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Partidos políticos regocijados por declaración de inconstitucionalidad de propaganda en pre-campaña.
Los partidos políticos regocijados por la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional la prohibición de propaganda durante la precampaña electoral, lo cual no parece muy saludable para la democracia dominicana.
Este martes, mediante la sentencia TC/0052/22 el Tribunal Constitucional acogió el recurso de inconstitucionalidad incoado por la Fundación Prensa y Derecho, a través del abogado Namphi Rodríguez, contra el artículo 44, numeral 7 de la referida ley.
Rodríguez calificó la decisión como una victoria para la libertad de expresión y el debate público.
“Es una sentencia que enmarca en lo que es la cultura política de la República Dominicana de que en la precampaña electoral se dan posicionamientos de los candidatos hacia el público y lo que hacía el artículo era mantener la precampaña cerrada en los partidos políticos, sin la posibilidad de difusión, de propaganda en los medios de comunicación”, sostuvo el abogado constitucionalista.
De su lado, Danilo Díaz, delegado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dijo que la decisión del alto tribunal es coherente con la resolución 02-2022 que emitió la Junta Central Electoral (JCE) el lunes pasado, al acoger las sugerencias del partido morado y la Fuerza del Pueblo (FP) y modificar algunos puntos de resolución 28-21 que regula el período previo al inicio de la precampaña.
“Es coherente con la resolución de la Junta que acogió justamente aspectos inconstitucionales de la resolución de octubre en el sentido de que se le quiere prohibir la libertad de expresión a los partidos políticos de lo que quiera opinar y promover”, indicó.
«Es una muestra de que tenemos que seguir apostando al fortalecimiento democrático y de las libertades públicas y de los derechos de ciudadanía en la República Dominicana», valoró Manuel Crespo, representante de Fuerza del Pueblo.
Cónsono opinó Tácito Perdomo, delegado de Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), quien dijo que con la decisión se da el golpe de gracia a la resolución 2-2022.
“La decisión del Tribunal Constitucional me llena de satisfacción porque fue algo que advertí desde el primer momento, que la ley ni era clara y la resolución de la junta tampoco”, comentó.
Perdomo consideró que el artículo 44, numeral 7, generaba trabas en los procesos de primarias cerradas y abiertas, puesto que los aspirantes necesitan ser conocidos por los electores antes de cada proceso eleccionario.
“Debe ser abierto que la gente diga lo que piensa, que diga cuál es su propuesta, personalmente”, adujo.
Para Díaz, a ningún dirigente se le puede cohibir su derecho a promover sus ideas, «decir que aspira y que un grupo de dirigentes diga que está con él, son ejercicios constitucionales”, explicó.
Reforma
Los delegados Orlando Jorge Mera, del Partido Revolucionario Moderno (PRD) y Janet Camilo, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), coincidieron en que la decisión del TC ratifica la importancia de reformar con carácter de urgencia la ley de Partidos y de Régimen Electoral.
“El Tribunal Constitucional hace una interpretación correcta de la Constitución de la República, y continúa haciendo una operación quirúrgica de la ley 33-18. Esa sentencia es una confirmación inequívoca de la necesidad que tenemos de reformar y ajustar la actual ley de Partidos al mandato de la Constitución”, precisó Jorge Mera.
“Urge con mayor aceleración de tiempo que la mesa de diálogo de la Reforma Electoral pueda hacer el acuerdo político necesario para que se deposite en la primera legislatura de este año la reforma a ambas legislaciones”, sentenció Camilo.
Compatibilizar leyes con la Constitución
Luego de esta sentencia, el abogado Rodríguez consideró que el desafío de la JCE es compatibilizar la ley de Partidos con la Constitución, ya que la normativa promulgada el 15 de agosto del 2018 “es la que más tiene más declaratorias de inconstitucionalidad del ordenamiento jurídico dominicano por la forma como se hizo”.
“El gran desafío para la JCE y los partidos es hacer una reforma acorde con los precedentes que el Tribunal Constitucional ha dictado”.
En tanto, con la anulación del numeral 7 del artículo 44 de la ley de partidos, los futuros candidatos tendrán más tiempo para dar a conocer sus propuestas y promover su figura de cara a los comicios del año 2024.
Recurso
Además del recurso de inconstitucional incoado contra el numeral 7 del artículo 44 de la ley de partidos, jurista también recurrió contra el artículo 43 y su numeral 4, pero el TC lo declaró inadmisible debido a que del mismo ya se había sometido a otra acción directa de inconstitucionalidad.
Este prohibía la divulgación de mensajes políticos vía teléfonos, facsímiles, correo, internet y otros medios de comunicación digital.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.