Santo Domingo, RD.-Dudas y una lluvia de opiniones produjo ayer entre la comunidad política la admisión de la empresa Alhambra-Eidos, auditora de los equipos del voto automatizado, sobre la vulnerabilidad del lector QR, porque la imagen de una cédula captada por un celular y enviada por las redes sociales, podría ser leída por los equipos del voto automatizado.Nacionales
Código usado en primarias crea desconfianza en los partidos políticos.
Santo Domingo, RD.-Dudas y una lluvia de opiniones produjo ayer entre la comunidad política la admisión de la empresa Alhambra-Eidos, auditora de los equipos del voto automatizado, sobre la vulnerabilidad del lector QR, porque la imagen de una cédula captada por un celular y enviada por las redes sociales, podría ser leída por los equipos del voto automatizado.El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, recordó que esta habría sido una de las advertencias que había hecho la organización y que la misma debe ser corregida por el órgano comicial.
Mientras que el presidente de la Cámara de Diputados y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Radhamés Camacho, consideró que a la Junta Central Electoral (JCE) se le debe dejar trabajar, al definir como “denuncias llenas de desesperanzas” algunos reclamos que se han producido.
“Ya, a la Junta hay que dejarla que trabaje a la luz del mandato que le dimos en la ley, y que todos nos pusimos de acuerdo para aprobar, y que la Junta ha estado trabajando en coordinación con los partidos”, dijo Camacho, entrevistado en la cámara baja.
En tanto que el coordinador general de Participación Ciudadana, Heiromy Castro, expresó que esta revelación valida la denuncia que habían hecho del proceso de primarias.
El diputado de la Fuerza del Pueblo, Juan Carlos Quiñones, consideró como grave y preocupante esa revelación.
En esto coincide con los delegados políticos de los partidos Fuerza del Pueblo (FP), Manuel Crespo, y Reformista Social Cristiano (PRSC), Tácito Perdomo, quienes entienden que si los equipos del voto automatizado pueden leer y validar la imagen de una cédula capturada por un celular, entonces en las próximas elecciones se podría intentar un fraude electoral.
Delegados políticos
Mientras el delegado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Orlando Jorge Mera, dijo que con la inclusión de las huellas dactilares y el entintado del dedo se evita cualquier situación que se pueda presentar con la captación de imágenes con el celular, porque la persona deberá estar presente al momento de votar.
El tema surgió a raíz de una pregunta del delegado del Bloque Institucional Socialdemócrata ( BIS) a los delegados de la empresa durante una audiencia en la sede de la JCE, sobre esa posibilidad, a lo que recibió una repuesta positiva.
Manuel Crespo consideró que la JCE está jugando con candela “y le decimos al pleno de la Junta y al gobierno que serán responsables de lo que pueda pasar en el país, si no se garantiza un proceso electoral limpio y diáfano”.
Crespo destacó que la auditoría que realiza Alhambra no se basa en la norma de seguridad ISO 27001, la cual describe cómo gestionar la seguridad de la información en una empresa.
Mientras que el delegado del PRSC, Tácito Perdomo, dijo que si los técnicos contratados por el organismo electoral admiten que la imagen de una cédula puede ser leída por los equipos, entonces se podría cometer un fraude.
“A confesión de parte relevo de prueba, como dicen los abogados, si ellos mismos admiten eso, pues se sabe que hay posibilidades de cometer un fraude electoral, y ahora la Junta tiene que tomar medidas para evitar que se puedan producir situaciones como esa”, consideró el dirigente reformista.
El miércoles, la empresa auditora del sistema de voto automatizado admitió que el lector magnético de los equipos de la JCE puede leer los datos de la cédula de un ciudadano si está copiada en un celular.
Santo Domingo, R.D.-Patricia Padilla, jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, autorizó al imputado José Gómez Canaán “Jochy” a salir del país hacia Panamá desde el 23 y hasta el 30 de junio de este año.
Se trata de la quinta ocasión que esta magistrada autoriza salir del territorio nacional al imputado en el caso de supuesta corrupción en el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
Padilla también ordenó que la disposición judicial sea notificada al Ministerio Público (MP), al solicitante y a la Dirección General de Migración (DGM), con el objetivo de garantizar el cumplimiento del levantamiento provisional del impedimento de salida que pesaba contra el acusado.
Asimismo, la jueza impuso una sanción económica a la Procuraduría General de la República (PGR), que consistirá en una multa de 5,000 pesos diarios por cada día que se retrase en la ejecución de esta orden judicial.
Jochy Gómez es uno de los acusados junto al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras y otros encartados, de intentar estafar al Estado con más de 1,300 millones de pesos.
El supuesto fraude se habría intentado consumar a través del contrato para la instalación de semáforos inteligentes en el Gran Santo Domingo.
Santo Domingo.– Las autoridades pusieron en marcha desde este sábado la Operación Begonias con múltiples allanamientos en la provincia Santo Domingo, producto de una amplia investigación iniciada hace varios meses para desarticular redes transnacionales de trata de personas con fines de explotación sexual y con la que rescató a más de 40 mujeres.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) adelantaron que los fiscales presentarán cargos criminales contra ocho imputados (cuatro hombres y cuatro mujeres) colombianos y dominicanos.
La operación, en conjunto con la Fiscalía de Santo Domingo Este, cuenta con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) y el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional. También participaron fiscales de la fuerza de Tarea de la Dirección General de Persecución, así como miembros del Departamento de Investigaciones de la PETT y la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.
La investigación contra las redes contó con el apoyo de Anti Trafficking Bureau (ATB).
Un equipo de 10 fiscales, más de 85 agentes de la Policía Nacional y varios técnicos de investigación y especialistas en atención a víctimas se movilizaron desde tempranas horas del sábado.
Durante la operación, los equipos de fiscales ocuparon dinero en efectivo, seis vehículos, equipos electrónicos, cuadernos de anotaciones y diferentes drogas narcóticas.
De igual forma, se incautaron los inmuebles que eran utilizados como espacios de operación de la red, incluyendo una edificación de varios niveles.
La procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT, resaltó la importancia de la nueva operación contra las redes de trata de personas.
“Estás operaciones, que son antecedidas de un amplio trabajo de investigación, responden a las acciones impulsadas por la gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso contra el crimen transnacional”, dijo Bejarán Álvarez.
Explicó que los imputados arrestados como parte de la Operación Begonias captaban en Colombia y movilizaban al país a las jóvenes que explotaban sexualmente.
Los imputados ofertaban trabajo a las víctimas como bartender o camareras de hoteles. Después de traerlas retenían sus documentos y las amenazaban con hacerle daño a sus familiares en Colombia, al tiempo de presionarlas por una supuesta deuda de 3,500 a 4,000 dólares que le hacían pagar si querían aceptar la promesa de que podrían
Santo Domingo, R.D.- Ciudadanos consultados consideran que los empresarios Antonio y Maribel Espaillat deben ser acusados de homicidio culposo o voluntario por la tragedia del Jet Set debido a que fueron advertidos del peligro y no tomaron medidas a tiempo.
Así afirmaron ciudadanos que consideran que el Ministerio Público está a tiempo de cambiar la calificación jurídica de la acusación antes del juicio de fondo.
Como crónica de una tragedia anunciada definen ciudadanos la madrugada del ocho de abril, en donde perdieron la vida 235 personas y 180 resultaron afectadas y más de 170 huérfanos.
Algunos ciudadanos afirmaron que esas personas estuvieran vivas si los hermanos Espaillat hubiesen atendido las advertencias que les hicieron de suspender la fiesta el pasado ocho de abril.
Las críticas ciudadanas incluyen al gobierno y al Ministerio Público por ser permisivos y genuflexos a favor de los hermanos Espaillat, quienes son acusados de homicidio involuntario, pese a que la misma instancia los señala como negligencias.
También juristas denunciaron que el Ministerio Público, al dar la calificación de homicidio involuntario, coincidió con las defensas de los imputados, lo que se convierte en una falta de protección para las víctimas.
Tras la solicitud de la magistrada Reinoso, el Congreso Nacional ha reactivado las discusiones de la propuesta legislativa que presente dotar al país de un Código Penal más actualizado.