Parte del público que debatió ayer sobre las violaciones a los derechos humanos en el Centro Bonó. Hoy/GINA DE CAMPS

La violencia, violaciones de derechos humanos, el crecimiento de la pobreza y las exclusiones sociales son propiciadas desde el Estado a través de  gobiernos  que no respetan la Constitución y las leyes, convirtiéndose  en ilegales.

A esas conclusiones se llegó en un análisis de coyuntura auspiciado por el Centro Bonó sobre el deterioro progresivo de los derechos humanos en el país, lo que atribuye a que el Estado solo gobierna para un grupo reducido, poniendo como ejemplo la construcción de las torres El Progreso, mientras casi un millón de familias no cuenta con una vivienda digna.

Durante su exposición sobre el tema “Derecho a una Vivienda Digna”, Román Batista, director de Ciudad Alternativa, expresó que el patrón de conducta lo imponen quienes están en el poder, lo que se reproduce en el resto de la sociedad.

“Quienes organizan la fuerza, el poder, en base a sus intereses, como he visto con el tema del agua, la torre El Progreso, y como sucede con todos los planes, como la agricultura, en que prioriza la importación en detrimento de la producción local”, dijo.

 Batista subrayó que la situación descrita es la violencia planificada en contra de la sociedad, que al mismo tiempo trabaja para auspiciar la indiferencia de quienes están llamados a exigir sus derechos consignados en la Constitución, leyes y convenios internacionales.

Alienan.  Explicó que ahí entran en acción programas como el de la tarjeta Solidaridad, Despacho de la Primera Dama, Barrio Seguro y toda la fuerza de lonjilla que se expresa como el amarre en el territorio para deshabilitar las fuerzas que pudieran protestar en un momento determinado.

Destacó la importancia de los grupos surgidos en los últimos tiempos que exigen derechos fundamentales como Educación Digna, grupos defensores del medio ambiente, Justicia Fiscal y otras entidades juveniles, a los que deberían vincularse las demás  agendas.

Otros activistas como María Teresa Cabrera, Domingo Abreu, Ramón Acosta y Sobeida Cepeda, entre otros, coincidieron en que el Estado no ha hecho lo suficiente para elevar la calidad de vida de los dominicanos que se encuentran en situación de pobreza, ni ha respondido  a las necesidades de protección e integración plena de los sectores marginados.

Pobreza aumenta.  El diálogo destacó oportunamente el señalamiento de la CEPAL de que la pobreza ha aumentado a un 42,2% en República Dominicana, contrario a la tendencia de reducción de la misma en el resto de América Latina.

El panel estimó que siguen siendo necesarias políticas sociales universales e integrales orientadas a promover la vida digna del pueblo dominicano.

Faltan viviendas.  Lamentó que en pleno siglo XXI el déficit habitacional nacional ronde las 864,000 viviendas, lo que significa que millones de dominicanos no tienen techo o viven en casas en muy mal estado, con pisos de tierra, sin instalaciones sanitarias adecuadas y sin acceso a agua potable.

También consideró  alarmante que el 47.5 por ciento de la población no cuente con la protección del Sistema de Seguridad Social.

En cuanto a la situación de los derechos humanos de los grupos vulnerables, se expresó especial preocupación por las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar.

En este año, dicen, podrían ser más de 200 las mujeres asesinadas. Es injustificable la inercia del Estado, que se ha mostrado incapaz de establecer mecanismos eficaces de protección para las  víctimas de violencia  y  delincuencia.

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Desafíos

En torno a política social,   se planteó que no solo se debe incrementar la inversión pública, sino que la misma tiene que ser de mejor calidad. “Se tienen que establecer mecanismos eficaces para el monitoreo de la ejecución transparente y eficiente de la asignación presupuestaria en las instituciones del Estado en materia social”.  Se destacó como buena señal la del presidente Danilo Medina con el 4% del PIB para educación.

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