Nacionales
Parqueos inteligentes: Una alternativa para recuperar espacio
Santo Domingo.- La situación del transporte en el Gran Santo Domingo no necesita explicación. Tanto en la opinión de la gente como en las referencias escritas la realidad se describe como caótica y uno de los principales problemas es la falta de estacionamientos.
El parque vehicular del país se mantiene en constante crecimiento, sin embargo, el espacio para transitar y estacionar los vehículos se hace cada vez más insuficiente.
Ante esta realidad surge la necesidad de disponer de una mayor infraestructura pensada para el automóvil y de implementar medidas específicas de estacionamiento, según refiere un estudio sobre el tema del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pues la situación no es exclusiva de República Dominicana, sino de varios países de América Latina.
Tecnología
En aras de atender la situación han surgido los parqueos inteligentes, una iniciativa que surge como una alternativa a la falta de espacio para estacionarse en las zonas metropolitanas, explica el gerente general de la empresa Smart Parking, Manuel Valerio.
“Aquí uno va a las plazas o a cualquier otro lugar y no encuentra parqueos. Es normal que un restaurante con capacidad para 50 personas solo tenga tres parqueos”, afirma el ingeniero.
Valerio explica que es común que las plazas comerciales tengan más capacidad de visitantes que estacionamientos y asegura que con esta tecnología pueden hasta duplicarla.
Ventajas
La principal ventaja de estos parqueos es que se pueden estacionar varios vehículos en un espacio reducido, lo cual contribuye a mejorar el tránsito porque los vehículos no están estacionados en las calles, ocupando el espacio público, destaca Valerio.
Otro beneficio es que se pueden cambiar de lugar.
Francisco Javier, administrador de uno de estos parqueos ubicado detrás del Centro Médico Otorrino, explicó que donde antes se podían parquear solo seis vehículos, ahora se puede estacionar 32. Indicó que otra gran ventaja es la seguridad.
“En un parqueo tradicional si llega un chofer que no es muy práctico te puede rayar el vehículo y aquí no te le pasa nada”, aseguró.
Estacionarse en el parqueo que Javier administra cuesta RD$100 la primera hora y las demás a partir de ahí RD$85. Aunque algunos usuarios lo consideran costoso, otros entienden que por las ventajas vale la pena.
En algunos lugares, según Valerio, deciden no cobrar el estacionamiento porque solo con tener estos parqueos obtienen mayores beneficios porque tienen la capacidad de recibir más clientes.
Opinión de experto
El experto en ordenamiento territorial, Erick Dorrejo, considera que estos parqueos son muy beneficiosos y pueden contribuir a solucionar la congestión vehicular en el país, pero no representan una alternativa definitiva al problema porque es una tecnología muy costosa.
“Nosotros sí necesitamos los parqueos, pero estos deben venir acompañados de otras medidas de carácter estructural. Esto tiene que estar acompañado de una mejora sustancial del sistema de transporte colectivo”, opina Dorrejo.
El experto enfatizó que las vías no pueden seguir siendo el espacio para parquearse.
Para evitarlo recomienda comenzar a prohibir el estacionamiento en las calles de mayor tráfico y habilitar para esto los solares que estén vacíos.
“Estos solamente son paliativos, porque aquí tenemos un problema estructural que debe ser solucionado mediante la mejora sustancial del transporte colectivo y la implementación de sistemas menos contaminantes, eficientes y que representen una alternativa real para que la gente decida no utilizar su vehículo privado”, explicó Dorrejo.
Algunas recomendaciones del BID
En su guía práctica sobre el estacionamiento y políticas de reducción de congestión en América Latina, el BID hace las siguientes recomendaciones:
1. Reducir el estacionamiento cerca de las estaciones de transporte público.
2. Cobrar por el estacionamiento en las vías.
3. Retomar el espacio de calle utilizado para automóviles para cedérselo a las bicicletas, hacer carriles exclusivos para lo autobuses, aceras más anchas y otras.
4. Incorporar políticas de estacionamiento en los planes de transporte metropolitano.
5. Incluir una gestión innovadora del parqueo dentro de las iniciativas gubernamentales de habitabilidad, gestión del tránsito, acciones en contra del cambio climático, entre otras.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
Aunque aseguran que por temor los casos no llegan ante el Ministerio de Trabajo ni a la Policía.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
En ese sentido, las sindicalistas consideraron oportuno la habilitación de mecanismos para prevenir ese tipo de violencia contra la mujer.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
En segundo lugar, se produce una burocracia parlamentaria innecesaria. Las comisiones deben volver a estudiar los mismos proyectos, emitir informes que ya habían hecho, realizar nuevas vistas públicas sobre textos que ya fueron conocidos. El Pleno del Senado o de la Cámara de Diputados debe volver a leer, discutir y votar los mismos artículos. Todo ese tiempo y esfuerzo se desperdicia, y mientras tanto otros temas, nuevos y urgentes, quedan rezagados.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Peor aún, se congestiona la agenda legislativa con proyectos repetidos. Las comisiones se llenan de iniciativas reintroducidas. Los equipos legislativos trabajan más en recuperar lo que ya se hizo que en construir propuestas nuevas. Se pierde visión estratégica. El Congreso entra en un círculo vicioso de tramitología, donde el proceso se impone al propósito.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
Ante esta realidad, la solución es clara: reformar el Reglamento del Senado y el artículo 104 de la Constitución para permitir que los proyectos de ley mantengan su vigencia durante todo el cuatrienio constitucional, no apenas por un año. Que los esfuerzos legislativos no se pierdan por formalismos, sino que avancen hasta ser aprobados o rechazados de forma expresa. Que el Congreso legisle con seriedad, sin premura artificial ni dilaciones forzadas.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.