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20 mil millones pesos entregados sin transparencia por el Estado en 23 años a los partidos políticos.

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La cantidad de dinero recibido por la clase política del contribuyente ronda desde el 1998 al presente 2021, por los RD$20,261,643,658.00 como parte de la contribución económica que les otorga el Estado y que nadie sabe hacia donde van a parar, pero que ahora se anuncia que esos recursos serán fiscalizados por una dirección especializada de la Junta Central Electoral (JCE).

Los partidos, que son los responsables de la gran tragedia que significa para el país la corrupción administrativa, han manejado con muy poca transparencia esos fondos, los cuales han servido, entre otras cosas, para hacer millonarios a la cúpula de estas organizaciones, ya que hay algunas de ellas que ese dinero lo manejan sin rendirle cuenta a nadie.

Bajo el amparo de la Ley 33-18 de Partidos Políticos la Dirección Especializada de Control Financiero vigilará el financiamiento público y privado, tanto de las organizaciones políticas como de los precandidatos y candidatos a cargos electivos.

La meta es verificar que los sistemas internos de fiscalización partidaria se encuentren en funcionamiento y que se realice una adecuada distribución de los recursos entregados anualmente por el Estado.https://0ee5d9fb4071cb1e63658470a098e7f0.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

La dirección a cargo del antiguo secretario general de la JCE Ramón Hilario Espiñeira Ceballos, fue creada en diciembre del pasado año 2020 y deberá dar un estricto seguimiento al régimen de financiamiento de los partidos y detectar posibles violaciones a la ley.

Un informe de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES) sobre “Financiación de los partidos políticos para el mejoramiento del proceso electoral en la República Dominicana” establece que el sistema electoral del país se encuentra en un buen momento para hacer una reforma en materia de financiamiento de partidos políticos. El planteamiento lo hacen tomando en cuenta que en el 2021 es un año no electoral y que actualmente las organizaciones se encuentran en un proceso de reconstrucción de cara a las próximas contiendas.

Recomienda establecer criterios y mecanismos rígidos para el control de los recursos, con la finalidad de evitar el ingreso de dinero proveniente del narcotráfico, de la delincuencia organizada y de otras fuentes ilícitas, así como para disminuir la corrupción política.

“Comenzar un proceso de reforma en materia de financiamiento de partidos políticos evitaría problemas a futuro y sentaría las bases para el desarrollo de procesos electorales de mejor calidad”, recomienda el estudio.Recursos partidos

En 23 años el Estado dominicano ha entregado a los partidos políticos RD$20,261,643,658.00; siendo el 2020 el año donde más recursos se erogaron RD$4,013,903,594.00 debido a la suspensión de las elecciones municipales de febrero.

En 1998 el monto aprobado fue de RD$171,683,880.00; en 1999 la contribución arribó los RD$105,823,185.00 y ya para el 2000 se incrementó a RD$224,231,085.00. Actualmente hay 26 partidos y movimientos reconocidos ante la JCE, de los cuales cuatro ostentan la categoría de mayoritarios. Se trata de los partidos: Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo y Revolucionario Dominicano (PRD).

Entre el 2001 y el 2010 las partidas oscilaron entre los RD$ 147,982,947.00 y RD$1,085,488,234.00; en el 2011 fueron RD$590,960,548.00 para el 2012 por ser electoral los recursos fueron RD$ 1,403,210,000.00.

Desde el 2013 y hasta el 2015 el reparto económico fue de RD$ 805,043,460.00 y en el 2016 que hubo elecciones los montos asignados fueron RD$ 1,610,086,923.00; para el 2017 se volvió a la partida de RD$805,043,460.00.

A partir del 2018, la contribución económica destinada a las organizaciones políticas fue incrementada al pasar a los RD$1,260,400,000.00; en el 2019 fueron RD$1,506,933,594.00. Para el presente año 2021 se entregará una partida similar a la del 2018; unos RD$1,260,400,000.00.De las leyes

De acuerdo con la Ley de Partidos 33-18 se considerarán ilícitas todas las donaciones o aportes que: no puedan determinar su procedencia u origen, que provengan de gobiernos e instituciones extranjeras que no estén establecidas con domicilio o residencias fijas en el territorio nacional. Los aportes provenientes de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades ilícitas.

Los partidos no recibirán las cuotas o partidas correspondientes a los fondos de financiamiento público, cuando incurran en gastos e inversiones no permitidos, si no cuentan con sistema contable y no presentan informes.

En la actualidad, los bancos múltiples en su lucha contra el lavado de activos se mantienen vigilantes con el monitoreo de transacciones, la remisión de reportes y otros. Han pactado acuerdos con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Unidad de Análisis Financieros (UAF), la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) y otras entidades relacionadas, así como tienen contacto con la Procuraduría General de la República.Visión sobre lo ilícito

La contaminación de la política con los dineros provenientes del narcotráfico y el lavado de activos es, desde hace varias décadas, un gran desafío para la integridad de la democracia, aseguró Eddy Olivares, exmiembro de la JCE.

A su juicio, el uso de los recursos ilícitos en la política va en contra de la transparencia y la equidad que debe prevalecer en las competencias electorales.

Olivares sostiene que han sido ineficaces todas las disposiciones legales implementadas para evitar la infiltración de los fondos del narcotráfico, el lavado y la corrupción administrativa en la actividad política.

En ese orden, explicó que la Ley 33-18, penalizó el financiamiento ilegal, al disponer la condena de los candidatos, partidos, agrupaciones, movimientos políticos y personas físicas o jurídicas responsables, al pago de una multa equivalente al doble de la contribución ilícita recibida, sin perjuicio de las sanciones penales establecidas en otras leyes.

Sin embargo, afirmó que en el país nunca un partido o candidato ha sido condenado por financiamiento ilícito.

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Hombres que robaban alimentos fueron apresados por Policía Nacional.

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Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.

El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.

Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.

Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.

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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.

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Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.

Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.

El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.

El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.

Prohibiciones que propone proyecto de ley

  • El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
  • También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
  • Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
  • El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
  • Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.

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No habrán elecciones extraordinarias en La Vega

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Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).

El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.

En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.

«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.

El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.

Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.

No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.

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