Santo Domingo, RD.-Una serie de irregularidades pueden constituirse en una amenaza para las elecciones de este domingo, según lo plantearon unos 15 partidos de oposición, los cuales reclamaron a la Junta Central Electoral (JCE) corregirlas a la mayor brevedad posible.Más Noticias
Llaman a la JCE corregir «irregularidades» ante elecciones del 15 de marzo
Santo Domingo, RD.-Una serie de irregularidades pueden constituirse en una amenaza para las elecciones de este domingo, según lo plantearon unos 15 partidos de oposición, los cuales reclamaron a la Junta Central Electoral (JCE) corregirlas a la mayor brevedad posible.Sostienen que entregarán a la JCE, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a todos los observadores electorales, una lista con los nombres de los oficiales militares que han demostrado estar vinculados al partido de gobierno y que han sido designados en labores de responsabilidad en las diferentes provincias y municipios a fin de que sean sustituidos por otros representantes de los cuerpos armados que hayan tenido una conducta apegada a la Constitución.
Reclamaron, a demás, a la JCE que dé a conocer los nombres que representarán a los diferentes partidos en las mesas electorales de los municipios y de igual forma que se haga público el conteo del escrutinio.
“Para garantizar la transparencia e integridad del proceso de votación y del escrutinio y evitar que el fraude se traslade a la transmisión y digitalización y validación de las actas con los resultados, los partidos de oposición reclamamos que la Junta Central Electoral reglamente quién y cómo se van a acreditar las personas que representarán a los partidos en cada mesa”, indicaron.
Señalaron que se hace urgente que se esclarezca la denuncia de que más de 277,00 electores desconocidos aparecen en el padrón electoral, entre los cuales figuran personas hasta de 120 años.
“Demandamos total transparencia y acceso antes de las elecciones al padrón de electores que utilizará la Junta Central Electoral en las elecciones del 15 de marzo, para poder confrontarlo con el padrón por colegio electoral que reciben los partidos políticos”, sostuvieron.
Exigieron el acceso a la información de quienes son los llamados máster, sus número cedulas, en cuáles municipios operan y el límite de su funciones.
Igualmente exigieron que todas las boletas utilizadas y las que no, así como los votos validos nulos y observados “sean celosamente preservados por las juntas electorales y trasladados a la Junta Central Electoral que deberá protegerlo hasta el momento que hayan sido resueltos los conflictos en el caso de que los hubiere.
“Convirtamos los cacerolazos en –votazos- y defendamos todos y todas una República Dominicana en la que nunca más vuelvan a repetirse los hechos bochornosos que pretendieron violentar la volentad soberana”, concluyeron.
Los partidos firmantes del documento son Partido Revolucionario Moderno (PRM); Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); Partido Humanista Dominicano (PHD); Fuerza del Pueblo (FP); Dominicanos por el Cambio (DxC); Bloque Institucional Social Demócrata (BIS); Frente Amplio; Alianza por la Democracia (APD); Fuerza Nacional Progresista (FNP); Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD); Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC); Pais Posible; Partido de la Unidad Nacional (PUN); Alianza Pais y Partido Demócrata Institucional.
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
Egeda reclamaba el pago de derechos de autor por la transmisión de obras audiovisuales en televisores instalados en habitaciones y salas de espera del centro médico.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
La Suprema Corte de Justicia, sin embargo, había concluido que la clínica no era responsable de ese pago porque simplemente era usuaria de un servicio de televisión por cable. Según ese criterio, si existe una obligación de pagar regalías por la retransmisión de contenidos audiovisuales, esta correspondería a la empresa de telecable que distribuye la señal y no al establecimiento que contrata el servicio.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
En consecuencia, el tribunal no fijó un criterio definitivo sobre si los establecimientos deben pagar directamente estos derechos, dejando abierta una discusión que también ha generado litigios en otros países.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
La entidad no precisó cuándo sería relanzado el proceso, aunque indicó que trabaja en la revisión de los criterios para asegurar mejores condiciones en una futura convocatoria.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.
En un comunicado, el Inabie reiteró su compromiso con la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, al tiempo que aseguró que las decisiones tomadas responden al interés de fortalecer la calidad de los procesos en beneficio de los estudiantes.