Santo Domingo, RD.-La oposición política del país cuestiona el hecho de que los fondos a la Junta Central Electoral (JCE) sean entregados a la voluntad del Poder Ejecutivo.Más Noticias
Oposición cierra fila en favor de fondos para la JCE.
Santo Domingo, RD.-La oposición política del país cuestiona el hecho de que los fondos a la Junta Central Electoral (JCE) sean entregados a la voluntad del Poder Ejecutivo.Luego de que el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, externara su preocupación de que el proceso electoral se vea entorpecido, tras una disminución de unos 10,000 millones de pesos entre los recursos solicitados y los asignados al final por el Presupuesto General del Estado para el 2023, la oposición compartió la posición del órgano electoral.
En ese tenor, el delegado político del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Tácito Perdomo, señaló que el reclamo realizado por el presidente de la JCE es más “que justificable” y que de no contar con los recursos suficientes, duda de que “haya un montaje electoral eficiente”.
“No es diciendo que no habrá, es que de haberlo será con muchas deficiencias, con mucho riesgo, con dificultades de todo orden; pero lo conveniente es que a la JCE se le asigne los recursos que demande para el montaje exitoso del proceso electoral”, indicó Perdomo.
El destacado dirigente político señaló que no es “saludable” el hecho de que sea solamente la “voluntad del Poder Ejecutivo” sea lo que asigne recursos a la JCE.
“Hay que tener cuidado con el hecho de que la JCE tenga que ir donde el presidente de la República para que se entreguen los valores, cuidado”, advirtió Perdomo al tiempo que promovió la aprobación de la reforma electoral que defina un monto en específico.
Por igual, Sergio Holguín, delegado de Alianza País, catalogó de “preocupante” el hecho de que la JCE tenga que “mendigar presupuesto” ya que la misma pone en riesgo su independencia.
Mientras que Franiel Genao, el delegado de Opción Democrática, indicó que por las facultades que le corresponden a la JCE, el Gobierno central debe “escuchar el reclamo del órgano electoral”, ya que “planificar a tiempo el proceso electoral y todos sus componentes es lo que permiten tener un sistema electoral confiable y fuerte”.
Sabotear elecciones
El delegado político de la Fuerza del Pueblo ante la JCE, Manuel Crespo, señaló que el Gobierno busca sabotear el proceso para organizar las elecciones, para de esa forma sacar ventaja electoral, ya que “los votos no les alcanzan”.
“El Gobierno está desesperado porque ellos entienden que su única alternativa para ellos salir victoriosos en el próximo proceso electoral es ellos sabotear el proceso para de esa manera pescar en río revuelto; no tienen votos, no tienen de dónde sacar los votos porque por el desastroso Gobierno que han encabezado (…) tienen al país de patas para arriba”, expresó Crespo al conversar con LISTÍN DIARIO.
En ese orden, Javier Ubiera, suplente de delegado del partido encabezado por Leonel Fernández, dice que el PRM se encuentra atentando contra la democracia dominicana.
“Tenemos un ciclo electoral compuesto de un sinnúmero de procesos establecidos en el calendario electoral, los cuales requieren de un presupuesto correcto que permita a la JCE realizar las necesidades tecnológicas, de Recursos Humanos, de capacitación, materiales y de infraestructura”, señaló Ubiera.
PLD critica al PRM
El miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantes Díaz, señaló que el PRM, partido que encabeza el Poder Ejecutivo y tiene mayoría en el Poder Legislativo, no tiene “interés” en la institucionalidad electoral.
“En realidad el PRM no apoya ni le interesa el fortalecimiento de la institucionalidad, en adición, lamentamos que el PRM que tiene mayoría en ambas cámaras legislativas no tenga voluntad para promover la reforma a la ley de partidos y electoral; tanto que en el pasado enarboló un discurso a favor de las reformas, incluyendo su inclusión en el Diálogo Nacional, una muestra más que este el gobierno de las poses y los dobles discursos”, expresó Dantes Díaz.
El dirigente del expartido oficialista exclamó que le “preocupa” que esa situación solo sea para luego entregar los recursos económicos “como si fuera una concesión o un favor del presidente”.
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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
an/am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
«Tenemos un firme propósito de construir soluciones que transforman, y es lo que hacemos hoy en este gran patio de chatarra«, expresó.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.