Nacionales
Partidos negocian pactos hasta última hora.
Los partidos negocian alianzas y coaliciones hasta las últimas horas de cara a las elecciones municipales de febrero del próximo año que deberán formalizarse este lunes ante la Junta Central Electoral (JCE), organismo llamado a revisar y aprobar los acuerdos.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) contempla pactar acuerdos para la contienda de febrero con los partidos Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Dominicanos por el Cambio (DXC), Humanista Dominicano (PHD), Frente Amplio (FA) y Alianza por la Democracia (APD).
La coalición electoral Junto Podemos de la que forma parte el expresidente Leonel Fernández, el PRM y otros partidos de la oposición tratan de arribar a un acuerdo en el orden municipal.
Tras formalizar una alianza para los comicios de mayo, manifestaron que lo harían en el orden municipal en la medida de lo posible.
Mientras el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), según el suplente de delegado ante la JCE y secretario de asuntos electorales, Danilo Díaz, pactaría con 12 organizaciones, las que no identificó.
Se presentarían como “una gran alianza electoral, con la que se garantiza un triunfo contundente en los comicios de febrero”.
“Antes de la hora límite para el depósito de alianzas y coaliciones, el Partido, con sus aliados, llevará las documentaciones requeridas para oficializar este gran acuerdo”, aseguró.
A pesar de que faltan seis meses para las elecciones de mayo las alianzas en el nivel presidencial y congresual están mayormente definidas. La formalidad de las negociaciones deberá presentarse en marzo ante la JCE, pero se han ido concretizando con tiempo.
Para la contienda de mayo los pactos de alianzas se registran entre partidos de la oposición con ideologías antagónicas que son calificadas por el oficialismo como un acuerdo de “macos y cacatas”.
Las alianzas de la oposición en el nivel congresual se dan entre los 12 partidos que conforman Juntos Podemos, con el único propósito de llevar candidaturas comunes para sacar al oficialismo del poder.
Se trata de los partidos: PRM, de los Trabajadores Dominicanos (PTD) o Fuerza del Pueblo, Reformista Social Cristiano (PRSC), Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), PHD, PRSD, Unidad Nacional (PUN), Frente Amplio y la Fuerza Nacional Progresista (FNP), APD, DXC y el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS).
Para el nivel presidencial, el candidato del PRM Luis Abinader cuenta con el respaldo además de APD, PHD, PRSD, DXC y el Frente Amplio.
Mientras el peledeísta Gonzalo Castillo, amén de su partido, irá como candidato presidencial en las boletas del PDP, el Movimiento Democrático Alternativo (Moda), el Partido Cívico Renovador (PCR), la Unión Demócrata Cristiana (UDC), Partido Acción Liberal (PAL), el Revolucionario Independiente (PRI), Revolucionario Dominicano (PRD) y Liberal Reformista (PLR).
En lo concerniente al expresidente Leonel Fernández, ha sido proclamado como candidato presidencial por los partidos PTD, PUN, BIS, PQDC, FNP y el PRSC.
El cronograma indica que este lunes 18 se deberá entregar la base de datos del registro electoral a los partidos políticos. Este mes se deberá entregar en formato digital a las organizaciones políticas el padrón definitivo a usarse en los comicios de febrero próximo.
Arranca además el inicio de los trabajos de preparación para la impresión de la lista de electorales de las elecciones municipales. Las elecciones municipales se celebrarán el 16 de febrero del próximo año 2020.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.