Latinoamericanas
Parlamento venezolano activa batalla contra Constituyente de Maduro
También se aprobó un acuerdo en rechazo al procesamiento en tribunales militares de civiles detenidos en medio de las protestas antigubernamentales en el país
EFE
CARACAS. El Parlamento venezolano que controla una contundente mayoría opositora desplegó ayer una serie de argumentos en contra de la Asamblea Nacional Constituyente que propuso el presidente Nicolás Maduro, que ha sido calificada por la oposición como una estrategia del gobernante para mantenerse en el poder.
La sesión parlamentaria se produjo en un día de pausa en la agenda de protestas antigubernamentales a las que ha convocado la oposición y que se han desarrollado desde hace más de un mes, que será retomada mañana con una marcha a la sede principal del Tribunal Supremo de Justicia en el oeste de Caracas.
Los parlamentarios aprobaron un acuerdo sobre la “inconstitucionalidad y nulidad” del decreto de Maduro con el que convocó a una Constituyente para modificar la Carta Magna y que fue publicado en Gaceta Oficial.
El diputado Luis Florido señaló que la Constituyente debe ser sometida primero a un referendo para consultarle al pueblo venezolano si desea que se realice el proceso y el legislador Omar Barboza señaló que el Gobierno procura, con esta convocatoria, “no realizar” elecciones y “ganar tiempo” para mantenerse en el poder.
El diputado Alfonso Marquina se preguntó: “¿Quién le dio la potestad a Nicolás Maduro de sustituir al pueblo para ejercer la convocatoria a Constituyente? mientras que su colega Américo De Grazia apuntó que el presidente quiere, con la Constituyente, “retroceder a una época sin votación universal, directa y secreta”.
Más temprano el presidente del Parlamento, Julio Borges, dijo que la convocatoria hecha por el gobernante para reformar el Estado y su ordenamiento jurídico, nació “muerta” porque fue hecha con la “mala intención de engañar” al pueblo, un plan diseñado para “permanecer en el poder”.
En la sesión de ayer también se aprobó un acuerdo en rechazo al procesamiento en tribunales militares de civiles detenidos en medio de las protestas antigubernamentales en el país, establecido “en el marco del denominado Plan Zamora” que lanzó el Gobierno y que según la oposición viola los derechos humanos.
En este acuerdo la Cámara se solidariza con los privados de libertad “injustamente procesados” por estos tribunales militares y con sus familiares y se exige a los jueces de estas instancias ejercer apegados a la Constitución por lo que deben “abstenerse de procesar civiles”.
Además se autoriza a la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) pedir a la Fiscalía General que ejerza sus atribuciones para garantizar el respeto a los derechos y garantías constitucionales.
También se exige al defensor del pueblo, Tarek William Saab que “ejerza sus atribuciones constitucionales de velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos”.
En ambos acuerdos se indica que se denunciará “la violación de los derechos” políticos y humanos ante las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
En la sesión del Parlamento también se pronunció la ONG Foro Penal Venezolano (FPV) que aseguró que 73 personas civiles han sido privadas de libertad en el país por decisión de tribunales militares, de las 137 que han sido presentadas ante estas instancias en el marco de las protestas antigubernamentales.
El director ejecutivo de la ONG, el abogado Alfredo Romero, dijo que en los últimos días 118 personas del céntrico estado Carabobo fueron presentadas ante tribunales militares que se instalaron en los comandos de la Guardia Nacional (policía militarizada).
También informó que hoy fueron presentados 19 estudiantes que manifestaban en el estado occidental de Falcón.
“En el caso particular de Carabobo hemos encontrado que en las audiencias las personas están armadas, por lo menos 11 militares armados con armas automáticas, violando el derecho a la defensa e intimidando a los detenidos, evidentemente nadie declaró”, dijo.
Aseguró que en la mayoría de los casos, el FPV ha encontrado que “no existe ningún tipo de evidencia para poder acusar a nadie” y que “todas estas evidencias las tiene la Fiscalía General” que ha estado presente en cada una de las denuncias.
Más temprano, el FPV difundió su informe del número de detenidos durante la ola de protestas desde el 4 de abril hasta el 8 de mayo y apuntó que ha registrado 1.991 detenciones de manifestantes de los cuales 653 personas siguen privadas de libertad.
Al número de detenidos se suma la lista de caídos, que hasta ahora suma 37 fallecidos y cientos de heridos.
Entretanto, simpatizantes del Gobierno marcharon ayer en Caracas en apoyo a la Constituyente y expresaron en un manifiesto su apoyo a esta convocatoria de Maduro.
- Por EUROPA PRESS
LIMA.- Al menos cinco personas han fallecido y otras dos han resultado heridas durante una intervención de las fuerzas de seguridad peruanas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una extensa área del centro y sur del país marcada por la presencia de redes del narcotráfico y remanentes insurgentes, según han indicado fuentes militares.
El Comando Especial Vraem ha señalado en un comunicado que el despliegue se llevó a cabo en respaldo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y con conocimiento del Ministerio Público, «el marco de las acciones de control territorial y lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID) y remanentes terroristas».
De acuerdo con la versión oficial, los hechos tuvieron lugar en una zona rural del distrito de Colcabamba, en la región de Huancavelica, donde una patrulla castrense «fue atacada con armamento por presuntos delincuentes vinculados a actividades ilícitas».
FUERZAS ARMADAS ADVIERTEN DE PELIGRO INMINENTE
Las Fuerzas Armadas han afirmado que respondieron a un «peligro inminente» y «en legítima defensa». No obstante, han reconocido que, como consecuencia del enfrentamiento, murieron «cinco personas presuntamente vinculadas a organizaciones terroristas», cuya identidad aún no ha sido confirmada. Asimismo, dos heridos fueron trasladados a un centro sanitario.
El comunicado añade que una persona fue arrestada y puesta a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes, mientras que no se registraron bajas entre los efectivos militares.
El mando militar ha reivindicado además que sus intervenciones «se ejecutan en estricto respeto a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y al marco legal vigente».
No obstante, medios locales han apuntado que el Ministerio Público ha iniciado investigaciones sobre lo ocurrido, ante versiones que señalan que la Policía no habría hallado ni drogas ni armamento en el vehículo en el que se desplazaban los fallecidos.
En este contexto, el Comando Especial ha destacado que en la zona se mantiene «un trabajo permanente, riguroso y de muy alto riesgo para garantizar el orden interno, enfrentar a las economías ilegales y proteger a la ciudadanía».
El Vraem, una región de selva montañosa que abarca territorios de cinco departamentos, concentra amplias plantaciones ilegales de hoja de coca -materia prima de la cocaína- y es considerado el principal enclave de los remanentes de Sendero Luminoso, que operan en alianza con organizaciones del narcotráfico, según han sugerido las autoridades.
of-am
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Haití recibe el primer despliegue de nueva fuerza multinacional antipandillas de la ONU
Efe
Puerto Príncipe.- Haití recibió las primeras tropas, procedentes de Chad, de la Fuerza de Supresión de Pandillas (FSG) creada en 2025 por las Naciones Unidas, informó este miércoles el organismo.
La FSG dijo en un mensaje en X que «un destacamento de fuerzas chadianas (…) llegó, marcando el primer despliegue de tropas de la Fuerza de Represión de Pandillas ampliada», que sustituye a la Misión de Seguridad para Haití (MMS), también creada por la ONU y que no tuvo los resultados esperados en el combate contra las bandas.
Con una dotación total de 5.500 efectivos, la GSF tendrá como representante especial a Jack Christofides, que ya se encuentra en Haití, según informó en el mensaje el organismo.
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Esta misión toma el relevo de la MSS cuando las bandas han expandido su dominio este último año más allá de Puerto Príncipe, la capital de Haití, hacia los departamentos de Centro y Artibonite, en medio de altos niveles de violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de «autodefensa» que han causado 5.519 muertos y 2.608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año.
Enfrentamientos armados y una masacre
La Policía Nacional de Haití (PNH) informó precisamente este miércoles de enfrentamientos armados con pandilleros en el marco de una «gran operación» en el departamento de Artibonite, situado al norte de la capital y donde el domingo ocurrió la masacre de al menos 70 personas en un ataque atribuido al grupo armado ‘Gran Grif’, según denuncias de una ONG y la ONU.
El despliegue policial tiene lugar tras la masacre del domingo, denuncia un día después por la ONG Collectif Défenseurs Plus, que acusó al Gobierno haitiano de mostrar una «pasividad indignante que raya en la complicidad flagrante» ante la «barbarie» ocurrida en Arbonite.
Medidas en República Dominicana
En medio de la incertidumbre en Haití, la Cancillería dominicana informó este miércoles que el canciller Álvarez se reunió el lunes con el subsecretario general del Departamento de Apoyo Operacional de las Naciones Unidas, Atul Khare, para abordar el despliegue de la GSF.
En el encuentro se habló de las «facilidades» que podrían brindarse desde la República Dominicana para apoyar a la Fuerza, como el tránsito de personal y equipos, servicios médicos y el establecimiento de un gabinete de apoyo para la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (Unsoh), según indicó un comunicado.
Está cooperación con las GSF se «limita exclusivamente a respaldo desde República Dominicana», precisó el Ministerio de Exteriores.
Por su parte, el periódico dominicano ‘El Listín Diario’ publicó que la República Dominicana ha desplegado miles de soldados del Ejército a lo largo de la frontera con Haití para reforzar la seguridad ante el despliegue de la GSF.