Santo Domingo, RD.-Una serie de irregularidades pueden constituirse en una amenaza para las elecciones de este domingo, según lo plantearon unos 15 partidos de oposición, los cuales reclamaron a la Junta Central Electoral (JCE) corregirlas a la mayor brevedad posible.Más Noticias
Llaman a la JCE corregir «irregularidades» ante elecciones del 15 de marzo
Santo Domingo, RD.-Una serie de irregularidades pueden constituirse en una amenaza para las elecciones de este domingo, según lo plantearon unos 15 partidos de oposición, los cuales reclamaron a la Junta Central Electoral (JCE) corregirlas a la mayor brevedad posible.Sostienen que entregarán a la JCE, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a todos los observadores electorales, una lista con los nombres de los oficiales militares que han demostrado estar vinculados al partido de gobierno y que han sido designados en labores de responsabilidad en las diferentes provincias y municipios a fin de que sean sustituidos por otros representantes de los cuerpos armados que hayan tenido una conducta apegada a la Constitución.
Reclamaron, a demás, a la JCE que dé a conocer los nombres que representarán a los diferentes partidos en las mesas electorales de los municipios y de igual forma que se haga público el conteo del escrutinio.
“Para garantizar la transparencia e integridad del proceso de votación y del escrutinio y evitar que el fraude se traslade a la transmisión y digitalización y validación de las actas con los resultados, los partidos de oposición reclamamos que la Junta Central Electoral reglamente quién y cómo se van a acreditar las personas que representarán a los partidos en cada mesa”, indicaron.
Señalaron que se hace urgente que se esclarezca la denuncia de que más de 277,00 electores desconocidos aparecen en el padrón electoral, entre los cuales figuran personas hasta de 120 años.
“Demandamos total transparencia y acceso antes de las elecciones al padrón de electores que utilizará la Junta Central Electoral en las elecciones del 15 de marzo, para poder confrontarlo con el padrón por colegio electoral que reciben los partidos políticos”, sostuvieron.
Exigieron el acceso a la información de quienes son los llamados máster, sus número cedulas, en cuáles municipios operan y el límite de su funciones.
Igualmente exigieron que todas las boletas utilizadas y las que no, así como los votos validos nulos y observados “sean celosamente preservados por las juntas electorales y trasladados a la Junta Central Electoral que deberá protegerlo hasta el momento que hayan sido resueltos los conflictos en el caso de que los hubiere.
“Convirtamos los cacerolazos en –votazos- y defendamos todos y todas una República Dominicana en la que nunca más vuelvan a repetirse los hechos bochornosos que pretendieron violentar la volentad soberana”, concluyeron.
Los partidos firmantes del documento son Partido Revolucionario Moderno (PRM); Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); Partido Humanista Dominicano (PHD); Fuerza del Pueblo (FP); Dominicanos por el Cambio (DxC); Bloque Institucional Social Demócrata (BIS); Frente Amplio; Alianza por la Democracia (APD); Fuerza Nacional Progresista (FNP); Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD); Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC); Pais Posible; Partido de la Unidad Nacional (PUN); Alianza Pais y Partido Demócrata Institucional.
Más Noticias
Las vistas públicas para opinar sobre la reforma fiscal serán este jueves 17 de octubre
Santo Domingo, R.D.-La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que actualmente estudia el proyecto de la reforma fiscal, acordó encabezar una consulta pública para que todos los sectores y ciudadanos puedan opinar en el Congreso sobre la pieza tributaria.
La consulta se hará el próximo jueves 17 de octubre a partir de las 10:00 de la mañana en el Salón de la Asamblea Nacional.
El viernes de esta semana fue la primera reunión de la comisión de Hacienda y allí el equipo inició los trabajos con la lectura completa del proyecto y con un cronograma de estudios que incluye reuniones todos los días.
Posibles modificaciones
Aunque aún se encuentran en la fase inicial del análisis, desde ya los diputados han vaticinado que posiblemente el proyecto no sea aprobado tal y como fue remitido desde el Poder Ejecutivo.
En ese sentido, el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el diputado Gustavo Sánchez, adelantó que su bancada presentará modificaciones específicas en lo que concierne al Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria (IPI) ya que, a su entender, el aumento en el tributo afectaría «de manera gravosa» a los dominicanos.
«El aumento de ese impuesto es llevar prácticamente a la clase media a una situación de indigencia«, sostuvo Sánchez.
Además, el vocero criticó la propuesta que busca que los empleados que ganen más de 52,000 pesos estén obligados a presentar una declaración jurada de ingresos, por lo que reiteró que la pieza debe ser analizada y presentada en el hemiciclo con varios cambios.
De su lado, el vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara Baja, Rafael Castillo, expresó que la comisión que revisa la reforma fiscal debe escuchar a toda la población antes de abocarse a cualquier modificación, por lo que favoreció las vistas públicas que ya aprobó el equipo.
Castillo agregó que antes de implementar una reforma fiscal en el país, el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader debe encabezar un plan de eficientización en la recaudación de los impuestos.
El diputado Eugenio Cedeño, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), respaldó «una revisión más exhaustiva» para los productos y alimentos que pagarían el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ya que, como opinó, algunos alimentos de la canasta básica deben estar exentos del pago.
«Yo apelo a que la comisión tome en cuenta que las patadas en el estómago del pueblo nunca son buenas», sostuvo Cedeño al detallar que productos como el salami, la berenjena o los tomates no deben ser sometidos al pago de los impuestos.
El PRM abierto a cambios
A pesar de no tener modificaciones específicas, el vocero del PRM en la Cámara Baja, Amado Díaz, señaló que la bancada oficialista está abierta a los cambios en el proyecto de la reforma fiscal y apoyó que la comisión que estudia la iniciativa escuche a todos los sectores antes de rendir un informe recomendando la aprobación de la propuesta.
El proyecto
De acuerdo con la propuesta de Modernización Fiscal, el Gobierno busca recaudar más fondos para atender una demanda de servicios básicos que incluyen la seguridad ciudadana, el transporte, la atención primaria de la salud, el mejoramiento del sector eléctrico y la transformación de la Policía Nacional.
Si se aprueba el proyecto, el Gobierno tiene estipulado recaudar alrededor de 122,486 millones de pesos a través de una reorganización fiscal que le permita obtener más fondos.
Más Noticias
Raquel Peña encabeza entrega 150 autobuses eléctricos a comunidad estudiantil de Santiago
Santiago, RD.- La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este domingo el acto de entrega de 150 autobuses eléctricos a la comunidad educativa de Santiago, que operarán en el servicio de transporte estudiantil a través del Ministerio de Educación (Minerd).
Se trata de una contribución a las familias que verán a sus hijos llegar a la escuela en un transporte seguro y cómodo, además de la reducción de la contaminación porque estos autobuses utilizan energía limpia, aseguró la vicepresidenta.
El ministro de Educación Ángel Hernández, consideró que este servicio de transporte ya está dando buenos resultados a nivel nacional, y que Santiago es la única plaza hasta ahora que opera con autobuses eléctricos.
El sistema beneficia a la población de los diez distritos educativos de la provincia Santiago.
Marieta Díaz, directora regional 08 del Minerd-Santiago, se mostró regocijada por el impacto positivo de esta inversión gubernamental.
Mi espíritu de maestra está muy feliz, por mis estudiantes, sostuvo Marieta Díaz.
Los datos de cómo operarán los autobuses en las 41 rutas establecidas en Santiago fueron ofrecidos por el director nacional del Sistema de Transporte Estudiantil (TRAE), Onéximo González.
El acto se llevó a cabo en la explanada del Monumento a los Héroes de la Restauración, con la asistencia de la gobernadora provincial Rosa Santos, el senador Daniel Rivera, el alcalde Ulises Rodríguez, el arzobispo Héctor Rafael Rodríguez, los directores distritales del Minerd en Santiago, entre otras personalidades.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP), , aprobó la descentralización del cálculo de los beneficios y prestaciones laborales, las cuales podrán ser realizadas por cada una de las instituciones del Estado, incluyendo a las descentralizadas.
Mediante la resolución número 316-2024L, firmada por el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, a partir del 19 de octubre, las oficinas de recursos humanos de los entes y órganos son las responsables de calcular los beneficios laborales y hacer los pagos correspondientes de sus servidores públicos desvinculados del servicio por cualquier causa, incluso en los casos de fallecimiento o pensión.
El documento indica que los titulares de las áreas administrativas y financieras y de recursos humanos, deben asegurarse de que los cálculos de beneficios laborales cumplan con los requisitos legales y reglamentarios. Para esos fines, estos deben de cumplir con los procedimientos internos, para garantizar la precisión y la transparencia en los cálculos y en los pagos de los beneficios laborales realizados.
“Compete a las instituciones de la administración del Estado establecer en sus presupuestos las apropiaciones o previsiones presupuestarias para conceder indemnizaciones en los casos previstos por la ley y para el pago de vacaciones, en caso de desvinculación del servicio, en consecuencia, son responsables de la gestión financiera de los mismos, y del control del gasto, juntamente con la Contraloría General de la República, como órgano de control interno del Estado”, indica la institución en un comunicado.
Además, sostiene que estos serán los responsables de realizar y subir el proceso en el Sistema de Reclamación Laboral (Reclasoft), y adjuntar la hoja de cálculos debidamente sellada y firmada por los titulares de las áreas administrativas, financieras y de recursos humanos, junto a la firma de las máximas autoridades de esa institución.
En la resolución el MAP explica que la documentación requerida para la emisión de los cálculos de beneficios laborales es la cédula personal de identidad y electoral, la certificación de cargo que haga constar las vacaciones no disfrutadas y la carta de desvinculación, que deberá incluir la renuncia o acta de defunción en los casos que correspondan.
“La descentralización de la aprobación de los cálculos de beneficios laborales permitirá a cada ente u órgano administrar de manera más directa y ágil la gestión administrativa y financiera de los cálculos de beneficios laborales. Al delegar esta responsabilidad a los propios entes y órganos, se simplifica el proceso administrativo, se reducen los tiempos de espera y se mejora la capacidad de respuesta ante las desvinculaciones, por cualquier motivo de los funcionarios o servidores públicos”, apunta la resolución.
Todos los cálculos laborales realizados por las diferentes instituciones deberán ser remitidos al Ministerio de Administración Pública de manera digital para fines de registro y control.
La resolución, por igual, señala que los órganos del Estado que se encuentren en proceso de fusión o eliminación deben de validar con el MAP esos cálculos antes de proceder con la emisión de los pagos.
Reclamaciones
La normativa aclara que en caso de que se genere una disconformidad con respecto al cálculo de las prestaciones laborales, generados y subidos al Reclasoft, ya sea por parte del ente u órgano o del empleado, se deberá presentar una reclamación formal ante la institución en la cual prestaba sus servicios, dentro de un plazo de 15 días, contados a partir de que le sea comunicado el cálculo de beneficios laborales.
Esa reclamación deberá ser presentada por escrito y tendrá que incluir una descripción detallada de las razones de la disconformidad presentada, así como cualquier documentación de soporte pertinente; la institución realizará una revisión interna de los cálculos en caso de que corresponda.
El MAP será conciliador en caso de no resolución
En caso de que la disconformidad no se resuelva a nivel de la entidad o si alguna de las partes no está satisfecha con el cálculo de beneficios laborales, el MAP informó que se podrá acudir a sus oficinas y someter el caso ante la Comisión de Personal.
Para ello, la parte o partes interesadas deberán presentar una solicitud de conciliación, que debe de incluir una copia de la reclamación previa y cualquier otra documentación relevante. El órgano regulador del empleo público revisará el caso y decidirá si el mismo debe ser conocido en Comisión de Personal o si la solución puede ser gestionada directamente con las autoridades del ente u órgano, para resolver la disconformidad.