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Partidos: con el voto preferente “limpian” dinero narcotráfico
Según Federación de Partidos Políticos, el voto preferencial también lo usan para “lavar el dinero de la corrupción”
Manuel Soto Lara y otros directivos de la Fopppredom en la presentación del informe sobre el voto preferencial en RD. –
La Federación Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (Fopppredom) abogó ayer por la supresión del voto preferencial porque “es un mecanismo perverso responsable directo de la crisis de partidos” en el país porque, entre otras cosas, permite que el dinero del narcotráfico y la corrupción entren en la actividad política.
“El voto preferencial es particularmente beneficioso para que narcotraficantes y corruptos inviertan en política, limpien capitales y obtengan control de las funciones públicas”, expresa en un comunicado de prensa la entidad.
Un informe de la Fopppredom establece que “es indiscutible que el voto preferencial privilegia el dinero ganado fácil”. “También estimula a los detentadores de estos capitales a interesarse por la política, en la mayoría de los casos para blanquear sus opulentas arcas, y en ocasiones, para blindarse en el ejercicio de actividades contrarias a la ley”, subraya.
Dice el informe, que esa ha sido la causa de que en los últimos procesos electorales al Congreso haya “una gran incidencia de personas cuyos perfiles no se correspondan con los mejores intereses éticos y morales” y una causa directa de la falta de calidad en la representación congresual.
La ley del Voto Preferencial 153-13, fue aprobada en el 2013 e incluyó ese sistema para los regidores aplicable a partir del 2020. Se implementó por primera vez en el 2002 mediante resolución de la JCE y fue suprimido en el 2010 por el organismo electoral.
Según un análisis publicado por la entidad que agrupa 22 de los 26 partidos del sistema, elaborado por Manuel Soto Lara y Sergio Ortiz Valenzuela, el voto preferencial es el principal responsable del encarecimiento de las campañas políticas. Puntualiza que al mismo tiempo resulta perjudicial para los dirigentes que no tienen recursos, para las mujeres y los partidos minoritarios.
El informe titulado “quiebra del voto preferencial” sobre los perjuicios que genera esa fórmula al sistema democrático y de partidos, puntualiza que el alto costo de las campañas electorales resulta perjudicial para los dirigentes de partidos políticos y comunitarios que no cuentan con recursos para competir con los grandes capitales. Además, dicen que beneficia a los candidatos que al mismo tiempo son legisladores porque tienen acceso a los recursos del Congreso.
La mujer también es perjudicada con el sistema preferencial, según Soto Lara porque “una mujer no puede andar en callejones a las tres de la mañana bebiendo romo para conseguir votos”.
La autoridad de los partidos políticos también resulta debilitada con el voto preferencial. “Las autoridades de los partidos si pretenden ser candidatos tienen que competir con los de las bases y eso deja a los partidos sin árbitros, sin autoridad, la otra opción del liderazgo es autoexcluirse y renunciar al derecho fundamental de ser elegido”, sostiene.
Otra de las secuelas del voto preferencial es que genera violencia y una lucha entre los propios compañeros de organización. “La desenfrenada confrontación genera el voto preferencial a lo interno de los partidos en todos los procesos electorales, desde su implementación ha puesto en peligro la celebración de las elecciones”, expresa el documento.
El análisis señala que el sistema del voto preferencial “es una burla para la cuota femenina”. “Con el voto preferencial las mujeres, a pesar de la cuota del 33%, solo ganaron el derecho de figurar en la lista de postulaciones, no así en ser representantes, como sí ocurre en el nivel municipal, donde tienen una mayor representación”, señala.
Recomendaciones
El Foro de Partidos políticos recomienda volver al sistema de lista para las candidaturas y que el número que se asigne en la boleta a cada candidato sea el lugar que conquistó en las elecciones primarias de cada partido. “Eso proscribiría el cuestionado democratismo con el que se pretende justificar el fallido sistema de voto preferencial”, explica el informe de la Foppredom.
Basa la recomendación en que para instituir ese sistema se alegó que daría la oportunidad de ir al Congreso dirigentes populares y líderes comunitarios “pero la danza del dinero los excluyó a todos y no han podido llegar al Congreso”.
También afirma que el voto preferencial genera desigualdad y discriminación entre los congresistas que tienen privilegios económicos
Voto municipal generaría crisis de credibilidad
En cuanto al voto preferencial para regidores que está estipulado en la ley para aplicarse en el 2020, la Fopppredom señala que implica problemas técnicos para el montaje y conteo a la Junta Central Electoral (JCE). Señalan que la JCE tendría que computar más de 10 mil candidaturas para mil 164 regidores y 730 vocales. “Ello podría generar una grave crisis de confiabilidad a la JCE afectando gravemente su credibilidad y suscitando una cantidad inmensa de recursos ante las juntas municipales”, advierte la Fopppredom. La Fopppredom afirma que el voto preferencial incluso genera controversia entre los órganos electorales y que así ocurrió cuando existía la Cámara Contenciosa como parte de la Junta Central Electoral.
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Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.