Nacionales
Partidos negocian pactos hasta última hora.
Los partidos negocian alianzas y coaliciones hasta las últimas horas de cara a las elecciones municipales de febrero del próximo año que deberán formalizarse este lunes ante la Junta Central Electoral (JCE), organismo llamado a revisar y aprobar los acuerdos.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) contempla pactar acuerdos para la contienda de febrero con los partidos Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Dominicanos por el Cambio (DXC), Humanista Dominicano (PHD), Frente Amplio (FA) y Alianza por la Democracia (APD).
La coalición electoral Junto Podemos de la que forma parte el expresidente Leonel Fernández, el PRM y otros partidos de la oposición tratan de arribar a un acuerdo en el orden municipal.
Tras formalizar una alianza para los comicios de mayo, manifestaron que lo harían en el orden municipal en la medida de lo posible.
Mientras el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), según el suplente de delegado ante la JCE y secretario de asuntos electorales, Danilo Díaz, pactaría con 12 organizaciones, las que no identificó.
Se presentarían como “una gran alianza electoral, con la que se garantiza un triunfo contundente en los comicios de febrero”.
“Antes de la hora límite para el depósito de alianzas y coaliciones, el Partido, con sus aliados, llevará las documentaciones requeridas para oficializar este gran acuerdo”, aseguró.
A pesar de que faltan seis meses para las elecciones de mayo las alianzas en el nivel presidencial y congresual están mayormente definidas. La formalidad de las negociaciones deberá presentarse en marzo ante la JCE, pero se han ido concretizando con tiempo.
Para la contienda de mayo los pactos de alianzas se registran entre partidos de la oposición con ideologías antagónicas que son calificadas por el oficialismo como un acuerdo de “macos y cacatas”.
Las alianzas de la oposición en el nivel congresual se dan entre los 12 partidos que conforman Juntos Podemos, con el único propósito de llevar candidaturas comunes para sacar al oficialismo del poder.
Se trata de los partidos: PRM, de los Trabajadores Dominicanos (PTD) o Fuerza del Pueblo, Reformista Social Cristiano (PRSC), Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), PHD, PRSD, Unidad Nacional (PUN), Frente Amplio y la Fuerza Nacional Progresista (FNP), APD, DXC y el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS).
Para el nivel presidencial, el candidato del PRM Luis Abinader cuenta con el respaldo además de APD, PHD, PRSD, DXC y el Frente Amplio.
Mientras el peledeísta Gonzalo Castillo, amén de su partido, irá como candidato presidencial en las boletas del PDP, el Movimiento Democrático Alternativo (Moda), el Partido Cívico Renovador (PCR), la Unión Demócrata Cristiana (UDC), Partido Acción Liberal (PAL), el Revolucionario Independiente (PRI), Revolucionario Dominicano (PRD) y Liberal Reformista (PLR).
En lo concerniente al expresidente Leonel Fernández, ha sido proclamado como candidato presidencial por los partidos PTD, PUN, BIS, PQDC, FNP y el PRSC.
El cronograma indica que este lunes 18 se deberá entregar la base de datos del registro electoral a los partidos políticos. Este mes se deberá entregar en formato digital a las organizaciones políticas el padrón definitivo a usarse en los comicios de febrero próximo.
Arranca además el inicio de los trabajos de preparación para la impresión de la lista de electorales de las elecciones municipales. Las elecciones municipales se celebrarán el 16 de febrero del próximo año 2020.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.