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Partidos: con el voto preferente “limpian” dinero narcotráfico
Según Federación de Partidos Políticos, el voto preferencial también lo usan para “lavar el dinero de la corrupción”
Manuel Soto Lara y otros directivos de la Fopppredom en la presentación del informe sobre el voto preferencial en RD. –
La Federación Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (Fopppredom) abogó ayer por la supresión del voto preferencial porque “es un mecanismo perverso responsable directo de la crisis de partidos” en el país porque, entre otras cosas, permite que el dinero del narcotráfico y la corrupción entren en la actividad política.
“El voto preferencial es particularmente beneficioso para que narcotraficantes y corruptos inviertan en política, limpien capitales y obtengan control de las funciones públicas”, expresa en un comunicado de prensa la entidad.
Un informe de la Fopppredom establece que “es indiscutible que el voto preferencial privilegia el dinero ganado fácil”. “También estimula a los detentadores de estos capitales a interesarse por la política, en la mayoría de los casos para blanquear sus opulentas arcas, y en ocasiones, para blindarse en el ejercicio de actividades contrarias a la ley”, subraya.
Dice el informe, que esa ha sido la causa de que en los últimos procesos electorales al Congreso haya “una gran incidencia de personas cuyos perfiles no se correspondan con los mejores intereses éticos y morales” y una causa directa de la falta de calidad en la representación congresual.
La ley del Voto Preferencial 153-13, fue aprobada en el 2013 e incluyó ese sistema para los regidores aplicable a partir del 2020. Se implementó por primera vez en el 2002 mediante resolución de la JCE y fue suprimido en el 2010 por el organismo electoral.
Según un análisis publicado por la entidad que agrupa 22 de los 26 partidos del sistema, elaborado por Manuel Soto Lara y Sergio Ortiz Valenzuela, el voto preferencial es el principal responsable del encarecimiento de las campañas políticas. Puntualiza que al mismo tiempo resulta perjudicial para los dirigentes que no tienen recursos, para las mujeres y los partidos minoritarios.
El informe titulado “quiebra del voto preferencial” sobre los perjuicios que genera esa fórmula al sistema democrático y de partidos, puntualiza que el alto costo de las campañas electorales resulta perjudicial para los dirigentes de partidos políticos y comunitarios que no cuentan con recursos para competir con los grandes capitales. Además, dicen que beneficia a los candidatos que al mismo tiempo son legisladores porque tienen acceso a los recursos del Congreso.
La mujer también es perjudicada con el sistema preferencial, según Soto Lara porque “una mujer no puede andar en callejones a las tres de la mañana bebiendo romo para conseguir votos”.
La autoridad de los partidos políticos también resulta debilitada con el voto preferencial. “Las autoridades de los partidos si pretenden ser candidatos tienen que competir con los de las bases y eso deja a los partidos sin árbitros, sin autoridad, la otra opción del liderazgo es autoexcluirse y renunciar al derecho fundamental de ser elegido”, sostiene.
Otra de las secuelas del voto preferencial es que genera violencia y una lucha entre los propios compañeros de organización. “La desenfrenada confrontación genera el voto preferencial a lo interno de los partidos en todos los procesos electorales, desde su implementación ha puesto en peligro la celebración de las elecciones”, expresa el documento.
El análisis señala que el sistema del voto preferencial “es una burla para la cuota femenina”. “Con el voto preferencial las mujeres, a pesar de la cuota del 33%, solo ganaron el derecho de figurar en la lista de postulaciones, no así en ser representantes, como sí ocurre en el nivel municipal, donde tienen una mayor representación”, señala.
Recomendaciones
El Foro de Partidos políticos recomienda volver al sistema de lista para las candidaturas y que el número que se asigne en la boleta a cada candidato sea el lugar que conquistó en las elecciones primarias de cada partido. “Eso proscribiría el cuestionado democratismo con el que se pretende justificar el fallido sistema de voto preferencial”, explica el informe de la Foppredom.
Basa la recomendación en que para instituir ese sistema se alegó que daría la oportunidad de ir al Congreso dirigentes populares y líderes comunitarios “pero la danza del dinero los excluyó a todos y no han podido llegar al Congreso”.
También afirma que el voto preferencial genera desigualdad y discriminación entre los congresistas que tienen privilegios económicos
Voto municipal generaría crisis de credibilidad
En cuanto al voto preferencial para regidores que está estipulado en la ley para aplicarse en el 2020, la Fopppredom señala que implica problemas técnicos para el montaje y conteo a la Junta Central Electoral (JCE). Señalan que la JCE tendría que computar más de 10 mil candidaturas para mil 164 regidores y 730 vocales. “Ello podría generar una grave crisis de confiabilidad a la JCE afectando gravemente su credibilidad y suscitando una cantidad inmensa de recursos ante las juntas municipales”, advierte la Fopppredom. La Fopppredom afirma que el voto preferencial incluso genera controversia entre los órganos electorales y que así ocurrió cuando existía la Cámara Contenciosa como parte de la Junta Central Electoral.
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Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.