Nacionales
Parqueos inteligentes: Una alternativa para recuperar espacio
Santo Domingo.- La situación del transporte en el Gran Santo Domingo no necesita explicación. Tanto en la opinión de la gente como en las referencias escritas la realidad se describe como caótica y uno de los principales problemas es la falta de estacionamientos.
El parque vehicular del país se mantiene en constante crecimiento, sin embargo, el espacio para transitar y estacionar los vehículos se hace cada vez más insuficiente.
Ante esta realidad surge la necesidad de disponer de una mayor infraestructura pensada para el automóvil y de implementar medidas específicas de estacionamiento, según refiere un estudio sobre el tema del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pues la situación no es exclusiva de República Dominicana, sino de varios países de América Latina.
Tecnología
En aras de atender la situación han surgido los parqueos inteligentes, una iniciativa que surge como una alternativa a la falta de espacio para estacionarse en las zonas metropolitanas, explica el gerente general de la empresa Smart Parking, Manuel Valerio.
“Aquí uno va a las plazas o a cualquier otro lugar y no encuentra parqueos. Es normal que un restaurante con capacidad para 50 personas solo tenga tres parqueos”, afirma el ingeniero.
Valerio explica que es común que las plazas comerciales tengan más capacidad de visitantes que estacionamientos y asegura que con esta tecnología pueden hasta duplicarla.
Ventajas
La principal ventaja de estos parqueos es que se pueden estacionar varios vehículos en un espacio reducido, lo cual contribuye a mejorar el tránsito porque los vehículos no están estacionados en las calles, ocupando el espacio público, destaca Valerio.
Otro beneficio es que se pueden cambiar de lugar.
Francisco Javier, administrador de uno de estos parqueos ubicado detrás del Centro Médico Otorrino, explicó que donde antes se podían parquear solo seis vehículos, ahora se puede estacionar 32. Indicó que otra gran ventaja es la seguridad.
“En un parqueo tradicional si llega un chofer que no es muy práctico te puede rayar el vehículo y aquí no te le pasa nada”, aseguró.
Estacionarse en el parqueo que Javier administra cuesta RD$100 la primera hora y las demás a partir de ahí RD$85. Aunque algunos usuarios lo consideran costoso, otros entienden que por las ventajas vale la pena.
En algunos lugares, según Valerio, deciden no cobrar el estacionamiento porque solo con tener estos parqueos obtienen mayores beneficios porque tienen la capacidad de recibir más clientes.
Opinión de experto
El experto en ordenamiento territorial, Erick Dorrejo, considera que estos parqueos son muy beneficiosos y pueden contribuir a solucionar la congestión vehicular en el país, pero no representan una alternativa definitiva al problema porque es una tecnología muy costosa.
“Nosotros sí necesitamos los parqueos, pero estos deben venir acompañados de otras medidas de carácter estructural. Esto tiene que estar acompañado de una mejora sustancial del sistema de transporte colectivo”, opina Dorrejo.
El experto enfatizó que las vías no pueden seguir siendo el espacio para parquearse.
Para evitarlo recomienda comenzar a prohibir el estacionamiento en las calles de mayor tráfico y habilitar para esto los solares que estén vacíos.
“Estos solamente son paliativos, porque aquí tenemos un problema estructural que debe ser solucionado mediante la mejora sustancial del transporte colectivo y la implementación de sistemas menos contaminantes, eficientes y que representen una alternativa real para que la gente decida no utilizar su vehículo privado”, explicó Dorrejo.
Algunas recomendaciones del BID
En su guía práctica sobre el estacionamiento y políticas de reducción de congestión en América Latina, el BID hace las siguientes recomendaciones:
1. Reducir el estacionamiento cerca de las estaciones de transporte público.
2. Cobrar por el estacionamiento en las vías.
3. Retomar el espacio de calle utilizado para automóviles para cedérselo a las bicicletas, hacer carriles exclusivos para lo autobuses, aceras más anchas y otras.
4. Incorporar políticas de estacionamiento en los planes de transporte metropolitano.
5. Incluir una gestión innovadora del parqueo dentro de las iniciativas gubernamentales de habitabilidad, gestión del tránsito, acciones en contra del cambio climático, entre otras.
listindiario.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.