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20 mil millones pesos entregados sin transparencia por el Estado en 23 años a los partidos políticos.

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La cantidad de dinero recibido por la clase política del contribuyente ronda desde el 1998 al presente 2021, por los RD$20,261,643,658.00 como parte de la contribución económica que les otorga el Estado y que nadie sabe hacia donde van a parar, pero que ahora se anuncia que esos recursos serán fiscalizados por una dirección especializada de la Junta Central Electoral (JCE).

Los partidos, que son los responsables de la gran tragedia que significa para el país la corrupción administrativa, han manejado con muy poca transparencia esos fondos, los cuales han servido, entre otras cosas, para hacer millonarios a la cúpula de estas organizaciones, ya que hay algunas de ellas que ese dinero lo manejan sin rendirle cuenta a nadie.

Bajo el amparo de la Ley 33-18 de Partidos Políticos la Dirección Especializada de Control Financiero vigilará el financiamiento público y privado, tanto de las organizaciones políticas como de los precandidatos y candidatos a cargos electivos.

La meta es verificar que los sistemas internos de fiscalización partidaria se encuentren en funcionamiento y que se realice una adecuada distribución de los recursos entregados anualmente por el Estado.https://0ee5d9fb4071cb1e63658470a098e7f0.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

La dirección a cargo del antiguo secretario general de la JCE Ramón Hilario Espiñeira Ceballos, fue creada en diciembre del pasado año 2020 y deberá dar un estricto seguimiento al régimen de financiamiento de los partidos y detectar posibles violaciones a la ley.

Un informe de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES) sobre “Financiación de los partidos políticos para el mejoramiento del proceso electoral en la República Dominicana” establece que el sistema electoral del país se encuentra en un buen momento para hacer una reforma en materia de financiamiento de partidos políticos. El planteamiento lo hacen tomando en cuenta que en el 2021 es un año no electoral y que actualmente las organizaciones se encuentran en un proceso de reconstrucción de cara a las próximas contiendas.

Recomienda establecer criterios y mecanismos rígidos para el control de los recursos, con la finalidad de evitar el ingreso de dinero proveniente del narcotráfico, de la delincuencia organizada y de otras fuentes ilícitas, así como para disminuir la corrupción política.

“Comenzar un proceso de reforma en materia de financiamiento de partidos políticos evitaría problemas a futuro y sentaría las bases para el desarrollo de procesos electorales de mejor calidad”, recomienda el estudio.Recursos partidos

En 23 años el Estado dominicano ha entregado a los partidos políticos RD$20,261,643,658.00; siendo el 2020 el año donde más recursos se erogaron RD$4,013,903,594.00 debido a la suspensión de las elecciones municipales de febrero.

En 1998 el monto aprobado fue de RD$171,683,880.00; en 1999 la contribución arribó los RD$105,823,185.00 y ya para el 2000 se incrementó a RD$224,231,085.00. Actualmente hay 26 partidos y movimientos reconocidos ante la JCE, de los cuales cuatro ostentan la categoría de mayoritarios. Se trata de los partidos: Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo y Revolucionario Dominicano (PRD).

Entre el 2001 y el 2010 las partidas oscilaron entre los RD$ 147,982,947.00 y RD$1,085,488,234.00; en el 2011 fueron RD$590,960,548.00 para el 2012 por ser electoral los recursos fueron RD$ 1,403,210,000.00.

Desde el 2013 y hasta el 2015 el reparto económico fue de RD$ 805,043,460.00 y en el 2016 que hubo elecciones los montos asignados fueron RD$ 1,610,086,923.00; para el 2017 se volvió a la partida de RD$805,043,460.00.

A partir del 2018, la contribución económica destinada a las organizaciones políticas fue incrementada al pasar a los RD$1,260,400,000.00; en el 2019 fueron RD$1,506,933,594.00. Para el presente año 2021 se entregará una partida similar a la del 2018; unos RD$1,260,400,000.00.De las leyes

De acuerdo con la Ley de Partidos 33-18 se considerarán ilícitas todas las donaciones o aportes que: no puedan determinar su procedencia u origen, que provengan de gobiernos e instituciones extranjeras que no estén establecidas con domicilio o residencias fijas en el territorio nacional. Los aportes provenientes de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades ilícitas.

Los partidos no recibirán las cuotas o partidas correspondientes a los fondos de financiamiento público, cuando incurran en gastos e inversiones no permitidos, si no cuentan con sistema contable y no presentan informes.

En la actualidad, los bancos múltiples en su lucha contra el lavado de activos se mantienen vigilantes con el monitoreo de transacciones, la remisión de reportes y otros. Han pactado acuerdos con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Unidad de Análisis Financieros (UAF), la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) y otras entidades relacionadas, así como tienen contacto con la Procuraduría General de la República.Visión sobre lo ilícito

La contaminación de la política con los dineros provenientes del narcotráfico y el lavado de activos es, desde hace varias décadas, un gran desafío para la integridad de la democracia, aseguró Eddy Olivares, exmiembro de la JCE.

A su juicio, el uso de los recursos ilícitos en la política va en contra de la transparencia y la equidad que debe prevalecer en las competencias electorales.

Olivares sostiene que han sido ineficaces todas las disposiciones legales implementadas para evitar la infiltración de los fondos del narcotráfico, el lavado y la corrupción administrativa en la actividad política.

En ese orden, explicó que la Ley 33-18, penalizó el financiamiento ilegal, al disponer la condena de los candidatos, partidos, agrupaciones, movimientos políticos y personas físicas o jurídicas responsables, al pago de una multa equivalente al doble de la contribución ilícita recibida, sin perjuicio de las sanciones penales establecidas en otras leyes.

Sin embargo, afirmó que en el país nunca un partido o candidato ha sido condenado por financiamiento ilícito.

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Apresamientos durante requisas en barrio de SD

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Santo Domingo,.– Diez allanamientos simultáneos en los que fueron arrestadas 21 personas y se ocuparon más de 10,300 gramos de drogas, los cuales fueron llevados a cabo por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en el sector Capotillo del Distrito Nacional, a los fines de combatir el microtráfico de estupefacientes.

Según un comunicado de la PGR, durante la madrugada diez fiscales y más de 70 agentes de la DNCD participaron en estas acciones, en la que fueron ocupados 5,551 gramos de una sustancia que se presume es cocaína, 3,059 gramos de marihuana, 1,704 gramos de un material rocoso parece ser crack, 61 gramos supuestamente de molly y 57 pastillas de éxtasis, para un total de 10, 375 gramos de sustancias prohibidas.

También fueron confiscadas 18 balanzas, 11 celulares, 4 máquinas tragamonedas, varias cajas de cigarrillos, 2 computadoras laptop y 34,170 pesos dominicanos, entre otras evidencias.

Los detenidos, agregó la nota, serán procesados por el Ministerio Público a fin de que se le conozcan medidas de coerción en las próximas horas por violacion a la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas.

Además, en el operativo, que representa la tercera intervención en Capotillo, se arrestó a siete haitianos, quienes fueron entregados a la Dirección General de Migración para los fines correspondientes. EFE

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Abinader no logra concretar tren Metropolitano de Santo Domingo.

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Santo Domingo, R.D.-El Tren Metropolitano de Santo Domingo han sido un sueño no realizado del presidente Abinader desde que asumió la Presidencia de la República en agosto del 2020, ya que el mismo podría ser una solución a los grandes taponamientos que se producen en la capital dominicana y para mejorar el transporte publico.

Sin embargo, tras ser anunciada en varias ocasiones, múltiples licitaciones aperturadas y un conjunto de declaraciones de interés de inversión en el proyecto, el sistema de transporte aún no logra materializarse, mientras Abinader se encamina a cumplir su quinto año a cargo del Poder Ejecutivo.

La primera mención de la creación de un “Tren Metropolitano de Santo Domingo” ocurrió semanas antes de que el mandatario cumpliera su primer año en el poder, en agosto del 2021, cuando luego de que quedara instituida la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana, varias semanas después, se abriera el proceso de consulta del pliego de condiciones para la «fabricación, suministro, instalación, puesta en marcha, operación, mantenimiento y financiamiento del componente electromecánico de los sistemas de transporte ferroviario de las ciudades de Santo Domingo y Santiago».

En esa oportunidad, se convocó a todos los fabricantes y desarrolladores de sistema de transporte ferroviario a manifestar interés de participar en el proyecto.

Esa convocatoria cerró a mediados del septiembre subsiguiente, con la participación de 36 personas de manera presencial y 125 de manera virtual, de las distintas empresas en diferentes países que manifestaron interés. De acuerdo al comunicado de prensa enviado en esa oportunidad por el Ministerio de la Presidencia, el siguiente paso sería presentar el proyecto a las distintas embajadas instaladas en el país.

Tras varios meses en silencio, el entonces ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, y el ministro francés de Comercio Exterior, Franck Riester, firmaron en diciembre de ese año un convenio bilateral que permitirá la cooperación técnica y financiera de las empresas francesas en el desarrollo los sistemas de transporte masivo en República Dominicana, incluyendo el Tren Metropolitano.

Justo un año después, diciembre del 2022, el director del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram), Jhael Isa, comunicaría que la fase de ingeniería básica y los modelos estructurales habían culminado y que en 2023, la licitación sería lanzada.

En junio del 2023, Abinader anunció que el proyecto se realizaría mediante una alianza público-privada y que el costo sería de unos US$2,000 millones, de los cuales el Gobierno dominicano aportaría US$800 millones y US$1,200 provendrían del sector privado.

En agosto de ese año, el Fitram depositó en la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), la iniciativa pública del Tren Metropolitano de Santo Domingo para que de esa manera iniciara el proceso de adjudicación.

De acuerdo con lo establecido a la Ley 47-20, la propuesta debía ser conocida por el Consejo Nacional de Alianza Público Privada (CNAPP), para que se emita la declaración de interés público y luego proceder con la estructuración de la iniciativa y el proceso competitivo para la adjudicación de carácter internacional, donde podían participar empresas calificadas con las credenciales técnicas y financieras, en una licitación abierta y transparente.

Sin embargo, esa declaración de interés público nunca se produjo y con los funcionarios de Gobierno y demás actores políticos preparándose para el año electoral, el proyecto fue engavetado hasta luego de los comicios.

A pesar de que el proyecto había quedado a manos de la DGAPP, el Gobierno lanzaría el pasado 10 de julio de 2024 una licitación para la construcción del Tren Metropolitano de Santo Domingo; mediante una comunicación oficial, se manifestó que se convocaba a las empresas que estaban “debidamente domiciliadas en la República Dominicana”, colocándose la fecha de 16 de septiembre de ese año para que las empresas interesadas presenten sus ofertas finales.

En medio de ese proceso, durante la toma de posesión de su segundo mandato, el mandatario manifestó que con su propuesta de reforma tributaria se garantizaría “la movilización de los recursos que se requieren para la transformación del país y materializar proyectos tan importantes como el Tren Metropolitano”.

El proyecto de reforma fiscal fue ampliamente criticado y eso motivó que la propuesta legislativa fuera retirada del Congreso Nacional, antes de su aprobación, a finales del pasado mes de octubre. En la primera semana de noviembre, el Gobierno anunciaría la cancelación oficial de la licitación del tren para señalar, otra vez, que la construcción se realizaría mediante la alianza público privada.

Las autoridades gubernamentales explicarían que tomaron esa decisión debido a que durante el proceso de licitaciones, múltiples interesados de distintos países se acercaron al Fitram para manifestar su capacidad e interés de invertir en el referido proyecto, permitiendo así optimizar la disponibilidad de recursos a través los mecanismos de alianzas público privadas que promueve la ley.

Ese anuncio del Poder Ejecutivo trajo consigo más ofertas de financiamiento, ya que justamente al día siguiente, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) comunicó su disposición de apoyar los diseños, estructuración y financiación de la obra.

Mientras que en abril de este año, el embajador del Japón en República Dominicana, Osamu Hayakawa, le dijo a medios de comunicación que su país tiene interés en participar en el proyecto y que estarían pendientes de la apertura de una nueva convocatoria.

Francia otra vez

Tras varios meses de menciones en “posibles proyectos” y “planes futuros”, el Tren Metropolitano volvería al escaparate público cuando en una reunión entre Abinader y su homólogo francés, Emmanuel Macron, se revelaría el interés del Gobierno de Francia en financiar el 85 % del Tren Metropolitano de Santo Domingo y el plan integral del transporte del Gran Santo Domingo.

Detalles

De acuerdo con el Gobierno, el Tren Metropolitano, que transitaría a través de los puentes Duarte y Juan Bosch, tiene previsto impactar a una población de cerca de un millón de habitantes.

La estructura ferroviaria estará compuesto por 20 estaciones, cuatro de ellas en el Distrito Nacional y el resto en Santo Domingo Este, teniendo como destino final el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

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Parece el Ministerio de Justicia podría regresar al sistema dominicano

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Santo Domingo, R.D.-Fue aprobado en el Senado de la República en segunda lectura el proyecto que busca crear el Ministerio de Justicia.

La pieza, depositada por los senadores Félix Bautista y Cristóbal Castillo, propone entregar a lo que sería una nueva entidad del Poder Ejecutivo las atribuciones de la coordinación y dirección del Sistema Nacional de Derechos Humanos, junto al Sistema Penitenciario y Correccional.

Este proyecto de ley pasa al estudio y conocimiento de la Cámara de Diputados, donde debe ser favorecida en dos discusiones, antes de ser promulgado por la consultoría jurídica de la Presidencia.

La figura del Ministerio de Justicia formó parte de la estructura estatal durante los primeros 120 años de la República, desde la proclamación de la primera Constitución el 6 noviembre de 1844. Sin embargo, el 10 de noviembre de 1964 fue suprimido, en ese momento identificado como Secretaría de Justicia, transfiriendo sus funciones a la Procuraduría General de la República (PGR).

Pero, para los congresistas redactores del documento legislativo, “cada vez más se manifiesta la necesidad institucional” de delimitar las atribuciones de persecución criminal que le caracterizan al Ministerio Público, separándolo de asignaciones “meramente funcionales y administrativas”.

Por lo que, con esta propuesta, el Ministerio de Justicia podría asumir la gestión del esquema penitenciario nacional, el auxilio científico forense a los tribunales y órganos de investigación, el registro y la certificación de documentos oficiales y notariales.

Así como también la prestación de ciertos servicios a la ciudadanía y asociaciones sin fines de lucro, funciones “todas que deberían concernir más bien a un órgano creado para tales fines, dentro de la estructura de la Administración Público Central”.

Esto dejaría en manos del titular de Justicia la gestión de las cárceles y centros correccionales situados en el territorio nacional, a través de una dirección general dependiente.

Viceministerios y direcciones

El Ministerio de Justicia sería agregado a la lista de órganos constitucionales, legales y procesales que conforman el Poder Judicial del país. Dentro de los que se encuentran el Concejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Concejo del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Tribunal Constitucional (TC), Tribunal Superior Electoral (TSE), entre otras jurisdicciones.

Los senadores visualizaron la integración de cinco viceministros para garantizar el funcionamiento institucional. Estos son el Viceministerio de Atención y Colaboración al Sistema de Justicia, de Representación Judicial y Extrajudicial, de Políticas Penitenciarias y Correccionales, al igual que de Asuntos Registrales y Servicios a la Ciudadanía.

Por otro lado, establece que el incumbente de este ministerio tendría que cumplir con los siguientes requisitosSer dominicano, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cumplido 25 años de edad, ser licenciado o doctor en derecho y demostrar un alto nivel de conocimiento sobre las ciencias jurídicas.

“El ministro de Justicia no (podría) desempeñar ninguna otra función pública o privada, salvo la actividad docente y la investigación académica”, indica el segundo párrafo del artículo 11.

Debate

Aunque el proyecto de ley es una fusión de dos redacciones diferentes realizadas por los representantes Cristóbal Castillo y Félix Bautista, la cámara alta decidió acoger diversas modificaciones sugeridas por el senador Rogelio Genao, quien consideró necesario readecuar algunos artículos, sin afectar la base del texto.

No obstante, el presidente de la comisión de Justicia, senador Antonio Taveras, le solicito al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, enviar nuevamente la pieza legislativa a la mesa de trabajo para estudiar las variaciones propuestas.

Pero esta petición no fue acogida, resultando la iniciativa con el voto favorable de los 22 senadores presentes, exceptuando Taveras.

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