecido “en el marco del denominado Plan Zamora” que lanzó el Gobierno y que según la oposición viola los derechos humanos.

En este acuerdo la Cámara se solidariza con los privados de libertad “injustamente procesados” por estos tribunales militares y con sus familiares y se exige a los jueces de estas instancias ejercer apegados a la Constitución por lo que deben “abstenerse de procesar civiles”.

Además se autoriza a la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) pedir a la Fiscalía General que ejerza sus atribuciones para garantizar el respeto a los derechos y garantías constitucionales.

También se exige al defensor del pueblo, Tarek William Saab que “ejerza sus atribuciones constitucionales de velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos”.

En ambos acuerdos se indica que se denunciará “la violación de los derechos” políticos y humanos ante las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.

En la sesión del Parlamento también se pronunció la ONG Foro Penal Venezolano (FPV) que aseguró que 73 personas civiles han sido privadas de libertad en el país por decisión de tribunales militares, de las 137 que han sido presentadas ante estas instancias en el marco de las protestas antigubernamentales.

El director ejecutivo de la ONG, el abogado Alfredo Romero, dijo que en los últimos días 118 personas del céntrico estado Carabobo fueron presentadas ante tribunales militares que se instalaron en los comandos de la Guardia Nacional (policía militarizada).

También informó que hoy fueron presentados 19 estudiantes que manifestaban en el estado occidental de Falcón.

“En el caso particular de Carabobo hemos encontrado que en las audiencias las personas están armadas, por lo menos 11 militares armados con armas automáticas, violando el derecho a la defensa e intimidando a los detenidos, evidentemente nadie declaró”, dijo.

Aseguró que en la mayoría de los casos, el FPV ha encontrado que “no existe ningún tipo de evidencia para poder acusar a nadie” y que “todas estas evidencias las tiene la Fiscalía General” que ha estado presente en cada una de las denuncias.

Más temprano, el FPV difundió su informe del número de detenidos durante la ola de protestas desde el 4 de abril hasta el 8 de mayo y apuntó que ha registrado 1.991 detenciones de manifestantes de los cuales 653 personas siguen privadas de libertad.

Al número de detenidos se suma la lista de caídos, que hasta ahora suma 37 fallecidos y cientos de heridos.

Entretanto, simpatizantes del Gobierno marcharon ayer en Caracas en apoyo a la Constituyente y expresaron en un manifiesto su apoyo a esta convocatoria de Maduro.