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20 mil millones pesos entregados sin transparencia por el Estado en 23 años a los partidos políticos.

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La cantidad de dinero recibido por la clase política del contribuyente ronda desde el 1998 al presente 2021, por los RD$20,261,643,658.00 como parte de la contribución económica que les otorga el Estado y que nadie sabe hacia donde van a parar, pero que ahora se anuncia que esos recursos serán fiscalizados por una dirección especializada de la Junta Central Electoral (JCE).

Los partidos, que son los responsables de la gran tragedia que significa para el país la corrupción administrativa, han manejado con muy poca transparencia esos fondos, los cuales han servido, entre otras cosas, para hacer millonarios a la cúpula de estas organizaciones, ya que hay algunas de ellas que ese dinero lo manejan sin rendirle cuenta a nadie.

Bajo el amparo de la Ley 33-18 de Partidos Políticos la Dirección Especializada de Control Financiero vigilará el financiamiento público y privado, tanto de las organizaciones políticas como de los precandidatos y candidatos a cargos electivos.

La meta es verificar que los sistemas internos de fiscalización partidaria se encuentren en funcionamiento y que se realice una adecuada distribución de los recursos entregados anualmente por el Estado.https://0ee5d9fb4071cb1e63658470a098e7f0.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

La dirección a cargo del antiguo secretario general de la JCE Ramón Hilario Espiñeira Ceballos, fue creada en diciembre del pasado año 2020 y deberá dar un estricto seguimiento al régimen de financiamiento de los partidos y detectar posibles violaciones a la ley.

Un informe de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES) sobre “Financiación de los partidos políticos para el mejoramiento del proceso electoral en la República Dominicana” establece que el sistema electoral del país se encuentra en un buen momento para hacer una reforma en materia de financiamiento de partidos políticos. El planteamiento lo hacen tomando en cuenta que en el 2021 es un año no electoral y que actualmente las organizaciones se encuentran en un proceso de reconstrucción de cara a las próximas contiendas.

Recomienda establecer criterios y mecanismos rígidos para el control de los recursos, con la finalidad de evitar el ingreso de dinero proveniente del narcotráfico, de la delincuencia organizada y de otras fuentes ilícitas, así como para disminuir la corrupción política.

“Comenzar un proceso de reforma en materia de financiamiento de partidos políticos evitaría problemas a futuro y sentaría las bases para el desarrollo de procesos electorales de mejor calidad”, recomienda el estudio.Recursos partidos

En 23 años el Estado dominicano ha entregado a los partidos políticos RD$20,261,643,658.00; siendo el 2020 el año donde más recursos se erogaron RD$4,013,903,594.00 debido a la suspensión de las elecciones municipales de febrero.

En 1998 el monto aprobado fue de RD$171,683,880.00; en 1999 la contribución arribó los RD$105,823,185.00 y ya para el 2000 se incrementó a RD$224,231,085.00. Actualmente hay 26 partidos y movimientos reconocidos ante la JCE, de los cuales cuatro ostentan la categoría de mayoritarios. Se trata de los partidos: Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo y Revolucionario Dominicano (PRD).

Entre el 2001 y el 2010 las partidas oscilaron entre los RD$ 147,982,947.00 y RD$1,085,488,234.00; en el 2011 fueron RD$590,960,548.00 para el 2012 por ser electoral los recursos fueron RD$ 1,403,210,000.00.

Desde el 2013 y hasta el 2015 el reparto económico fue de RD$ 805,043,460.00 y en el 2016 que hubo elecciones los montos asignados fueron RD$ 1,610,086,923.00; para el 2017 se volvió a la partida de RD$805,043,460.00.

A partir del 2018, la contribución económica destinada a las organizaciones políticas fue incrementada al pasar a los RD$1,260,400,000.00; en el 2019 fueron RD$1,506,933,594.00. Para el presente año 2021 se entregará una partida similar a la del 2018; unos RD$1,260,400,000.00.De las leyes

De acuerdo con la Ley de Partidos 33-18 se considerarán ilícitas todas las donaciones o aportes que: no puedan determinar su procedencia u origen, que provengan de gobiernos e instituciones extranjeras que no estén establecidas con domicilio o residencias fijas en el territorio nacional. Los aportes provenientes de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades ilícitas.

Los partidos no recibirán las cuotas o partidas correspondientes a los fondos de financiamiento público, cuando incurran en gastos e inversiones no permitidos, si no cuentan con sistema contable y no presentan informes.

En la actualidad, los bancos múltiples en su lucha contra el lavado de activos se mantienen vigilantes con el monitoreo de transacciones, la remisión de reportes y otros. Han pactado acuerdos con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Unidad de Análisis Financieros (UAF), la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) y otras entidades relacionadas, así como tienen contacto con la Procuraduría General de la República.Visión sobre lo ilícito

La contaminación de la política con los dineros provenientes del narcotráfico y el lavado de activos es, desde hace varias décadas, un gran desafío para la integridad de la democracia, aseguró Eddy Olivares, exmiembro de la JCE.

A su juicio, el uso de los recursos ilícitos en la política va en contra de la transparencia y la equidad que debe prevalecer en las competencias electorales.

Olivares sostiene que han sido ineficaces todas las disposiciones legales implementadas para evitar la infiltración de los fondos del narcotráfico, el lavado y la corrupción administrativa en la actividad política.

En ese orden, explicó que la Ley 33-18, penalizó el financiamiento ilegal, al disponer la condena de los candidatos, partidos, agrupaciones, movimientos políticos y personas físicas o jurídicas responsables, al pago de una multa equivalente al doble de la contribución ilícita recibida, sin perjuicio de las sanciones penales establecidas en otras leyes.

Sin embargo, afirmó que en el país nunca un partido o candidato ha sido condenado por financiamiento ilícito.

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Someten a la justicia mujer acusada de agredir y herir a agente de la Digesett

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SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett)  será sometida a la justicia.

El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.

Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.

  • «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.

Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.

La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.

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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.

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Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el  Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la  TC/0118/26 de la Suprema que  ordenó emitir un nuevo fallo.

Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.

La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.

La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.

El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.

El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.

Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.

Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.

La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.

«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.

Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.

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Cancelan licitación para la compra de gomitas multivitamínicas para estudiantes

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Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.

La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.

A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.

Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de  151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.

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